Crítica:
La crónica expone el caso de forma clara, pero adolece de la falta de una investigación más profunda sobre el papel de la Fiscalía. El título, aunque efectivo, roza el sensacionalismo.
La crónica expone el caso de forma clara, pero adolece de la falta de una investigación más profunda sobre el papel de la Fiscalía. El título, aunque efectivo, roza el sensacionalismo.
La casa RTVE, ese coloso financiado con nuestros impuestos, parece estar ardiendo. No precisamente por una programación estelar, sino por una guerra interna que ya ha saltado a la luz pública. Los tres consejos de informativos –TVE, RNE y RTVE.es– se han unido, algo que no es lo normal, según fuentes internas, para denunciar lo que consideran “ataques” y hostigamiento por parte de la dirección, liderada por José Pablo López. El detonante: un expediente abierto contra un miembro del consejo de informativos de RNE, calificado de “irregular”. Pero esto no es nuevo. Los profesionales denuncian desde hace meses una campaña coordinada, con señalamiento y acoso por parte de figuras como Javier Ruiz y Roberto Lakidain. Todo comenzó tras una encuesta interna en TVE que cuestionaba la deriva de la cadena, especialmente después de las acusaciones de manipulación en programas como 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'. La dirección, al parecer, no está facilitando el trabajo de control de estos órganos, llegando incluso a la “asfixia material”, sin los medios necesarios para fiscalizar el ente, como exige la Ley de RTVE. La cosa va más allá de una simple bronca burocrática. La fusión de las áreas nacionales de TVE y RTVE.es ha generado incertidumbre y preocupación entre la plantilla, que teme la dilución del proyecto digital. Mientras tanto, la dirección busca “aplacar los ánimos”, pero los consejos de informativos se limitan a solicitar “grupos de trabajo” y a denunciar la situación. Aunque, en los despachos, se habla de movilizaciones más contundentes, que por ahora están frenadas por el “miedo” a represalias. En resumen, un circo en el que el único espectáculo garantizado es el del despilfarro público y la falta de transparencia.
Correos, la empresa pública que debería ser sinónimo de confianza, jugó con fuego con 2,3 millones de votos CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) en las elecciones generales de 2023. Un cambio de protocolo, firmado por el entonces presidente Juan Manuel Serrano –quien, por cierto, aterrizó en Correos justo después de que Sánchez ocupara la Moncloa–, simplificó tanto la trazabilidad que el 90% de las certificaciones quedaron en un limbo digital. Olvidémonos del escaneo individual de cada voto; ahora bastaba con escanear el primero y el último de una caja, dando por válidos todos los que iban en medio. Como si en una lista de la compra, la mitad de los productos desaparecieran por arte de magia. La justificación oficial, un ajuste para lidiar con el aumento exponencial de votantes (de 226.050 en 2019 a 2,3 millones en 2023 tras una reforma de la LOREG), suena a coartada. ¿Un volumen mayor justifica sacrificar la seguridad? Leire Díez, Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en esos días, también tuvo su papel, presionando a la Junta Electoral para flexibilizar las normas, justo antes de unas elecciones cruciales en Andalucía. El resultado final, con solo un escaño movido en Madrid, puede llevar a pensar que todo este revuelo es una tormenta en un vaso de agua. Pero la pregunta es inevitable: ¿se ha comprometido la integridad del proceso? ¿Y qué precio tiene la tranquilidad de saber que cada voto cuenta, de verdad? Serrano, por cierto, dejó Correos con un agujero de más de 1.000 millones de euros, y aterrizó en SEITT. Un aterrizaje suave después de un vuelo turbulento, por decirlo suavemente.
Las Juventudes del PSOE, esos que aún creen en la pureza de las ideas (o en hacer ruido), han aprobado una propuesta que huele a rebelión interna: plantear la salida de España de la OTAN. Sí, lo han leído bien. Mientras Pedro Sánchez se desvive por el apretón de manos con Biden y se declara “socio leal” (léase: “sí, jefe”), sus jóvenes pupilos sugieren darle la patada a la alianza. Un giro de guion digno de Hollywood, o de una tarde aburrida en Ferraz. El asunto no es nuevo, claro. La OTAN, ese club de amigos con muchos fusiles, siempre ha generado debate. Pero la resolución, tras un lavado de cara para no asustar a los peces grandes, pasa de “defender” la salida a “plantear” la salida. Un eufemismo que suena a 'vamos a hablarlo, pero sin mucho compromiso'. Porque, seamos serios, que los jóvenes socialistas hagan propuestas es como pedirle a un gato que cuide del canario. Según las JSE, la OTAN es, básicamente, un lacayo de Estados Unidos. Quieren una Europa más fuerte, con su propio ejército y su propia voz. Una idea que suena bien en un café, pero que choca frontalmente con la realidad geopolítica. Aránzazu Figueroa, la nueva secretaria general (y flamante heredera de la llama juvenil), aprovechó para incendiar la situación acusando a la derecha de ser “herederos del franquismo” y “pijos de salón”. Un discurso que, aunque efectivo para movilizar a las bases, no aporta demasiado al debate. Pedro Sánchez, por su parte, se limitó a asegurar que seguirá agarrado a Moncloa hasta 2027 (y más allá) y a calificar a la oposición de “marrullera”. Un clásico. El 27.º Congreso Federal, vaya faena. En resumen, las Juventudes del PSOE han lanzado una bomba de humo en un momento delicado. Una propuesta que, aunque no vinculante, sirve para medir el pulso interno del partido y para recordarnos que, en política, las ideas –y las alianzas– pueden cambiar más rápido que el precio de la gasolina.
La política, señores, es como el mercadillo de los domingos: todo tiene precio y la honestidad es un artículo en extinción. Pablo Iglesias, con la desenvoltura de quien cuenta una jugarreta bien ejecutada, ha admitido que el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018 fue un auténtico ‘cambio de cromos’ a costa de la credulidad del PNV y Ciudadanos. Un ‘engaño’, palabras textuales del propio exvicepresidente, para “herir de muerte” al Estado Constitucional, nada menos. ¿Herir de muerte? Suena a telenovela venezolana, pero vamos, que el hombre lo dice con la seriedad de quien acaba de encontrar la ganga del siglo. La operación, según relata Iglesias en Las mañanas de RNE, consistía en hacer creer a Albert Rivera (Ciudadanos) que se presentaría una moción de censura conjunta solo para forzar elecciones. Un farol, vaya. A Andoni Ortuzar (PNV) le contaron la misma historia. Mientras tanto, se urdía en la sombra una negociación con Marta Pascal (PDeCAT) para que Carles Puigdemont retirase su apoyo al PP. El resultado: Sánchez, catapultado a la Moncloa sin siquiera tener que levantar el teléfono para pedir apoyos. ¿Una triste llamada? Más bien, una orquesta entera de mentiras bien afinadas. El coste de esta ‘jugada’, aparentemente, fue la confianza. Y el Estado Constitucional, según el propio Iglesias, que ahora aspira al plebiscito de 2027 contra la monarquía parlamentaria. En resumen, una confesión que confirma lo que muchos sospechábamos: en la política, la verdad es una moneda de cambio que se usa con moderación. Y que a veces, para llegar al poder, se recurre a la misma estrategia que el vendedor de coches de segunda mano: maquillar el producto y prometer lo que no se puede cumplir. La diferencia es que aquí, el producto es un país.
Mónica García, con la soltura de quien ha hecho de las veces de médico y economista, nos asegura que la regularización masiva de inmigrantes no va a hundir la Sanidad. Al contrario, ¡vienen más sanos! Un argumento que, dicho sea de paso, suena como el anuncio de una nueva colonia detox. El Ministerio de Sanidad, respaldándola, ha escupido un informe que afirma que los foráneos “consumen menos recursos sanitarios”. ¿En serio? ¿Menos que el español medio, que necesita un psicólogo solo para entender la declaración de la renta? La ministra insiste en que los españoles acumulamos un 18% a un 51% más de visitas a la atención primaria, un 32% a 69% más de pastillas y un 24% a 38% más de enfermedades crónicas. Parece que, según el guion, enfermar es un privilegio de los de aquí. El ‘efecto inmigrante sano’ es la nueva religión oficial. Llegan con el sistema inmune a prueba de bombas, capaces de resistir la paella de cualquier chiringuito. Pero ojo, que el informe también reconoce que a los latinoamericanos se les complica un poco el papeleo y a los africanos les falla la tensión. Pequeños detalles, nada que un buen administrativo no solucione. El argumento, sin embargo, es redondo: la Sanidad es universal, la inmigración es beneficiosa y las listas de espera son un mito inventado por los negacionistas. Mientras, aquellos que pagamos impuestos miramos la factura con la misma cara que un gallego en un desfile de carnaval. ¿Será que la salud es un derecho, o un negocio con facturas ocultas? La pregunta queda flotando en el aire, como el olor a desinfectante en una sala de espera.
El PSOE, al parecer, tiene una manera muy particular de hacer la lista de la compra: 188.000 euros, supuestamente, para “desestabilizar” investigaciones que les salían caras. Y todo, señores, con facturas que parecen sacadas de una peli de espías, orquestadas por Ana María Fuentes, la gerente del partido. ¿El resultado? Cero. Las causas judiciales siguieron su curso, como el aceite en la sartén. La operación, según el juez Pedraz, se cimentó en la figura de Leire Díez, la ‘fontanera del PSOE’, que ofrecía ‘favores’ a cambio de información. Unos favores que costaron 4.000 euros al mes, pagados a través de empresas pantalla vinculadas a Gaspar Zarrías, un exconsejero andaluz con un historial que ya conocemos. Y luego, otros 27.225 euros más, para redondear la jugada, a través del abogado Ismael Oliver. ¡Casi 32.000 eurazos solo para que chivaran! Pero la cosa no se quedó ahí. Otros 125.000 euros fueron a parar a Jacobo Teijelo, el abogado de Santos Cerdán, y 20.000 más a un medio de comunicación para, digamos, ‘matizar’ la realidad. Todo un esfuerzo titánico para salvar a Begoña Gómez, la esposa del presidente, que ahora está a un paso de sentarse en el banquillo. Intentaron frenar la investigación una semana después de la “Carta a la Ciudadanía”, una misiva que, irónicamente, hablaba de “periodo de reflexión”. Santos Cerdán, el que fuera su secretario de organización, movió los hilos, pero ni con reuniones de urgencia ni con presiones a fiscales se consiguió el milagro. La justicia, a veces, es como la suegra: no la engañas fácilmente. El dinero, al final, fue a la basura. Una partida de gastos que, por cierto, no logró evitar que el hermano del presidente, David Sánchez, se enfrente a la justicia por una adjudicación ‘a dedo’ en Badajoz.
Ferraz, la sede del PSOE, parece más el almacén de Indiana Jones que la central de un partido político. Doce horas de registro, buscando entre contadores, azoteas y desvanes… ¿Será que el dinero se esconde mejor entre las telarañas? El juez Pedraz, con la paciencia de un detective de novela negra, ha ordenado a la UCO rastrear hasta la última criptomoneda, como si el futuro de la política española dependiera de encontrar el código QR perdido. Santos Cerdán, Ana María Fuentes Pacheco, Gaspar Zarrías e Ismael Oliver, nombres que ahora resuenan con el eco de la imputación. La lista de cargos es tan larga que parece la factura de la compra después de un mes de antojos: organización criminal, cohecho, revelación de secretos… Un menú delictivo completo. Y todo, aparentemente, para “desestabilizar” procesos judiciales. La ironía, como suele ocurrir, es que la estabilidad se busca en medio del caos. Pero la cosa va más allá del dinero en efectivo y las facturas mendaces. El juez Pedraz también quiere ver qué esconden los perfiles de redes sociales, como si el algoritmo pudiera revelar la verdad oculta. Y la lista de sospechosos es un aquelarre: desde el comandante Villalba Carnerero, hasta Sandro Rosell, pasando por la empresaria Carmen Pano, que asegura haber dejado 90.000 euros en efectivo en Ferraz. 90.000 euros… el precio de un apartamento en la capital, esfumándose entre pasillos y secretos. Celia Rodríguez, la secretaria que entregaba sobres a Koldo García, parece la pieza clave de este rompecabezas, con sus conversaciones de WhatsApp destapando un tráfico de dinero que avergonzaría a un cambista de la Puerta del Sol. Todo esto, mientras el país intenta entender si el rescate de Plus Ultra y el caso Koldo son solo la punta del iceberg. El auto del juez Pedraz recuerda al de Calama con Zapatero y las criptomonedas ocultas. ¿Estamos ante una nueva normalidad donde la política y las finanzas turbias bailan un tango macabro?
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