Crítica:
La noticia es un claro ejemplo de cómo la impunidad se disfraza de normalidad. La falta de información sobre las razones por las que Yepes sigue en activo es sospechosa, y el silencio de Interior es ensordecedor.
El capitán imputado en el caso Leire da clases de «ética» en la escuela de la Guardia Civil
Ética a la carta: El chiste está servido
Otros artículos
Sánchez: Controla la Inteligencia o Muere
La cúpula de Sánchez, con la soga al cuello tras el caso Plus Ultra y la investigación a Zapatero (que levanta polvareda más rápida que la lista de la compra en rebajas), está moviendo fichas. No para defender la patria, no. Sino para asegurarse el control, el control total, de la inteligencia del Estado. Un movimiento digno de película de espías, pero con el olor rancio de la prebenda. El CNI, tradicionalmente reacio a compartir chicles con el Cifas (inteligencia militar), de repente se muestra colaborativo. ¿Casualidad? No, señores. Esto huele a asegurar el terreno antes de que el tablero se les escape, como el dinero de una inversión fallida. El acuerdo marco, que se firma a la velocidad de la luz (finales de junio o principios de julio, nada de perder el tiempo), busca, según fuentes solventes, que el CNI controle la inteligencia militar. Digamos que, si hay cambio de gobierno, la nueva administración no pueda hacer limpieza de casa. Se están colocando “peones”, ascendiendo a oficiales afines como si fueran fichas de dominó. Contrainteligencia, ciberespacio, análisis… todo sobre la mesa. El CNI quiere ser el hermano mayor, el que decide qué se hace y qué no. La inteligencia militar, que siempre ha mantenido su independencia, ve la jugada con recelo. Es como si te dijeras a ti mismo: “Esto no pinta bien”. Y es que, claro, cuando se mezclan la política y la inteligencia, el resultado suele ser tan turbio como el café sin azúcar. La rapidez con la que se precipitan los acontecimientos (borradores en mayo, firma en junio) levanta sospechas. ¿Por qué tanta prisa? Quizás porque saben que el tiempo, en política, es oro… y la impunidad, un bien escaso.
Zapatero: 550 Millones a China, ¡Vaya Susto!
La cosa huele a chamusquina, y no precisamente por el sol. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números para llegar a fin de mes, dos constructoras, Aldesa y Puentes y Calzadas, han engordado sus cuentas con la friolera de 550 millones de euros en obras públicas desde 2020. ¿El detalle? Pasaron a manos chinas. No cualquier China, sino grupos estatales con un apetito voraz por nuestras infraestructuras. Aldesa, con 363 millones en el bolsillo, y Puentes y Calzadas, con 190, se han dado un festín a costa de contratos de ADIF, la Dirección General de Carreteras y otros organismos que manejan el dinero que, curiosamente, sale de nuestros impuestos. José Luis Rodríguez Zapatero, un nombre que resuena en esta historia como una sombra alargada. Pagos de 127.000 euros a una sociedad vinculada a Julio Martínez, un intermediario con conexiones en el caso Plus Ultra, y la sombra de Fangyong Du, un empresario chino que, según algunas fuentes, le tiene bien agarradas las riendas del negocio. La UDEF ha detectado pagos directos a Zapatero desde sociedades vinculadas a este señor Du, que hasta el CNI ha puesto en el punto de mira por sus actividades de influencia a favor de Pekín. ¿Casualidad? Difícil de creer. La guinda del pastel: gran parte de estos contratos están relacionados con la reconstrucción tras la ‘dana’ (esa tormenta que nos dejó un reguero de desolación) y con proyectos financiados con fondos europeos. O sea, que mientras Europa nos echa una mano, una parte considerable de ese dinero termina en las arcas de empresas chinas con un pasado turbio y conexiones sospechosas. Un agujero contable disfrazado de ingeniería financiera, donde los millones se evaporan en comisiones, intermediaciones y, probablemente, en algo más oscuro. La Variante de Rincón de Soto, el Corredor Mediterráneo… proyectos estratégicos que alimentan esta trama.
900.000 Permisos: La Puerta Abierta
Mientras la cesta de la compra te deja temblando, el Gobierno ha regalado 900.000 permisos de residencia en un año. Sí, has leído bien. Antes de que la regularización masiva se ponga en marcha, ya se ha abierto la veda. El nuevo Reglamento de Extranjería (RELOEX), ese que prometía menos papeleo y más derechos, parece más bien una autopista de bienvenida. El Ministerio de Inclusión, con Elma Saiz al frente, presume de haber resuelto 1.482.054 expedientes, un 25% más que el año anterior. ¿Más expedientes resueltos o más puertas abiertas de par en par? La pregunta es legítima. La cosa va más allá de simples cifras. De esos 1.482.054 expedientes, el 75% son solicitudes iniciales, gente que busca un hueco en el mapa. Y, por si fuera poco, la AIReF, con Cristina Herrero a la cabeza, prevé que la regularización masiva englobe entre 500.000 y 800.000 personas. ¡Casi un millón! Funcas, por su parte, estima que ya había 840.000 inmigrantes en situación irregular a principios de 2025. O sea, que el Gobierno no sabe cuántos son, pero les está preparando el pastel. La burocracia se ha acelerado, sí, pero ¿a qué precio? El nuevo reglamento, según el Gobierno, no flexibiliza los requisitos, sino que los aclara. Pero, seamos honestos, cuando se abren las compuertas, la lógica se va de vacaciones. Y no olvidemos que los que presenten la solicitud, aunque sea sin papeles, tendrán derechos desde el primer día: suspensión de expulsión, acceso a la sanidad, permiso de trabajo… ¡Un caramelo envenenado! La regularización, presentada como una solución, se parece mucho a un parche que tapa un agujero descomunal. Y, mientras tanto, el ciudadano de a pie, el que cumple las normas y paga sus impuestos, se pregunta si este circo tiene algún sentido. Al final, la inmigración es un tema complejo, pero la gestión… eso es otra historia.
¡Trenes 'premium' a precio de oro!
El culebrón ferroviario de Asturias y Cantabria sigue dando coletazos. Resulta que alguien en Renfe, en 2020, encargó unos trenes que, ni más ni menos, no cabían por los túneles. No es un chiste. 20 millones de euros más tarde, y con un informe del Tribunal de Cuentas que es una auténtica bofetada, descubrimos que el error era tan simple como consultar la base de datos. Sí, señores, la base de datos. Como cuando buscas el precio de un billete en internet. El contrato inicial, firmado con CAF en plena pandemia (junio de 2020), ascendía a 162,24 millones de euros. Pero la chapuza del gálibo –que es como la altura de una puerta, pero para trenes– elevó la factura hasta los 181,6 millones. 19,35 millones de euros adicionales que se esfumaron en “trabajos de reingeniería” y “prestaciones adicionales”. ¿Alguien ha dicho agujero negro contable? El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, es contundente: Renfe podría haber evitado el desastre con una simple consulta interna. Pero no, prefirieron la improvisación y la falta de diligencia. Y lo peor es que, en febrero de 2023, el MITMA (Ministerio de Transportes) firmó un acuerdo con Asturias y Cantabria comprometiéndose a ampliar el pedido a 38 trenes, ¡cuando aún no se había construido ni uno! La guinda del pastel: la opción de compra de esos siete trenes adicionales costó casi 37,2 millones de euros más, elevando el coste total a 218,78 millones. Y la entrega, como era de esperar, se ha retrasado hasta 2028. Es decir, pagaremos un tren que tardará casi una década en llegar, y que probablemente también tenga algún fallo. Esto, amigos, no es gestión, es un espectáculo.
Musk: 10.000 Láseres, ¿Elecciones Hackeadas?
El culebrón Musk sigue dando coletazos, y esta vez la trama la cuenta su ex, Ashley St. Clair, en un TikTok que vale oro puro. Según la influencer arrepentida (y madre de uno de los retoños de Elon), el magnate presume de tener 10.000 láseres en órbita, cortesía de sus Starlink, como una baza secreta para influir en las elecciones. “No es una pieza que verán en el tablero de ajedrez”, le soltó, como si fuera un supervillano de cómic. La cosa no acaba ahí: St. Clair afirma que Musk le filtró datos de votación en tiempo real, prediciendo la victoria de Trump horas antes de que los resultados oficiales salieran a la luz. ¡Ajá! Unos datos que, según ella, provenían de America PAC, el super PAC de 171 millones de dólares que Musk fundó para apoyar la candidatura de Trump. El gurú de la tecnología, al parecer, se marchó temprano de Mar-a-Lago esa noche electoral, enviándole un mensaje a St. Clair: “Ya sabía hace horas que Trump había ganado, mi equipo tiene los mejores datos en tiempo real”. La credibilidad de la historia es, digamos, discutible, pero la ironía es que Musk sí intervino en las elecciones... legalmente, a través de ese super PAC, amparado en la sentencia Citizens United. En resumen, un cóctel de vanidad, paranoia y mucha, mucha pasta. Mientras tú cuentas las monedas para la lista de la compra, Musk juega a ser el amo del universo con sus láseres espaciales y sus datos secretos.
Navantia: El 'pelotazo' que lo empezó todo
El 'pelotazo' de Navantia, allá por 2006, no es solo un recuerdo lejano de la España boyante. Es el aperitivo de lo que vendría después en la SEPI, un manual de instrucciones para futuros 'ingenieros financieros'. Mientras el ciudadano de a pie hacía malabares con la lista de la compra, 1.250 millones de euros salían de las arcas venezolanas para mantener a flote los astilleros españoles, una operación bendecida por el mismísimo Hugo Chávez. Un 'manguerazo' que le dio aire a Zapatero, recién aterrizado en La Moncloa. Pero la tranquilidad, como suele ocurrir, tuvo un precio: 42 millones de euro de comisiones, un 3,5% que se evaporó en paraísos fiscales y cuentas opacas. El caso Navantia, un espejo donde se refleja el 'caso Plus Ultra', con la misma salsa: intermediarios, conexiones chavistas y un reguero de dinero. Bono y Moratinos movieron los hilos, mientras ex altos cargos del INI se llevaban su tajada. La trama llegó hasta Antillas y República Dominicana, demostrando que la corrupción, al igual que el buen vino, mejora con los años. Y todo esto, mientras el Pentágono fruncía el ceño ante la venta de tecnología militar a un país 'poco amigo'. La SEPI, ese 'aparcadero de altos funcionarios', se convirtió en un hervidero de intereses y en un lugar donde los controles eran tan laxos que facilitaban el trabajo de los 'cazarrecompensas'. La pandemia y el Fondo de Apoyo a la Solvencia solo sirvieron para volver a abrir las compuertas, con Zapatero y Leire Díez en el centro del huracán, demostrando que, veinte años después, la historia se repite, solo que con otros actores y cantidades más estratosféricas.
Paraíso Fiscal: El Sablazo de 140.000M
Mientras tú repasas la lista de la compra intentando que no te sableen con el precio de la leche, el Gobierno, con una alegría impropia, despachaba 140.000 millones de euros en avales. Supuestamente, para salvar a autónomos y pymes. La realidad, como suele pasar, es más digna de una comedia macabra que de un cuento de hadas. El Tribunal de Cuentas, esos señores que revisan la letra pequeña (cuando ya ha pasado el tren), ha descubierto que una buena parte de esa pasta fue a parar a paraísos fiscales. Sí, has leído bien. Paraísos. Como si el dinero tuviera vacaciones pagadas. El ICO, ese despachito donde se supone que se cuidan las garantías, dejó pasar operaciones con empresas radicadas en esos edenes fiscales, pese a las restricciones. Es decir, la puerta giratoria estaba engrasada. ¿Y qué pasó con los 53 millones de euros rescatados de Plus Ultra, la empresa de los 'amigos' de Zapatero? Pues, adivina: el mismo destino. Un viaje sin billete de vuelta a las Islas Caimán, Bahamas o donde sea que se escondan los tesoros. En resumen, más de 100.000 millones de euros en garantías públicas se esfumaron. ¿Y quién tiene la culpa? Según el Gobierno, los defraudadores. ¡Claro! Porque ellos, por supuesto, no tienen ninguna responsabilidad en que los filtros de control parecieran hechos de papel de fumar. El dinero, mientras tanto, se está tomando el sol en playas paradisíacas, ajeno a tus facturas y a mi hipoteca. Un auténtico derroche de impunidad.
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