Interior deja morir dos unidades de élite de la Guardia Civil en Cataluña: «Es otra cesión»

Interior cede Cataluña: ¡Otro sablazo!

politica Una imagen conceptual que represente el desmantelamiento silencioso de una estructura de seguridad. Un castillo de arena desmoronándose lentamente en la playa, con olas amenazantes en el fondo. Colores apagados y melancólicos, con un cielo nublado. La composición debe evocar una sensación de pérdida e incertidumbre.

El Ministerio del Interior está jugando al escondite con la Guardia Civil en Cataluña, y no precisamente al de las vacaciones. Primero, el GEAS de la Costa Brava, unidad de rescate subacuático, se difumina como azúcar en agua. ¿La justificación? “Optimización de recursos”, eufemismo que huele a recorte a kilómetros.

De seis agentes a dos, y luego, ¡puf!, desaparecidos, integrados en la plantilla de Barcelona, donde ya hay 11. Es como cerrar la tienda de barrio porque “se optimizan las rutas de reparto”. Pero la cosa no acaba ahí. El GEDEX de Tarragona, expertos en desactivar bombas, corre el mismo destino.

Según Jucil, la asociación de guardias civiles, es un “plan perfectamente orquestado” para dejar a Cataluña en manos de los Mossos. La seguridad en puertos y aeropuertos ya es suya, y se habla de un control de fronteras compartido (aunque la ley diga lo contrario). Para rematar la faena, el Gobierno promete 210 millones anuales hasta 2030 para engordar la plantilla catalana.

¡70.000 euros por cada nuevo puesto! Mientras tanto, la Guardia Civil pierde un tercio de su plantilla en la región. La excusa de la “reorganización” no cuela. Los agentes denuncian “fallos técnicos” y traslados forzados para acelerar el cierre de las bases. ¿Una emergencia en la Costa Brava en pleno verano? Prepárense para esperar dos horas, el tiempo que tarda en llegar la unidad de Barcelona.

El Ministro Torres y el Consejero Dalmau firman acuerdos mientras la Guardia Civil se desmantela en silencio. Es como comprar un paraguas cuando ya está lloviendo a cántaros. El GEAS y el GEDEX, dos piezas clave, se evaporan en nombre de una “cesión” que huele a estrategia política y a ahorro a costa de la seguridad.

Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta: ¿quién vigila ahora a los vigilantes?

Crítica:

Demasiado centrado en las denuncias de las asociaciones. Falta la voz del Ministerio del Interior para dar su versión (o justificar lo injustificable). El título, aunque efectivo, podría ser más preciso.

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