Crítica:
La noticia es un claro ejemplo de cómo se intenta justificar lo injustificable, y el titular es una simplificación peligrosa de un argumento profundamente preocupante. Falta contexto sobre las investigaciones en curso.
La noticia es un claro ejemplo de cómo se intenta justificar lo injustificable, y el titular es una simplificación peligrosa de un argumento profundamente preocupante. Falta contexto sobre las investigaciones en curso.
Ochenta y un millones, seisсот mil euros. Casi lo que cuesta un equipo de fútbol de segunda división. Pero no para fichajes, sino para… ¿reinsertar laboralmente a 697 profesionales del placer? El Plan Camino, la joya de la corona de Irene Montero, ha resultado ser un auténtico derroche. Unas matemáticas sencillas nos dejan una cifra escalofriante: 117.073 euros por trabajadora, un precio que haría sonrojar a cualquier gurú del coaching. Y no nos vengamos arriba con las críticas, que según el Ministerio de Igualdad, en 2022 se ‘asesoró legalmente’ a casi 3.000 mujeres. ¿Asesoramiento? ¿O un seguro por si acaso? La cosa mejora, o empeora, según se mire, en 2023, con 1.933 orientaciones, lo que deja una tasa de inserción laboral del 1,9%. Menos de dos de cada cien. Un dato que, visto así, suena a rifa fallida. Y ojo, que a eso hay que sumarle que más de la mitad de las atendidas eran inmigrantes en situación irregular, y que parte del dinero se fue a regularizar papeles. Un negocio redondo, vamos. Pero lo realmente escandaloso es la falta de transparencia. ¿Qué tipo de empleos encontraron? ¿Duraron lo suficiente para pagar el café? ¿Siguen trabajando? El Ministerio de Ana Redondo prefiere guardar silencio. Como si el silencio fuera un arma de destrucción masiva de la credibilidad. El Plan Camino, que aspiraba a ser un camino hacia la libertad, se ha convertido en un laberinto de cifras opacas y resultados decepcionantes. Un agujero contable con aroma a perfume caro y promesas incumplidas.
Montenegro. La cumbre de la UE y los Balcanes, un escenario idílico para que Pedro Sánchez intente apagar el incendio. Porque, señores, el humo sale por todas partes. El sumario, un ladrillo de esos que te dejan el brazo agarrotado, le acusa de ser el “one”, la marioneta principal, el titiritero de una trama para “proteger los intereses” del Gobierno. Intereses, léase, que probablemente no coincidan con los de la señora que hace la compra. Sánchez, con cara de pocos amigos –algo habitual, la verdad– niega ser el susodicho “one”. Evita “valoraciones”, es decir, no quiere mojarse hasta ver qué le sale gratis. Dice que no avaló, no supo, no toleró. Un mantra que ya conocemos bien. Las “andanzas” de Leire Díez, la mano derecha de todo esto, quedan retratadas como una simple excursión. Indignación, dice, está indignado. Como si la indignación fuera un salvavidas en medio de un huracán. “Dejemos trabajar a la justicia”, sentencia, mientras su partido, con “rigor y solvencia” –léase, un ejército de abogados caros– analiza la documentación. ¿Qué harán? Defender la “honorabilidad y limpieza del PSOE”. La misma limpieza que un felpudo. “Mi gobierno es limpio, mi partido es íntegro”, insiste. Como si los casos anteriores fueran cosa del pasado. “Las corruptelas de unos pocos no van a enmarañar la enorme tarea”. La tarea, claro, de seguir haciendo de las suyas mientras el ciudadano de a pie aprieta el cinturón. Mientras tanto, el sumario engorda y la credibilidad se evapora. El asunto, en resumen, huele a podrido. Y a excusas baratas.
La política, señores, es como la lista de la compra: siempre hay alguien que intenta colarte un producto caducado. Y en esta ocasión, el producto tiene nombre y apellidos: 'Operación PSOE'. Una testigo, con la valentía de quien se enfrenta a un avispero, ha declarado ante la Guardia Civil (Madrid, 28 de mayo de 2026, a las 19:17 horas, que no es una hora para estar declarando, sino cenando) que un medio digital, Crónica Libre, se convirtió en el centro neurálgico de una campaña de desprestigio orquestada contra jueces, fiscales y periodistas. Todo regado con los 160 euros de Leire Díez (¡más que un café en la Gran Vía!) y financiado, según la declaración, con 18.125,50 euros de la campaña europea de Teresa Ribera, un pequeño detalle que, a efectos prácticos, es como tirar de la tarjeta de crédito sin mirar el saldo. El plan, digno de una serie de espías, consistía en recopilar información sensible y almacenarla en carpetas de Google Drive. Patricia López y Javier Pérez Dolset, los encargados de gestionar ese 'drive', parecían tener un acceso privilegiado, mientras la fundadora original, relegada a emitir facturas (como la que cobra el fontanero), observaba cómo la operación tomaba forma. ¿El objetivo? Desacreditar a figuras clave en la lucha contra la corrupción, como el fiscal Luzón o el juez Peinado. El grupo de WhatsApp 'Azahar' -un nombre que evoca jardines florecientes, cuando en realidad parece un campo de minas- completaba el cuadro. El contraste es brutal: mientras los ciudadanos aprietan el cinturón, se destinan fondos públicos (o para-públicos) a operaciones de dudosa legalidad. Y lo más inquietante no es el dinero en sí, sino la impunidad con la que se mueve este tipo de entramados. La declaración de la testigo, aunque 'voluntaria', es un síntoma más de la podredumbre que corroe las instituciones. Un agujero contable disfrazado de estrategia mediática. Un sablazo a la transparencia.
Pedro Sánchez, el adalid de la universidad pública, parece tener una memoria selectiva. O, para decirlo a la manera de la calle, le da un poquito de reparo recordar de dónde salió. Resulta que el presidente, que ahora amenaza con “chiringuitos educativos” para las universidades privadas, prefirió no aparecer en la foto de la orla de su promoción en el RCU María Cristina, un centro católico de pago en El Escorial, adscrito a la Complutense. ¿El motivo? Dicen las fuentes que su precoz afiliación al PSOE, allá por 1993, pesó más que el orgullo de lucir la banda de licenciado. Curiosamente, el mismo Sánchez que ahora critica la “fábrica de títulos”, ocultó durante años haber estudiado allí, limitándose a mencionar la Complutense. Un pequeño detalle que contrasta con la firmeza con la que ahora ataca a la educación privada, tildándola de carente de “rigor y escrúpulos”. Y no solo él, sino cuatro de sus ministros –Grande-Marlaska, Albares, Saiz y Hereu– también se formaron en universidades privadas, una ironía que duele más que un sablazo en la factura de la luz. El RCU María Cristina, cuna de ilustres como Azaña, ha visto desfilar a generaciones de licenciados, pero a Sánchez le dio vergüenza figurar en la orla. ¿Quizás temía que le recordaran que, mientras él se preparaba para la vida política, otros se conformaban con hacer la lista de la compra? La verdad, da la impresión de que el presidente está dispuesto a tirar de la tarjeta roja a la educación privada, pero olvida que él mismo se benefició de ella. Y, como suele pasar, la hipocresía es el último refugio de los políticos.
El guion es predecible: mientras la ciudadanía hace equilibrios con la inflación, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha decidido que la seguridad en las comisarías es negociable. ¿El motivo? Desvestir a San Pedro para vestir al Papa León XIV, que aterrizará en Tenerife el 12 de junio. Agentes de la Policía Nacional, con el cinismo a flor de piel, denuncian que han desmantelado la seguridad en al menos siete comisarías de Tenerife, retirando arcos de seguridad y escáneres (cada uno rondando los 10.000 euros, ojo al detalle). En lugar de reforzar la seguridad, la orden ha sido “desnudar” las dependencias policiales, dejándolas en un nivel de protección que recuerdan a los controles de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto, con sus paletas detectoras. La ironía, como siempre, es que Hacienda, con sus arcos, permanece intocable. La Policía, según sus propios agentes, se siente “la última mierda” del gobierno de Pedro Sánchez. No es solo la falta de medios, es la priorización absurda: 500.000 euros en abanicos y gorras de Tráfico, fusiles antiguos embellecidos para desfiles… y comisarías desprotegidas. El despliegue para la visita papal involucrará a más de 15.000 agentes, 600 vehículos, y un arsenal tecnológico que incluye 160 arcos de detección de metales... muchos de los cuales, ahora mismo, deberían estar protegiendo a la gente, no al Pontífice. La operación, bautizada como 'Gracia', parece tener poca gracia para quienes deben mantener la seguridad diaria. El riesgo es palpable: un nivel 4 de alerta antiterrorista y agresiones crecientes a las fuerzas de seguridad no son el mejor contexto para andar recortando recursos. La Policía se enfrenta al “mayor reto logístico de su historia”, pero con un chaleco antibalas para cada tres agentes en prácticas, la historia resulta, como mínimo, kafkiana.
La Casa Real, en una jugada digna de campeonato de burocracia, ha remitido al Ministerio de Presidencia la petición de Manos Limpias para que el Rey Felipe VI inste a Pedro Sánchez a dimitir y convocar elecciones. Sí, como si el jefe de Estado fuera un mensajero de alta velocidad. El sindicato, liderado por Miguel Bernad (84 años, con más fuelle que algunos ministros), quería una citación real, al estilo “ven aquí, explícate”, pero la Zarzuela, citando artículos de la Constitución como si fueran excusas prefabricadas, ha respondido que para eso está Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia. Básicamente, te mandan a la ventanilla 7. Manos Limpias, conocido por su afición a la acusación popular (y por haber contribuido a sentar a Iñaki Urdangarin, el ex cuñado real, en el banquillo), se niega a aceptar esta respuesta protocolaria. Bernad insiste en que el Rey puede ser árbitro sin necesidad de que Sánchez le dé el visto bueno. ¿Una comparecencia para sugerir una dimisión? Suena a té con el jefe del Estado, pero con consecuencias políticas. La Constitución, como suele ocurrir, es un campo de batalla legal. ¿Puede el Rey ser árbitro sin el refrendo del Gobierno? La Zarzuela, con la precisión de un cirujano, ha dejado claro que no. Y como el propio Sánchez ha manifestado que piensa agotar la legislatura, la petición de Manos Limpias parece destinada a engrosar el archivo de deseos imposibles de la monarquía. Mientras tanto, la izquierda fulmina al sindicato y la derecha sonríe a medias. Todo un drama cortesano con olor a anticipo electoral que, por cierto, costará más que la lista de la compra de todo un barrio.
Irene Montero, la exministra de Igualdad y actual Eurodiputada, se ha visto envuelta en un pequeño contratiempo. O, para ser más precisos, en un 'fail' de proporciones épicas en plena manifestación de profesores valencianos. Mientras los docentes, en huelga desde hace cuatro semanas, luchan por salarios dignos (porque, seamos serios, educar a la próxima generación no debería ser un trabajo de vocación exclusivamente), Montero decidió apoyar la causa… con un 'ayudante' que sujetaba su móvil. Un detalle sutil, casi imperceptible, que rápidamente desvelaron los internautas. El vídeo, publicado en Instagram y X, pretendía ser un espontáneo 'selfie' reivindicativo. La pregunta que ronda ahora es: ¿cuánto cuesta ese 'selfie' a los contribuyentes? Porque mientras el Govern de la Generalitat parece ajeno al 'incendio' de la huelga, alguien estaba pagando para que la imagen de Montero saliera perfecta. Un giro irónico, viniendo de alguien que, según comentan las redes, prefiere la educación privada para sus propios hijos. La paradoja es deliciosa. La cosa no acaba ahí. Los comentarios se multiplican, desde acusaciones de 'postureo' hasta recordatorios sobre su 'ingeniería financiera' personal. La ironía es que, mientras los profesores pierden dinero en la huelga, alguien estaba embolsándose una paga extra para sujetar un teléfono móvil. Un pequeño 'agujero contable' en la causa obrera, cortesía de Podemos y la necesidad imperiosa de una buena imagen en redes sociales. Y todo esto, mientras la escuela pública valenciana arde, en sentido figurado… y quizás también en el literal si la cosa se pone fea.
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