Crítica:
La noticia es un resumen plano de un manual. Omite el debate sobre la libertad de prensa para centrarse en el folleto del Ministerio.
Igualdad tacha de "machistas" a los periodistas y exige informar con enfoque feminista
Igualdad quiere redactar el periodismo
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Marlaska deja Barajas sin táseres: ¡Sorteo!
En el Ministerio del Interior han descubierto que la seguridad es como un juego de sillas musicales: para que alguien se siente, otro tiene que quedarse de pie. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que los agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ya no necesitan sus pistolas táser. Sí, las mismas que recibieron entre finales de 2023 y 2024 y que ahora, por un giro burocrático digno de un sketch, han sido retiradas para dárselas a unidades que el Gobierno considera 'más prioritarias'. Básicamente, es como si en tu casa decidieran quitarle la alarma al salón porque el garaje tiene más riesgo de robo; una lógica que en la calle llamaríamos 'estirarse para que el presupuesto llegue'. Daniel Fernández, presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC) y veterano con 18 años de servicio, no se ha tragado el cuento. Denuncia que dejar desprotegidos a los agentes en una infraestructura donde pasan millones de personas es, sencillamente, irresponsable. El contraste es sangrante: mientras el Gobierno presume de un contrato de 4,5 millones de euros con la firma estadounidense Axon para comprar 800 pistolas más, la realidad es que el ritmo de entrega es de risa: 200 unidades anuales entre 2025 y 2028. Para que nos entendamos, tenemos unas 600 pistolas para 76.000 agentes. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. La hipocresía alcanza su clímax cuando recordamos que, en enero y febrero de 2025, estas armas evitaron 22 tragedias. Sin ellas, el escenario es el de La Gomera: un hombre violento, una agente con cuatro costillas rotas y un disparo en el pie para evitar una masacre. En Barajas, ahora, el agente solo tiene dos opciones: o se deja golpear como la patrulla de Palma o recurre al plomo. Una gestión brillante, sin duda.
Generalitat pierde la cuenta de ayudas irregulares
La Generalitat de Cataluña ha decidido jugar al juego de las sillas con el dinero público. Tras un despliegue de honestidad administrativa, admiten haber recuperado 354.900 euros de rentas indebidas pagadas a ex Menores Extranjeros No Acompañados. Suena a cifra redonda, pero la realidad es que el organismo reconoce que no tiene ni idea del monto global de lo que se ha ido por la alcantarilla entre 2019 y 2025. Básicamente, han perdido el ticket de la compra y ahora intentan devolver cuatro productos al supermercado. La escalada de 'recuperaciones' es casi conmovedora: empezamos en 2020 con cinco casos por 3.400 euros (una propina), pasamos por los 12.500 euros de 2021 y los 66.700 de 2022, hasta llegar a los 138.300 euros registrados hasta octubre de 2025. Todo esto mientras José Muñoz Luque, el director general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, cobra un salario que para 2026 superará los 96.000 euros. Es fascinante que quien cobra casi cien mil euros al año para vigilar que no se pierda un céntimo, firme un documento admitiendo que el sistema de gestión no 'compila' la información global ni la nacionalidad de los beneficiarios. Un agujero contable del tamaño de un estadio. Para cobrar estas ayudas, el beneficiario debe ganar menos de 9622,18 euros anuales (unos 800 euros al mes), pero parece que la Administración es mucho más generosa con la ceguera voluntaria que con los solicitantes. El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión se escuda en la falta de 'variables informáticas' para no dar cifras totales. Todo esto ocurre en el patio de recreo de la DGPPIA, la entidad que nació del maquillaje cosmético tras el horror de una niña de 12 años violada y prostituida bajo tutela, y el eterno rumor del '3% de ERC en la infancia'. Cambiaron el nombre de la oficina, pero el aroma a gestión opaca sigue intacto.
Sánchez aplica el 'no te invité, tú no viniste'
Hay que tener un desplante monumental para que el Gobierno de Pedro Sánchez intente vender el perro por liebre en el Senado. La jugada es sencilla, de manual de autoayuda para políticos: no invitas a alguien a cenar, te aseguras de que no haya silla libre para él y luego te quejas en el periódico de que el invitado no tuvo la cortesía de llamar. Así es como el Ejecutivo justifica que María Corina Machado pasara por Madrid sin que un solo ministro se molestara en despegarse de la silla, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sí le abrieron la puerta de casa. En un documento enviado al PP, el Gobierno se lava las manos con una elegancia casi coreográfica, asegurando que hubo 'plena disposición' y que la culpa es de la 'decisión de la propia interesada'. Es el clásico 'yo quería, pero ella no quiso', similar a cuando el banco te cobra una comisión abusiva y te dice que es por tu propia seguridad financiera. Lo curioso es que Sánchez soltó públicamente que, si ella quería verlo, 'lo pidiera'. O sea, que la invitación formal era un concepto alienígena para Moncloa. Mientras presumen de acogida a Edmundo González y Leopoldo López para limpiar la imagen, el Gobierno mantiene esa 'interlocución habitual' con el régimen que huele a incienso y negocios. No olvidemos la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero y sus vínculos con Delcy Rodríguez; ahí es donde el dinero habla y la diplomacia calla. Al final, el Ejecutivo se llena la boca hablando de derechos humanos mientras se niega a admitir que Nicolás Maduro cometió un fraude electoral. Una gimnasia mental digna de medallista olímpico: acogemos a los refugiados, pero no molestemos al que manda en Caracas porque los contratos no se firman solos.
Begoña Gómez: del networking al banquillo judicial
Hay quien dice que el networking es una herramienta profesional; otros, que cuando el networking ocurre en el despacho del Presidente, se llama tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto las cartas sobre la mesa en un auto de 84 páginas que lee más que una novela de suspense. Según el magistrado, Begoña Gómez no solo 'aprovechó su proximidad' a Pedro Sánchez, sino que convirtió esa cercanía en una autopista VIP para su proyección profesional en la Universidad Complutense de Madrid. La jugada es sencilla: mientras el ciudadano medio pelea con la administración para obtener una cita, Gómez habría gestionado apoyos, fondos y respaldos institucionales para su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Pero aquí viene el giro: Juan Carlos Barrabés, el amigo empresario, se integraba en el proyecto académico mientras sus sociedades recibían adjudicaciones públicas. Es el clásico 'yo te ayudo con la cátedra y tú me das el contrato', un intercambio de favores que Peinado califica como corrupción en los negocios. Para que la maquinaria rodara, Cristina Álvarez, personal eventual de la Presidencia, parece haber actuado como la secretaria de lujo de este entramado, usando el tiempo y los medios del Estado para gestiones privadas. Es como si usaras el coche oficial para hacer la compra del súper y el horario de oficina para organizar una fiesta privada. El resultado: una posible malversación de caudales públicos. El toque final de gracia es el software. Desarrollado con fondos públicos y universitarios, terminó aterrizando en la sociedad Transforma TSC, S.L., de titularidad exclusiva de Gómez. Un 'desvío' de activos que, sumado a la firma de pliegos técnicos sin tener la habilitación para ello, abre la puerta a la apropiación indebida y al intrusismo profesional. Por ahora, el pasaporte se queda en el cajón y las visitas al juzgado serán quincenales. El lujo de viajar se ha acabado.
¡Sálvese quien pueda! Escoltas y fugas judiciales
Hay domingos que se pasan mejor con un café y el periódico, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha preferido el drama telemático. A las 10 de la mañana, mientras el ciudadano medio intenta que el café no se le enfríe, la comisión permanente se reunía en modo 'urgencia máxima' para analizar el auto del juez Juan Carlos Peinado. El motivo es el clásico choque de trenes: Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cuatro delitos y le ha quitado el pasaporte para que no se convierta en una turista inesperada. Pero el verdadero detonante no es la cita judicial, sino que el juez soltó una perla que ha dejado al Gobierno con el corazón en un puño: sugirió que sus propios escoltas podrían ayudarla a fugarse. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, no ha tardado ni un segundo en activar el botón del pánico. Tras trasladar una "más enérgica queja" a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, el ministro ha pedido que se tomen las medidas pertinentes. Básicamente, Marlaska considera que Peinado ha insultado la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un movimiento que los sindicatos policiales han recibido con el mismo entusiasmo que una multa de tráfico en domingo. Ahora, el CGPJ decide si el juez Peinado ha cruzado la línea o si simplemente ha leído la realidad sin filtros. Mientras tanto, Begoña Gómez tiene una cita quincenal en el juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional, un recordatorio de que, en este juego, el pasaporte es el trofeo más codiciado.
Zapatero y el lujo saudí: gorrazos asegurados
Hay una diferencia abismal entre la España que cuenta los céntimos en la caja del supermercado y la España que mueve muebles en aviones Jumbo. José Bono, en su libro 'Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad?', nos regala una postal del surrealismo diplomático de 2008. Imaginen la escena: el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz llega a Madrid y, para que el monarca no pase penurias durante solo tres noches, hace falta una flota de 14 camiones de mudanza y tres aviones Jumbo cargados de enseres. Mientras el ciudadano medio se lo piensa dos veces para comprar una cafetera nueva, el Estado español gestionaba un despliegue logístico que parecía la mudanza de un estadio de fútbol entero hacia el Palacio de El Pardo. Lo más jugoso no es el despliegue, sino la autoconciencia del pecado. José Luis Rodríguez Zapatero, según relata Bono, soltó una perla lapidaria: «Si los españoles supieran que aceptamos estas condiciones del viaje, nos correrían a gorrazos». Una honestidad brutal, o quizás un miedo genuino a que el pueblo descubriera que el 'estándar de lujo' de la casta no conoce límites. Para rematar el cuadro, tenemos la figura del «príncipe comisiones», así llamaba el rey Juan Carlos, con esa ironía de quien conoce los entresijos del dinero, al acompañante del monarca saudí. La historia, que parecía una anécdota de salón, cobra un sentido eléctrico hoy. Con la justicia husmeando en el despacho de Zapatero y encontrando joyas valoradas preliminarmente en 1,3 millones de euros —que algunos susurran que vienen de aquellas tierras petroleras—, la frase de los 'gorrazos' deja de ser una broma interna para convertirse en una profecía. El lujo no era solo el camión de mudanzas; el lujo era creer que el silencio duraría para siempre.
RTVE juega al escondite con sus gastos
Hay una magia muy particular en la gestión de lo público: la capacidad de convertir un error garrafal en un secreto de Estado. El 29 de septiembre de 2024, RTVE organizó un despliegue de oposiciones para Información y Contenidos que terminó en tragedia cómica. Minutos antes de empezar, saltó la alarma: las preguntas se habían filtrado masivamente, con un representante del sindicato UGT en el tribunal señalando el camino hacia el desastre. Miles de aspirantes, que habían gastado sus ahorros en billetes de AVE y hoteles en Madrid —lo que en la calle llamamos 'quemarse la cartera' por una ilusión—, se quedaron con un examen vacío y una factura astronómica. Ahora, cuando alguien intenta preguntar cuánto ha costado este 'descuido' mediante la Ley de Transparencia, la corporación se pone el traje de misterio. RTVE se niega a soltar un solo euro en datos sobre las indemnizaciones por desplazamiento, manutención y alojamiento. Alegan que hay una investigación policial y judicial en curso, como si decir el importe total de los billetes de tren fuera a revelar la ubicación de un búnker secreto. Es el clásico truco de magia: mientras el proceso penal sigue su curso, el agujero contable se mantiene bajo llave. Lo más cínico es que no pedían nombres ni apellidos, sino datos agregados. Querían saber cuánto dinero público se ha ido en compensar el caos. Pero no. RTVE ha decidido que el coste de su propia incompetencia es una cuestión de seguridad nacional. Al final, el ciudadano paga la fiesta, el opositor espera la compensación y la corporación juega al escondite con las cifras, demostrando que en la televisión pública la transparencia tiene la resolución de una pantalla rota.
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