Crítica:
El texto es un compendio de nombres y cifras que necesita un análisis más profundo de las conexiones financieras. La noticia se centra en la apertura de un expediente, pero esconde la urgencia de saber a dónde fue a parar el dinero público.
La fiscal Superior de Madrid abre un expediente a las fiscales «controladas» del ‘caso Plus Ultra’
Plus Ultra: 53 millones y un 'Kitchen'
Otros artículos
Cerdán y Dolset: La UCO llama a la puerta
El PSOE amaneció con la UCO llamando a su puerta. No, no es una broma pesada de un vecino, es el ‘caso Leire’ que, como un eco, resuena con el ‘caso Koldo’. Santos Cerdán, otrora poderoso secretario de Organización, ve ahora su domicilio en Milagro (Navarra) sometido a escrutinio, mientras Pérez Dolset, un empresario con más contactos que un teléfono móvil en un congreso, recibe visitas inesperadas en Móstoles. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esa brigada que parece tener un imán para los escándalos políticos, ha desplegado un operativo que, desde primera hora del 27 de mayo de 2026, busca documentación en la sede del PSOE en Ferraz. Documentación, ni más ni menos, sobre pagos a Leire Díez, una exmilitante que parece haber abierto una caja de Pandora. Pero la cosa no acaba ahí. Porque, como si la trama no fuera lo suficientemente enrevesada, Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, también tiene una cita con la UCO en Madrid. ¿Coincidencia? En política, como en la vida, las coincidencias suelen tener un precio… y un nombre. El juez Santiago Pedraz, ese maestro de ceremonias de las causas de alto impacto, lleva las riendas de la investigación. Y mientras tanto, los ciudadanos, que pagan las facturas, observan el espectáculo con la misma mezcla de incredulidad y resignación que cuando ven la lista de la compra subir de precio cada semana. El asunto promete ser largo. Y caro. Mucho más caro que una cesta básica.
PSOE: La fontanera y el sablazo.
Mientras tú y yo sudamos la gota gorda para pagar la hipoteca, la UCO de la Guardia Civil, esos detectives de la vida real, están peinando los armarios de Ferraz. ¿El motivo? Contratos curiosos con Leire Díez, la fontanera del PSOE, y Gaspar Zarrías, un consultor con más contactos que un teléfono móvil de segunda mano. Parece que la fontanera, tras una visita de cinco días a la sede del PSOE (cinco días de reflexión, vaya), recomendó los servicios de Zarrías. El caso, que dirige el juez Santiago Pedraz, se centra en la presunta manipulación de contratos en la SEPI, esa caja de sorpresas estatal. El PSOE se defiende diciendo que Leire Díez nunca tuvo un contrato formal en Ferraz, solo un trabajillo como autónoma en Cantabria. ¡Menuda casualidad! Como si la fontanera solo arreglase cañerías en el norte. Mientras tanto, la Guardia Civil ha registrado los domicilios de Santos Cerdán, ex secretario de organización, y Javier Pérez Dolset, un empresario con negocios turbios. Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI y hombre de confianza de María Jesús Montero, también está en el punto de mira. A todo esto, Leire Díez, Joseba Antxon Alonso y Fernández fueron detenidos en diciembre por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Un menú de lujo, vamos. La investigación parece una partida de dominó: cada ficha que cae revela una nueva conexión, un nuevo nombre, una nueva pregunta. ¿Quién tiró de la cadena en este desaguisado? Y, lo más importante, ¿cuánto nos ha costado a los ciudadanos?
Gómez al filo: ¿Huye o se enfrenta?
La cosa pinta fea. Begoña Gómez, esposa del Presidente, tiene cita con el juez Peinado el 9 de junio. No es una invitación a tomar el té, sino una “audiencia preliminar” donde le avisan: o vas, o te traen. Y la amenaza es seria, porque el magistrado teme que se marche. ¿Huir? En tiempos que hacer la lista de la compra te deja temblando, la señora Gómez podría buscar un respiro fuera de fronteras. El juez, Juan Carlos Peinado, no se anda con chiquitas. Le imputa cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El informe de la UCO de la Guardia Civil, ese que sale a la luz justo a tiempo, la señala por registrar un software de la Universidad Complutense a su nombre, con la ayuda de su asistente Cristina Álvarez. Mientras tanto, el abogado de Begoña, el exministro Antonio Camacho, intenta ganar tiempo con recursos, alegando que antes hay que decidir si el caso va a juicio con jurado popular. Un jurado popular, nada menos, donde ciudadanos de a pie juzgarían los entresijos de la trama. La maquinaria judicial está en marcha desde abril de 2024, tras la denuncia de Manos Limpias, ampliada después por Hazte Oír y Vox. El juez investiga la actividad profesional de la esposa del Presidente con empresarios y su relación con la Universidad Complutense. Las acusaciones populares, eso sí, se quejan de la estrategia dilatoria de la defensa. ¿Intento de desviar la atención? En un país donde el “zasca” político es el deporte nacional, cada movimiento es una partida de ajedrez. La Audiencia de Madrid ya le ha puesto freno al juez, obligándole a unificar el caso en lugar de dividirlo en piezas. Un caso que, si llega a juicio, podría tener un desenlace con un 89,9% de sentencias condenatorias, según datos de años anteriores. Dinero público, influencias y un juicio que promete ser un culebrón.
Moncloa: 20 'kilos' para proteger a otros
Mientras la lista de la compra se encoge, Moncloa destina 20 millones a 'proteger' derechos de extranjeros. Sí, 20 millones de euros. La misma cantidad que, según la estadística oficial, se necesitan para arreglar las goteras de más de 10.000 colegios públicos. Pero claro, los colegios no votan. La cosa se pone interesante. El Ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, 'estima' un mantenimiento del SEPE en 20 millones. ¿Estimado? ¿Como el precio del taxi en hora punta? ¿O la factura del gas? Opacidad con aroma a pastel. La OIT se lleva 150.000 euros para charlas de 'economía social y solidaria', mientras que la UNRWA engorda su cuenta con otros 120.000 para 'empleo inclusivo' en Siria. Y no nos olvidemos de los 23.466 euros para que la OIT promueva la inclusión LGBTQ+ en el trabajo. Todo pagado con nuestros impuestos, por supuesto. El Ministerio para la Transición Ecológica, en un tirón de generosidad, despacha 2.551.857 euros en 27 contribuciones internacionales sin especificar ni a quién ni para qué. Aena, por su parte, se lanza a comprar un trozo de aeropuerto en Río de Janeiro, sin decir cuánto cuesta el capricho. Luego nos extrañamos de que las autonomías necesiten pedir prestado 130 millones (Castilla y León, en este caso) y de que la Confederación Hidrográfica del Miño no tenga para pagar las nóminas. El IRPF, esos 'fines sociales' que tanto nos venden, se convierten en un buffet libre de subvenciones a 'troche y moche' para investigación y medio ambiente. Y, para rematar, otros 20.300.000 euros para 'defender' los derechos de inmigrantes, una cantidad que, según el autor de la noticia, supera con creces las cotizaciones que estos aportan. El negocio de la buena conciencia, señores.
Congreso a la carta: ¡Votos baratos!
El Congreso, ese teatro donde las promesas se diluyen como azúcar en agua, ha decidido darle un empujoncito a los partidos pequeños. O, para decirlo claro, facilitarles el acceso VIP al festín de subvenciones y privilegios. La reforma del reglamento, impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG –un consorcio de intereses diversos–, bajará el listón para formar grupo parlamentario. Antes, necesitabas 15 escaños o un 5% de votos a nivel nacional para tener tu club privado en el Congreso. Ahora, con un 3% de votos, ¡ya tienes acceso a la sala VIP! ¿El PSOE? Pues ahí está, brindando con champán barato y firmando el acuerdo. Mientras la cesta de la compra sube cada día, ellos se preocupan de que los partidos con menos de cinco amigos puedan facturar a lo grande. El PP, Vox y UPN, por supuesto, votaron en contra. ¿Acaso no entienden que en la política, como en el fútbol, cuanto más pequeño el equipo, más necesita ayudas? Esta reforma no es más que una operación de ingeniería financiera, un trueque de votos por prebendas. Tener grupo propio significa tener voz en los debates, un asiento en las comisiones, preguntas directas al Gobierno y, lo más jugoso, un buen pellizco de subvenciones y ayudas para enviar propaganda a los ciudadanos. En la legislatura que termina, ERC y Junts recurrieron a préstamos del PSOE y Sumar –cuatro diputados del PSC y dos de En Comú– para alcanzar los requisitos. Ahora, con la reforma, ya no necesitarán mendigar favores. La Mesa del Congreso, siempre dispuesta a complacer a sus amigos, dará su visto bueno sin pestañear. Todo un circo donde el dinero público es el principal atractivo.
Zapatero: ¿Mina de Oro o Palo al agua?
Mientras el ciudadano de a pie calcula si llegará a fin de mes, la UDEF desentierra un tinglado que huele a oro y a favores políticos. Parece que el expresidente Zapatero, allá por 2025, se habría hecho con una jugosa 'mina' en Venezuela, cortesía del régimen de Maduro. No una mina cualquiera, ojo, sino un pedazo del Arco Minero del Orinoco, una zona tan rica en recursos que da vértigo. El nombre clave de esta operación, Julio Martínez, testaferro presunto y dueño de una agenda repleta de citas con Héctor Silva, el 'capo' del oro venezolano, nombrado por el propio Maduro a petición de Delcy Rodríguez, amiga íntima de Zapatero. La UDEF ha encontrado apuntes que hablan de “60.000 toneladas” de “remet” (oro en bruto, para los que no entienden de jerga minera) que podrían convertirse en 17.000 toneladas de oro procesado. Un negocio redondo, vamos. Y todo esto mientras la investigación sobre los negocios de Zapatero ya estaba en marcha. ¿Casualidad? Difícilmente. La ‘mina Colombia’, otro nombre en clave, también aparece en los apuntes de Martínez, ubicada en una zona que la oposición venezolana ya señalaba como posible obsequio a Zapatero. La senadora Piedad Córdoba, en vida, llegó a afirmar que el propio Zapatero le confesó haber recibido una mina como agradecimiento por su apoyo al chavismo. Pero la cosa no acaba ahí. La red se extiende a Emiratos Árabes Unidos (“los del desierto”), con planes de comercializar el “amarillo” (oro, otra vez) y proyectos como ‘Oro Azul’, un yacimiento de coltán en la misma zona. Empresas como Western Atlas Resources y Minerven, la principal compañía minera de Venezuela, también aparecen en el mapa. Un entramado complejo, opaco y, sobre todo, obscenamente lucrativo. Mientras tanto, el ciudadano común se pregunta si el precio del oro está inflado, claro.
PSOE: La Cuenta en Rojo que Nadie Audita
Mientras el sablazo en la factura de la luz te deja sin respiración, el PSOE acumulaba 4 millones de euros en donaciones durante el confinamiento, un pico de generosidad sospechosa que, convenientemente, pasó desapercibido para sus propios auditores y el Tribunal de Cuentas. Víctor de Aldama, el empresario que ha soltado la sopa en el caso Koldo, asegura haber entregado “más de 1,8 millones de euros” al partido, lo que, según el diccionario, podría traducirse como “financiación ilegal”. En 2019, las donaciones rondaban los 275.616 euros, pero en 2020, con la economía en coma, se dispararon a 837.506 euros, un aumento del 200%. ¿Magia? ¿Solidaridad extrema? ¿O algo menos limpio? El Plan Luz Verde, una iniciativa para la “transformación ecológica y digital” (suena a postureo, ¿verdad?), recaudó casi 3 millones de euros ofreciendo microcréditos con intereses más altos que los de un usurero. Mariano Moreno, entonces gerente federal del PSOE, fue el impulsor de esta brillante idea que, casualmente, quedó fuera del control de los auditores. El partido se jactaba de ser una “referencia mundial” en financiación política, mientras el Tribunal de Cuentas pedía a gritos una regulación para estos microcréditos que, según ellos, navegaban en un “limbo legal”. En 2024, las donaciones cayeron en picado hasta los 133.500 euros, lo que levanta más sospechas que un billete de 500 en una iglesia. La auditoría encargada por Pedro Sánchez, con auditores con más vínculos políticos que conexiones con la contabilidad, concluyó que todo estaba “coherente y verificable”. Un algoritmo contra la corrupción, irónicamente, no ha sido capaz de explicar de dónde salió ese dinero. La Justicia, sin embargo, podría tener una respuesta.
Comentarios