La noticia es un ejemplo perfecto de cómo el poder se dedica a limpiar sus propios desastres. La negación del ministro Bolaños es tan evidente que roza el insulto. Falta una investigación más profunda sobre los motivos reales del cese de la jueza y el destino final de esos 53 millones.
El viaducto de Tremor, en León, parece tener un gemelo siniestro. Uno que, según el PP, el Gobierno de Sánchez prefiere mantener en la sombra, como un secreto de familia mal guardado. ¿Por qué? Porque es idéntico al de O Castro, el que se desplomó en 2022, dejando un reguero de sustos y preguntas sin respuesta. En mayo de 2023, el Ministerio de Transportes, con el acelerador a fondo, encargó una inspección de “emergencia” –sí, como si la seguridad fuera una opción–, citando un “grave peligro”. Y, ojo, que la cosa no acabó ahí: en marzo de 2024, más impermeabilización, más monitorización (que ahora parece una vigilancia constante), desvíos que convierten la A-6 en un laberinto y un estudio de “alternativas de gran reparación”. Traducido: se están gastando pasta, pero nadie dice dónde va a parar. La respuesta del Ministerio de Óscar Puente, lejos de aclarar, es un enlace a la documentación de expropiaciones para un futuro viaducto. Es decir, en lugar de decir qué tal está el que tenemos, nos ofrecen el plan B. Las diputadas Ester Muñoz y Silvia Franco, hartas de correos electrónicos sin respuesta, denuncian la “inaceptable” actitud del Gobierno. Y no les falta razón: 1,49 millones de euros adicionales en marzo de 2026, sin ni siquiera una explicación mínima. ¿Qué patologías tiene el viaducto? ¿Qué riesgos corremos al pasar por encima? ¿Qué se ha hecho, exactamente, con el dinero público? Preguntas que, por ahora, quedan flotando en el aire, como escombros de un puente a punto de caer. En resumen, el Gobierno prefiere hablar de futuros puentes que de arreglar los que ya tenemos. El silencio, al parecer, es la mejor política… o la más barata.
Mientras el precio de la gasolina sigue subiendo y el IBEX 35 tose, las grandes potencias europeas han decidido jugar a ser diplomáticos… pero sin nosotros. Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, cual club de ricos, han firmado un comunicado en el que le ponen el dedo en la llaga a Israel por los asentamientos en Cisjordania. Unos asentamientos que, según denuncian, están “socavando” las posibilidades de una solución de dos estados. ¿Socavando? Más bien dinamitando, diría yo. En el documento, que parece escrito con lupa para no mancharse las manos, exigen a Israel que frene la expansión de esos asentamientos y que investigue la violencia de los colonos. A la vez, piden que se levanten las trabas económicas a la Autoridad Palestina, como si soltar unos cuantos euros fuera a solucionar décadas de conflicto. Y, por si fuera poco, alertan sobre el plan E1, un corredor que, según afirman, dividiría Cisjordania en dos. Es decir, más leña al fuego. Lo curioso es que, mientras se preocupan por el derecho internacional –que, claro, es muy bonito sobre el papel–, también advierten a las empresas privadas de los “riesgos legales y de reputación” de participar en licitaciones de construcción en la zona. En cristiano: que no se metan en líos, que el negocio es peligroso. Y, como guinda del pastel, condenan a aquellos que “abogan por la anexión y el desplazamiento forzoso”. Unas palabras bonitas que suenan a poco, especialmente cuando España no está ni invitada a la fiesta. Porque, al parecer, en este baile de intereses, tenemos el papel de espectadores de pago. Una vez más.
El Ministerio del Interior está jugando al escondite con la Guardia Civil en Cataluña, y no precisamente al de las vacaciones. Primero, el GEAS de la Costa Brava, unidad de rescate subacuático, se difumina como azúcar en agua. ¿La justificación? “Optimización de recursos”, eufemismo que huele a recorte a kilómetros. De seis agentes a dos, y luego, ¡puf!, desaparecidos, integrados en la plantilla de Barcelona, donde ya hay 11. Es como cerrar la tienda de barrio porque “se optimizan las rutas de reparto”. Pero la cosa no acaba ahí. El GEDEX de Tarragona, expertos en desactivar bombas, corre el mismo destino. Según Jucil, la asociación de guardias civiles, es un “plan perfectamente orquestado” para dejar a Cataluña en manos de los Mossos. La seguridad en puertos y aeropuertos ya es suya, y se habla de un control de fronteras compartido (aunque la ley diga lo contrario). Para rematar la faena, el Gobierno promete 210 millones anuales hasta 2030 para engordar la plantilla catalana. ¡70.000 euros por cada nuevo puesto! Mientras tanto, la Guardia Civil pierde un tercio de su plantilla en la región. La excusa de la “reorganización” no cuela. Los agentes denuncian “fallos técnicos” y traslados forzados para acelerar el cierre de las bases. ¿Una emergencia en la Costa Brava en pleno verano? Prepárense para esperar dos horas, el tiempo que tarda en llegar la unidad de Barcelona. El Ministro Torres y el Consejero Dalmau firman acuerdos mientras la Guardia Civil se desmantela en silencio. Es como comprar un paraguas cuando ya está lloviendo a cántaros. El GEAS y el GEDEX, dos piezas clave, se evaporan en nombre de una “cesión” que huele a estrategia política y a ahorro a costa de la seguridad. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta: ¿quién vigila ahora a los vigilantes?
El avispero en TVE ha montado un pollo de dimensiones épicas. Resulta que el Consejo de Informativos, esos guardianes de la verdad televisiva, ha abierto una investigación a 'Mañaneros 360' y compañía por un supuesto “rigor periodístico” que, según denuncian desde dentro, brilla por su ausencia al cubrir la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. La cosa no va de si Zapatero está metido hasta el cuello (eso lo dirá la justicia), sino de cómo TVE vendió el pastel. Mientras tú y yo nos peleamos por si la leche de almendras es realmente leche, en La Hora de la 1, dirigida por Silvia Intxaurrondo, se atribuyó la querella contra Zapatero a Manos Limpias, ¡basándose en “recortes de prensa”! O sea, que en lugar de ir a la fuente original –la Fiscalía Anticorrupción en coordinación con Suiza y Francia, nada menos–, prefirieron un chismorreo de segunda mano. Y luego, Javier Ruiz, en 'Mañaneros 360', dedicó la mañana entera a dinamitar la investigación y al juez, como si estuviera defendiendo a un familiar. La cosa se puso fea en 'Malas Lenguas', donde acusaron a la justicia de “golpe de Estado”, sin ni siquiera pararse a contrastar la información. Porque, claro, ¿para qué molestarse en verificar hechos cuando puedes soltar una bomba informativa y ver cómo explota? Los trabajadores de TVE, hartos de “24 horas de manipulación”, votaron en una consulta interna para sentenciar a Ruiz y Cintora por “sesgo ideológico”. Un rifirrafe que ha terminado con acusaciones cruzadas y un ambiente laboral más tenso que un cable de alta tensión. Todo esto ha costado, según fuentes internas, la paciencia de más de uno. Pero, ¿quién cuenta los euros gastados en esta telenovela?
El PSOE, ese club de amigos con facturas pendientes. Resulta que la caída en desgracia de Ábalos, el exministro de Transportes, no fue por sus “fiestas de empresa” (léase: turbias), sino por una guerra de petrodólares. Una colisión de egos entre los “comisionistas” de Ábalos y los “lobistas” de Zapatero. En plan, ¿quién se queda con el pastel de la gasolina? La cosa se puso fea en 2021. Mientras el ciudadano de a pie calcula si puede permitirse llenar el depósito, estos señores estaban peleando por un “cupo de petróleo” que les generaba 30 millones de dólares por cada carguero que salía de Venezuela. ¡Un pastelito! Zapatero, que ya no era presidente pero seguía teniendo contactos (y apetito), quería “sacar del juego” a Ábalos, que se aprovechaba de la influencia de Víctor de Aldama, un tipo con acceso directo a la ministra de Petróleo venezolana, Delcy Rodríguez. Aldama, recordemos, había sido contratado por Globalia (de los de los viajes) para recuperar 200 millones de dólares perdidos en Venezuela. Al final, Aldama se convirtió en el “intermediario” entre el PSOE y el régimen de Maduro, cobrando comisiones hasta por los rescates de empresas como Plus Ultra (10 millones de euros para Zapatero, ¡directos a Panamá!). La cosa escaló hasta que Sánchez, harto de que Ábalos “fuera por libre”, decidió darle un escarmiento. Un cese fulminante el 10 de julio de 2021. El informe de la UCO, en junio de 2025, lo confirma: mordidas “de espaldas al partido”. Pero aquí, señores, la hipocresía es la norma. Los rescates de Air Europa y Plus Ultra, la entrada de Huawei en España, todo formaba parte de una misma trama. Una “operación del zapaterismo” para recuperar el control. Al final, Ábalos fue el fusible, y Zapatero y sus allegados volvieron a ocupar los puestos de poder. Mientras tanto, el ciudadano paga la gasolina a precio de oro.
La vida da giros, y a veces, esos giros te llevan directo al juzgado. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que una vez gobernó España, ahora tiene un problema: 1,5 millones de euros que, según la UDEF, entraron en una cuenta conjunta con su esposa, Sonsoles Espinosa. Unos eurillos que, casualmente, coinciden con el precio de un chalet con piscina en Valdemarín y un par de pisos para las hijas. ¿Coincidencia? La justicia lo dirá. La cosa no acaba ahí. Resulta que las hijas Zapatero, Laura y Alba, también figuran en el ajo, con más de 700.000 euros en concepto de “trabajos presuntamente simulados”. O sea, que mientras tú andas haciendo malabarismos con la lista de la compra, ellas estaban facturando a empresas turbias. Y el dinero, claro, no iba a parar a la ONCE. El auto judicial es contundente: pagos de Análisis Relevante (testaferro, según la UDEF) entre 2021 y 2025, transferencias de Thinking Heads Group (la empresa que pagaba por sus charlas, ahora lo entenderéis), y un entramado que huele a chamusquina. El expresidente, “preocupado” por sus hijas, ya ha movilizado a su abogado. Dice que es “un delirio”. Pero la UDEF, y la Audiencia Nacional, no parecen estar de acuerdo. El caso Espinosa recuerda al de Ana Mato, imputada por beneficiarse de las comisiones de su exmarido en el caso Gürtel. La lógica es simple: si la cuenta conjunta se usó para pagar hipotecas, viajes o cualquier capricho, Sonsoles podría ser cómplice de blanqueo de capitales. En resumen, un culebrón judicial de altos vuelos, con mucho dinero en juego y una familia en el punto de mira. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando el pato.
La televisión pública, esa máquina de hacer el ridículo a costa de tu dinero, vuelve a estar en el ojo del huracán. El Consejo de Informativos de RTVE ha abierto una investigación a 'Mañaneros 360', el programa de Javier Ruiz, porque, según sus propios compañeros, informar sobre la imputación de Zapatero con rigor periodístico es “impropio” de la cadena. ¿Acaso esperábamos menos? La cosa viene por una querella de Manos Limpias, esa asociación con más sombras que un callejón a medianoche, que el presentador, con la misma soltura con la que uno pide un café, desgranó en pantalla. Y aquí entra el juego de espejos: Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, con la misma argumentación, defendió al ex presidente. Pero ojo, que la imputación no viene de la querella, sino de una investigación abierta en 2024 por blanqueo de dinero procedente de Venezuela, una historia que parece sacada de una serie de Netflix. RTVE ya había publicado un informe previo, calificando a 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros' de incumplidores seriales de las normas periodísticas, acusándolos de comprometer la credibilidad de la cadena con un “sesgo político” tan evidente como el sol de mediodía. José Pablo López, el presidente de RTVE, hombre de confianza de Pedro Sánchez, se ha puesto en defensa de Ruiz y Cintora, asegurando que respetan al Consejo de Informativos, aunque considera “graves” sus afirmaciones. Mientras tanto, la querella original de Manos Limpias se basa en recortes de prensa, concretamente en una entrevista a Víctor de Aldama. En resumen, un culebrón televisivo donde la información, el rigor y la independencia parecen ser conceptos en extinción.
Comentarios