Crítica:
La noticia es alarmante, pero la cobertura se centra demasiado en la denuncia sindical. Falta una investigación más profunda sobre el destino del presupuesto y las responsabilidades directas de los altos cargos.
Marlaska reparte sólo 176 chalecos antibalas entre los 2.600 policías alumnos en el dispositivo del Papa
Marlaska: 176 chalecos para 2.600
Otros artículos
Menas en pausa: La devolución que no arranca
Madrid, mayo de 2026. Mientras el café sube de precio a un ritmo de vértigo, el Gobierno central ha decidido poner en pausa la devolución de 110 menores no acompañados (MENAs) a sus países de origen. Un año entero esperando. Un año. Tiempo suficiente para que 40 de esos chicos, que no son tan chicos, hayan cumplido la mayoría de edad y se encuentren en un limbo legal que huele a chapuza administrativa. La Comunidad de Madrid, con Silvia Valmaña a la cabeza, vocifera indignación. Exige a Francisco Martín, el delegado del Gobierno, que ponga en marcha los trámites de reunificación familiar aprobados... hace más de un año. ¿Alguien perdió el archivo? Ana Dávila, consejera de Familia, califica la situación de “grave e injustificable”. Y no le falta razón. La Ley Orgánica 4/2000 dice una cosa, pero la práctica, al parecer, es otra. El artículo 35, ese que habla del interés superior del menor, parece haberse tomado unas vacaciones indefinidas. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid amenaza con acciones legales. Un pulso institucional que, como suele ocurrir, pagará el ciudadano. Y no con euros, sino con indignación. Pero la guinda del pastel llega con las 16 denuncias por presunta estafa agravada. Gente que se hacía pasar por menores para acceder a recursos públicos. El sistema, al parecer, es permeable a la picaresca. Y mientras tanto, 110 vidas en suspenso, 40 mayorías de edad perdidas, y una burocracia que se mueve a la velocidad de un caracol en almíbar. En resumen, un espectáculo dantesco con aroma a partidismo y dejación de funciones.
Illa: Web Cordero, ¿Doble Moral?
Cataluña, tierra de contrastes. Mientras el 'establishment' político se desvive por la 'crueldad' de una corrida de toros –anulada por el Tribunal Constitucional, pero boicoteada con saña–, abre una web oficial, con 2,3 millones de euros de presupuesto (un 37,5% más que el año anterior, ojo al dato), para guiar en el sacrificio ritual de corderos, amparado en la 'diversidad religiosa'. Salvador Illa, artífice de este 'detalle', parece haber olvidado que la tradición católica mayoritaria en Cataluña necesita algo más que un 'hazte lo que diga' para sobrevivir al fervor de la secularización selectiva. La web, con manuales en catalán, árabe y urdú (para no dejar a nadie fuera), ofrece desde recomendaciones sanitarias hasta guías de higiene para ayuntamientos y escuelas. ¿Y la Semana Santa? ¿El Corpus Christi? Brilla por su ausencia. Es más fácil encontrar un manual de degollamiento halal que información sobre la Inmaculada Concepción. El contraste es tan evidente que duele. La Generalitat, en un ejercicio de equilibrismo digno de circo, asegura la asistencia religiosa a presos musulmanes, mientras el belén de Navidad en Barcelona es víctima de un boicot orquestado por el Ayuntamiento, tildándolo de 'ingeniería social'. La conclusión es simple: en Cataluña, el cordero sacrificial tiene más derechos que el pesebre. Una 'diversidad religiosa' que huele, pardillo, a doble rasero.
PSOE: El 'Plan Luz Verde' en negro
Mientras la cesta de la compra se encarece y el recibo de la luz daña la vista, el PSOE se despachaba a lo grande con un ‘Plan Luz Verde’ más bien ‘Plan Dinero Negro’. De 2019 a 2020, las donaciones al partido se dispararon un 200%, alcanzando los 837.506 euros, un pico que coincide sospechosamente con las confesiones de Víctor de Aldama, quien asegura haber entregado “más de 1,8 millones de euros” al partido. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? En la política, solo hay dos tipos de coincidencias: las que se explican… y las que se investigan. La estrategia, orquestada por Mariano Moreno (entonces gerente federal), consistía en microcréditos con un interés del 3%, más alto que el que ofrecían los bancos, prometiendo “algoritmos contra la corrupción” (la ironía duele). El plan recaudó casi 3 millones de euros (2.998.500 euros, para ser exactos), pero todo, absolutamente todo, quedó fuera del alcance de los auditores y del Tribunal de Cuentas. Un agujero contable del tamaño de un campo de fútbol. En 2024, la fiesta amainó, las donaciones cayeron a 133.500 euros (un desplome que habla por sí solo), pero el hedor a irregularidad persiste. La UCO investiga pagos en efectivo, y el PSOE, en un acto de transparencia cuestionable, solicitó que parte de la investigación se mantuviera en secreto. La auditoría encargada por Pedro Sánchez, con auditores de dudosa independencia, concluyó que todo estaba en orden, pero la Justicia, afortunadamente, no parece tan fácil de engañar. Este partido que vendía algoritmos anticorrupción, ahora enfrenta la necesidad de que un juez descifre si el origen del dinero era tan limpio como sus promesas.
PSOE: 4 Millones Bajo Sospecha
Mientras la cesta de la compra se dispara y las familias aprietan el cinturón, el PSOE parece haber encontrado una forma curiosa de inflar sus arcas durante la pandemia: 4 millones de euros en “microcréditos verdes”. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con lupa en mano, sospecha que esto no es otra cosa que financiación ilegal, un agujero contable disfrazado de ecologismo. El asunto, que se investiga en la Audiencia Nacional, centra su atención en la etapa de Santos Cerdán como secretario de Organización y en los pagos en efectivo que, convenientemente, no figuraban en la contabilidad oficial. En octubre de 2020, con el país en pleno confinamiento, Ferraz lanzó un plan de “Luz Verde”, pidiendo a militantes y simpatizantes que colaboraran con microcréditos al 3% de interés o donaciones directas. Las donaciones se triplicaron, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 en 2020, un aumento del 200%. Mariano Moreno, entonces gerente del partido, presumía en redes sociales de la reducción de la “huella de carbono” en la sede de Ferraz, mientras el dinero entraba a raudales. El Tribunal de Cuentas fiscalizó las cuentas, sí, pero la Fiscalía Anticorrupción admite que su revisión es superficial y se limita a la información proporcionada por el propio PSOE. La UCO ha entrado en la sede de Ferraz buscando respuestas, y el PSOE, con la rapidez de un político acorralado, ha solicitado el secreto de sumario. ¿Qué esconden? ¿Pagos fantasma? ¿Empresas que inflaban facturas? La investigación apunta a que la línea entre la legalidad y la ingeniería financiera es, en este caso, peligrosamente difusa. El informe de la UCO, aún en elaboración, podría decidir si el PSOE se enfrenta a una imputación por financiación ilegal, o si sus gestores se encontrarán con el agua al cuello.
Ferraz bajo lupa: ¿Quién pagará?
Ferraz, epicentro del temblor. La UCO, la brigada de los ‘arreglos’, ha irrumpido en la sede del PSOE como si buscasen un mando a distancia perdido bajo el sofá. Buscaban, dicen, “contabilidad paralela”, ese eufemismo para “donde metemos la mano y nadie pregunta”. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar las cuentas a fin de mes, el partido en el poder, al parecer, tenía una segunda libreta, una para los gastos que no se ven en la declaración de la renta. Ana María Fuentes, la gerente, y los pesos pesados Cerdán y Zarrías, imputados. Leire Díez, la ‘fontanera’ del caso, se desmarca con un “yo no sé nada”, una frase que ya suena a guion de serie de televisión. El PP, lógicamente, ha sacado la artillería pesada, acusando al gobierno de “oler” y pidiendo elecciones. Vox, más directo, habla de “mafia”. Sumar, con la parsimonia de quien no quiere mancharse las manos, se limita a expresar su “desconcierto”. Y Zapatero, el ex-presidente, mencionado como posible partícipe en el festín. El ministro Puente, indignado en Twitter, se pregunta si para pedir información es necesario mandar a la UCO… como si mandar a la policía fuese una incivilidad. La realidad es que esta operación judicial, ordenada por la Audiencia Nacional, pone en jaque la estabilidad del gobierno. Se investigan pagos ocultos, facturas falsas y una red de favores que, al parecer, ha estado alimentándose a costa del erario público. Se registran también domicilios de altos cargos socialistas, ampliando el radio de la investigación. El caso, conectado al de la ex-directora de la Sepi, Vicente Fernández, parece destapar una trama mucho más extensa de lo que se creía inicialmente. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue con su agenda internacional, intentando aparentar normalidad mientras su casa se derrumba.
Ferraz, la ‘Fontanera’ y la Caja B
La calle Ferraz, cuartel general del PSOE, amaneció este miércoles con la UCO de la Guardia Civil como invitada inesperada. No es una visita de cortesía, ni un café con leche. La UCO busca, con orden judicial firmada por Santiago Pedraz, la ‘caja B’ que, según las investigaciones, alimentó los negocios de Leire Díez, la fontanera socialista convertida en consultora estrella. 700.000 euros en comisiones, un grupo llamado Hirurok (juntos en vasco, qué casualidad) y una trama de contratos públicos amañados con la SEPI como epicentro. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar las cuentas a fin de mes, la trama, entre 2021 y 2023, facturaba a través de “contratación y facturación mendaz”, una forma eufemística de decir que se llevaban el dinero a escondidas. Santos Cerdán, ex secretario de Organización, y Gaspar Zarrías, ex vicepresidente andaluz, también están en el punto de mira. Zarrías, además, pagó 16.000 euros a Díez para espiar a Villarejo, un detalle que añade más leña al fuego. No es la primera vez que la Guardia Civil llama a la puerta de Ferraz; ya lo hicieron en 2025, pero parece que el partido se ha vuelto experto en recibir visitas poco agradables. La Audiencia Nacional, con Pedraz al frente, tiene la documentación. La pregunta es si esta vez, la justicia conseguirá desentrañar la madeja y dar una respuesta a la ciudadanía, harta de escándalos y de políticos que parecen creer que las arcas públicas son su hucha personal.
Cerdán y Dolset: La UCO llama a la puerta
El PSOE amaneció con la UCO llamando a su puerta. No, no es una broma pesada de un vecino, es el ‘caso Leire’ que, como un eco, resuena con el ‘caso Koldo’. Santos Cerdán, otrora poderoso secretario de Organización, ve ahora su domicilio en Milagro (Navarra) sometido a escrutinio, mientras Pérez Dolset, un empresario con más contactos que un teléfono móvil en un congreso, recibe visitas inesperadas en Móstoles. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esa brigada que parece tener un imán para los escándalos políticos, ha desplegado un operativo que, desde primera hora del 27 de mayo de 2026, busca documentación en la sede del PSOE en Ferraz. Documentación, ni más ni menos, sobre pagos a Leire Díez, una exmilitante que parece haber abierto una caja de Pandora. Pero la cosa no acaba ahí. Porque, como si la trama no fuera lo suficientemente enrevesada, Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, también tiene una cita con la UCO en Madrid. ¿Coincidencia? En política, como en la vida, las coincidencias suelen tener un precio… y un nombre. El juez Santiago Pedraz, ese maestro de ceremonias de las causas de alto impacto, lleva las riendas de la investigación. Y mientras tanto, los ciudadanos, que pagan las facturas, observan el espectáculo con la misma mezcla de incredulidad y resignación que cuando ven la lista de la compra subir de precio cada semana. El asunto promete ser largo. Y caro. Mucho más caro que una cesta básica.
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