Falta contexto sobre la investigación judicial en sí. Se centra demasiado en la disputa interna de TVE, dejando de lado la gravedad de las acusaciones contra Zapatero. El título, aunque atractivo, simplifica demasiado la complejidad del caso.
Mientras el precio de la gasolina sigue subiendo y el IBEX 35 tose, las grandes potencias europeas han decidido jugar a ser diplomáticos… pero sin nosotros. Italia, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, cual club de ricos, han firmado un comunicado en el que le ponen el dedo en la llaga a Israel por los asentamientos en Cisjordania. Unos asentamientos que, según denuncian, están “socavando” las posibilidades de una solución de dos estados. ¿Socavando? Más bien dinamitando, diría yo. En el documento, que parece escrito con lupa para no mancharse las manos, exigen a Israel que frene la expansión de esos asentamientos y que investigue la violencia de los colonos. A la vez, piden que se levanten las trabas económicas a la Autoridad Palestina, como si soltar unos cuantos euros fuera a solucionar décadas de conflicto. Y, por si fuera poco, alertan sobre el plan E1, un corredor que, según afirman, dividiría Cisjordania en dos. Es decir, más leña al fuego. Lo curioso es que, mientras se preocupan por el derecho internacional –que, claro, es muy bonito sobre el papel–, también advierten a las empresas privadas de los “riesgos legales y de reputación” de participar en licitaciones de construcción en la zona. En cristiano: que no se metan en líos, que el negocio es peligroso. Y, como guinda del pastel, condenan a aquellos que “abogan por la anexión y el desplazamiento forzoso”. Unas palabras bonitas que suenan a poco, especialmente cuando España no está ni invitada a la fiesta. Porque, al parecer, en este baile de intereses, tenemos el papel de espectadores de pago. Una vez más.
El Ministerio del Interior está jugando al escondite con la Guardia Civil en Cataluña, y no precisamente al de las vacaciones. Primero, el GEAS de la Costa Brava, unidad de rescate subacuático, se difumina como azúcar en agua. ¿La justificación? “Optimización de recursos”, eufemismo que huele a recorte a kilómetros. De seis agentes a dos, y luego, ¡puf!, desaparecidos, integrados en la plantilla de Barcelona, donde ya hay 11. Es como cerrar la tienda de barrio porque “se optimizan las rutas de reparto”. Pero la cosa no acaba ahí. El GEDEX de Tarragona, expertos en desactivar bombas, corre el mismo destino. Según Jucil, la asociación de guardias civiles, es un “plan perfectamente orquestado” para dejar a Cataluña en manos de los Mossos. La seguridad en puertos y aeropuertos ya es suya, y se habla de un control de fronteras compartido (aunque la ley diga lo contrario). Para rematar la faena, el Gobierno promete 210 millones anuales hasta 2030 para engordar la plantilla catalana. ¡70.000 euros por cada nuevo puesto! Mientras tanto, la Guardia Civil pierde un tercio de su plantilla en la región. La excusa de la “reorganización” no cuela. Los agentes denuncian “fallos técnicos” y traslados forzados para acelerar el cierre de las bases. ¿Una emergencia en la Costa Brava en pleno verano? Prepárense para esperar dos horas, el tiempo que tarda en llegar la unidad de Barcelona. El Ministro Torres y el Consejero Dalmau firman acuerdos mientras la Guardia Civil se desmantela en silencio. Es como comprar un paraguas cuando ya está lloviendo a cántaros. El GEAS y el GEDEX, dos piezas clave, se evaporan en nombre de una “cesión” que huele a estrategia política y a ahorro a costa de la seguridad. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta: ¿quién vigila ahora a los vigilantes?
El PSOE, ese club de amigos con facturas pendientes. Resulta que la caída en desgracia de Ábalos, el exministro de Transportes, no fue por sus “fiestas de empresa” (léase: turbias), sino por una guerra de petrodólares. Una colisión de egos entre los “comisionistas” de Ábalos y los “lobistas” de Zapatero. En plan, ¿quién se queda con el pastel de la gasolina? La cosa se puso fea en 2021. Mientras el ciudadano de a pie calcula si puede permitirse llenar el depósito, estos señores estaban peleando por un “cupo de petróleo” que les generaba 30 millones de dólares por cada carguero que salía de Venezuela. ¡Un pastelito! Zapatero, que ya no era presidente pero seguía teniendo contactos (y apetito), quería “sacar del juego” a Ábalos, que se aprovechaba de la influencia de Víctor de Aldama, un tipo con acceso directo a la ministra de Petróleo venezolana, Delcy Rodríguez. Aldama, recordemos, había sido contratado por Globalia (de los de los viajes) para recuperar 200 millones de dólares perdidos en Venezuela. Al final, Aldama se convirtió en el “intermediario” entre el PSOE y el régimen de Maduro, cobrando comisiones hasta por los rescates de empresas como Plus Ultra (10 millones de euros para Zapatero, ¡directos a Panamá!). La cosa escaló hasta que Sánchez, harto de que Ábalos “fuera por libre”, decidió darle un escarmiento. Un cese fulminante el 10 de julio de 2021. El informe de la UCO, en junio de 2025, lo confirma: mordidas “de espaldas al partido”. Pero aquí, señores, la hipocresía es la norma. Los rescates de Air Europa y Plus Ultra, la entrada de Huawei en España, todo formaba parte de una misma trama. Una “operación del zapaterismo” para recuperar el control. Al final, Ábalos fue el fusible, y Zapatero y sus allegados volvieron a ocupar los puestos de poder. Mientras tanto, el ciudadano paga la gasolina a precio de oro.
La vida da giros, y a veces, esos giros te llevan directo al juzgado. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que una vez gobernó España, ahora tiene un problema: 1,5 millones de euros que, según la UDEF, entraron en una cuenta conjunta con su esposa, Sonsoles Espinosa. Unos eurillos que, casualmente, coinciden con el precio de un chalet con piscina en Valdemarín y un par de pisos para las hijas. ¿Coincidencia? La justicia lo dirá. La cosa no acaba ahí. Resulta que las hijas Zapatero, Laura y Alba, también figuran en el ajo, con más de 700.000 euros en concepto de “trabajos presuntamente simulados”. O sea, que mientras tú andas haciendo malabarismos con la lista de la compra, ellas estaban facturando a empresas turbias. Y el dinero, claro, no iba a parar a la ONCE. El auto judicial es contundente: pagos de Análisis Relevante (testaferro, según la UDEF) entre 2021 y 2025, transferencias de Thinking Heads Group (la empresa que pagaba por sus charlas, ahora lo entenderéis), y un entramado que huele a chamusquina. El expresidente, “preocupado” por sus hijas, ya ha movilizado a su abogado. Dice que es “un delirio”. Pero la UDEF, y la Audiencia Nacional, no parecen estar de acuerdo. El caso Espinosa recuerda al de Ana Mato, imputada por beneficiarse de las comisiones de su exmarido en el caso Gürtel. La lógica es simple: si la cuenta conjunta se usó para pagar hipotecas, viajes o cualquier capricho, Sonsoles podría ser cómplice de blanqueo de capitales. En resumen, un culebrón judicial de altos vuelos, con mucho dinero en juego y una familia en el punto de mira. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando el pato.
La televisión pública, esa máquina de hacer el ridículo a costa de tu dinero, vuelve a estar en el ojo del huracán. El Consejo de Informativos de RTVE ha abierto una investigación a 'Mañaneros 360', el programa de Javier Ruiz, porque, según sus propios compañeros, informar sobre la imputación de Zapatero con rigor periodístico es “impropio” de la cadena. ¿Acaso esperábamos menos? La cosa viene por una querella de Manos Limpias, esa asociación con más sombras que un callejón a medianoche, que el presentador, con la misma soltura con la que uno pide un café, desgranó en pantalla. Y aquí entra el juego de espejos: Elma Saiz, la portavoz del Gobierno, con la misma argumentación, defendió al ex presidente. Pero ojo, que la imputación no viene de la querella, sino de una investigación abierta en 2024 por blanqueo de dinero procedente de Venezuela, una historia que parece sacada de una serie de Netflix. RTVE ya había publicado un informe previo, calificando a 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros' de incumplidores seriales de las normas periodísticas, acusándolos de comprometer la credibilidad de la cadena con un “sesgo político” tan evidente como el sol de mediodía. José Pablo López, el presidente de RTVE, hombre de confianza de Pedro Sánchez, se ha puesto en defensa de Ruiz y Cintora, asegurando que respetan al Consejo de Informativos, aunque considera “graves” sus afirmaciones. Mientras tanto, la querella original de Manos Limpias se basa en recortes de prensa, concretamente en una entrevista a Víctor de Aldama. En resumen, un culebrón televisivo donde la información, el rigor y la independencia parecen ser conceptos en extinción.
El presidente Sánchez ha descubierto la Sagrada Familia. ¡Quién lo diría! Después de saltarse funerales como si fueran rebajas, ahora se planta en la misa del Papa León XIV. Parece que la fe, o el cálculo político, florecen con la visita papal. Antes, la DANA, el Covid, Adamuz… tragedias donde los Reyes sí marcaban presencia y Sánchez optaba por ceremonias laicas o, directamente, por la ausencia justificadísima con una escapada a Lisboa o una agenda apretadísima. Ahora, de repente, el acto del 6 al 12 de julio en Madrid, Barcelona y Canarias es crucial. Un encuentro en la Nunciatura Apostólica, otro en el Congreso, y la joya de la corona: la misa en la Sagrada Familia, con 8.000 almas afortunadas (4.000 dentro, 4.000 fuera) y la bendición de la torre de Jesucristo de Gaudí de fondo. Los ministros, por supuesto, harán piña en las misas, mientras el Gobierno intenta convencer a todos de que esto no es un simple ejercicio de marketing electoral. Recordemos que Sánchez sí acudió a funerales de policías en Kabul o de Montserrat Caballé, pero esos no eran tan mediáticos como los de las tragedias nacionales. La coherencia, al parecer, es un lujo que solo se permiten los que tienen el calendario bien marcado. El contraste es evidente: antes, el funeral laico; ahora, la misa con el Papa. La jugada es transparente. Y, lo que es peor, previsible. La visita del pontífice, convertida en una oportunidad para sumar puntos y tapar agujeros de imagen. La cosa pinta a puro postureo, disfrazado de fervor religioso.
Mientras tú y yo peleamos por no superar los 50 euros en la lista de la compra, la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, se registró en 2015 el 'principal' correo de una trama que parece sacada de una serie de espías. Sí, has leído bien. No para enviar recetas de cocina, sino para gestionar, según el juez Calama de la Audiencia Nacional, un “canal de comunicación interna” crucial. Alcázar, que ya le hacía la vida más fácil a Zapatero en la Moncloa, aparece como la propietaria del dominio presidentezapatero.com, creado varios años después de que su jefe dejara el poder. ¡Como para que no se le olvidara la contraseña! Pero aquí la cosa va más allá de una simple dirección de correo electrónico. La investigación apunta a que Gertrudis no solo gestionaba la cuenta, sino que, junto con Cristóbal Cano (el hombre de confianza de Julito Martínez, otro personaje que suena mucho), coordinaba y daba formato a la documentación de una red que el juez llama “Finance Boutique”. Es decir, la secretaria era la que ponía los adornos a las facturas para que el sablazo fuera menos evidente. El auto judicial no se anda con rodeos: Zapatero, aunque formalmente no enviara los correos, estaría al tanto de la operativa financiera. Y todo esto, mientras el PP del Senado la ha incluido en la lista de comparecientes de la comisión de investigación sobre la SEPI y el rescate de Plus Ultra, una operación que ya huele a chamusquina. La guinda del pastel: Alcázar también participó en la constitución de una sociedad offshore en Dubái, presuntamente para esconder el dinero y evitar que Hacienda le echara un ojo. 530.000 euros en comisiones, un 1% del rescate público, se fueron presuntamente a esa cuenta en el extranjero. La cosa pinta fatal. Y todo, mientras el ciudadano de a pie se aprieta el cinturón. La hipocresía, señores, es el deporte nacional.
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