Crítica:
El texto original es una mina de oro de negligencia disfrazada de tecnicismo. Es ridículo que se detallen los centavos de la renta de suficiencia mientras se admite la incapacidad total de contabilizar el gasto global.
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Igualdad quiere redactar el periodismo
El Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Ana Redondo, ha decidido que el periodismo actual es, básicamente, un club de caballeros oxidado. A través del Instituto de las Mujeres, han lanzado la 'Guía de periodismo inclusivo'. No es un sugerente manual de estilo, sino un manual de instrucciones para que los redactores no se sientan 'machistas' mientras escriben. Cristina Hernández Martín, la directora del Instituto, prologó el texto con la elegancia de quien te dice que tu casa está sucia mientras te ofrece una escoba de oro: quiere un periodismo 'a la altura del país que ya estamos construyendo'. La joya de la corona es la 'regla de la reversibilidad'. Es como ese juego de niños de cambiar los papeles, pero con el peso del Estado detrás: si el titular suena ridículo al cambiar el género del sujeto, entonces es improcedente. Patético si es un hombre, prohibido si es una mujer. Lucía Quiroga, la periodista que ha cocinado el documento, propone además que los medios tengan 'corresponsales de género'. Es decir, un filtro oficial para que la noticia no se escape de la línea ideológica establecida. El documento no se queda en la superficie; se mete en el barro de los 'pequeños gestos cotidianos'. Ahora, preguntar por la maternidad o el aspecto físico es un pecado capital. Pero lo más disruptivo es la gestión de las fuentes: sugieren no dar protagonismo a voces 'LGTBIfóbicas' y preguntar los pronombres, como si estuviéramos rellenando un formulario de aduanas antes de cada entrevista. El cierre es el golpe de gracia: para ser inclusivos, los periodistas deben 'leer este libro' y asistir a sus talleres. Básicamente, el Ministerio nos dice que para informar correctamente primero hay que pasar por su academia de reeducación.
Sánchez aplica el 'no te invité, tú no viniste'
Hay que tener un desplante monumental para que el Gobierno de Pedro Sánchez intente vender el perro por liebre en el Senado. La jugada es sencilla, de manual de autoayuda para políticos: no invitas a alguien a cenar, te aseguras de que no haya silla libre para él y luego te quejas en el periódico de que el invitado no tuvo la cortesía de llamar. Así es como el Ejecutivo justifica que María Corina Machado pasara por Madrid sin que un solo ministro se molestara en despegarse de la silla, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sí le abrieron la puerta de casa. En un documento enviado al PP, el Gobierno se lava las manos con una elegancia casi coreográfica, asegurando que hubo 'plena disposición' y que la culpa es de la 'decisión de la propia interesada'. Es el clásico 'yo quería, pero ella no quiso', similar a cuando el banco te cobra una comisión abusiva y te dice que es por tu propia seguridad financiera. Lo curioso es que Sánchez soltó públicamente que, si ella quería verlo, 'lo pidiera'. O sea, que la invitación formal era un concepto alienígena para Moncloa. Mientras presumen de acogida a Edmundo González y Leopoldo López para limpiar la imagen, el Gobierno mantiene esa 'interlocución habitual' con el régimen que huele a incienso y negocios. No olvidemos la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero y sus vínculos con Delcy Rodríguez; ahí es donde el dinero habla y la diplomacia calla. Al final, el Ejecutivo se llena la boca hablando de derechos humanos mientras se niega a admitir que Nicolás Maduro cometió un fraude electoral. Una gimnasia mental digna de medallista olímpico: acogemos a los refugiados, pero no molestemos al que manda en Caracas porque los contratos no se firman solos.
Begoña Gómez: del networking al banquillo judicial
Hay quien dice que el networking es una herramienta profesional; otros, que cuando el networking ocurre en el despacho del Presidente, se llama tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto las cartas sobre la mesa en un auto de 84 páginas que lee más que una novela de suspense. Según el magistrado, Begoña Gómez no solo 'aprovechó su proximidad' a Pedro Sánchez, sino que convirtió esa cercanía en una autopista VIP para su proyección profesional en la Universidad Complutense de Madrid. La jugada es sencilla: mientras el ciudadano medio pelea con la administración para obtener una cita, Gómez habría gestionado apoyos, fondos y respaldos institucionales para su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Pero aquí viene el giro: Juan Carlos Barrabés, el amigo empresario, se integraba en el proyecto académico mientras sus sociedades recibían adjudicaciones públicas. Es el clásico 'yo te ayudo con la cátedra y tú me das el contrato', un intercambio de favores que Peinado califica como corrupción en los negocios. Para que la maquinaria rodara, Cristina Álvarez, personal eventual de la Presidencia, parece haber actuado como la secretaria de lujo de este entramado, usando el tiempo y los medios del Estado para gestiones privadas. Es como si usaras el coche oficial para hacer la compra del súper y el horario de oficina para organizar una fiesta privada. El resultado: una posible malversación de caudales públicos. El toque final de gracia es el software. Desarrollado con fondos públicos y universitarios, terminó aterrizando en la sociedad Transforma TSC, S.L., de titularidad exclusiva de Gómez. Un 'desvío' de activos que, sumado a la firma de pliegos técnicos sin tener la habilitación para ello, abre la puerta a la apropiación indebida y al intrusismo profesional. Por ahora, el pasaporte se queda en el cajón y las visitas al juzgado serán quincenales. El lujo de viajar se ha acabado.
¡Sálvese quien pueda! Escoltas y fugas judiciales
Hay domingos que se pasan mejor con un café y el periódico, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha preferido el drama telemático. A las 10 de la mañana, mientras el ciudadano medio intenta que el café no se le enfríe, la comisión permanente se reunía en modo 'urgencia máxima' para analizar el auto del juez Juan Carlos Peinado. El motivo es el clásico choque de trenes: Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cuatro delitos y le ha quitado el pasaporte para que no se convierta en una turista inesperada. Pero el verdadero detonante no es la cita judicial, sino que el juez soltó una perla que ha dejado al Gobierno con el corazón en un puño: sugirió que sus propios escoltas podrían ayudarla a fugarse. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, no ha tardado ni un segundo en activar el botón del pánico. Tras trasladar una "más enérgica queja" a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, el ministro ha pedido que se tomen las medidas pertinentes. Básicamente, Marlaska considera que Peinado ha insultado la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un movimiento que los sindicatos policiales han recibido con el mismo entusiasmo que una multa de tráfico en domingo. Ahora, el CGPJ decide si el juez Peinado ha cruzado la línea o si simplemente ha leído la realidad sin filtros. Mientras tanto, Begoña Gómez tiene una cita quincenal en el juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional, un recordatorio de que, en este juego, el pasaporte es el trofeo más codiciado.
Zapatero y el lujo saudí: gorrazos asegurados
Hay una diferencia abismal entre la España que cuenta los céntimos en la caja del supermercado y la España que mueve muebles en aviones Jumbo. José Bono, en su libro 'Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?', nos regala una postal del surrealismo diplomático de 2008. Imaginen la escena: el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz llega a Madrid y, para que el monarca no pase penurias durante solo tres noches, hace falta una flota de 14 camiones de mudanza y tres aviones Jumbo cargados de enseres. Mientras el ciudadano medio se lo piensa dos veces para comprar una cafetera nueva, el Estado español gestionaba un despliegue logístico que parecía la mudanza de un estadio de fútbol entero hacia el Palacio de El Pardo. Lo más jugoso no es el despliegue, sino la autoconciencia del pecado. José Luis Rodríguez Zapatero, según relata Bono, soltó una perla lapidaria: «Si los españoles supieran que aceptamos estas condiciones del viaje, nos correrían a gorrazos». Una honestidad brutal, o quizás un miedo genuino a que el pueblo descubriera que el 'estándar de lujo' de la casta no conoce límites. Para rematar el cuadro, tenemos la figura del «príncipe comisiones», así llamaba el rey Juan Carlos, con esa ironía de quien conoce los entresijos del dinero, al acompañante del monarca saudí. La historia, que parecía una anécdota de salón, cobra un sentido eléctrico hoy. Con la justicia husmeando en el despacho de Zapatero y encontrando joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones de euros —que algunos susurran que vienen de aquellas tierras petroleras—, la frase de los 'gorrazos' deja de ser una broma interna para convertirse en una profecía. El lujo no era solo el camión de mudanzas; el lujo era creer que el silencio duraría para siempre.
RTVE juega al escondite con sus gastos
Hay una magia muy particular en la gestión de lo público: la capacidad de convertir un error garrafal en un secreto de Estado. El 29 de septiembre de 2024, RTVE organizó un despliegue de oposiciones para Información y Contenidos que terminó en tragedia cómica. Minutos antes de empezar, saltó la alarma: las preguntas se habían filtrado masivamente, con un representante del sindicato UGT en el tribunal señalando el camino hacia el desastre. Miles de aspirantes, que habían gastado sus ahorros en billetes de AVE y hoteles en Madrid —lo que en la calle llamamos 'quemarse la cartera' por una ilusión—, se quedaron con un examen vacío y una factura astronómica. Ahora, cuando alguien intenta preguntar cuánto ha costado este 'descuido' mediante la Ley de Transparencia, la corporación se pone el traje de misterio. RTVE se niega a soltar un solo euro en datos sobre las indemnizaciones por desplazamiento, manutención y alojamiento. Alegan que hay una investigación policial y judicial en curso, como si decir el importe total de los billetes de tren fuera a revelar la ubicación de un búnker secreto. Es el clásico truco de magia: mientras el proceso penal sigue su curso, el agujero contable se mantiene bajo llave. Lo más cínico es que no pedían nombres ni apellidos, sino datos agregados. Querían saber cuánto dinero público se ha ido en compensar el caos. Pero no. RTVE ha decidido que el coste de su propia incompetencia es una cuestión de seguridad nacional. Al final, el ciudadano paga la fiesta, el opositor espera la compensación y la corporación juega al escondite con las cifras, demostrando que en la televisión pública la transparencia tiene la resolución de una pantalla rota.
Cultura gasta 79 millones en 'narrativas'
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado y reza para que la hipoteca no suba más, el Ministerio de Cultura ha decidido que la mejor forma de 'reconocer' la realidad es soltando un cheque con siete ceros. Exactamente 79.300.391 euros. Sí, hasta el último céntimo cuenta cuando se trata de financiar el Plan de Derechos Culturales para el periodo 2025-2027. Es una cifra que marea, una cantidad de dinero que podría rehabilitar teatros que se caen a pedazos, pero que preferimos invertir en 'revisar narrativas' y 'transformar prácticas institucionales'. La hoja de ruta es ambiciosa, o subspace, según se mire. Hablan de 146 medidas para combatir la 'exclusión sistemática' de colectivos como el pueblo gitano, afrodescendientes y migrantes. El plan quiere que la cultura deje de ser ocio para ser un 'derecho fundamental'. Muy noble sobre el papel, pero en la práctica suena a ingeniería social pagada con el presupuesto público. Van a crear guías sobre diversidad, redes de residencias artísticas y estudios sobre participación cultural. Básicamente, van a gastar millones en analizar por qué no somos lo suficientemente diversos, en lugar de dejar que la cultura florezca sin tanta tutela administrativa. Y luego llega el plato fuerte: el plurilingüismo. Quieren romper el 'paradigma monolingüe' y rescatar lenguas minorizadas, el romaní o el caló. Todo muy bien, pero el despliegue de fondos para el Consejo de las Lenguas Oficiales y la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias huele a burocracia espesa. Al final, el Ministerio nos dice que la cultura es un bien común, pero el coste de ese bien común es un sablazo de casi 80 millones que, curiosamente, nunca duele en los despachos donde se firman los decretos.
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