Crítica:
La falta de detalles sobre la duración y calidad de los empleos obtenidos es sospechosa. El titular, aunque atractivo, simplifica en exceso un problema complejo.
El Gobierno gastó 81,6 millones para buscar trabajo a 697 prostitutas con el Plan Camino de Irene Montero
81,6 Millones por un 'Cambio de Trabajo'
Otros artículos
Zapatero: 'Nervioso' y en la cloaca
La cloaca del PSOE, esa alcantarilla de influencias que huele a podrido incluso desde la distancia, ha salpicado al mismísimo José Luis Rodríguez Zapatero. Resulta que el expresidente, según las notas de la ‘fontanera’ Leire Díez, estaba “nervioso” en diciembre de 2024, un nerviosismo que no era por el precio de la luz, precisamente. Buscaba “protección” ante las investigaciones que acosaban a sus correligionarios. La agenda de Díez, ahora bajo lupa judicial, lo deja claro: ‘ZP/Nervis’. Nervis Villalobos, viceministro venezolano con lazos con Hugo Chávez y un historial de operaciones financieras más turbias que el agua del río Manzanares, era la clave. Villalobos, vinculado a la causa Plus Ultra -la aerolínea rescatada con 53 millones de euros de los contribuyentes en 2021, un ‘sablazo’ considerable-, necesitaba favores. Y la cloaca, aparentemente, estaba dispuesta a servirlos. No solo se trataba de ayudar a Villalobos con sus líos legales (lavado de dinero, organización criminal… lo de siempre), sino de facilitarle la nacionalidad española. Un detallito. Mientras tanto, Zapatero, con el agua al cuello, necesitaba un paraguas. La relación, según las fuentes, era de “beneficio mutuo”. A cambio de la ‘protección’ de Díez, Zapatero se implicaba con los intereses de Villalobos. El pastel se completa con referencias a abogados investigados, fiscales bajo sospecha y hasta al Ministerio del Interior. El 2 de diciembre de 2024, la agenda de Díez era una lista de la compra de favores políticos y judiciales. La Guardia Civil, por su parte, investiga si la cloaca intentaba neutralizar a la UCO y desestabilizar la justicia. En resumen, un auténtico avispero. Y todo, mientras el partido se desangra en acusaciones cruzadas.
Sepides: La UE huele el sablazo
España, señoras y señores, se ha convertido en el escaparate de la picaresca institucional. Mientras el ciudadano de a pie calcula si llegar a fin de mes es una misión imposible, la SEPI y su filial Sepides se han visto salpicadas por un 'ligero' desvío de fondos públicos, cortesía de la trama de Leire Díez y, según las indagaciones de la UCO, del ex presidente Vicente Fernández. ¿El aroma a corrupción? Tan intenso que ha llegado a las narices de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). Sepides, con su código de conducta de 15 páginas (papel reciclado, seguro), se defiende con la vehemencia de quien no tiene nada que ocultar. Pero las advertencias del TCE sobre “deficiencias” y “riesgos de fraude” ya son un clásico. Y ahora, con los casos Plus Ultra y Tubos Reunidos como telón de fondo, la UE observa con creciente inquietud cómo España utiliza los fondos Next Generation casi como un cajón desordenado. Pensiones, subvenciones, rescates… Todo vale, siempre y cuando mantengamos el ‘look’ de economía en recuperación. El problema, señores, es que en Bruselas no se traga la excusa. Alemania y Austria, que cedieron en su momento a la mutualización de la deuda, empiezan a mostrar su descontento. Y no es solo por la imagen de descontrol, sino porque el dinero que destinaron a España podría estar financiando, quién sabe, el próximo yate de algún iluminado. Dolors Monserrat, del Partido Popular Europeo, ya está moviendo los hilos para que los comisarios europeos salgan a la luz y expliquen qué está pasando. El informe del Europarlamento, como era de esperar, ha puesto el foco en la independencia judicial y la percepción de la corrupción. En resumen, un panorama desolador que confirma lo que ya sabíamos: que en España, la corrupción es un deporte nacional con financiación europea. Entre tanto, la SEPI sigue concediendo subvenciones “con agilidad y eficacia”, y el ciudadano de a pie sigue preguntándose dónde está el dinero. El agujero, por cierto, parece no tener fondo.
PSOE: Si no investigan, mejor
Gonzalo Miró, en una declaración que roza lo surrealista (y lo escuchamos en la televisión pública, ojo), sugiere que la mejor manera de combatir la corrupción que acecha al PSOE es… no investigarla. Como si darle la espalda al problema lo hiciera desaparecer. Recuerda a cuando intentas ignorar el sablazo en la factura de la luz, esperando que mágicamente se reduzca. El argumento, servido en bandeja de plata durante un debate en 'Malas Lenguas' de TVE, es que el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto la veda a las investigaciones. Un pacto que, según Miró, es el origen de todos los males. Pero aquí viene el giro de guion digno de Hollywood: el CGPJ, señores, no es un arma para silenciar a los jueces, sino para garantizar su independencia. Un detalle que a Miró, o le pasa desapercibido, o le da igual. La cosa se pone más interesante cuando Pablo Iglesias, con un aplauso, apoya la tesis de Miró. ¿Intereses ocultos? ¿Ambiciones compartidas? La trama se complica. Mientras tanto, la UCO, que investiga los casos de corrupción, es tildada de sacar conclusiones "chuscas" basadas en "meras conjeturas". ¡Como si los hechos concretos fueran aburridos! Y cuando le preguntan por las posibles conexiones entre Santos Cerdán y Leire Díez, Miró se lava las manos: “No tengo ni idea de cómo funciona estas cosas”. El colmo: ante el panorama de corrupción generalizada, los socios de gobierno prefieren mantener a Pedro Sánchez en el poder antes que enfrentarse a las urnas. La legislatura, según Miró, se alargará hasta 2027, asegurando el festín. La Comisión Permanente del CGPJ ya ha expresado su “preocupación” por las declaraciones de “cualificados responsables de altas instituciones del Estado” que cuestionan la independencia judicial. En resumen, una película de corrupción, intereses y pactos oscuros, con Miró como el guionista más surrealista.
Sánchez: 'Yo no soy el One'
Montenegro. La cumbre de la UE y los Balcanes, un escenario idílico para que Pedro Sánchez intente apagar el incendio. Porque, señores, el humo sale por todas partes. El sumario, un ladrillo de esos que te dejan el brazo agarrotado, le acusa de ser el “one”, la marioneta principal, el titiritero de una trama para “proteger los intereses” del Gobierno. Intereses, léase, que probablemente no coincidan con los de la señora que hace la compra. Sánchez, con cara de pocos amigos –algo habitual, la verdad– niega ser el susodicho “one”. Evita “valoraciones”, es decir, no quiere mojarse hasta ver qué le sale gratis. Dice que no avaló, no supo, no toleró. Un mantra que ya conocemos bien. Las “andanzas” de Leire Díez, la mano derecha de todo esto, quedan retratadas como una simple excursión. Indignación, dice, está indignado. Como si la indignación fuera un salvavidas en medio de un huracán. “Dejemos trabajar a la justicia”, sentencia, mientras su partido, con “rigor y solvencia” –léase, un ejército de abogados caros– analiza la documentación. ¿Qué harán? Defender la “honorabilidad y limpieza del PSOE”. La misma limpieza que un felpudo. “Mi gobierno es limpio, mi partido es íntegro”, insiste. Como si los casos anteriores fueran cosa del pasado. “Las corruptelas de unos pocos no van a enmarañar la enorme tarea”. La tarea, claro, de seguir haciendo de las suyas mientras el ciudadano de a pie aprieta el cinturón. Mientras tanto, el sumario engorda y la credibilidad se evapora. El asunto, en resumen, huele a podrido. Y a excusas baratas.
PSOE: El Intento Fallido de 'Limpieza'
La política, señores, es como la lista de la compra: siempre hay alguien que intenta colarte un producto caducado. Y en esta ocasión, el producto tiene nombre y apellidos: 'Operación PSOE'. Una testigo, con la valentía de quien se enfrenta a un avispero, ha declarado ante la Guardia Civil (Madrid, 28 de mayo de 2026, a las 19:17 horas, que no es una hora para estar declarando, sino cenando) que un medio digital, Crónica Libre, se convirtió en el centro neurálgico de una campaña de desprestigio orquestada contra jueces, fiscales y periodistas. Todo regado con los 160 euros de Leire Díez (¡más que un café en la Gran Vía!) y financiado, según la declaración, con 18.125,50 euros de la campaña europea de Teresa Ribera, un pequeño detalle que, a efectos prácticos, es como tirar de la tarjeta de crédito sin mirar el saldo. El plan, digno de una serie de espías, consistía en recopilar información sensible y almacenarla en carpetas de Google Drive. Patricia López y Javier Pérez Dolset, los encargados de gestionar ese 'drive', parecían tener un acceso privilegiado, mientras la fundadora original, relegada a emitir facturas (como la que cobra el fontanero), observaba cómo la operación tomaba forma. ¿El objetivo? Desacreditar a figuras clave en la lucha contra la corrupción, como el fiscal Luzón o el juez Peinado. El grupo de WhatsApp 'Azahar' -un nombre que evoca jardines florecientes, cuando en realidad parece un campo de minas- completaba el cuadro. El contraste es brutal: mientras los ciudadanos aprietan el cinturón, se destinan fondos públicos (o para-públicos) a operaciones de dudosa legalidad. Y lo más inquietante no es el dinero en sí, sino la impunidad con la que se mueve este tipo de entramados. La declaración de la testigo, aunque 'voluntaria', es un síntoma más de la podredumbre que corroe las instituciones. Un agujero contable disfrazado de estrategia mediática. Un sablazo a la transparencia.
Sánchez: De la Elitista a la Guillotina
Pedro Sánchez, el adalid de la universidad pública, parece tener una memoria selectiva. O, para decirlo a la manera de la calle, le da un poquito de reparo recordar de dónde salió. Resulta que el presidente, que ahora amenaza con “chiringuitos educativos” para las universidades privadas, prefirió no aparecer en la foto de la orla de su promoción en el RCU María Cristina, un centro católico de pago en El Escorial, adscrito a la Complutense. ¿El motivo? Dicen las fuentes que su precoz afiliación al PSOE, allá por 1993, pesó más que el orgullo de lucir la banda de licenciado. Curiosamente, el mismo Sánchez que ahora critica la “fábrica de títulos”, ocultó durante años haber estudiado allí, limitándose a mencionar la Complutense. Un pequeño detalle que contrasta con la firmeza con la que ahora ataca a la educación privada, tildándola de carente de “rigor y escrúpulos”. Y no solo él, sino cuatro de sus ministros –Grande-Marlaska, Albares, Saiz y Hereu– también se formaron en universidades privadas, una ironía que duele más que un sablazo en la factura de la luz. El RCU María Cristina, cuna de ilustres como Azaña, ha visto desfilar a generaciones de licenciados, pero a Sánchez le dio vergüenza figurar en la orla. ¿Quizás temía que le recordaran que, mientras él se preparaba para la vida política, otros se conformaban con hacer la lista de la compra? La verdad, da la impresión de que el presidente está dispuesto a tirar de la tarjeta roja a la educación privada, pero olvida que él mismo se benefició de ella. Y, como suele pasar, la hipocresía es el último refugio de los políticos.
Marlaska: Papa antes que tu comisaría
El guion es predecible: mientras la ciudadanía hace equilibrios con la inflación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que la seguridad en las comisarías es negociable. ¿El motivo? Desvestir a San Pedro para vestir al Papa León XIV, que aterrizará en Tenerife el 12 de junio. Agentes de la Policía Nacional, con el cinismo a flor de piel, denuncian que han desmantelado la seguridad en al menos siete comisarías de Tenerife, retirando arcos de seguridad y escáneres (cada uno rondando los 10.000 euros, ojo al detalle). En lugar de reforzar la seguridad, la orden ha sido “desnudar” las dependencias policiales, dejándolas en un nivel de protección que recuerdan a los controles de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto, con sus paletas detectoras. La ironía, como siempre, es que Hacienda, con sus arcos, permanece intocable. La Policía, según sus propios agentes, se siente “la última mierda” del gobierno de Pedro Sánchez. No es solo la falta de medios, es la priorización absurda: 500.000 euros en abanicos y gorras de Tráfico, fusiles antiguos embellecidos para desfiles… y comisarías desprotegidas. El despliegue para la visita papal involucrará a más de 15.000 agentes, 600 vehículos, y un arsenal tecnológico que incluye 160 arcos de detección de metales... muchos de los cuales, ahora mismo, deberían estar protegiendo a la gente, no al Pontífice. La operación, bautizada como 'Gracia', parece tener poca gracia para quienes deben mantener la seguridad diaria. El riesgo es palpable: un nivel 4 de alerta antiterrorista y agresiones crecientes a las fuerzas de seguridad no son el mejor contexto para andar recortando recursos. La Policía se enfrenta al “mayor reto logístico de su historia”, pero con un chaleco antibalas para cada tres agentes en prácticas, la historia resulta, como mínimo, kafkiana.
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