El titular es un poco simplista. La noticia, aunque escandalosa, carece de una investigación más profunda sobre los criterios de selección de los vehículos y los posibles conflictos de interés en la adjudicación. Se centra demasiado en las conexiones de Escrivá con otros casos.
El eco de las urnas, a veces, suena a truco. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha encendido la mecha: según sus fuentes, el PSOE estaría tejiendo una red de nacionalizaciones exprés para inclinar la balanza electoral. No un robo a mano armada, sino una ingeniería demográfica con sabor a sospecha. El dato salta a la vista: en las autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, el PP se llevó el gato al agua en el voto presencial, pero el PSOE, de forma inusual, se coronó en el voto exterior. Una anomalía estadística que, según Inda, no es casualidad. Hablamos de 540.000 descendientes de exiliados ya nacionalizados y la friolera de 2,4 millones de solicitudes en curso. Cifras que, si se concretan, podrían redefinir el mapa electoral español. ¿Un nuevo voto decisivo o una maniobra para alterar el resultado? La pregunta resuena mientras los partidos se preparan para la batalla por el voto en el extranjero. Lo que antes era un trámite burocrático, ahora parece el escenario de una partida de ajedrez con el futuro del país en juego. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta si su voto sigue valiendo lo mismo, si la lista de la compra electoral no ha sido manipulada antes de pasar por la caja. La incertidumbre, como la inflación, parece imparable.
Andalucía ha hablado, o más bien, ha votado… en el extranjero. Mientras Juanma Moreno se consolida en el poder con una victoria de 19 puntos, el PSOE ha encontrado un oasis en el voto CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes). Sí, esos españoles que, con la maleta hecha o la memoria larga, decidieron que el PSOE era su opción. 6.703 votos para los socialistas, casi 400 más que los 6.307 del PP. Un espejismo electoral que contrasta brutalmente con el batacazo en el resto de la comunidad. La clave, señoras y señores, está en los ‘nietos del exilio’. La ley de nacionalización ha hinchado el censo exterior en un 15%, engordando las filas de votantes en el extranjero hasta los 302.074. ¿Coincidencia? Difícil de creer. Argentina, con 68.782 inscritos (un 19,65% más que en 2022), se ha convertido en el feudo socialista por excelencia. Un dato que levanta sospechas, sobre todo si recordamos que la ley de Memoria Democrática, esa que facilitó la nacionalización, fue impulsada por el propio gobierno de Pedro Sánchez. Así que mientras en Andalucía se celebraba la victoria del PP, en el extranjero se escribía un guion diferente. Un guion en el que el PSOE, con la ayuda de los ‘nietos del exilio’, logra rascar unos votos que, aunque insuficientes para cambiar el resultado general, sirven para maquillar la derrota. Un pequeño consuelo, una victoria pírrica, un salvavidas en medio de un naufragio. Y, claro, una pregunta que flota en el aire: ¿es esto democracia o ingeniería electoral?
La casa RTVE, ese coloso financiado con nuestros impuestos, parece estar ardiendo. No precisamente por una programación estelar, sino por una guerra interna que ya ha saltado a la luz pública. Los tres consejos de informativos –TVE, RNE y RTVE.es– se han unido, algo que no es lo normal, según fuentes internas, para denunciar lo que consideran “ataques” y hostigamiento por parte de la dirección, liderada por José Pablo López. El detonante: un expediente abierto contra un miembro del consejo de informativos de RNE, calificado de “irregular”. Pero esto no es nuevo. Los profesionales denuncian desde hace meses una campaña coordinada, con señalamiento y acoso por parte de figuras como Javier Ruiz y Roberto Lakidain. Todo comenzó tras una encuesta interna en TVE que cuestionaba la deriva de la cadena, especialmente después de las acusaciones de manipulación en programas como 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas'. La dirección, al parecer, no está facilitando el trabajo de control de estos órganos, llegando incluso a la “asfixia material”, sin los medios necesarios para fiscalizar el ente, como exige la Ley de RTVE. La cosa va más allá de una simple bronca burocrática. La fusión de las áreas nacionales de TVE y RTVE.es ha generado incertidumbre y preocupación entre la plantilla, que teme la dilución del proyecto digital. Mientras tanto, la dirección busca “aplacar los ánimos”, pero los consejos de informativos se limitan a solicitar “grupos de trabajo” y a denunciar la situación. Aunque, en los despachos, se habla de movilizaciones más contundentes, que por ahora están frenadas por el “miedo” a represalias. En resumen, un circo en el que el único espectáculo garantizado es el del despilfarro público y la falta de transparencia.
Correos, la empresa pública que debería ser sinónimo de confianza, jugó con fuego con 2,3 millones de votos CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) en las elecciones generales de 2023. Un cambio de protocolo, firmado por el entonces presidente Juan Manuel Serrano –quien, por cierto, aterrizó en Correos justo después de que Sánchez ocupara la Moncloa–, simplificó tanto la trazabilidad que el 90% de las certificaciones quedaron en un limbo digital. Olvidémonos del escaneo individual de cada voto; ahora bastaba con escanear el primero y el último de una caja, dando por válidos todos los que iban en medio. Como si en una lista de la compra, la mitad de los productos desaparecieran por arte de magia. La justificación oficial, un ajuste para lidiar con el aumento exponencial de votantes (de 226.050 en 2019 a 2,3 millones en 2023 tras una reforma de la LOREG), suena a coartada. ¿Un volumen mayor justifica sacrificar la seguridad? Leire Díez, Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en esos días, también tuvo su papel, presionando a la Junta Electoral para flexibilizar las normas, justo antes de unas elecciones cruciales en Andalucía. El resultado final, con solo un escaño movido en Madrid, puede llevar a pensar que todo este revuelo es una tormenta en un vaso de agua. Pero la pregunta es inevitable: ¿se ha comprometido la integridad del proceso? ¿Y qué precio tiene la tranquilidad de saber que cada voto cuenta, de verdad? Serrano, por cierto, dejó Correos con un agujero de más de 1.000 millones de euros, y aterrizó en SEITT. Un aterrizaje suave después de un vuelo turbulento, por decirlo suavemente.
El juicio contra David Sánchez (alias David Azagra) sigue destapando la costra de este país, donde el talento importa menos que el apellido. Cristina de Frutos, una aspirante a un puesto en la Diputación de Badajoz en junio de 2017, ha declarado que le advirtieron, tres días antes de la entrevista, que la plaza estaba reservada para el hermano del Presidente. Un “chivatazo” cortesía de Antonio Luis Sánchez, quien soltó la bomba como si fuera un rumor de pasillo. La cosa es que, después de preparar un proyecto detallado con esquema, funciones y hasta presupuesto, la entrevista duró 15 minutos. Sí, quince. Ni una sola pregunta. Solo felicitaciones vacías y un “suerte en tu vida profesional”. Mientras tú te rompes la espalda justificando cada céntimo de la lista de la compra, el hermano del jefe de gobierno se pasea por entrevistas de paripé. Frutos, tras el 'sablazo' emocional, recurrió a Álvaro Jaén, ex secretario general de Podemos Extremadura, para denunciar el caso. La Fiscalía, con la velocidad de un caracol reumático, alegó falta de denuncia formal. ¿En serio? ¿Es que ahora hay que enviar un formulario de reclamaciones para que se investiguen las irregularidades? La candidata se sintió víctima de una “desigualdad de oportunidades”. Lo que viene a ser un eufemismo para decir que la estafa fue en toda regla. El puesto, como era de prever, acabó en manos del hermano, no por méritos propios, sino por el lazo familiar. Un ejemplo más de que el nepotismo es el deporte nacional.
Las Juventudes del PSOE, esos que aún creen en la pureza de las ideas (o en hacer ruido), han aprobado una propuesta que huele a rebelión interna: plantear la salida de España de la OTAN. Sí, lo han leído bien. Mientras Pedro Sánchez se desvive por el apretón de manos con Biden y se declara “socio leal” (léase: “sí, jefe”), sus jóvenes pupilos sugieren darle la patada a la alianza. Un giro de guion digno de Hollywood, o de una tarde aburrida en Ferraz. El asunto no es nuevo, claro. La OTAN, ese club de amigos con muchos fusiles, siempre ha generado debate. Pero la resolución, tras un lavado de cara para no asustar a los peces grandes, pasa de “defender” la salida a “plantear” la salida. Un eufemismo que suena a 'vamos a hablarlo, pero sin mucho compromiso'. Porque, seamos serios, que los jóvenes socialistas hagan propuestas es como pedirle a un gato que cuide del canario. Según las JSE, la OTAN es, básicamente, un lacayo de Estados Unidos. Quieren una Europa más fuerte, con su propio ejército y su propia voz. Una idea que suena bien en un café, pero que choca frontalmente con la realidad geopolítica. Aránzazu Figueroa, la nueva secretaria general (y flamante heredera de la llama juvenil), aprovechó para incendiar la situación acusando a la derecha de ser “herederos del franquismo” y “pijos de salón”. Un discurso que, aunque efectivo para movilizar a las bases, no aporta demasiado al debate. Pedro Sánchez, por su parte, se limitó a asegurar que seguirá agarrado a Moncloa hasta 2027 (y más allá) y a calificar a la oposición de “marrullera”. Un clásico. El 27.º Congreso Federal, vaya faena. En resumen, las Juventudes del PSOE han lanzado una bomba de humo en un momento delicado. Una propuesta que, aunque no vinculante, sirve para medir el pulso interno del partido y para recordarnos que, en política, las ideas –y las alianzas– pueden cambiar más rápido que el precio de la gasolina.
La política, señores, es como el mercadillo de los domingos: todo tiene precio y la honestidad es un artículo en extinción. Pablo Iglesias, con la desenvoltura de quien cuenta una jugarreta bien ejecutada, ha admitido que el ascenso de Pedro Sánchez a la presidencia en 2018 fue un auténtico ‘cambio de cromos’ a costa de la credulidad del PNV y Ciudadanos. Un ‘engaño’, palabras textuales del propio exvicepresidente, para “herir de muerte” al Estado Constitucional, nada menos. ¿Herir de muerte? Suena a telenovela venezolana, pero vamos, que el hombre lo dice con la seriedad de quien acaba de encontrar la ganga del siglo. La operación, según relata Iglesias en Las mañanas de RNE, consistía en hacer creer a Albert Rivera (Ciudadanos) que se presentaría una moción de censura conjunta solo para forzar elecciones. Un farol, vaya. A Andoni Ortuzar (PNV) le contaron la misma historia. Mientras tanto, se urdía en la sombra una negociación con Marta Pascal (PDeCAT) para que Carles Puigdemont retirase su apoyo al PP. El resultado: Sánchez, catapultado a la Moncloa sin siquiera tener que levantar el teléfono para pedir apoyos. ¿Una triste llamada? Más bien, una orquesta entera de mentiras bien afinadas. El coste de esta ‘jugada’, aparentemente, fue la confianza. Y el Estado Constitucional, según el propio Iglesias, que ahora aspira al plebiscito de 2027 contra la monarquía parlamentaria. En resumen, una confesión que confirma lo que muchos sospechábamos: en la política, la verdad es una moneda de cambio que se usa con moderación. Y que a veces, para llegar al poder, se recurre a la misma estrategia que el vendedor de coches de segunda mano: maquillar el producto y prometer lo que no se puede cumplir. La diferencia es que aquí, el producto es un país.
Comentarios