El texto original es un despliegue de datos útiles, pero falla al no cuestionar por qué el Gobierno compra armas a cuentagotas mientras las quita a quienes las usan. Es una noticia disfrazada de comunicado administrativo que oculta una gestión negligente.
El Gobierno ha decidido que la genealogía es una cuestión de fe y conveniencia electoral. Mientras el ciudadano medio lucha contra la burocracia para renovar un DNI, el Ejecutivo ha montado un 'todo incluido' de nacionalidades que parece más un casting de realidad que un proceso administrativo. Bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática, han ejecutado una maniobra de ingeniería social digna de un casino: ampliar la nacionalidad hasta el siglo XIX. ¿El truco? Una instrucción del 25 de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente, que básicamente decidió que cualquiera que se marchara de España entre 1936 y 1955 era un exiliado, sin importar si huía de una bala o simplemente buscaba un mejor sueldo en América. Es como si en el contrato de alquiler te dijeran que no aceptan mascotas y, cinco minutos después, el portero te dejara meter un zoológico completo por la puerta de atrás. Lo más delirante es que el Parlamento ya había dicho que no. El 14 de julio de 2022, el Congreso dinamitó la propuesta de Ciudadanos con 264 votos en contra. Pero, ¡oh sorpresa!, la administración decidió que lo que el legislador rechaza, la burocracia lo aprueba con un sello. Resultado: más de 545.000 nacionalidades concedidas y una ambición de llegar a los 2,5 millones. Mientras tanto, un recurso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica lleva durmiendo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde diciembre de 2022, amenazando con convertir este castillo de naipes en un caos de anulaciones. Entre el 'coladero cubano' denunciado por Santiago Abascal y el silencio sepulcral del Gobierno sobre la falta de base jurídica, queda la duda: ¿quién vigila al vigilante cuando el fiscal de turno es un fichaje de confianza?
Hay quien dice que el amor es ciego, pero en la Moncloa parece que el amor tiene un olfato extraordinario para los negocios. Begoña Gómez, la mujer del jefe, se prepara para un aterrizaje forzoso en el banquillo. El juez Juan Carlos Peinado no ha tenido mucha piedad en su auto de 84 páginas, dibujando un mapa donde la carrera de Begoña no despegó por mérito propio, sino gracias a un 'impulso' presidencial tras la investidura de 2018. Es el clásico caso de 'quien tiene un amigo en lo alto, tiene la autopista despejada'. Pasamos de una consultora en el Grupo Inmark a dirigir el África Center del IE Business School y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Todo muy académico, hasta que aparecen los datos que huelen a quemado: un software llamado 'Transforma TSC', valorado en más de 113.000 euros, financiado con dinero público pero registrado como marca personal. Para que nos entendamos: es como si tu empresa pagara la reforma de tu cocina y tú luego intentaras vender la casa a tu nombre. Y para rematar el cuadro, el uso de la asesora Cristina Álvarez para gestiones privadas, convirtiendo la maquinaria del Estado en una secretaría personal de lujo. El juez Peinado ha puesto los puntos sobre las íes con cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Mientras el Gobierno grita 'lawfare' y 'persecución' al viento, Begoña se queda sin pasaporte y con la obligación de firmar cada quince días. Un recordatorio incómodo de que, aunque el marido mande en el Palacio, en el juzgado el que lleva la batuta es el instructor. Con acusaciones populares de Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa, y la UCM pidiendo cuentas, el espectáculo promete ser el plato fuerte de la temporada judicial.
El Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Ana Redondo, ha decidido que el periodismo actual es, básicamente, un club de caballeros oxidado. A través del Instituto de las Mujeres, han lanzado la 'Guía de periodismo inclusivo'. No es un sugerente manual de estilo, sino un manual de instrucciones para que los redactores no se sientan 'machistas' mientras escriben. Cristina Hernández Martín, la directora del Instituto, prologó el texto con la elegancia de quien te dice que tu casa está sucia mientras te ofrece una escoba de oro: quiere un periodismo 'a la altura del país que ya estamos construyendo'. La joya de la corona es la 'regla de la reversibilidad'. Es como ese juego de niños de cambiar los papeles, pero con el peso del Estado detrás: si el titular suena ridículo al cambiar el género del sujeto, entonces es improcedente. Patético si es un hombre, prohibido si es una mujer. Lucía Quiroga, la periodista que ha cocinado el documento, propone además que los medios tengan 'corresponsales de género'. Es decir, un filtro oficial para que la noticia no se escape de la línea ideológica establecida. El documento no se queda en la superficie; se mete en el barro de los 'pequeños gestos cotidianos'. Ahora, preguntar por la maternidad o el aspecto físico es un pecado capital. Pero lo más disruptivo es la gestión de las fuentes: sugieren no dar protagonismo a voces 'LGTBIfóbicas' y preguntar los pronombres, como si estuviéramos rellenando un formulario de aduanas antes de cada entrevista. El cierre es el golpe de gracia: para ser inclusivos, los periodistas deben 'leer este libro' y asistir a sus talleres. Básicamente, el Ministerio nos dice que para informar correctamente primero hay que pasar por su academia de reeducación.
La Generalitat de Cataluña ha decidido jugar al juego de las sillas con el dinero público. Tras un despliegue de honestidad administrativa, admiten haber recuperado 354.900 euros de rentas indebidas pagadas a ex Menores Extranjeros No Acompañados. Suena a cifra redonda, pero la realidad es que el organismo reconoce que no tiene ni idea del monto global de lo que se ha ido por la alcantarilla entre 2019 y 2025. Básicamente, han perdido el ticket de la compra y ahora intentan devolver cuatro productos al supermercado. La escalada de 'recuperaciones' es casi conmovedora: empezamos en 2020 con cinco casos por 3.400 euros (una propina), pasamos por los 12.500 euros de 2021 y los 66.700 de 2022, hasta llegar a los 138.300 euros registrados hasta octubre de 2025. Todo esto mientras José Muñoz Luque, el director general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, cobra un salario que para 2026 superará los 96.000 euros. Es fascinante que quien cobra casi cien mil euros al año para vigilar que no se pierda un céntimo, firme un documento admitiendo que el sistema de gestión no 'compila' la información global ni la nacionalidad de los beneficiarios. Un agujero contable del tamaño de un estadio. Para cobrar estas ayudas, el beneficiario debe ganar menos de 9622,18 euros anuales (unos 800 euros al mes), pero parece que la Administración es mucho más generosa con la ceguera voluntaria que con los solicitantes. El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión se escuda en la falta de 'variables informáticas' para no dar cifras totales. Todo esto ocurre en el patio de recreo de la DGPPIA, la entidad que nació del maquillaje cosmético tras el horror de una niña de 12 años violada y prostituida bajo tutela, y el eterno rumor del '3% de ERC en la infancia'. Cambiaron el nombre de la oficina, pero el aroma a gestión opaca sigue intacto.
Hay que tener un desplante monumental para que el Gobierno de Pedro Sánchez intente vender el perro por liebre en el Senado. La jugada es sencilla, de manual de autoayuda para políticos: no invitas a alguien a cenar, te aseguras de que no haya silla libre para él y luego te quejas en el periódico de que el invitado no tuvo la cortesía de llamar. Así es como el Ejecutivo justifica que María Corina Machado pasara por Madrid sin que un solo ministro se molestara en despegarse de la silla, mientras que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal sí le abrieron la puerta de casa. En un documento enviado al PP, el Gobierno se lava las manos con una elegancia casi coreográfica, asegurando que hubo 'plena disposición' y que la culpa es de la 'decisión de la propia interesada'. Es el clásico 'yo quería, pero ella no quiso', similar a cuando el banco te cobra una comisión abusiva y te dice que es por tu propia seguridad financiera. Lo curioso es que Sánchez soltó públicamente que, si ella quería verlo, 'lo pidiera'. O sea, que la invitación formal era un concepto alienígena para Moncloa. Mientras presumen de acogida a Edmundo González y Leopoldo López para limpiar la imagen, el Gobierno mantiene esa 'interlocución habitual' con el régimen que huele a incienso y negocios. No olvidemos la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero y sus vínculos con Delcy Rodríguez; ahí es donde el dinero habla y la diplomacia calla. Al final, el Ejecutivo se llena la boca hablando de derechos humanos mientras se niega a admitir que Nicolás Maduro cometió un fraude electoral. Una gimnasia mental digna de medallista olímpico: acogemos a los refugiados, pero no molestemos al que manda en Caracas porque los contratos no se firman solos.
Hay quien dice que el networking es una herramienta profesional; otros, que cuando el networking ocurre en el despacho del Presidente, se llama tráfico de influencias. El juez Juan Carlos Peinado ha puesto las cartas sobre la mesa en un auto de 84 páginas que lee más que una novela de suspense. Según el magistrado, Begoña Gómez no solo 'aprovechó su proximidad' a Pedro Sánchez, sino que convirtió esa cercanía en una autopista VIP para su proyección profesional en la Universidad Complutense de Madrid. La jugada es sencilla: mientras el ciudadano medio pelea con la administración para obtener una cita, Gómez habría gestionado apoyos, fondos y respaldos institucionales para su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. Pero aquí viene el giro: Juan Carlos Barrabés, el amigo empresario, se integraba en el proyecto académico mientras sus sociedades recibían adjudicaciones públicas. Es el clásico 'yo te ayudo con la cátedra y tú me das el contrato', un intercambio de favores que Peinado califica como corrupción en los negocios. Para que la maquinaria rodara, Cristina Álvarez, personal eventual de la Presidencia, parece haber actuado como la secretaria de lujo de este entramado, usando el tiempo y los medios del Estado para gestiones privadas. Es como si usaras el coche oficial para hacer la compra del súper y el horario de oficina para organizar una fiesta privada. El resultado: una posible malversación de caudales públicos. El toque final de gracia es el software. Desarrollado con fondos públicos y universitarios, terminó aterrizando en la sociedad Transforma TSC, S.L., de titularidad exclusiva de Gómez. Un 'desvío' de activos que, sumado a la firma de pliegos técnicos sin tener la habilitación para ello, abre la puerta a la apropiación indebida y al intrusismo profesional. Por ahora, el pasaporte se queda en el cajón y las visitas al juzgado serán quincenales. El lujo de viajar se ha acabado.
Hay domingos que se pasan mejor con un café y el periódico, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha preferido el drama telemático. A las 10 de la mañana, mientras el ciudadano medio intenta que el café no se le enfríe, la comisión permanente se reunía en modo 'urgencia máxima' para analizar el auto del juez Juan Carlos Peinado. El motivo es el clásico choque de trenes: Peinado ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por cuatro delitos y le ha quitado el pasaporte para que no se convierta en una turista inesperada. Pero el verdadero detonante no es la cita judicial, sino que el juez soltó una perla que ha dejado al Gobierno con el corazón en un puño: sugirió que sus propios escoltas podrían ayudarla a fugarse. Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior, no ha tardado ni un segundo en activar el botón del pánico. Tras trasladar una "más enérgica queja" a Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, el ministro ha pedido que se tomen las medidas pertinentes. Básicamente, Marlaska considera que Peinado ha insultado la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un movimiento que los sindicatos policiales han recibido con el mismo entusiasmo que una multa de tráfico en domingo. Ahora, el CGPJ decide si el juez Peinado ha cruzado la línea o si simplemente ha leído la realidad sin filtros. Mientras tanto, Begoña Gómez tiene una cita quincenal en el juzgado y la prohibición de salir del territorio nacional, un recordatorio de que, en este juego, el pasaporte es el trofeo más codiciado.
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