Crítica:
El texto es descriptivo, pero carece de una investigación más profunda sobre los detalles del supuesto acoso y la manipulación informativa. El titular, aunque llamativo, podría ser más específico.
El texto es descriptivo, pero carece de una investigación más profunda sobre los detalles del supuesto acoso y la manipulación informativa. El titular, aunque llamativo, podría ser más específico.
Andalucía ha hablado, o más bien, ha votado… en el extranjero. Mientras Juanma Moreno se consolida en el poder con una victoria de 19 puntos, el PSOE ha encontrado un oasis en el voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). Sí, esos españoles que, con la maleta hecha o la memoria larga, decidieron que el PSOE era su opción. 6.703 votos para los socialistas, casi 400 más que los 6.307 del PP. Un espejismo electoral que contrasta brutalmente con el batacazo en el resto de la comunidad. La clave, señoras y señores, está en los ‘nietos del exilio’. La ley de nacionalización ha hinchado el censo exterior en un 15%, engordando las filas de votantes en el extranjero hasta los 302.074. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Argentina, con 68.782 inscritos (un 19,65% más que en 2022), se ha convertido en el feudo socialista por excelencia. Un dato que levanta sospechas, sobre todo si recordamos que la ley de Memoria Democrática, esa que facilitó la nacionalización, fue impulsada por el propio gobierno de Pedro Sánchez. Así que mientras en Andalucía se celebraba la victoria del PP, en el extranjero se escribía un guion diferente. Un guion en el que el PSOE, con la ayuda de los ‘nietos del exilio’, logra rascar unos votos que, aunque insuficientes para cambiar el resultado general, sirven para maquillar la derrota. Un pequeño consuelo, una victoria pírrica, un salvavidas en medio de un naufragio. Y, claro, una pregunta que flota en el aire: ¿es esto democracia o ingeniería electoral?
José Luis Escrivá, exministro y ahora gobernador del Banco de España, parece tener una particular visión de la austeridad. Mientras la cesta de la compra se ha convertido en un campo de minas, su institución ha decidido que necesita dos coches nuevos, de esos que huelen a privilegio, por un total de 308.555 euros. Casi un sueldo de funcionario para toda una vida en dos caprichos con ruedas. La licitación, sacada adelante por la Dirección de Seguridad, incluye renting, seguro, mantenimiento, reparaciones, e incluso la gestión de las multas. Porque, claro, un alto cargo no puede preocuparse por esas nimiedades. El lote más lujoso, un sedán de más de 5 metros y tapicería de cuero (azul o gris, qué dilema), podría ser para el propio Escrivá, que necesita moverse con la compostura que exige su cargo. El otro, algo más discreto, pero igualmente equipado, completará la flota. El detalle de los 75 kilómetros de autonomía eléctrica, con carga completa en tres horas, suena a guiño verde, pero no engaña a nadie. Es un lavado de cara ecológico para una operación que huele a despilfarro. El Banco de España ya gastó 395.307 euros en coches de alta dirección hace poco, así que esto es casi una tradición. Y todo esto mientras la justicia investiga a Escrivá por sus conexiones con tramas de corrupción que involucran a Zapatero y a una fontanera con contactos poderosos. La ironía, señores, es que el Banco de España, guardián de la estabilidad financiera, se comporte como un heredero imprudente.
Correos, la empresa pública que debería ser sinónimo de confianza, jugó con fuego con 2,3 millones de votos CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) en las elecciones generales de 2023. Un cambio de protocolo, firmado por el entonces presidente Juan Manuel Serrano –quien, por cierto, aterrizó en Correos justo después de que Sánchez ocupara la Moncloa–, simplificó tanto la trazabilidad que el 90% de las certificaciones quedaron en un limbo digital. Olvidémonos del escaneo individual de cada voto; ahora bastaba con escanear el primero y el último de una caja, dando por válidos todos los que iban en medio. Como si en una lista de la compra, la mitad de los productos desaparecieran por arte de magia. La justificación oficial, un ajuste para lidiar con el aumento exponencial de votantes (de 226.050 en 2019 a 2,3 millones en 2023 tras una reforma de la LOREG), suena a coartada. ¿Un volumen mayor justifica sacrificar la seguridad? Leire Díez, Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en esos días, también tuvo su papel, presionando a la Junta Electoral para flexibilizar las normas, justo antes de unas elecciones cruciales en Andalucía. El resultado final, con solo un escaño movido en Madrid, puede llevar a pensar que todo este revuelo es una tormenta en un vaso de agua. Pero la pregunta es inevitable: ¿se ha comprometido la integridad del proceso? ¿Y qué precio tiene la tranquilidad de saber que cada voto cuenta, de verdad? Serrano, por cierto, dejó Correos con un agujero de más de 1.000 millones de euros, y aterrizó en SEITT. Un aterrizaje suave después de un vuelo turbulento, por decirlo suavemente.
El juicio contra David Sánchez (alias David Azagra) sigue destapando la costra de este país, donde el talento importa menos que el apellido. Cristina de Frutos, una aspirante a un puesto en la Diputación de Badajoz en junio de 2017, ha declarado que le advirtieron, tres días antes de la entrevista, que la plaza estaba reservada para el hermano del Presidente. Un “chivatazo” cortesía de Antonio Luis Sánchez, quien soltó la bomba como si fuera un rumor de pasillo. La cosa es que, después de preparar un proyecto detallado con esquema, funciones y hasta presupuesto, la entrevista duró 15 minutos. Sí, quince. Ni una sola pregunta. Solo felicitaciones vacías y un “suerte en tu vida profesional”. Mientras tú te rompes la espalda justificando cada céntimo de la lista de la compra, el hermano del jefe de gobierno se pasea por entrevistas de paripé. Frutos, tras el 'sablazo' emocional, recurrió a Álvaro Jaén, ex secretario general de Podemos Extremadura, para denunciar el caso. La Fiscalía, con la velocidad de un caracol reumático, alegó falta de denuncia formal. ¿En serio? ¿Es que ahora hay que enviar un formulario de reclamaciones para que se investiguen las irregularidades? La candidata se sintió víctima de una “desigualdad de oportunidades”. Lo que viene a ser un eufemismo para decir que la estafa fue en toda regla. El puesto, como era de prever, acabó en manos del hermano, no por méritos propios, sino por el lazo familiar. Un ejemplo más de que el nepotismo es el deporte nacional.
Las Juventudes del PSOE, esos que aún creen en la pureza de las ideas (o en hacer ruido), han aprobado una propuesta que huele a rebelión interna: plantear la salida de España de la OTAN. Sí, lo han leído bien. Mientras Pedro Sánchez se desvive por el apretón de manos con Biden y se declara “socio leal” (léase: “sí, jefe”), sus jóvenes pupilos sugieren darle la patada a la alianza. Un giro de guion digno de Hollywood, o de una tarde aburrida en Ferraz. El asunto no es nuevo, claro. La OTAN, ese club de amigos con muchos fusiles, siempre ha generado debate. Pero la resolución, tras un lavado de cara para no asustar a los peces grandes, pasa de “defender” la salida a “plantear” la salida. Un eufemismo que suena a 'vamos a hablarlo, pero sin mucho compromiso'. Porque, seamos serios, que los jóvenes socialistas hagan propuestas es como pedirle a un gato que cuide del canario. Según las JSE, la OTAN es, básicamente, un lacayo de Estados Unidos. Quieren una Europa más fuerte, con su propio ejército y su propia voz. Una idea que suena bien en un café, pero que choca frontalmente con la realidad geopolítica. Aránzazu Figueroa, la nueva secretaria general (y flamante heredera de la llama juvenil), aprovechó para incendiar la situación acusando a la derecha de ser “herederos del franquismo” y “pijos de salón”. Un discurso que, aunque efectivo para movilizar a las bases, no aporta demasiado al debate. Pedro Sánchez, por su parte, se limitó a asegurar que seguirá agarrado a Moncloa hasta 2027 (y más allá) y a calificar a la oposición de “marrullera”. Un clásico. El 27.º Congreso Federal, vaya faena. En resumen, las Juventudes del PSOE han lanzado una bomba de humo en un momento delicado. Una propuesta que, aunque no vinculante, sirve para medir el pulso interno del partido y para recordarnos que, en política, las ideas –y las alianzas– pueden cambiar más rápido que el precio de la gasolina.
La política, señores, es como el mercadillo de los domingos: todo tiene precio y la honestidad es un artículo en extinción. Pablo Iglesias, con la desenvoltura de quien cuenta una jugarreta bien ejecutada, ha admitido que el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018 fue un auténtico ‘cambio de cromos’ a costa de la credulidad del PNV y Ciudadanos. Un ‘engaño’, palabras textuales del propio exvicepresidente, para “herir de muerte” al Estado Constitucional, nada menos. ¿Herir de muerte? Suena a telenovela venezolana, pero vamos, que el hombre lo dice con la seriedad de quien acaba de encontrar la ganga del siglo. La operación, según relata Iglesias en Las mañanas de RNE, consistía en hacer creer a Albert Rivera (Ciudadanos) que se presentaría una moción de censura conjunta solo para forzar elecciones. Un farol, vaya. A Andoni Ortuzar (PNV) le contaron la misma historia. Mientras tanto, se urdía en la sombra una negociación con Marta Pascal (PDeCAT) para que Carles Puigdemont retirase su apoyo al PP. El resultado: Sánchez, catapultado a la Moncloa sin siquiera tener que levantar el teléfono para pedir apoyos. ¿Una triste llamada? Más bien, una orquesta entera de mentiras bien afinadas. El coste de esta ‘jugada’, aparentemente, fue la confianza. Y el Estado Constitucional, según el propio Iglesias, que ahora aspira al plebiscito de 2027 contra la monarquía parlamentaria. En resumen, una confesión que confirma lo que muchos sospechábamos: en la política, la verdad es una moneda de cambio que se usa con moderación. Y que a veces, para llegar al poder, se recurre a la misma estrategia que el vendedor de coches de segunda mano: maquillar el producto y prometer lo que no se puede cumplir. La diferencia es que aquí, el producto es un país.
Mónica García, con la soltura de quien ha hecho de las veces de médico y economista, nos asegura que la regularización masiva de inmigrantes no va a hundir la Sanidad. Al contrario, ¡vienen más sanos! Un argumento que, dicho sea de paso, suena como el anuncio de una nueva colonia detox. El Ministerio de Sanidad, respaldándola, ha escupido un informe que afirma que los foráneos “consumen menos recursos sanitarios”. ¿En serio? ¿Menos que el español medio, que necesita un psicólogo solo para entender la declaración de la renta? La ministra insiste en que los españoles acumulamos un 18% a un 51% más de visitas a la atención primaria, un 32% a 69% más de pastillas y un 24% a 38% más de enfermedades crónicas. Parece que, según el guion, enfermar es un privilegio de los de aquí. El ‘efecto inmigrante sano’ es la nueva religión oficial. Llegan con el sistema inmune a prueba de bombas, capaces de resistir la paella de cualquier chiringuito. Pero ojo, que el informe también reconoce que a los latinoamericanos se les complica un poco el papeleo y a los africanos les falla la tensión. Pequeños detalles, nada que un buen administrativo no solucione. El argumento, sin embargo, es redondo: la Sanidad es universal, la inmigración es beneficiosa y las listas de espera son un mito inventado por los negacionistas. Mientras, aquellos que pagamos impuestos miramos la factura con la misma cara que un gallego en un desfile de carnaval. ¿Será que la salud es un derecho, o un negocio con facturas ocultas? La pregunta queda flotando en el aire, como el olor a desinfectante en una sala de espera.
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