Crítica:
Demasiado centrado en las reacciones políticas y poco en el desarrollo de la investigación. La información es dispersa y se echa en falta un análisis más profundo de las posibles ramificaciones de la trama.
Registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz, en directo: última hora del operativo y reacciones
Ferraz bajo lupa: ¿Quién pagará?
Otros artículos
PSOE: El 'Plan Luz Verde' en negro
Mientras la cesta de la compra se encarece y el recibo de la luz daña la vista, el PSOE se despachaba a lo grande con un ‘Plan Luz Verde’ más bien ‘Plan Dinero Negro’. De 2019 a 2020, las donaciones al partido se dispararon un 200%, alcanzando los 837.506 euros, un pico que coincide sospechosamente con las confesiones de Víctor de Aldama, quien asegura haber entregado “más de 1,8 millones de euros” al partido. ¿Coincidencia? ¿Casualidad? En la política, solo hay dos tipos de coincidencias: las que se explican… y las que se investigan. La estrategia, orquestada por Mariano Moreno (entonces gerente federal), consistía en microcréditos con un interés del 3%, más alto que el que ofrecían los bancos, prometiendo “algoritmos contra la corrupción” (la ironía duele). El plan recaudó casi 3 millones de euros (2.998.500 euros, para ser exactos), pero todo, absolutamente todo, quedó fuera del alcance de los auditores y del Tribunal de Cuentas. Un agujero contable del tamaño de un campo de fútbol. En 2024, la fiesta amainó, las donaciones cayeron a 133.500 euros (un desplome que habla por sí solo), pero el hedor a irregularidad persiste. La UCO investiga pagos en efectivo, y el PSOE, en un acto de transparencia cuestionable, solicitó que parte de la investigación se mantuviera en secreto. La auditoría encargada por Pedro Sánchez, con auditores de dudosa independencia, concluyó que todo estaba en orden, pero la Justicia, afortunadamente, no parece tan fácil de engañar. Este partido que vendía algoritmos anticorrupción, ahora enfrenta la necesidad de que un juez descifre si el origen del dinero era tan limpio como sus promesas.
PSOE: 4 Millones Bajo Sospecha
Mientras la cesta de la compra se dispara y las familias aprietan el cinturón, el PSOE parece haber encontrado una forma curiosa de inflar sus arcas durante la pandemia: 4 millones de euros en “microcréditos verdes”. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con lupa en mano, sospecha que esto no es otra cosa que financiación ilegal, un agujero contable disfrazado de ecologismo. El asunto, que se investiga en la Audiencia Nacional, centra su atención en la etapa de Santos Cerdán como secretario de Organización y en los pagos en efectivo que, convenientemente, no figuraban en la contabilidad oficial. En octubre de 2020, con el país en pleno confinamiento, Ferraz lanzó un plan de “Luz Verde”, pidiendo a militantes y simpatizantes que colaboraran con microcréditos al 3% de interés o donaciones directas. Las donaciones se triplicaron, pasando de 275.616 euros en 2019 a 837.506 en 2020, un aumento del 200%. Mariano Moreno, entonces gerente del partido, presumía en redes sociales de la reducción de la “huella de carbono” en la sede de Ferraz, mientras el dinero entraba a raudales. El Tribunal de Cuentas fiscalizó las cuentas, sí, pero la Fiscalía Anticorrupción admite que su revisión es superficial y se limita a la información proporcionada por el propio PSOE. La UCO ha entrado en la sede de Ferraz buscando respuestas, y el PSOE, con la rapidez de un político acorralado, ha solicitado el secreto de sumario. ¿Qué esconden? ¿Pagos fantasma? ¿Empresas que inflaban facturas? La investigación apunta a que la línea entre la legalidad y la ingeniería financiera es, en este caso, peligrosamente difusa. El informe de la UCO, aún en elaboración, podría decidir si el PSOE se enfrenta a una imputación por financiación ilegal, o si sus gestores se encontrarán con el agua al cuello.
Ferraz, la ‘Fontanera’ y la Caja B
La calle Ferraz, cuartel general del PSOE, amaneció este miércoles con la UCO de la Guardia Civil como invitada inesperada. No es una visita de cortesía, ni un café con leche. La UCO busca, con orden judicial firmada por Santiago Pedraz, la ‘caja B’ que, según las investigaciones, alimentó los negocios de Leire Díez, la fontanera socialista convertida en consultora estrella. 700.000 euros en comisiones, un grupo llamado Hirurok (juntos en vasco, qué casualidad) y una trama de contratos públicos amañados con la SEPI como epicentro. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar las cuentas a fin de mes, la trama, entre 2021 y 2023, facturaba a través de “contratación y facturación mendaz”, una forma eufemística de decir que se llevaban el dinero a escondidas. Santos Cerdán, ex secretario de Organización, y Gaspar Zarrías, ex vicepresidente andaluz, también están en el punto de mira. Zarrías, además, pagó 16.000 euros a Díez para espiar a Villarejo, un detalle que añade más leña al fuego. No es la primera vez que la Guardia Civil llama a la puerta de Ferraz; ya lo hicieron en 2025, pero parece que el partido se ha vuelto experto en recibir visitas poco agradables. La Audiencia Nacional, con Pedraz al frente, tiene la documentación. La pregunta es si esta vez, la justicia conseguirá desentrañar la madeja y dar una respuesta a la ciudadanía, harta de escándalos y de políticos que parecen creer que las arcas públicas son su hucha personal.
Cerdán y Dolset: La UCO llama a la puerta
El PSOE amaneció con la UCO llamando a su puerta. No, no es una broma pesada de un vecino, es el ‘caso Leire’ que, como un eco, resuena con el ‘caso Koldo’. Santos Cerdán, otrora poderoso secretario de Organización, ve ahora su domicilio en Milagro (Navarra) sometido a escrutinio, mientras Pérez Dolset, un empresario con más contactos que un teléfono móvil en un congreso, recibe visitas inesperadas en Móstoles. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esa brigada que parece tener un imán para los escándalos políticos, ha desplegado un operativo que, desde primera hora del 27 de mayo de 2026, busca documentación en la sede del PSOE en Ferraz. Documentación, ni más ni menos, sobre pagos a Leire Díez, una exmilitante que parece haber abierto una caja de Pandora. Pero la cosa no acaba ahí. Porque, como si la trama no fuera lo suficientemente enrevesada, Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, también tiene una cita con la UCO en Madrid. ¿Coincidencia? En política, como en la vida, las coincidencias suelen tener un precio… y un nombre. El juez Santiago Pedraz, ese maestro de ceremonias de las causas de alto impacto, lleva las riendas de la investigación. Y mientras tanto, los ciudadanos, que pagan las facturas, observan el espectáculo con la misma mezcla de incredulidad y resignación que cuando ven la lista de la compra subir de precio cada semana. El asunto promete ser largo. Y caro. Mucho más caro que una cesta básica.
PSOE: La fontanera y el sablazo.
Mientras tú y yo sudamos la gota gorda para pagar la hipoteca, la UCO de la Guardia Civil, esos detectives de la vida real, están peinando los armarios de Ferraz. ¿El motivo? Contratos curiosos con Leire Díez, la fontanera del PSOE, y Gaspar Zarrías, un consultor con más contactos que un teléfono móvil de segunda mano. Parece que la fontanera, tras una visita de cinco días a la sede del PSOE (cinco días de reflexión, vaya), recomendó los servicios de Zarrías. El caso, que dirige el juez Santiago Pedraz, se centra en la presunta manipulación de contratos en la SEPI, esa caja de sorpresas estatal. El PSOE se defiende diciendo que Leire Díez nunca tuvo un contrato formal en Ferraz, solo un trabajillo como autónoma en Cantabria. ¡Menuda casualidad! Como si la fontanera solo arreglase cañerías en el norte. Mientras tanto, la Guardia Civil ha registrado los domicilios de Santos Cerdán, ex secretario de organización, y Javier Pérez Dolset, un empresario con negocios turbios. Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero, también está en el punto de mira. A todo esto, Leire Díez, Joseba Antxon Alonso y Fernández fueron detenidos en diciembre por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Un menú de lujo, vamos. La investigación parece una partida de dominó: cada ficha que cae revela una nueva conexión, un nuevo nombre, una nueva pregunta. ¿Quién tiró de la cadena en este desaguisado? Y, lo más importante, ¿cuánto nos ha costado a los ciudadanos?
Plus Ultra: 53 millones y un 'Kitchen'
La Fiscalía Superior de Madrid, en sus estertores –porque a la que firma expedientes no le renovaron el contrato–, abre investigación a dos fiscales del ‘caso Plus Ultra’. La trama, un festival de ‘Kitchen Gabinet’ –sí, con mayúsculas–, buscaba frenar una investigación sobre un rescate público de 53 millones de euros. ¿El objetivo? Evitar que se bloqueen otros 19 millones pendientes. O sea, mientras tú y yo nos apretamos el cinturón para pagar la hipoteca, alguien jugaba a ser Robin Hood… al revés. Rodolfo Reyes, magnate venezolano y accionista mayoritario de Plus Ultra, parecía tener el Ministerio Público en su bolsillo, según desvela la UDEF. Presumía de “cortar” procesos judiciales, de tener la influencia suficiente para que la justicia mirase a otro lado. Y no eran amenazas vacías: se jactaban de maniobras orquestadas para blindar sus intereses. La instructora, Esperanza Collazos, era la espina en el zapato, demasiado curiosa con los vínculos de la aerolínea con Venezuela y las presuntas “mordidas políticas”. El plan, meticulosamente diseñado, incluía mantener a Julio Martínez Sola (vicepresidente de Plus Ultra) al corriente de cada movimiento y recurrir a la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero a través de su testaferro, Julio Martínez Martínez. Todo esto mientras la SEPI, la sociedad estatal de participaciones, miraba a otro lado. ¿Casualidad? Difícilmente. El caso destapa una red de favores, influencias y, sospechamos, agujeros contables lo suficientemente grandes como para albergar un elefante. Básicamente, la vieja historia de siempre: dinero público, amigos poderosos y la justicia dando palos de ciego.
Gómez al filo: ¿Huye o se enfrenta?
La cosa pinta fea. Begoña Gómez, esposa del Presidente, tiene cita con el juez Peinado el 9 de junio. No es una invitación a tomar el té, sino una “audiencia preliminar” donde le avisan: o vas, o te traen. Y la amenaza es seria, porque el magistrado teme que se marche. ¿Huir? En tiempos que hacer la lista de la compra te deja temblando, la señora Gómez podría buscar un respiro fuera de fronteras. El juez, Juan Carlos Peinado, no se anda con chiquitas. Le imputa cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El informe de la UCO de la Guardia Civil, ese que sale a la luz justo a tiempo, la señala por registrar un software de la Universidad Complutense a su nombre, con la ayuda de su asistente Cristina Álvarez. Mientras tanto, el abogado de Begoña, el exministro Antonio Camacho, intenta ganar tiempo con recursos, alegando que antes hay que decidir si el caso va a juicio con jurado popular. Un jurado popular, nada menos, donde ciudadanos de a pie juzgarían los entresijos de la trama. La maquinaria judicial está en marcha desde abril de 2024, tras la denuncia de Manos Limpias, ampliada después por Hazte Oír y Vox. El juez investiga la actividad profesional de la esposa del Presidente con empresarios y su relación con la Universidad Complutense. Las acusaciones populares, eso sí, se quejan de la estrategia dilatoria de la defensa. ¿Intento de desviar la atención? En un país donde el “zasca” político es el deporte nacional, cada movimiento es una partida de ajedrez. La Audiencia de Madrid ya le ha puesto freno al juez, obligándole a unificar el caso en lugar de dividirlo en piezas. Un caso que, si llega a juicio, podría tener un desenlace con un 89,9% de sentencias condenatorias, según datos de años anteriores. Dinero público, influencias y un juicio que promete ser un culebrón.
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