Crítica:
El artículo se centra demasiado en el dato del voto CERA, obviando otros factores que pudieron influir en el resultado. El tono es claramente sesgado hacia la crítica al PSOE, sin ofrecer una visión equilibrada de la situación.
El artículo se centra demasiado en el dato del voto CERA, obviando otros factores que pudieron influir en el resultado. El tono es claramente sesgado hacia la crítica al PSOE, sin ofrecer una visión equilibrada de la situación.
Mónica García, la ministra de Sanidad, ha decidido que el colectivo LGTBI+ merece una carroza digna en el Orgullo de Madrid. ¿El precio? 24.200 euros de los contribuyentes, un 50% más que el año pasado. Mientras tanto, la cartera de Sanidad, curiosamente, echa candados a terapias contra el cáncer, como el blinatumomab, vital para más de 200 pacientes con leucemia linfoblástica aguda. La ironía es tan gruesa que casi se puede tocar. No es solo la carroza. La ministra también ha iluminado su Ministerio con colores vibrantes (16.000 euros adicionales) para conmemorar fechas importantes, desde el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer hasta el Día Mundial del SIDA. Uno se pregunta si esa misma iluminación podría haber aliviado la oscuridad en la espera de miles de pacientes con cáncer renal, a quienes se les niegan tratamientos recomendados por la comunidad científica. 9.000 nuevos casos al año, y la ministra prefiere lonas y un WC portátil en la carroza. La licitación, publicada el 18 de mayo, exigía un tráiler carrozado “tipo europeo”, DJ incluido, y un sistema de sonido digno de un festival. En resumen, más espectáculo que salud. Y todo esto mientras la ley del “solo sí es sí” de Irene Montero ha provocado un aumento del 288% en las violaciones, y se destapan fallos en las pulseras antimaltrato que dejan a las víctimas desprotegidas. La gestión, cuanto menos, es llamativa. Un sablazo en la factura pública mientras la sanidad pública se desangra.
El eco de las urnas, a veces, suena a truco. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha encendido la mecha: según sus fuentes, el PSOE estaría tejiendo una red de nacionalizaciones exprés para inclinar la balanza electoral. No un robo a mano armada, sino una ingeniería demográfica con sabor a sospecha. El dato salta a la vista: en las autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el PP se llevó el gato al agua en el voto presencial, pero el PSOE, de forma inusual, se coronó en el voto exterior. Una anomalía estadística que, según Inda, no es casualidad. Hablamos de 540.000 descendientes de exiliados ya nacionalizados y la friolera de 2,4 millones de solicitudes en curso. Cifras que, si se concretan, podrían redefinir el mapa electoral español. ¿Un nuevo voto decisivo o una maniobra para alterar el resultado? La pregunta resuena mientras los partidos se preparan para la batalla por el voto en el extranjero. Lo que antes era un trámite burocrático, ahora parece el escenario de una partida de ajedrez con el futuro del país en juego. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta si su voto sigue valiendo lo mismo, si la lista de la compra electoral no ha sido manipulada antes de pasar por la caja. La incertidumbre, como la inflación, parece imparable.
José Luis Escrivá, exministro y ahora gobernador del Banco de España, parece tener una particular visión de la austeridad. Mientras la cesta de la compra se ha convertido en un campo de minas, su institución ha decidido que necesita dos coches nuevos, de esos que huelen a privilegio, por un total de 308.555 euros. Casi un sueldo de funcionario para toda una vida en dos caprichos con ruedas. La licitación, sacada adelante por la Dirección de Seguridad, incluye renting, seguro, mantenimiento, reparaciones, e incluso la gestión de las multas. Porque, claro, un alto cargo no puede preocuparse por esas nimiedades. El lote más lujoso, un sedán de más de 5 metros y tapicería de cuero (azul o gris, qué dilema), podría ser para el propio Escrivá, que necesita moverse con la compostura que exige su cargo. El otro, algo más discreto, pero igualmente equipado, completará la flota. El detalle de los 75 kilómetros de autonomía eléctrica, con carga completa en tres horas, suena a guiño verde, pero no engaña a nadie. Es un lavado de cara ecológico para una operación que huele a despilfarro. El Banco de España ya gastó 395.307 euros en coches de alta dirección hace poco, así que esto es casi una tradición. Y todo esto mientras la justicia investiga a Escrivá por sus conexiones con tramas de corrupción que involucran a Zapatero y a una fontanera con contactos poderosos. La ironía, señores, es que el Banco de España, guardián de la estabilidad financiera, se comporte como un heredero imprudente.
La casa RTVE, ese coloso financiado con nuestros impuestos, parece estar ardiendo. No precisamente por una programación estelar, sino por una guerra interna que ya ha saltado a la luz pública. Los tres consejos de informativos –TVE, RNE y RTVE.es– se han unido, algo que no es lo normal, según fuentes internas, para denunciar lo que consideran “ataques” y hostigamiento por parte de la dirección, liderada por José Pablo López. El detonante: un expediente abierto contra un miembro del consejo de informativos de RNE, calificado de “irregular”. Pero esto no es nuevo. Los profesionales denuncian desde hace meses una campaña coordinada, con señalamiento y acoso por parte de figuras como Javier Ruiz y Roberto Lakidain. Todo comenzó tras una encuesta interna en TVE que cuestionaba la deriva de la cadena, especialmente después de las acusaciones de manipulación en programas como 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'. La dirección, al parecer, no está facilitando el trabajo de control de estos órganos, llegando incluso a la “asfixia material”, sin los medios necesarios para fiscalizar el ente, como exige la Ley de RTVE. La cosa va más allá de una simple bronca burocrática. La fusión de las áreas nacionales de TVE y RTVE.es ha generado incertidumbre y preocupación entre la plantilla, que teme la dilución del proyecto digital. Mientras tanto, la dirección busca “aplacar los ánimos”, pero los consejos de informativos se limitan a solicitar “grupos de trabajo” y a denunciar la situación. Aunque, en los despachos, se habla de movilizaciones más contundentes, que por ahora están frenadas por el “miedo” a represalias. En resumen, un circo en el que el único espectáculo garantizado es el del despilfarro público y la falta de transparencia.
Correos, la empresa pública que debería ser sinónimo de confianza, jugó con fuego con 2,3 millones de votos CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) en las elecciones generales de 2023. Un cambio de protocolo, firmado por el entonces presidente Juan Manuel Serrano –quien, por cierto, aterrizó en Correos justo después de que Sánchez ocupara la Moncloa–, simplificó tanto la trazabilidad que el 90% de las certificaciones quedaron en un limbo digital. Olvidémonos del escaneo individual de cada voto; ahora bastaba con escanear el primero y el último de una caja, dando por válidos todos los que iban en medio. Como si en una lista de la compra, la mitad de los productos desaparecieran por arte de magia. La justificación oficial, un ajuste para lidiar con el aumento exponencial de votantes (de 226.050 en 2019 a 2,3 millones en 2023 tras una reforma de la LOREG), suena a coartada. ¿Un volumen mayor justifica sacrificar la seguridad? Leire Díez, Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en esos días, también tuvo su papel, presionando a la Junta Electoral para flexibilizar las normas, justo antes de unas elecciones cruciales en Andalucía. El resultado final, con solo un escaño movido en Madrid, puede llevar a pensar que todo este revuelo es una tormenta en un vaso de agua. Pero la pregunta es inevitable: ¿se ha comprometido la integridad del proceso? ¿Y qué precio tiene la tranquilidad de saber que cada voto cuenta, de verdad? Serrano, por cierto, dejó Correos con un agujero de más de 1.000 millones de euros, y aterrizó en SEITT. Un aterrizaje suave después de un vuelo turbulento, por decirlo suavemente.
El juicio contra David Sánchez (alias David Azagra) sigue destapando la costra de este país, donde el talento importa menos que el apellido. Cristina de Frutos, una aspirante a un puesto en la Diputación de Badajoz en junio de 2017, ha declarado que le advirtieron, tres días antes de la entrevista, que la plaza estaba reservada para el hermano del Presidente. Un “chivatazo” cortesía de Antonio Luis Sánchez, quien soltó la bomba como si fuera un rumor de pasillo. La cosa es que, después de preparar un proyecto detallado con esquema, funciones y hasta presupuesto, la entrevista duró 15 minutos. Sí, quince. Ni una sola pregunta. Solo felicitaciones vacías y un “suerte en tu vida profesional”. Mientras tú te rompes la espalda justificando cada céntimo de la lista de la compra, el hermano del jefe de gobierno se pasea por entrevistas de paripé. Frutos, tras el 'sablazo' emocional, recurrió a Álvaro Jaén, ex secretario general de Podemos Extremadura, para denunciar el caso. La Fiscalía, con la velocidad de un caracol reumático, alegó falta de denuncia formal. ¿En serio? ¿Es que ahora hay que enviar un formulario de reclamaciones para que se investiguen las irregularidades? La candidata se sintió víctima de una “desigualdad de oportunidades”. Lo que viene a ser un eufemismo para decir que la estafa fue en toda regla. El puesto, como era de prever, acabó en manos del hermano, no por méritos propios, sino por el lazo familiar. Un ejemplo más de que el nepotismo es el deporte nacional.
Las Juventudes del PSOE, esos que aún creen en la pureza de las ideas (o en hacer ruido), han aprobado una propuesta que huele a rebelión interna: plantear la salida de España de la OTAN. Sí, lo han leído bien. Mientras Pedro Sánchez se desvive por el apretón de manos con Biden y se declara “socio leal” (léase: “sí, jefe”), sus jóvenes pupilos sugieren darle la patada a la alianza. Un giro de guion digno de Hollywood, o de una tarde aburrida en Ferraz. El asunto no es nuevo, claro. La OTAN, ese club de amigos con muchos fusiles, siempre ha generado debate. Pero la resolución, tras un lavado de cara para no asustar a los peces grandes, pasa de “defender” la salida a “plantear” la salida. Un eufemismo que suena a 'vamos a hablarlo, pero sin mucho compromiso'. Porque, seamos serios, que los jóvenes socialistas hagan propuestas es como pedirle a un gato que cuide del canario. Según las JSE, la OTAN es, básicamente, un lacayo de Estados Unidos. Quieren una Europa más fuerte, con su propio ejército y su propia voz. Una idea que suena bien en un café, pero que choca frontalmente con la realidad geopolítica. Aránzazu Figueroa, la nueva secretaria general (y flamante heredera de la llama juvenil), aprovechó para incendiar la situación acusando a la derecha de ser “herederos del franquismo” y “pijos de salón”. Un discurso que, aunque efectivo para movilizar a las bases, no aporta demasiado al debate. Pedro Sánchez, por su parte, se limitó a asegurar que seguirá agarrado a Moncloa hasta 2027 (y más allá) y a calificar a la oposición de “marrullera”. Un clásico. El 27.º Congreso Federal, vaya faena. En resumen, las Juventudes del PSOE han lanzado una bomba de humo en un momento delicado. Una propuesta que, aunque no vinculante, sirve para medir el pulso interno del partido y para recordarnos que, en política, las ideas –y las alianzas– pueden cambiar más rápido que el precio de la gasolina.
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