Crítica:
La noticia es interesante, pero carece de una investigación más profunda sobre los cambios en los protocolos de Correos y las posibles implicaciones. El titular, aunque llamativo, simplifica demasiado una situación compleja.
El PSOE ha ganado el voto exterior en las cuatro autonomías en las que ha arrasado el PP
PSOE arrasa… ¡pero a kilómetros!
Otros artículos
Romero: El 'Plomo' en la Cloaca PSOE
Las libretas de Leire Díez, una suerte de agenda secreta escrita a mano, han destapado un aquelarre informativo donde el periodista José Manuel Romero, antes en ‘El País’ y ahora en ‘elDiario.es’, aparece como un contacto clave para la militante socialista. Un simple “Romero, en unos días”, garabateado entre notas sobre abogados y futuros libros, es suficiente para levantar la polvareda. ¿Coordinación? ¿Influencia? La pregunta flota en el aire mientras la UCO revisa cada coma de esos apuntes. En 2025, Romero juraba ante el Supremo conocer información clave antes que el mismísimo fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero la sentencia lo desmintió. Ahora, la libreta de Leire Díez le devuelve al foco, sugiriendo una estrategia conjunta donde los movimientos legales y mediáticos danzaban al son de WhatsApp. “Hablé con Romero”, confirmaba Leire, mientras Teijelo, su abogado, aprobaba: “Vale. Yo he quedado con el de la SER”. El 7 de marzo de 2026, para ser exactos. La cosa se pone más turbia cuando vemos que Romero, de forma inusual en el gremio, acudió a un notario para defender al fiscal general. Un acto que levanta ampollas y huele a chamusquina. Mientras tanto, ‘elDiario.es’ publicaba artículos que, según los chats, ya se estaban “gestionando” con la SER. El 20 de enero de 2025, Leire Díez anunciaba que estaba “preparando una cosa con los medios”. ¿Qué cosa, exactamente? Las libretas no lo dicen, pero la sombra de la manipulación informativa se alarga sobre la escena. Todo esto, mientras el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, era acusado de difundir información falsa, según Romero, en un artículo publicado por ‘El País’ a las 22:38 del 13 de marzo de 2024.
PSOE: Tejiendo querellas sin hilo
El aire huele a palos mojados en la cloaca política. Leire Díez, ex militante socialista, y Jacobo Teijelo, el abogado personal de Santos Cerdán, urdieron una trama digna de novela barata: acusar a Repsol de financiar al PP. ¿El problema? Sin una sola prueba sólida, solo un “olor” sospechoso detectado en un WhatsApp del 10 de enero de 2025. Teijelo, cual detective de pacotilla, lanzó la teoría de una conexión turbia entre Repsol, Venezuela, PDVSA y figuras del PP como Aznar, Cortina y Feijóo. Díez, sin pestañear, respondió un lacónico “Absolutamente”, adjudicándole el caso sin más trámite. El chat desvela que no buscaron pruebas, sino que construyeron primero la acusación y luego intentaron encontrar un respaldo jurídico. Un ejercicio de ingeniería narrativa, un “sablazo” a la credibilidad. Teijelo, consciente de lo endeble de su castillo de naipes, admitió que la investigación tenía “lagunas importantes” y que faltaba “la historia de Aldama”. A pesar de ello, continuaron con el plan, filtrando información a periodistas para darle forma mediática a su fantasía. La ironía es que la querella, tejida con hilos invisibles, ha terminado convirtiéndose en el arma que el PP ha usado para denunciar a Teijelo y a Díez ante la Fiscalía Anticorrupción. Los cazadores, ahora, son la presa. Un agujero contable en la reputación del PSOE que huele, precisamente, a financiación ilegal... pero no de la que acusaban. ¿Quién pagó la factura de esta operación? La pregunta flota en el aire, más densa que el petróleo de Venezuela.
EFE: El Sablazo a los Directivos
La Agencia EFE, faro de la información... o al menos eso se supone, se ha convertido en el perfecto ejemplo de cómo la hipocresía se disfraza de “retribución variable”. Mientras los directivos se abrochan el cinturón de seguridad con bonus de casi 700.000 euros, los periodistas, los que realmente hacen el trabajo, se preguntan si el próximo sueldo dará para llegar a fin de mes. El presidente, Miguel Ángel Oliver, engordó su cuenta corriente en 191.044,74 euros en 2025, de los cuales 53.025,66 fueron solo por “cumplir objetivos” (que nadie ha visto, por cierto). La deuda de la agencia se aproxima peligrosamente a los 20 millones de euros en 2025, una cifra que contrasta brutalmente con la alegría en las cuentas de los altos cargos. Javier Lizón, secretario general del Sindicato Independiente, lo resume a la perfección: un redactor apenas rasca los 27.000 euros anuales, mientras que Oliver necesita… ¡otra secretaria! (con un salario 15.000 euros superior). La cosa se pone más surrealista si recordamos la situación de los corresponsales en Oriente Próximo y Buenos Aires, que luchan por sueldos que no alcanzan los 1.000 o 400 euros mensuales, respectivamente. Pero no todo es dinero. La agencia se aventura en proyectos de “nuevas narrativas” como Gen F, que los sindicatos tildan de “chiringuitos para amiguetes” y que parecen alejarse cada vez más de la esencia de un servicio público. Y mientras tanto, la sede de Sevilla, abandonada desde hace tres años, sigue pagando alquiler. ¿Alguien entiende algo? La Agencia EFE, en resumen, parece estar navegando a la deriva, con una dirección más preocupada por engordar sus propios bolsillos que por mantener a flote el barco. La tasa de reposición, lejos de contratar periodistas, se dedica a fichar comerciales y secretarias. La lógica es implacable: cuanto peor, mejor.
Puente: Ocultando la avería del tren.
Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha decidido que algunas preguntas son demasiado incómodas. En lugar de facilitar el número de incidencias en la línea Barcelona-Girona entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, prefiere llevar el asunto a la Audiencia Nacional. ¿El motivo? Que, según ADIF, recopilar esa información es como buscar una aguja en un pajar de 14.345 circulaciones. ¡Un pajar con facturas! El Consejo de Transparencia, con una lógica que parece escaparse al Ministerio, ya había dictaminado que la petición era sencilla: el total de incidencias, nada más. No un desglose digno de Einstein. Pero esto no es nuevo. ADIF tiene un historial de rechazar solicitudes de información alegando que es como pedirles una auditoría completa. Que atender esas peticiones es un “despilfarro” de recursos, como si informar a los ciudadanos fuera un lujo que no nos podemos permitir. El caso de las Cercanías de Madrid en 2020-2024 es un ejemplo claro. Mientras tanto, el sistema ferroviario español sigue tambaleándose. Problemas de puntualidad, el accidente de Adamuz, limitaciones de velocidad en Madrid-Extremadura… y el Ministerio prefiriendo batallas legales a dar cuentas. ¿Acaso temen que la lista de incidencias sea más larga que la lista de la compra de un mes? La Audiencia Nacional decidirá si las limitaciones técnicas son una excusa válida para ocultar información o si la transparencia es un derecho fundamental, incluso cuando se trata de trenes que llegan tarde. La pregunta es: ¿qué están escondiendo realmente?
Air Europa: El rescate a la carta
La agenda de Leire Díez, esa fontanera del PSOE con más contactos que el servicio técnico oficial, lo confirma: el rescate de Air Europa, esos 475 millones de euros, se cocinó a fuego lento meses antes de que el Gobierno lo aprobara. Mientras tú y yo nos apretábamos el cinturón para pagar la gasolina, Globalia, la matriz de Air Europa, tenía una línea directa con el poder. ¿La prueba? Anotaciones en cuadernos, reuniones secretas, y un “permiso de Europa” que se solicitaba cuando la deuda superaba los 300 millones. Una auténtica ingeniería financiera disfrazada de rescate estratégico. El CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, no era de los que esperan sentado. Presionó a asesores y altos cargos, porque claro, en tiempos de pandemia, el dinero público no crece en los árboles. Y mientras tanto, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, seguía moviendo los hilos desde la sombra, con un despacho a su disposición y conversaciones semanales con su sucesor. Un “papel no visible pero oficial”, según la propia Leire, para seguir “interlocutando” en operaciones complejas. En resumen, una SEPI paralela, un club de amigos donde los favores se intercambian por villas en Marbella (9.500€ de alquiler pagados por la secretaria del ministro, qué detalle) y patrocinios a fundaciones afines (40.000€ anuales al Africa Center de Begoña Gómez). Pero la cosa no acaba ahí. La trama se extiende a contratos inflados, rescates sospechosos (como el de Tubo Reunidos, con comisiones millonarias para Fernández) y mensajes explícitos (“A ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil”). La justicia investiga si todo esto fue una orquestación para desestabilizar cualquier investigación que afectara a los intereses del PSOE. Un agujero contable de 132,9 millones de euros, y una sensación generalizada de que, en este país, el rescate es para unos pocos, y la factura, para todos.
Aldesa: La ‘Empresa B’ de los contratos
La trama destapada con las notas de Leire Díez huele a podrido, y no a jazmín. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números de la lista de la compra, Aldesa, una constructora que ha visto pasar más ministerios que cambios de gobierno, se ha embolsado 176 millones en contratos públicos desde que Óscar Puente aterrizó en el Ministerio de Transportes. ¿Casualidad? La UCO, con lupa en mano, ha encontrado un laberinto de reuniones secretas entre Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y Alejandro Fernández, exCEO de Aldesa, muy amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. El tema: montar una “empresa B”, una tapadera para, digamos, optimizar los beneficios. Los chinos, a través de China Railway Construction Corporation (CRCC), entraron en la ecuación, comprando Aldesa y dando luz verde a la operación. Y ahí está Julito, testaferro de Zapatero, cobrando 127.000 euros de Aldesa por “consultoría estratégica”. Un sablazo en toda regla. Leire Díez, la encargada de “desactivar causas judiciales”, lo apuntaba todo en sus libretas, como quien anota los gastos del mes. Un proyecto confidencial en Sevilla, con Tragsa y Acciona en el horizonte, completaba el cuadro. La trama se teje entre contratos, testaferros y una red de favores que parece no tener fin. Aldesa, con el beneplácito de ADIF y la Dirección General de Carreteras, ha recibido un flujo constante de dinero público. La pregunta es: ¿quién se beneficia de todo esto? Y, sobre todo, ¿a quién le cuesta la broma?
Cerdán quiso fulminar a sus jefes
El PSOE, ese club de fans del “no sabía, no sabía”, se desmorona por dentro. Santos Cerdán, ex-número tres, intentó dinamitar la cúpula de Interior –Marlaska y González– porque la UCO, esa unidad que no perdona, le estaba respirando en la nuca. Pedía cabezas, sí, mientras la suya ya rodaba en la investigación sobre los contratos amañados. Un sainete de palacio que comenzó en noviembre de 2024, con la imputación de Ábalos, y que explotó en junio de 2025 con Cerdán tras las rejas. Sánchez, fiel a su estilo, hizo oídos sordos, como cuando calificó de “inventadas” las revelaciones que ahora le persiguen. Mercedes González, recuperada para “controlar” la Guardia Civil tras el cese de Marcos (supuestamente por “motivos personales”, claro), acabó en el ojo del huracán al denunciarse que alertó a Koldo García sobre la investigación del caso Koldo. Un chivatazo que, según la versión oficial, fue un malentendido. La UCO, mientras tanto, se negaba a poner el pie en el freno, pese a las instrucciones de Llamas, el DAO, que pedía “perfil bajo” en asuntos “con afectación política”. La trama se complica con testimonios como el de Carmen Pano, que asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo, y las acusaciones de Víctor de Aldama sobre comisiones y amaños. Pero Sánchez, imperturbable, mantuvo a Cerdán y Montero en sus puestos hasta que la UCO destapó su participación en Servinabar. Ahora, las fuentes gubernamentales hablan de “víctimas” y de una “cloaca” orquestada por Cerdán, mientras el PSOE niega cualquier implicación. Todo un drama, servido en bandeja de plata, con un regusto a podrido que ya conocemos.
Comentarios