Crítica:
La noticia es un iceberg: solo vemos la punta. Falta saber quiénes más están implicados y si la investigación llegará hasta las altas esferas. El título, aunque pegadizo, simplifica demasiado una trama compleja.
La UCO solicita al PSOE información sobre contratos con Leire Díez y con Gaspar Zarrías
PSOE: La fontanera y el sablazo.
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Ferraz, la ‘Fontanera’ y la Caja B
La calle Ferraz, cuartel general del PSOE, amaneció este miércoles con la UCO de la Guardia Civil como invitada inesperada. No es una visita de cortesía, ni un café con leche. La UCO busca, con orden judicial firmada por Santiago Pedraz, la ‘caja B’ que, según las investigaciones, alimentó los negocios de Leire Díez, la fontanera socialista convertida en consultora estrella. 700.000 euros en comisiones, un grupo llamado Hirurok (juntos en vasco, qué casualidad) y una trama de contratos públicos amañados con la SEPI como epicentro. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar las cuentas a fin de mes, la trama, entre 2021 y 2023, facturaba a través de “contratación y facturación mendaz”, una forma eufemística de decir que se llevaban el dinero a escondidas. Santos Cerdán, ex secretario de Organización, y Gaspar Zarrías, ex vicepresidente andaluz, también están en el punto de mira. Zarrías, además, pagó 16.000 euros a Díez para espiar a Villarejo, un detalle que añade más leña al fuego. No es la primera vez que la Guardia Civil llama a la puerta de Ferraz; ya lo hicieron en 2025, pero parece que el partido se ha vuelto experto en recibir visitas poco agradables. La Audiencia Nacional, con Pedraz al frente, tiene la documentación. La pregunta es si esta vez, la justicia conseguirá desentrañar la madeja y dar una respuesta a la ciudadanía, harta de escándalos y de políticos que parecen creer que las arcas públicas son su hucha personal.
Cerdán y Dolset: La UCO llama a la puerta
El PSOE amaneció con la UCO llamando a su puerta. No, no es una broma pesada de un vecino, es el ‘caso Leire’ que, como un eco, resuena con el ‘caso Koldo’. Santos Cerdán, otrora poderoso secretario de Organización, ve ahora su domicilio en Milagro (Navarra) sometido a escrutinio, mientras Pérez Dolset, un empresario con más contactos que un teléfono móvil en un congreso, recibe visitas inesperadas en Móstoles. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esa brigada que parece tener un imán para los escándalos políticos, ha desplegado un operativo que, desde primera hora del 27 de mayo de 2026, busca documentación en la sede del PSOE en Ferraz. Documentación, ni más ni menos, sobre pagos a Leire Díez, una exmilitante que parece haber abierto una caja de Pandora. Pero la cosa no acaba ahí. Porque, como si la trama no fuera lo suficientemente enrevesada, Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, también tiene una cita con la UCO en Madrid. ¿Coincidencia? En política, como en la vida, las coincidencias suelen tener un precio… y un nombre. El juez Santiago Pedraz, ese maestro de ceremonias de las causas de alto impacto, lleva las riendas de la investigación. Y mientras tanto, los ciudadanos, que pagan las facturas, observan el espectáculo con la misma mezcla de incredulidad y resignación que cuando ven la lista de la compra subir de precio cada semana. El asunto promete ser largo. Y caro. Mucho más caro que una cesta básica.
Plus Ultra: 53 millones y un 'Kitchen'
La Fiscalía Superior de Madrid, en sus estertores –porque a la que firma expedientes no le renovaron el contrato–, abre investigación a dos fiscales del ‘caso Plus Ultra’. La trama, un festival de ‘Kitchen Gabinet’ –sí, con mayúsculas–, buscaba frenar una investigación sobre un rescate público de 53 millones de euros. ¿El objetivo? Evitar que se bloqueen otros 19 millones pendientes. O sea, mientras tú y yo nos apretamos el cinturón para pagar la hipoteca, alguien jugaba a ser Robin Hood… al revés. Rodolfo Reyes, magnate venezolano y accionista mayoritario de Plus Ultra, parecía tener el Ministerio Público en su bolsillo, según desvela la UDEF. Presumía de “cortar” procesos judiciales, de tener la influencia suficiente para que la justicia mirase a otro lado. Y no eran amenazas vacías: se jactaban de maniobras orquestadas para blindar sus intereses. La instructora, Esperanza Collazos, era la espina en el zapato, demasiado curiosa con los vínculos de la aerolínea con Venezuela y las presuntas “mordidas políticas”. El plan, meticulosamente diseñado, incluía mantener a Julio Martínez Sola (vicepresidente de Plus Ultra) al corriente de cada movimiento y recurrir a la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero a través de su testaferro, Julio Martínez Martínez. Todo esto mientras la SEPI, la sociedad estatal de participaciones, miraba a otro lado. ¿Casualidad? Difícilmente. El caso destapa una red de favores, influencias y, sospechamos, agujeros contables lo suficientemente grandes como para albergar un elefante. Básicamente, la vieja historia de siempre: dinero público, amigos poderosos y la justicia dando palos de ciego.
Gómez al filo: ¿Huye o se enfrenta?
La cosa pinta fea. Begoña Gómez, esposa del Presidente, tiene cita con el juez Peinado el 9 de junio. No es una invitación a tomar el té, sino una “audiencia preliminar” donde le avisan: o vas, o te traen. Y la amenaza es seria, porque el magistrado teme que se marche. ¿Huir? En tiempos que hacer la lista de la compra te deja temblando, la señora Gómez podría buscar un respiro fuera de fronteras. El juez, Juan Carlos Peinado, no se anda con chiquitas. Le imputa cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. El informe de la UCO de la Guardia Civil, ese que sale a la luz justo a tiempo, la señala por registrar un software de la Universidad Complutense a su nombre, con la ayuda de su asistente Cristina Álvarez. Mientras tanto, el abogado de Begoña, el exministro Antonio Camacho, intenta ganar tiempo con recursos, alegando que antes hay que decidir si el caso va a juicio con jurado popular. Un jurado popular, nada menos, donde ciudadanos de a pie juzgarían los entresijos de la trama. La maquinaria judicial está en marcha desde abril de 2024, tras la denuncia de Manos Limpias, ampliada después por Hazte Oír y Vox. El juez investiga la actividad profesional de la esposa del Presidente con empresarios y su relación con la Universidad Complutense. Las acusaciones populares, eso sí, se quejan de la estrategia dilatoria de la defensa. ¿Intento de desviar la atención? En un país donde el “zasca” político es el deporte nacional, cada movimiento es una partida de ajedrez. La Audiencia de Madrid ya le ha puesto freno al juez, obligándole a unificar el caso en lugar de dividirlo en piezas. Un caso que, si llega a juicio, podría tener un desenlace con un 89,9% de sentencias condenatorias, según datos de años anteriores. Dinero público, influencias y un juicio que promete ser un culebrón.
Moncloa: 20 'kilos' para proteger a otros
Mientras la lista de la compra se encoge, Moncloa destina 20 millones a 'proteger' derechos de extranjeros. Sí, 20 millones de euros. La misma cantidad que, según la estadística oficial, se necesitan para arreglar las goteras de más de 10.000 colegios públicos. Pero claro, los colegios no votan. La cosa se pone interesante. El Ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz, 'estima' un mantenimiento del SEPE en 20 millones. ¿Estimado? ¿Como el precio del taxi en hora punta? ¿O la factura del gas? Opacidad con aroma a pastel. La OIT se lleva 150.000 euros para charlas de 'economía social y solidaria', mientras que la UNRWA engorda su cuenta con otros 120.000 para 'empleo inclusivo' en Siria. Y no nos olvidemos de los 23.466 euros para que la OIT promueva la inclusión LGBTQ+ en el trabajo. Todo pagado con nuestros impuestos, por supuesto. El Ministerio para la Transición Ecológica, en un tirón de generosidad, despacha 2.551.857 euros en 27 contribuciones internacionales sin especificar ni a quién ni para qué. Aena, por su parte, se lanza a comprar un trozo de aeropuerto en Río de Janeiro, sin decir cuánto cuesta el capricho. Luego nos extrañamos de que las autonomías necesiten pedir prestado 130 millones (Castilla y León, en este caso) y de que la Confederación Hidrográfica del Miño no tenga para pagar las nóminas. El IRPF, esos 'fines sociales' que tanto nos venden, se convierten en un buffet libre de subvenciones a 'troche y moche' para investigación y medio ambiente. Y, para rematar, otros 20.300.000 euros para 'defender' los derechos de inmigrantes, una cantidad que, según el autor de la noticia, supera con creces las cotizaciones que estos aportan. El negocio de la buena conciencia, señores.
Congreso a la carta: ¡Votos baratos!
El Congreso, ese teatro donde las promesas se diluyen como azúcar en agua, ha decidido darle un empujoncito a los partidos pequeños. O, para decirlo claro, facilitarles el acceso VIP al festín de subvenciones y privilegios. La reforma del reglamento, impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG –un consorcio de intereses diversos–, bajará el listón para formar grupo parlamentario. Antes, necesitabas 15 escaños o un 5% de votos a nivel nacional para tener tu club privado en el Congreso. Ahora, con un 3% de votos, ¡ya tienes acceso a la sala VIP! ¿El PSOE? Pues ahí está, brindando con champán barato y firmando el acuerdo. Mientras la cesta de la compra sube cada día, ellos se preocupan de que los partidos con menos de cinco amigos puedan facturar a lo grande. El PP, Vox y UPN, por supuesto, votaron en contra. ¿Acaso no entienden que en la política, como en el fútbol, cuanto más pequeño el equipo, más necesita ayudas? Esta reforma no es más que una operación de ingeniería financiera, un trueque de votos por prebendas. Tener grupo propio significa tener voz en los debates, un asiento en las comisiones, preguntas directas al Gobierno y, lo más jugoso, un buen pellizco de subvenciones y ayudas para enviar propaganda a los ciudadanos. En la legislatura que termina, ERC y Junts recurrieron a préstamos del PSOE y Sumar –cuatro diputados del PSC y dos de En Comú– para alcanzar los requisitos. Ahora, con la reforma, ya no necesitarán mendigar favores. La Mesa del Congreso, siempre dispuesta a complacer a sus amigos, dará su visto bueno sin pestañear. Todo un circo donde el dinero público es el principal atractivo.
Zapatero: ¿Mina de Oro o Palo al agua?
Mientras el ciudadano de a pie calcula si llegará a fin de mes, la UDEF desentierra un tinglado que huele a oro y a favores políticos. Parece que el expresidente Zapatero, allá por 2025, se habría hecho con una jugosa 'mina' en Venezuela, cortesía del régimen de Maduro. No una mina cualquiera, ojo, sino un pedazo del Arco Minero del Orinoco, una zona tan rica en recursos que da vértigo. El nombre clave de esta operación, Julio Martínez, testaferro presunto y dueño de una agenda repleta de citas con Héctor Silva, el 'capo' del oro venezolano, nombrado por el propio Maduro a petición de Delcy Rodríguez, amiga íntima de Zapatero. La UDEF ha encontrado apuntes que hablan de “60.000 toneladas” de “remet” (oro en bruto, para los que no entienden de jerga minera) que podrían convertirse en 17.000 toneladas de oro procesado. Un negocio redondo, vamos. Y todo esto mientras la investigación sobre los negocios de Zapatero ya estaba en marcha. ¿Casualidad? Difícilmente. La ‘mina Colombia’, otro nombre en clave, también aparece en los apuntes de Martínez, ubicada en una zona que la oposición venezolana ya señalaba como posible obsequio a Zapatero. La senadora Piedad Córdoba, en vida, llegó a afirmar que el propio Zapatero le confesó haber recibido una mina como agradecimiento por su apoyo al chavismo. Pero la cosa no acaba ahí. La red se extiende a Emiratos Árabes Unidos (“los del desierto”), con planes de comercializar el “amarillo” (oro, otra vez) y proyectos como ‘Oro Azul’, un yacimiento de coltán en la misma zona. Empresas como Western Atlas Resources y Minerven, la principal compañía minera de Venezuela, también aparecen en el mapa. Un entramado complejo, opaco y, sobre todo, obscenamente lucrativo. Mientras tanto, el ciudadano común se pregunta si el precio del oro está inflado, claro.
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