Crítica:
El texto se limita a replicar datos gubernamentales sin un análisis crítico profundo. La falta de voces disidentes o expertos independientes resta credibilidad al relato. El titular, aunque llamativo, simplifica una problemática compleja.
El texto se limita a replicar datos gubernamentales sin un análisis crítico profundo. La falta de voces disidentes o expertos independientes resta credibilidad al relato. El titular, aunque llamativo, simplifica una problemática compleja.
La cosa huele a chamusquina, y no precisamente por el sol. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números para llegar a fin de mes, dos constructoras, Aldesa y Puentes y Calzadas, han engordado sus cuentas con la friolera de 550 millones de euros en obras públicas desde 2020. ¿El detalle? Pasaron a manos chinas. No cualquier China, sino grupos estatales con un apetito voraz por nuestras infraestructuras. Aldesa, con 363 millones en el bolsillo, y Puentes y Calzadas, con 190, se han dado un festín a costa de contratos de ADIF, la Dirección General de Carreteras y otros organismos que manejan el dinero que, curiosamente, sale de nuestros impuestos. José Luis Rodríguez Zapatero, un nombre que resuena en esta historia como una sombra alargada. Pagos de 127.000 euros a una sociedad vinculada a Julio Martínez, un intermediario con conexiones en el caso Plus Ultra, y la sombra de Fangyong Du, un empresario chino que, según algunas fuentes, le tiene bien agarradas las riendas del negocio. La UDEF ha detectado pagos directos a Zapatero desde sociedades vinculadas a este señor Du, que hasta el CNI ha puesto en el punto de mira por sus actividades de influencia a favor de Pekín. ¿Casualidad? Difícil de creer. La guinda del pastel: gran parte de estos contratos están relacionados con la reconstrucción tras la ‘dana’ (esa tormenta que nos dejó un reguero de desolación) y con proyectos financiados con fondos europeos. O sea, que mientras Europa nos echa una mano, una parte considerable de ese dinero termina en las arcas de empresas chinas con un pasado turbio y conexiones sospechosas. Un agujero contable disfrazado de ingeniería financiera, donde los millones se evaporan en comisiones, intermediaciones y, probablemente, en algo más oscuro. La Variante de Rincón de Soto, el Corredor Mediterráneo… proyectos estratégicos que alimentan esta trama.
El chiste está servido: un capitán imputado por vender secretos, y no precisamente de cocina, da clases de ética en la Guardía Civil. Juan Sánchez Yepes, con un currículum que daría para una novela de espías (y no precisamente de los buenos), se ha convertido en gurú moral de los futuros agentes. Sí, el mismo Yepes al que se le atribuyen 138.000 euros de propina, cortesía de un entramado criminal de hidrocarburos, y que ahora enseña a otros a distinguir el bien del mal. La ironía, amigos, es un arma cargada. La cosa se puso seria cuando el juez Santiago Pedraz destapó que Yepes, en una reunión con la 'fontanera del PSOE' Leire Díez y sus compinches, soltó información confidencial sobre la UCO, poniendo en la diana a dos tenientes coroneles. Un 'chorrito' de información que valió, por cierto, una investigación judicial. El Capitán, en su momento, confesó estar cometiendo un delito de revelación de secretos. ¿Y cuál es la consecuencia? ¡Clases de ética! La Benemérita, con un silencio que aturde, mantiene a Yepes en activo, mientras otros, como Antonio Balas, se defiende a golpe de querella (¡390.000 euros!), acusando a El Plural y a Óscar López de difamarle tras la difusión de conversaciones manipuladas. Desde Valdemoro, donde Yepes imparte sus lecciones magistrales, se murmura que su destino es un secreto a voces, un “favor” bien guardado. Mientras, el país se pregunta si la ética es algo que se aprende o algo que se tiene. En este caso, parece que se imparte, aunque las credenciales del profesor sean más propias de un thriller que de un aula.
El culebrón ferroviario de Asturias y Cantabria sigue dando coletazos. Resulta que alguien en Renfe, en 2020, encargó unos trenes que, ni más ni menos, no cabían por los túneles. No es un chiste. 20 millones de euros más tarde, y con un informe del Tribunal de Cuentas que es una auténtica bofetada, descubrimos que el error era tan simple como consultar la base de datos. Sí, señores, la base de datos. Como cuando buscas el precio de un billete en internet. El contrato inicial, firmado con CAF en plena pandemia (junio de 2020), ascendía a 162,24 millones de euros. Pero la chapuza del gálibo –que es como la altura de una puerta, pero para trenes– elevó la factura hasta los 181,6 millones. 19,35 millones de euros adicionales que se esfumaron en “trabajos de reingeniería” y “prestaciones adicionales”. ¿Alguien ha dicho agujero negro contable? El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, es contundente: Renfe podría haber evitado el desastre con una simple consulta interna. Pero no, prefirieron la improvisación y la falta de diligencia. Y lo peor es que, en febrero de 2023, el MITMA (Ministerio de Transportes) firmó un acuerdo con Asturias y Cantabria comprometiéndose a ampliar el pedido a 38 trenes, ¡cuando aún no se había construido ni uno! La guinda del pastel: la opción de compra de esos siete trenes adicionales costó casi 37,2 millones de euros más, elevando el coste total a 218,78 millones. Y la entrega, como era de esperar, se ha retrasado hasta 2028. Es decir, pagaremos un tren que tardará casi una década en llegar, y que probablemente también tenga algún fallo. Esto, amigos, no es gestión, es un espectáculo.
El culebrón Musk sigue dando coletazos, y esta vez la trama la cuenta su ex, Ashley St. Clair, en un TikTok que vale oro puro. Según la influencer arrepentida (y madre de uno de los retoños de Elon), el magnate presume de tener 10.000 láseres en órbita, cortesía de sus Starlink, como una baza secreta para influir en las elecciones. “No es una pieza que verán en el tablero de ajedrez”, le soltó, como si fuera un supervillano de cómic. La cosa no acaba ahí: St. Clair afirma que Musk le filtró datos de votación en tiempo real, prediciendo la victoria de Trump horas antes de que los resultados oficiales salieran a la luz. ¡Ajá! Unos datos que, según ella, provenían de America PAC, el super PAC de 171 millones de dólares que Musk fundó para apoyar la candidatura de Trump. El gurú de la tecnología, al parecer, se marchó temprano de Mar-a-Lago esa noche electoral, enviándole un mensaje a St. Clair: “Ya sabía hace horas que Trump había ganado, mi equipo tiene los mejores datos en tiempo real”. La credibilidad de la historia es, digamos, discutible, pero la ironía es que Musk sí intervino en las elecciones... legalmente, a través de ese super PAC, amparado en la sentencia Citizens United. En resumen, un cóctel de vanidad, paranoia y mucha, mucha pasta. Mientras tú cuentas las monedas para la lista de la compra, Musk juega a ser el amo del universo con sus láseres espaciales y sus datos secretos.
El 'pelotazo' de Navantia, allá por 2006, no es solo un recuerdo lejano de la España boyante. Es el aperitivo de lo que vendría después en la SEPI, un manual de instrucciones para futuros 'ingenieros financieros'. Mientras el ciudadano de a pie hacía malabares con la lista de la compra, 1.250 millones de euros salían de las arcas venezolanas para mantener a flote los astilleros españoles, una operación bendecida por el mismísimo Hugo Chávez. Un 'manguerazo' que le dio aire a Zapatero, recién aterrizado en La Moncloa. Pero la tranquilidad, como suele ocurrir, tuvo un precio: 42 millones de euro de comisiones, un 3,5% que se evaporó en paraísos fiscales y cuentas opacas. El caso Navantia, un espejo donde se refleja el 'caso Plus Ultra', con la misma salsa: intermediarios, conexiones chavistas y un reguero de dinero. Bono y Moratinos movieron los hilos, mientras ex altos cargos del INI se llevaban su tajada. La trama llegó hasta Antillas y República Dominicana, demostrando que la corrupción, al igual que el buen vino, mejora con los años. Y todo esto, mientras el Pentágono fruncía el ceño ante la venta de tecnología militar a un país 'poco amigo'. La SEPI, ese 'aparcadero de altos funcionarios', se convirtió en un hervidero de intereses y en un lugar donde los controles eran tan laxos que facilitaban el trabajo de los 'cazarrecompensas'. La pandemia y el Fondo de Apoyo a la Solvencia solo sirvieron para volver a abrir las compuertas, con Zapatero y Leire Díez en el centro del huracán, demostrando que, veinte años después, la historia se repite, solo que con otros actores y cantidades más estratosféricas.
Mientras tú repasas la lista de la compra intentando que no te sableen con el precio de la leche, el Gobierno, con una alegría impropia, despachaba 140.000 millones de euros en avales. Supuestamente, para salvar a autónomos y pymes. La realidad, como suele pasar, es más digna de una comedia macabra que de un cuento de hadas. El Tribunal de Cuentas, esos señores que revisan la letra pequeña (cuando ya ha pasado el tren), ha descubierto que una buena parte de esa pasta fue a parar a paraísos fiscales. Sí, has leído bien. Paraísos. Como si el dinero tuviera vacaciones pagadas. El ICO, ese despachito donde se supone que se cuidan las garantías, dejó pasar operaciones con empresas radicadas en esos edenes fiscales, pese a las restricciones. Es decir, la puerta giratoria estaba engrasada. ¿Y qué pasó con los 53 millones de euros rescatados de Plus Ultra, la empresa de los 'amigos' de Zapatero? Pues, adivina: el mismo destino. Un viaje sin billete de vuelta a las Islas Caimán, Bahamas o donde sea que se escondan los tesoros. En resumen, más de 100.000 millones de euros en garantías públicas se esfumaron. ¿Y quién tiene la culpa? Según el Gobierno, los defraudadores. ¡Claro! Porque ellos, por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad en que los filtros de control parecieran hechos de papel de fumar. El dinero, mientras tanto, se está tomando el sol en playas paradisíacas, ajeno a tus facturas y a mi hipoteca. Un auténtico derroche de impunidad.
La fiesta del cordero ha tenido un sabor agridulce este año. Mientras los españoles se pelean por el mejor corte, Mohamed VI soltó a 1.376 presos, incluyendo a 20 con antecedentes por extremismo. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Es como si tu vecino, después de pedirte azúcar, te dejara un 'regalito' en la puerta. Un regalito con historial de delitos graves, eso sí. El rey de Marruecos, que parece tener una fábrica de indultos –más de 20.000 en menos de un año–, aprovecha la excusa religiosa para mover piezas en un tablero de ajedrez geopolítico donde España es, cuanto menos, una peón. Moulay Hassan, el heredero al trono, calienta motores mientras su padre lidia con problemas de salud y una agenda que parece escrita en Rabat, no en Moncloa. Estos indultos, convenientemente justificados por un arrepentimiento repentino de los condenados (“expresaron formalmente su adhesión a los valores nacionales”), se suman a una estrategia de presión que incluye el control de flujos migratorios y la amenaza latente sobre Ceuta y Melilla. Recordemos el 'asalto' de Melilla en junio de 2022, donde miles de personas intentaron cruzar la valla, una operación que, según muchos, tuvo la bendición (y la coordinación) de Rabat. Y, por si fuera poco, el fantasma de Pegasus, con el móvil de Sánchez espiado en 2021, añade un toque de paranoia a la ecuación. Es como si cada vez que España se acerca demasiado a Marruecos, el rey Mohamed VI sacara un as de la manga… o, en este caso, 1.376 presos.
Comentarios