Crítica:
El texto se centra más en la reacción a la filtración que en la filtración en sí. Falta contexto sobre la gravedad real del tráfico de influencias y se presta demasiada atención a la burocracia interna de la Guardia Civil.
El texto se centra más en la reacción a la filtración que en la filtración en sí. Falta contexto sobre la gravedad real del tráfico de influencias y se presta demasiada atención a la burocracia interna de la Guardia Civil.
La política, señores, es como la lista de la compra: siempre hay algo oculto entre los tomates. El 19 de mayo de 2026, mientras José Luis Rodríguez Zapatero recibía una imputación en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal (un menú para paladecer, vamos), Washington ya tenía un plan urdido. No querían que el expresidente hiciera escala en Santo Domingo camino de Caracas, sospechando que llevaba pruebas que comprometerían a ciertos intereses. Imaginen la escena: agentes del Departamento del Tesoro, como en una película de espías de serie B, esperando en el Aeropuerto Internacional Las Américas. La orden era clara: “retenerlo”. Zapatero, según fuentes cercanas al Departamento de Estado, tenía una cita con Jorge Rodríguez y su hermana Delcy, los nuevos inquilinos del Palacio de Miraflores tras la caída de Maduro (cortesía de Donald Trump, nada menos). EEUU temía que Zapatero, con su “poder en la sombra” (Segundo Martínez, su exjefe de seguridad, figura como “sujeto de interés” en informes estadounidenses), estuviera intentando borrar huellas. La imputación, para Washington, fue casi un regalo del cielo, un “alivio” porque existía el temor de que la “influencia” de Zapatero en España pudiera torpedear la investigación. Todo esto, mientras la Audiencia Nacional investigaba un agujero contable y posibles fraudes fiscales. Y la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez desde 2024, observaba en silencio. La trama se complica con la Ley RICO, una herramienta legal estadounidense para perseguir el crimen organizado y el narcotráfico, y una lista de 64 personas investigadas por sus vínculos con el régimen chavista, donde Zapatero comparte espacio con otros dos españoles y referentes de la izquierda internacional. En resumen, un avispero que huele a petróleo, corrupción y geopolítica de alto nivel.
España se blinda. No, no con chalecos, sino con subfusiles CZ Scorpion EVO3 A1. ¿El motivo? Un repunte del 42,2% en la incautación de armas blancas desde 2019, según datos oficiales del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde las 15.140 en 2019 hasta las 21.534 en 2025, la colección crece más rápido que la lista de la compra en un hogar con adolescentes. Paralelamente, las reyertas mensuales, esas peleas que antes se solucionaban a hostias, han alcanzado las 2.600, un dato que dinamita cualquier optimismo. La respuesta del Ejecutivo socialista, tras la pregunta del diputado de Bildu Jon Iñarritu, es simple: más poder de fuego para la Policía. Subfusiles para los agentes de Seguridad Ciudadana, UPR, Udyco, GOR… hasta las unidades de élite de Policía Judicial. Según fuentes policiales, la pistola actual es “mierda”, y la nueva arma es “mucho más letal”. Como si el problema fuera la herramienta, no la violencia que la impulsa. El contraste es brutal. Mientras el gobierno admite el aumento de la violencia, la respuesta es armar más a la policía, acercándonos peligrosamente al modelo de seguridad de Estados Unidos. ¿Y los datos sobre heridos y fallecidos? El Gobierno admite que no tiene ni idea. No hay registro, no hay sistematización, no hay información. Solo un aumento constante de armas en la calle y una escalada de violencia que justifica, según el Ministro, ceder ante las presiones de los altos mandos. En resumen, la solución a la violencia es… más violencia. El círculo, señores, se cierra.
La UCO, esa unidad de la Guardia Civil que parece sacada de una novela de espías, ha desenterrado un nuevo capítulo en la saga interminable de las cloacas del PSOE. Y no, no es un thriller de Netflix, es la realidad, aunque a veces cueste creerlo. El hallazgo: una anotación manuscrita de Leire Díez, mano derecha de Santos Cerdán, que vincula las iniciales “P.S.” directamente con Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo. ¿La estrategia? Buscar un abogado para el hermano de Sánchez y, de paso, intentar apartar a una jueza que se les ponía demasiado escrupulosa. La libreta, encontrada en el sótano de Ferraz, el búnker socialista, describe la posibilidad de que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada se convirtiera en acusación popular. Todo esto, mientras Joaquín Parra, un empresario con más problemas que un calcetín desparejado, actuaba como intermediario, ofreciendo información a cambio de favores. La cosa huele a podrido, como fruta olvidada en la frutería. El informe policial revela que Leire Díez estaba al tanto de todo, e incluso le comentó a Parra que contaban con “capacidad para influir en la Fiscalía”. Vamos, que la justicia, según ellos, era como un títere manejado desde el Gobierno. Y, para rematar, una anotación en la libreta de Cerdán: “Badajoz que fiscalía apoye la recusación”. ¿Casualidad? Difícilmente. En resumen, una trama digna de serie, con nombres, fechas (marzo de 2025, mayo de 2026) y un sinfín de gestiones para proteger al hermano del presidente. Mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes, estos señores se preocupan por salvar a sus familiares y controlar el poder judicial. La UCO, con su informe de 16 testigos y diez investigados, ha puesto sobre la mesa un rompecabezas que, según ellos, solo encaja de una manera. Veremos si la justicia, esa que supuestamente es independiente, llega a la misma conclusión.
El caso Koldo sigue dando coletazos, pero esta vez el foco lo apunta directamente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La UCO, esa unidad que tanto molesta a los que prefieren que ciertas cosas queden bajo la alfombra, ha desenterrado que González activó el borrado automático de mensajes con Leire Díez, una periodista con fama de 'cloaquera' socialista, apenas dos horas antes de que se ordenara una investigación interna contra… la propia UCO. ¿Coincidencia? En el mundo del espionaje político, las coincidencias suelen ser tan sospechosas como un billete de 500 euros encontrado en el bolsillo de un político. El informe de la UCO, con sus 106 folios, detalla cómo González, a las 9:16 del 11 de mayo de 2025, puso en marcha el autodescubrimiento de mensajes con Díez, un sistema que garantiza que cualquier conversación comprometedora desaparezca sin dejar rastro en 24 horas. Menos de dos horas y media después, el DAO (Director Adjunto Operativo) estaba reunido en la cafetería de la Guardia Civil para investigar una supuesta filtración de la UCO. La ironía, si es que cabe, es que la filtración, según el propio jefe de la Policía Judicial, no provenía de la UCO. Aún así, la investigación siguió su curso… durante doce días más. La UCO ha documentado al menos tres encuentros entre González y Díez, y un intercambio de mensajes donde apostaron una comida a que las filtraciones venían de la UCO. Una apuesta que, vista ahora, parece un intento de desviar la atención. Tres investigaciones internas a la UCO en menos de un año, con números de expediente inusuales, sugieren una clara intención de desacreditar a la unidad que investiga los entresijos del poder. Mientras tanto, el juez Santiago Pedraz deberá decidir si toda esta maraña de mensajes borrados, reuniones secretas y expedientes inusuales son solo una serie de coincidencias desafortunadas o, como sospechan muchos, una orquestada campaña para proteger a ciertos nombres del Gobierno.
El ex presidente Zapatero, con el agua al cuello, ha pedido otra prórroga al juez Calama. ¿El motivo? Espera, con la paciencia de un santo, a que le lleguen unos “certificados” desde países árabes que justifiquen la procedencia de sus joyas, tasadas en 1,3 millones de euros. Es decir, mientras tú y yo sudamos la gota gorda para pagar el IRPF, alguien espera a que le certifiquen de dónde salió un pequeño detalle de más de un millón de euros. La UDEF encontró estos adornos en su despacho de Ferraz, un lugar que, según parece, era más una joyería que una oficina. Y no solo eso, el juez Calama lo acusa de liderar una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, un eufemismo para decir que, presuntamente, usaba sus contactos para favorecer a amigos a cambio de… bueno, de joyas, al parecer. La primera prórroga se justificó por “la complejidad de la causa”, una excusa que suena hueca cuando lo que falta es, precisamente, justificación. Mientras tanto, el ex presidente, recluido en Las Rozas, se sincera con su entorno: “Yo ya sé que estoy condenado”. Un mea culpa tardía que, por cierto, no parece preocuparle demasiado a sus colaboradores en Oriente Próximo, que andan buscando esos preciados certificados. La cosa pinta fea, incluso para un experto en “salvada la papada”. La declaración por el rescate de Plus Ultra sigue en pie, añadiendo más leña al fuego. La trama, en resumen, es digna de una serie, pero con un sabor amargo a impunidad y a la eterna pregunta: ¿de dónde sale el dinero?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) planea, según destapa la periodista Róisín Michaux, “instruir” a los gobiernos para que incluyan la terapia hormonal trans en la sanidad pública antes de finales de junio de 2026. Mientras el ciudadano de a pie lucha por conseguir una cita con el médico de cabecera, la OMS propone crear centros de “excelencia” para formar a los profesionales, como si cambiar de sexo fuera tan rutinario como tratar la diabetes. La guía, enfocada inicialmente en adultos, busca integrar estos tratamientos en la atención primaria, y el grupo de desarrollo está plagado de activistas y clínicos con intereses previos, algunos vinculados a la prevención del VIH. ¿Casualidad? El informe Cass, tras analizar 113.269 casos de menores, ya advirtió que el auge de la disforia de género no tiene base biológica, sino psicológica y social. En otras palabras, a muchos jóvenes les da por cambiar de sexo porque tienen otros problemas, y la solución no es hormonarlos. Organizaciones como Lesbians United alertan de los efectos devastadores de los bloqueadores de la pubertad en el esqueleto, el sistema cardiovascular y hasta el sistema inmunológico. Y estudios finlandeses confirman que quienes se someten a la “reasignación de género” ven sus problemas mentales dispararse: del 9,8% al 60,7% en chicos que se sienten chicas, y del 21,6% al 54,5% al revés. La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, indignada, recuerda que la OMS sacó la disforia de género de la lista de enfermedades mentales sin pruebas, y ahora quiere que los contribuyentes paguen por algo que, según ellos, no es una enfermedad. La paradoja es tan grande que duele.
El PSOE y los restaurantes. Una historia que huele a rancio, más que a cochinillo asado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desenterró una trama de facturas trucadas que, como una mancha de aceite en la camisa nueva, mancha la imagen del partido. Al menos 15.450 euros, un 'pequeño' agujero contable, se deslizaron por el desagüe de un restaurante madrileño, La Tragantía, conocido por ser punto de encuentro de la trama Ábalos. ¿La mecánica? Sencilla. 2.000 euros mensuales, como el sablazo de la luz en verano, pero destinados a fines turbios. No hablamos de cenas de empresa, sino de comisiones ilegales disfrazadas de 'gastos de representación'. El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García Izaguirre, los nombres propios de esta pantomima, parecían tener una predilección por facturas redondas: 120, 210, 300 euros... ¡Como si estuvieran comprando calcetines en lugar de inflar facturas! Un absurdo estadístico, según los investigadores, que desafía la lógica de cualquier camarero. Pero la cosa no acaba ahí. Carmen Pano, una empresaria con más valentía que sentido común, asegura haber transportado 90.000 euros en efectivo hasta la sede del PSOE en Ferraz, en bolsas como si fuera la compra del mes. Dinero que necesitaba, obviamente, un ‘lavado’ a través de esas facturas milagrosas. El Tribunal de Cuentas ya está peinando cada recibo con lupa, buscando la aguja en el pajar de la corrupción. Un pajar que, a juzgar por las pruebas, parece estar bastante poblado. La sofisticación del blanqueo de capitales, al servicio de la ‘normalidad’ de un partido político. ¿Irónico? Solo un poco.
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