¿Dónde están los datos sobre los costes reales de esta terapia? La noticia se centra en la controversia, pero ignora el impacto económico en los sistemas sanitarios públicos. La fuente principal es una periodista, lo cual es válido, pero se echan en falta voces de expertos independientes.
El caso Koldo sigue dando coletazos, pero esta vez el foco lo apunta directamente a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La UCO, esa unidad que tanto molesta a los que prefieren que ciertas cosas queden bajo la alfombra, ha desenterrado que González activó el borrado automático de mensajes con Leire Díez, una periodista con fama de 'cloaquera' socialista, apenas dos horas antes de que se ordenara una investigación interna contra… la propia UCO. ¿Coincidencia? En el mundo del espionaje político, las coincidencias suelen ser tan sospechosas como un billete de 500 euros encontrado en el bolsillo de un político. El informe de la UCO, con sus 106 folios, detalla cómo González, a las 9:16 del 11 de mayo de 2025, puso en marcha el autodescubrimiento de mensajes con Díez, un sistema que garantiza que cualquier conversación comprometedora desaparezca sin dejar rastro en 24 horas. Menos de dos horas y media después, el DAO (Director Adjunto Operativo) estaba reunido en la cafetería de la Guardia Civil para investigar una supuesta filtración de la UCO. La ironía, si es que cabe, es que la filtración, según el propio jefe de la Policía Judicial, no provenía de la UCO. Aún así, la investigación siguió su curso… durante doce días más. La UCO ha documentado al menos tres encuentros entre González y Díez, y un intercambio de mensajes donde apostaron una comida a que las filtraciones venían de la UCO. Una apuesta que, vista ahora, parece un intento de desviar la atención. Tres investigaciones internas a la UCO en menos de un año, con números de expediente inusuales, sugieren una clara intención de desacreditar a la unidad que investiga los entresijos del poder. Mientras tanto, el juez Santiago Pedraz deberá decidir si toda esta maraña de mensajes borrados, reuniones secretas y expedientes inusuales son solo una serie de coincidencias desafortunadas o, como sospechan muchos, una orquestada campaña para proteger a ciertos nombres del Gobierno.
El ex presidente Zapatero, con el agua al cuello, ha pedido otra prórroga al juez Calama. ¿El motivo? Espera, con la paciencia de un santo, a que le lleguen unos “certificados” desde países árabes que justifiquen la procedencia de sus joyas, tasadas en 1,3 millones de euros. Es decir, mientras tú y yo sudamos la gota gorda para pagar el IRPF, alguien espera a que le certifiquen de dónde salió un pequeño detalle de más de un millón de euros. La UDEF encontró estos adornos en su despacho de Ferraz, un lugar que, según parece, era más una joyería que una oficina. Y no solo eso, el juez Calama lo acusa de liderar una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, un eufemismo para decir que, presuntamente, usaba sus contactos para favorecer a amigos a cambio de… bueno, de joyas, al parecer. La primera prórroga se justificó por “la complejidad de la causa”, una excusa que suena hueca cuando lo que falta es, precisamente, justificación. Mientras tanto, el ex presidente, recluido en Las Rozas, se sincera con su entorno: “Yo ya sé que estoy condenado”. Un mea culpa tardía que, por cierto, no parece preocuparle demasiado a sus colaboradores en Oriente Próximo, que andan buscando esos preciados certificados. La cosa pinta fea, incluso para un experto en “salvada la papada”. La declaración por el rescate de Plus Ultra sigue en pie, añadiendo más leña al fuego. La trama, en resumen, es digna de una serie, pero con un sabor amargo a impunidad y a la eterna pregunta: ¿de dónde sale el dinero?
El PSOE y los restaurantes. Una historia que huele a rancio, más que a cochinillo asado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desenterró una trama de facturas trucadas que, como una mancha de aceite en la camisa nueva, mancha la imagen del partido. Al menos 15.450 euros, un 'pequeño' agujero contable, se deslizaron por el desagüe de un restaurante madrileño, La Tragantía, conocido por ser punto de encuentro de la trama Ábalos. ¿La mecánica? Sencilla. 2.000 euros mensuales, como el sablazo de la luz en verano, pero destinados a fines turbios. No hablamos de cenas de empresa, sino de comisiones ilegales disfrazadas de 'gastos de representación'. El exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García Izaguirre, los nombres propios de esta pantomima, parecían tener una predilección por facturas redondas: 120, 210, 300 euros... ¡Como si estuvieran comprando calcetines en lugar de inflar facturas! Un absurdo estadístico, según los investigadores, que desafía la lógica de cualquier camarero. Pero la cosa no acaba ahí. Carmen Pano, una empresaria con más valentía que sentido común, asegura haber transportado 90.000 euros en efectivo hasta la sede del PSOE en Ferraz, en bolsas como si fuera la compra del mes. Dinero que necesitaba, obviamente, un ‘lavado’ a través de esas facturas milagrosas. El Tribunal de Cuentas ya está peinando cada recibo con lupa, buscando la aguja en el pajar de la corrupción. Un pajar que, a juzgar por las pruebas, parece estar bastante poblado. La sofisticación del blanqueo de capitales, al servicio de la ‘normalidad’ de un partido político. ¿Irónico? Solo un poco.
El Ministerio de Torres, ese donde la memoria selectiva es deporte nacional, ha decidido que la Cadena SER es, básicamente, el altavoz oficial de la nación. ¿El año? 2025, como si estuviéramos en 'Minority Report' y ya tuviéramos el calendario del futuro. De los 216.447,37 eurazos en publicidad de radio, ¡un 74,1% fueron a parar a Prisa! O sea, casi las tres cuartas partes del pastel para la casa madre. Mientras tú intentas no pasarte con el aguacate a la hora de hacer la compra, ellos se despachan con más de 160.000 euros en pura propaganda. La Cadena SER, Los 40 y Cadena Dial, los tres mosqueteros del mensaje gubernamental, se llevaron la palma. 66.069,02 euros por recordar que la democracia es guay (como si lo dudáramos), 29.023,80 para Los 40, y 10.111,80 para Cadena Dial. Y todo esto, ojo, dentro de una partida total de 2.347.854,62 euros, que se esfumó entre prensa, televisión, radio y la dichosa 'digitalización'. COPE se conformó con las migajas (31.712,98 euros), mientras que Atresmedia Radio (24.266,80 euros) y la modesta Alzira Radio (¡30,40 euros!) apenas pudieron probar las sobras. En televisión, Atresmedia (más de 152.000 euros) y Mediaset (más de 250.000 euros) también se dieron un festín. ElDiario.es, con 59.257,74 euros en prensa digital, fue el único que se atrevió a darle un mordisco a la tarta de Prisa. La excusa oficial: dos campañas, una para la DANA y otra para recordar lo buena que es la democracia. Pero, seamos honestos, esto huele a favorcitos políticos con aroma a 'pelotazo' mediático.
Moncloa ha decidido que nuestros diplomáticos y militares necesitan una inyección de “interseccionalidad LGTBIQ+”. Sí, lo has leído bien. Mientras la lista de la compra se dispara y el sablazo en la factura de la luz es el deporte nacional, el Gobierno invierte en adoctrinamiento de género. El III Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2025-2030, orquestado por José Manuel Albares y una docena de ministerios, pretende convertir la “política exterior feminista” en el mantra de la acción estatal. Traducido: que la igualdad de género sea el prisma con el que veamos el mundo… y que nuestros representantes en el extranjero lo prediquen. La idea, noble en el papel, choca frontalmente con la realidad: ¿acaso la paz llega con un curso intensivo de teoría queer? ¿O se soluciona la inestabilidad internacional analizando el origen étnico y la orientación sexual? La estrategia, que costará presumiblemente más que un coche de alta gama, pretende reforzar la formación en igualdad, previniendo la violencia sexual y la trata de personas. Noble, sí, pero ¿no sería más efectivo invertir en inteligencia y recursos para combatir estos flagelos? El Ministerio de Defensa, por su parte, se encargará de que las misiones militares sean un oasis de diversidad. Actualmente, las mujeres representan solo el 13,1% de las Fuerzas Armadas, el 18,3% de la Policía Nacional y un mísero 9,7% de la Guardia Civil. ¿Resolverán los cursos de género esta desigualdad? Difícil. Lo que sí parece claro es que la agenda de Moncloa ha encontrado un nuevo campo de batalla: la uniformidad ideológica. Y, mientras tanto, el mundo real sigue siendo un lugar mucho más complejo que un manual de interseccionalidad. La verdadera hipocresía reside en que se busca la paridad en los despliegues internacionales, pero la realidad de las cifras lo niega rotundamente.
Madrid ha decidido que para usar el transporte público, necesitas una dirección en la ciudad. Sí, como si el derecho a moverse fuera un privilegio de vecinos. Renfe, la operadora estatal, ha estallado, acusando a Isabel Díaz Ayuso de 'segregación' y de poner trabas al uso del coche, que es precisamente lo que no debería pasar. La cosa huele a enfrentamiento institucional a la altura del olor a calcetines sudados en hora punta. Mientras el ciudadano de a pie intenta descifrar si necesita un DNI, un empadronamiento y una declaración jurada para ir a trabajar, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) se defiende a base de comunicados. ¿El quid de la cuestión? Que el abono transporte, antes universal, ahora tiene condiciones. Renfe, por su parte, recuerda que su abono mensual de 20 euros (¡o 10 para los jóvenes!) te permite moverte por toda España sin preguntas, mientras que el nuevo sistema madrileño parece diseñado para complicarte la vida. Y como si fuera poco, el PP ha sacado la artillería pesada, exigiendo a Renfe que vuelva a indemnizar a los pasajeros por retrasos, algo que la Ley de Movilidad Sostenible prometió pero que, al parecer, se ha olvidado en el BOE. En resumen, un caos donde la movilidad se convierte en un campo de batalla político y el ciudadano, como siempre, es el que paga los platos rotos. La ley, aprobada en diciembre de 2025, parece tener más agujeros que un queso gruyer.
La partida de dominó política ha saltado de las vías. Pedro Sánchez, en un arrebato de indignación parlamentaria, acusó a THE OBJECTIVE (sí, con mayúsculas, como si fuera el villano de una peli) de propagar “bulos amarillentos” sobre la reestructuración de ADIF. ¿El meollo del asunto? Que el jefe de Seguridad, Salvador Almenar Antón, no es un ingeniero con décadas de experiencia, sino un periodista. Y que, para colmo, ese periodista pasó de cuidar la imagen de ADIF (Director de Comunicación, 2024) a supervisar la seguridad de las líneas (Director de Gabinete, 2025). Un ascenso meteórico que, según los expertos internos de la propia ADIF, es como poner a un panadero a pilotar un avión. El informe interno, convenientemente ignorado por la cúpula, alertaba de la falta de capacitación técnica de Almenar. El resultado: David Gómez-Rey, ingeniero de verdad, ahora rinde cuentas a un periodista. La lógica es implacable. Mientras el ciudadano de a pie se pregunta si el próximo tren llegará a tiempo, la seguridad ferroviaria se gestiona como un casting de televisión. Y el sablazo en la factura, claro, lo paga siempre el mismo. El rifirrafe entre Sánchez y Feijóo en el Congreso fue digno de estudio. Acusaciones cruzadas, negaciones vehementes y un periódico señalado como fuente de “odio y crispación”. La ironía es que la propia ADIF, mediante una solicitud de Transparencia, confirmó el cambio de puesto de Almenar. Un detalle que, al parecer, no llegó al despacho de Sánchez a tiempo para evitar el ridículo. ¿Será que la información “amarillenta” a veces tiene la virtud de la verdad? La pregunta queda en el aire, como el olor a óxido en una estación abandonada.
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