Crítica:
La noticia carece de detalles sobre las 'fuentes solventes', lo que resta credibilidad. El tono alarmista, aunque efectivo, podría estar sesgado por la fuente original. El título es un poco sensacionalista.
La noticia carece de detalles sobre las 'fuentes solventes', lo que resta credibilidad. El tono alarmista, aunque efectivo, podría estar sesgado por la fuente original. El título es un poco sensacionalista.
El exdirector del conservatorio de Badajoz, Evaristo Valentí, ha destapado un cajón de sastre de rumores y correos electrónicos reveladores en el juicio por el caso David Sánchez, hermano del Presidente del Gobierno. La historia, en resumen: se creó un puesto a medida, y todos lo sabían. Valentí, con la sutileza de quien cuenta un chisme de barrio, confirmó que antes de que se publicaran las bases de la convocatoria, ya se hablaba de “el hermanísimo” como el candidato predestinado. Un correo electrónico con ese apodo, enviado a la directora del conservatorio profesional, Yolanda Sánchez, es la prueba reina. Mientras tú te preocupas por la lista de la compra, el puesto de coordinador de conservatorios –que antes no existía con esas características– se moldeó a la medida de David Sánchez, un profesor de guitarra desconocido para el gremio musical de Badajoz, según los testimonios. La cosa se puso más jugosa cuando Pedro Sánchez, en plena refriega por el control del PSOE, vio cómo su hermano se “colaba” en la función pública. La acusación popular, Manos Limpias, insiste en que se violaron los principios de igualdad y mérito. Y la guinda del pastel: nadie parece saber qué demonios hacía David Sánchez en la Oficina de Artes Escénicas, ni siquiera él mismo, a juzgar por su declaración en instrucción. La docente María del Rosario Mayoral Núñez tampoco tenía ni idea. Un agujero negro burocrático con aroma a nepotismo.
La cosa huele a chamusquina, y no precisamente por el sol. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números para llegar a fin de mes, dos constructoras, Aldesa y Puentes y Calzadas, han engordado sus cuentas con la friolera de 550 millones de euros en obras públicas desde 2020. ¿El detalle? Pasaron a manos chinas. No cualquier China, sino grupos estatales con un apetito voraz por nuestras infraestructuras. Aldesa, con 363 millones en el bolsillo, y Puentes y Calzadas, con 190, se han dado un festín a costa de contratos de ADIF, la Dirección General de Carreteras y otros organismos que manejan el dinero que, curiosamente, sale de nuestros impuestos. José Luis Rodríguez Zapatero, un nombre que resuena en esta historia como una sombra alargada. Pagos de 127.000 euros a una sociedad vinculada a Julio Martínez, un intermediario con conexiones en el caso Plus Ultra, y la sombra de Fangyong Du, un empresario chino que, según algunas fuentes, le tiene bien agarradas las riendas del negocio. La UDEF ha detectado pagos directos a Zapatero desde sociedades vinculadas a este señor Du, que hasta el CNI ha puesto en el punto de mira por sus actividades de influencia a favor de Pekín. ¿Casualidad? Difícil de creer. La guinda del pastel: gran parte de estos contratos están relacionados con la reconstrucción tras la ‘dana’ (esa tormenta que nos dejó un reguero de desolación) y con proyectos financiados con fondos europeos. O sea, que mientras Europa nos echa una mano, una parte considerable de ese dinero termina en las arcas de empresas chinas con un pasado turbio y conexiones sospechosas. Un agujero contable disfrazado de ingeniería financiera, donde los millones se evaporan en comisiones, intermediaciones y, probablemente, en algo más oscuro. La Variante de Rincón de Soto, el Corredor Mediterráneo… proyectos estratégicos que alimentan esta trama.
El chiste está servido: un capitán imputado por vender secretos, y no precisamente de cocina, da clases de ética en la Guardía Civil. Juan Sánchez Yepes, con un currículum que daría para una novela de espías (y no precisamente de los buenos), se ha convertido en gurú moral de los futuros agentes. Sí, el mismo Yepes al que se le atribuyen 138.000 euros de propina, cortesía de un entramado criminal de hidrocarburos, y que ahora enseña a otros a distinguir el bien del mal. La ironía, amigos, es un arma cargada. La cosa se puso seria cuando el juez Santiago Pedraz destapó que Yepes, en una reunión con la 'fontanera del PSOE' Leire Díez y sus compinches, soltó información confidencial sobre la UCO, poniendo en la diana a dos tenientes coroneles. Un 'chorrito' de información que valió, por cierto, una investigación judicial. El Capitán, en su momento, confesó estar cometiendo un delito de revelación de secretos. ¿Y cuál es la consecuencia? ¡Clases de ética! La Benemérita, con un silencio que aturde, mantiene a Yepes en activo, mientras otros, como Antonio Balas, se defiende a golpe de querella (¡390.000 euros!), acusando a El Plural y a Óscar López de difamarle tras la difusión de conversaciones manipuladas. Desde Valdemoro, donde Yepes imparte sus lecciones magistrales, se murmura que su destino es un secreto a voces, un “favor” bien guardado. Mientras, el país se pregunta si la ética es algo que se aprende o algo que se tiene. En este caso, parece que se imparte, aunque las credenciales del profesor sean más propias de un thriller que de un aula.
Mientras la cesta de la compra te deja temblando, el Gobierno ha regalado 900.000 permisos de residencia en un año. Sí, has leído bien. Antes de que la regularización masiva se ponga en marcha, ya se ha abierto la veda. El nuevo Reglamento de Extranjería (RELOEX), ese que prometía menos papeleo y más derechos, parece más bien una autopista de bienvenida. El Ministerio de Inclusión, con Elma Saiz al frente, presume de haber resuelto 1.482.054 expedientes, un 25% más que el año anterior. ¿Más expedientes resueltos o más puertas abiertas de par en par? La pregunta es legítima. La cosa va más allá de simples cifras. De esos 1.482.054 expedientes, el 75% son solicitudes iniciales, gente que busca un hueco en el mapa. Y, por si fuera poco, la AIReF, con Cristina Herrero a la cabeza, prevé que la regularización masiva englobe entre 500.000 y 800.000 personas. ¡Casi un millón! Funcas, por su parte, estima que ya había 840.000 inmigrantes en situación irregular a principios de 2025. O sea, que el Gobierno no sabe cuántos son, pero les está preparando el pastel. La burocracia se ha acelerado, sí, pero ¿a qué precio? El nuevo reglamento, según el Gobierno, no flexibiliza los requisitos, sino que los aclara. Pero, seamos honestos, cuando se abren las compuertas, la lógica se va de vacaciones. Y no olvidemos que los que presenten la solicitud, aunque sea sin papeles, tendrán derechos desde el primer día: suspensión de expulsión, acceso a la sanidad, permiso de trabajo… ¡Un caramelo envenenado! La regularización, presentada como una solución, se parece mucho a un parche que tapa un agujero descomunal. Y, mientras tanto, el ciudadano de a pie, el que cumple las normas y paga sus impuestos, se pregunta si este circo tiene algún sentido. Al final, la inmigración es un tema complejo, pero la gestión… eso es otra historia.
El culebrón ferroviario de Asturias y Cantabria sigue dando coletazos. Resulta que alguien en Renfe, en 2020, encargó unos trenes que, ni más ni menos, no cabían por los túneles. No es un chiste. 20 millones de euros más tarde, y con un informe del Tribunal de Cuentas que es una auténtica bofetada, descubrimos que el error era tan simple como consultar la base de datos. Sí, señores, la base de datos. Como cuando buscas el precio de un billete en internet. El contrato inicial, firmado con CAF en plena pandemia (junio de 2020), ascendía a 162,24 millones de euros. Pero la chapuza del gálibo –que es como la altura de una puerta, pero para trenes– elevó la factura hasta los 181,6 millones. 19,35 millones de euros adicionales que se esfumaron en “trabajos de reingeniería” y “prestaciones adicionales”. ¿Alguien ha dicho agujero negro contable? El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, es contundente: Renfe podría haber evitado el desastre con una simple consulta interna. Pero no, prefirieron la improvisación y la falta de diligencia. Y lo peor es que, en febrero de 2023, el MITMA (Ministerio de Transportes) firmó un acuerdo con Asturias y Cantabria comprometiéndose a ampliar el pedido a 38 trenes, ¡cuando aún no se había construido ni uno! La guinda del pastel: la opción de compra de esos siete trenes adicionales costó casi 37,2 millones de euros más, elevando el coste total a 218,78 millones. Y la entrega, como era de esperar, se ha retrasado hasta 2028. Es decir, pagaremos un tren que tardará casi una década en llegar, y que probablemente también tenga algún fallo. Esto, amigos, no es gestión, es un espectáculo.
El culebrón Musk sigue dando coletazos, y esta vez la trama la cuenta su ex, Ashley St. Clair, en un TikTok que vale oro puro. Según la influencer arrepentida (y madre de uno de los retoños de Elon), el magnate presume de tener 10.000 láseres en órbita, cortesía de sus Starlink, como una baza secreta para influir en las elecciones. “No es una pieza que verán en el tablero de ajedrez”, le soltó, como si fuera un supervillano de cómic. La cosa no acaba ahí: St. Clair afirma que Musk le filtró datos de votación en tiempo real, prediciendo la victoria de Trump horas antes de que los resultados oficiales salieran a la luz. ¡Ajá! Unos datos que, según ella, provenían de America PAC, el super PAC de 171 millones de dólares que Musk fundó para apoyar la candidatura de Trump. El gurú de la tecnología, al parecer, se marchó temprano de Mar-a-Lago esa noche electoral, enviándole un mensaje a St. Clair: “Ya sabía hace horas que Trump había ganado, mi equipo tiene los mejores datos en tiempo real”. La credibilidad de la historia es, digamos, discutible, pero la ironía es que Musk sí intervino en las elecciones... legalmente, a través de ese super PAC, amparado en la sentencia Citizens United. En resumen, un cóctel de vanidad, paranoia y mucha, mucha pasta. Mientras tú cuentas las monedas para la lista de la compra, Musk juega a ser el amo del universo con sus láseres espaciales y sus datos secretos.
El 'pelotazo' de Navantia, allá por 2006, no es solo un recuerdo lejano de la España boyante. Es el aperitivo de lo que vendría después en la SEPI, un manual de instrucciones para futuros 'ingenieros financieros'. Mientras el ciudadano de a pie hacía malabares con la lista de la compra, 1.250 millones de euros salían de las arcas venezolanas para mantener a flote los astilleros españoles, una operación bendecida por el mismísimo Hugo Chávez. Un 'manguerazo' que le dio aire a Zapatero, recién aterrizado en La Moncloa. Pero la tranquilidad, como suele ocurrir, tuvo un precio: 42 millones de euro de comisiones, un 3,5% que se evaporó en paraísos fiscales y cuentas opacas. El caso Navantia, un espejo donde se refleja el 'caso Plus Ultra', con la misma salsa: intermediarios, conexiones chavistas y un reguero de dinero. Bono y Moratinos movieron los hilos, mientras ex altos cargos del INI se llevaban su tajada. La trama llegó hasta Antillas y República Dominicana, demostrando que la corrupción, al igual que el buen vino, mejora con los años. Y todo esto, mientras el Pentágono fruncía el ceño ante la venta de tecnología militar a un país 'poco amigo'. La SEPI, ese 'aparcadero de altos funcionarios', se convirtió en un hervidero de intereses y en un lugar donde los controles eran tan laxos que facilitaban el trabajo de los 'cazarrecompensas'. La pandemia y el Fondo de Apoyo a la Solvencia solo sirvieron para volver a abrir las compuertas, con Zapatero y Leire Díez en el centro del huracán, demostrando que, veinte años después, la historia se repite, solo que con otros actores y cantidades más estratosféricas.
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