La noticia es exhaustiva en datos, pero carece de una investigación más profunda sobre las responsabilidades individuales. El título, aunque atractivo, podría considerarse un poco sensacionalista. La falta de nombres concretos de los responsables es llamativa.
Mientras la cesta de la compra te deja temblando, el Gobierno ha regalado 900.000 permisos de residencia en un año. Sí, has leído bien. Antes de que la regularización masiva se ponga en marcha, ya se ha abierto la veda. El nuevo Reglamento de Extranjería (RELOEX), ese que prometía menos papeleo y más derechos, parece más bien una autopista de bienvenida. El Ministerio de Inclusión, con Elma Saiz al frente, presume de haber resuelto 1.482.054 expedientes, un 25% más que el año anterior. ¿Más expedientes resueltos o más puertas abiertas de par en par? La pregunta es legítima. La cosa va más allá de simples cifras. De esos 1.482.054 expedientes, el 75% son solicitudes iniciales, gente que busca un hueco en el mapa. Y, por si fuera poco, la AIReF, con Cristina Herrero a la cabeza, prevé que la regularización masiva englobe entre 500.000 y 800.000 personas. ¡Casi un millón! Funcas, por su parte, estima que ya había 840.000 inmigrantes en situación irregular a principios de 2025. O sea, que el Gobierno no sabe cuántos son, pero les está preparando el pastel. La burocracia se ha acelerado, sí, pero ¿a qué precio? El nuevo reglamento, según el Gobierno, no flexibiliza los requisitos, sino que los aclara. Pero, seamos honestos, cuando se abren las compuertas, la lógica se va de vacaciones. Y no olvidemos que los que presenten la solicitud, aunque sea sin papeles, tendrán derechos desde el primer día: suspensión de expulsión, acceso a la sanidad, permiso de trabajo… ¡Un caramelo envenenado! La regularización, presentada como una solución, se parece mucho a un parche que tapa un agujero descomunal. Y, mientras tanto, el ciudadano de a pie, el que cumple las normas y paga sus impuestos, se pregunta si este circo tiene algún sentido. Al final, la inmigración es un tema complejo, pero la gestión… eso es otra historia.
El culebrón Musk sigue dando coletazos, y esta vez la trama la cuenta su ex, Ashley St. Clair, en un TikTok que vale oro puro. Según la influencer arrepentida (y madre de uno de los retoños de Elon), el magnate presume de tener 10.000 láseres en órbita, cortesía de sus Starlink, como una baza secreta para influir en las elecciones. “No es una pieza que verán en el tablero de ajedrez”, le soltó, como si fuera un supervillano de cómic. La cosa no acaba ahí: St. Clair afirma que Musk le filtró datos de votación en tiempo real, prediciendo la victoria de Trump horas antes de que los resultados oficiales salieran a la luz. ¡Ajá! Unos datos que, según ella, provenían de America PAC, el super PAC de 171 millones de dólares que Musk fundó para apoyar la candidatura de Trump. El gurú de la tecnología, al parecer, se marchó temprano de Mar-a-Lago esa noche electoral, enviándole un mensaje a St. Clair: “Ya sabía hace horas que Trump había ganado, mi equipo tiene los mejores datos en tiempo real”. La credibilidad de la historia es, digamos, discutible, pero la ironía es que Musk sí intervino en las elecciones... legalmente, a través de ese super PAC, amparado en la sentencia Citizens United. En resumen, un cóctel de vanidad, paranoia y mucha, mucha pasta. Mientras tú cuentas las monedas para la lista de la compra, Musk juega a ser el amo del universo con sus láseres espaciales y sus datos secretos.
El 'pelotazo' de Navantia, allá por 2006, no es solo un recuerdo lejano de la España boyante. Es el aperitivo de lo que vendría después en la SEPI, un manual de instrucciones para futuros 'ingenieros financieros'. Mientras el ciudadano de a pie hacía malabares con la lista de la compra, 1.250 millones de euros salían de las arcas venezolanas para mantener a flote los astilleros españoles, una operación bendecida por el mismísimo Hugo Chávez. Un 'manguerazo' que le dio aire a Zapatero, recién aterrizado en La Moncloa. Pero la tranquilidad, como suele ocurrir, tuvo un precio: 42 millones de euro de comisiones, un 3,5% que se evaporó en paraísos fiscales y cuentas opacas. El caso Navantia, un espejo donde se refleja el 'caso Plus Ultra', con la misma salsa: intermediarios, conexiones chavistas y un reguero de dinero. Bono y Moratinos movieron los hilos, mientras ex altos cargos del INI se llevaban su tajada. La trama llegó hasta Antillas y República Dominicana, demostrando que la corrupción, al igual que el buen vino, mejora con los años. Y todo esto, mientras el Pentágono fruncía el ceño ante la venta de tecnología militar a un país 'poco amigo'. La SEPI, ese 'aparcadero de altos funcionarios', se convirtió en un hervidero de intereses y en un lugar donde los controles eran tan laxos que facilitaban el trabajo de los 'cazarrecompensas'. La pandemia y el Fondo de Apoyo a la Solvencia solo sirvieron para volver a abrir las compuertas, con Zapatero y Leire Díez en el centro del huracán, demostrando que, veinte años después, la historia se repite, solo que con otros actores y cantidades más estratosféricas.
Mientras tú repasas la lista de la compra intentando que no te sableen con el precio de la leche, el Gobierno, con una alegría impropia, despachaba 140.000 millones de euros en avales. Supuestamente, para salvar a autónomos y pymes. La realidad, como suele pasar, es más digna de una comedia macabra que de un cuento de hadas. El Tribunal de Cuentas, esos señores que revisan la letra pequeña (cuando ya ha pasado el tren), ha descubierto que una buena parte de esa pasta fue a parar a paraísos fiscales. Sí, has leído bien. Paraísos. Como si el dinero tuviera vacaciones pagadas. El ICO, ese despachito donde se supone que se cuidan las garantías, dejó pasar operaciones con empresas radicadas en esos edenes fiscales, pese a las restricciones. Es decir, la puerta giratoria estaba engrasada. ¿Y qué pasó con los 53 millones de euros rescatados de Plus Ultra, la empresa de los 'amigos' de Zapatero? Pues, adivina: el mismo destino. Un viaje sin billete de vuelta a las Islas Caimán, Bahamas o donde sea que se escondan los tesoros. En resumen, más de 100.000 millones de euros en garantías públicas se esfumaron. ¿Y quién tiene la culpa? Según el Gobierno, los defraudadores. ¡Claro! Porque ellos, por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad en que los filtros de control parecieran hechos de papel de fumar. El dinero, mientras tanto, se está tomando el sol en playas paradisíacas, ajeno a tus facturas y a mi hipoteca. Un auténtico derroche de impunidad.
La fiesta del cordero ha tenido un sabor agridulce este año. Mientras los españoles se pelean por el mejor corte, Mohamed VI soltó a 1.376 presos, incluyendo a 20 con antecedentes por extremismo. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Es como si tu vecino, después de pedirte azúcar, te dejara un 'regalito' en la puerta. Un regalito con historial de delitos graves, eso sí. El rey de Marruecos, que parece tener una fábrica de indultos –más de 20.000 en menos de un año–, aprovecha la excusa religiosa para mover piezas en un tablero de ajedrez geopolítico donde España es, cuanto menos, una peón. Moulay Hassan, el heredero al trono, calienta motores mientras su padre lidia con problemas de salud y una agenda que parece escrita en Rabat, no en Moncloa. Estos indultos, convenientemente justificados por un arrepentimiento repentino de los condenados (“expresaron formalmente su adhesión a los valores nacionales”), se suman a una estrategia de presión que incluye el control de flujos migratorios y la amenaza latente sobre Ceuta y Melilla. Recordemos el 'asalto' de Melilla en junio de 2022, donde miles de personas intentaron cruzar la valla, una operación que, según muchos, tuvo la bendición (y la coordinación) de Rabat. Y, por si fuera poco, el fantasma de Pegasus, con el móvil de Sánchez espiado en 2021, añade un toque de paranoia a la ecuación. Es como si cada vez que España se acerca demasiado a Marruecos, el rey Mohamed VI sacara un as de la manga… o, en este caso, 1.376 presos.
El currículum vitae, a veces, es una obra de arte. Y otras, un atajo pavimentado con resoluciones fulgurantes. David Sánchez, hermano del presidente, homologó en seis días un título ruso que normalmente tarda meses en ser validado. Seis días. El tiempo que a algunos nos lleva conseguir una cita con el médico especialista. El trámite, según 'El Debate', se resolvió con la velocidad de la luz cuando Pedro Sánchez ya era diputado y el PSOE gobernaba. La coincidencia, qué casualidad, le abrió la puerta a una plaza a medida en la Diputación de Badajoz. Una plaza donde, súbitamente, se valoraba la dirección de orquesta, justo lo que el hermano del presidente hacía. ¿Casualidad? La jueza Beatriz Biedma, que no se corta un pelo, cree que la plaza se creó para él. Y no solo eso, sino que la modificación de las bases de la convocatoria, con funciones a medida, parece sacada de un manual de “ingeniería política”. La Diputación, bajo la batuta de Miguel Ángel Gallardo, parecía más un estudio de grabación que una institución pública. El caso, que está en juicio, acumula cargos de prevaricación y tráfico de influencias. Mientras la ciudadanía hace equilibrios con la lista de la compra, el hermano del presidente aceleró trámites burocráticos a una velocidad que desafía la lógica. Y el sablazo en la factura, como siempre, lo pagamos todos.
El PSOE, a través de su 'think tank' Avanza, capitaneado por el mismísimo Pedro Sánchez, tiene una solución para la integración: más árabe y rumano en TVE. Sí, lo has leído bien. Mientras el precio de la luz te deja temblando, y la lista de la compra parece una declaración de guerra, la fundación socialista propone destinar recursos públicos a programas en lenguas que, seamos sinceros, pocos entendemos. Un millón de inmigrantes en situación irregular esperan regularización, y la respuesta es… ¿subtítulos? La idea, presentada como un esfuerzo por la “interculturalidad”, suena más a una estrategia para ganar votos que a una política de integración sensata. El informe, titulado 'La integración de la inmigración: una responsabilidad pendiente', aboga por una representación política proporcional a la población inmigrante (más de un 20%), cuando el Congreso apenas cuenta con un 2% de diputados de origen extranjero. Es decir, quieren que el Congreso se parezca más a la sala de espera del médico un lunes por la mañana. Y como si fuera poco, piden más cementerios musulmanes, porque, al parecer, la muerte también es discriminatoria en España. La fundación considera que la “visibilidad” en los medios es clave para combatir estereotipos, obviando que la mejor forma de integración es aprender el idioma del país, no crear guetos lingüísticos subvencionados. El coste de todo este plan, por supuesto, no se especifica. Pero seguro que sale de lo que sobra.
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