Crítica:
El texto original se pierde en detalles irrelevantes como la marca del tornillo del piano para distraer del núcleo: la impunidad. Es un ejercicio de voyerismo materialista que casi olvida la trama de espionaje judicial.
El texto original se pierde en detalles irrelevantes como la marca del tornillo del piano para distraer del núcleo: la impunidad. Es un ejercicio de voyerismo materialista que casi olvida la trama de espionaje judicial.
Pere Navarro y la DGT han decidido jugar al 'simulador de gestión' con la realidad de nuestras carreteras. La idea es romántica: que un agente de la Guardia Civil aparezca como por arte de magia cada vez que un conductor active su baliza V16. Un plan brillante si viviéramos en un mundo de Lego, pero en el mundo real, donde el presupuesto es un chiste y el personal es un recuerdo, suena a delirio. Carlos Cantero, de la AUGC, ha tenido que bajar el telón de este teatro con una dosis de realidad necesaria: es materialmente imposible. Hagamos cuentas de barrio. Tenemos unos 9.000 agentes de Tráfico cuando, para no morir en el intento, harían falta más de 10.000. Mientras tanto, la DGT nos suelta que hay unos 2.700 avisos de balizas V16 diarios. Casi 3.000 conductores pidiendo auxilio cada 24 horas. Intentar cubrir eso con la plantilla actual es como querer limpiar el Estadio Santiago Bernabéu con un cepillo de dientes mientras alguien sigue tirando palomitas. La hipocresía alcanza su clímax al comparar este caos con el País Vasco, donde la Ertzaintza sí acude a cada aviso. Claro, comparar la logística de una región pequeña con la inmensidad de España es como comparar un coche de juguete con un tráiler cargado de cemento. En la A-4 de Madrid, con 3 o 4 siniestros por turno y apenas dos o tres patrullas disponibles, el sistema ya está en modo supervivencia. Sumemos a esto las campañas de alcoholemia que absorben los pocos recursos que quedan y tenemos la receta perfecta para el colapso. Al final, lo de Navarro no es un protocolo, es un 'brindis al sol' pagado con la salud mental de los agentes.
Hay quien dice que la solidaridad obrera es sagrada, pero en los despachos de Madrid la solidaridad se mide en ceros y favores políticos. La historia es un clásico: UGT se metió en un jardín inmobiliario con la promotora PSV que terminó siendo un pantano de deuda. Para evitar que el sindicato aterrizara en la quiebra técnica, José Luis Rodríguez Zapatero ejecutó una maniobra de ingeniería legal en 2005 digna de un prestidigitador. Mediante un Real Decreto-ley, el Gobierno decidió que UGT debía cobrar hasta 149 millones de euros basándose en el testamento de Cesáreo del Cerro, un señor que murió en 1915 y que, curiosamente, quería que su dinero fuera a hospitales si la Casa del Pueblo desaparecía. Pero claro, los hospitales no votan ni tienen influencia en el PSOE. El dinero ni siquiera pasó por las arcas del sindicato; fue un traspaso directo al ICO para tapar el agujero. Un 'estoy yo aquí para salvarte' que dejó a CC.OO. y a la CNT echando humo. Mientras UGT recibía el rescate completo, la CNT —que en tiempos de la Guerra Civil era la jefa de la calle— recibió migajas. Zapatero les soltó apenas el 8% de lo que le dio a UGT. Es como si tres hermanos heredan una fortuna y el padre decide que uno se lleva el ático y los otros dos se reparten los cubiertos usados. El Tribunal Supremo intentó poner un parche en 2018 obligando al Estado a pagar a la CNT 2,5 millones de euros y un par de inmuebles, pero con una letra pequeña insultante: valoraron los bienes con precios de 1986. Básicamente, les devolvieron el valor de un coche de lujo de hoy con el precio de un Seat Panda de hace cuatro décadas. Al final, el Tribunal Constitucional tumbó el decreto, pero el daño —o el favor— ya estaba hecho.
Hay una ironía perversa en que la naturaleza sea el mejor agente de inteligencia del Estado. Luis María Olalde, alias 'Txistu', llevaba décadas jugando al escondite en Caracas, convencido de que el Caribe era el refugio perfecto para quien huyó en 1979 tras dejar un rastro de sangre. Pero el 25 de junio, la tierra decidió dejar de ser cómplice. Un terremoto en el barrio de San Bernardino no solo derrumbó paredes, sino que desmanteló un anonimato construido a base de distancia y silencio. Mientras el mundo contaba los daños, el rescate de Olalde entre los escombros funcionó como un GPS involuntario para la asociación Dignidad y Justicia. El contraste es brutal: mientras la tragedia se cobraba la vida de Alazne Solabarrieta, nieta del ex alcalde de Ondarroa, el destino le regalaba la vida a un hombre acusado de participar en el atentado del comando Urola en 1978, donde tres guardias civiles fueron ejecutados. Es el azar en su estado más cínico. Olalde intentó jugar la carta de la prescripción, esa herramienta legal que es como intentar borrar una deuda vieja diciendo que el banco ya no tiene el recibo. Sin embargo, el magistrado Francisco de Jorge no entró al trapo y, precisamente el mismo 25 de junio, mantuvo activa la orden de requisitoria internacional. Ahora, el magistrado Santiago Pedraz, desde la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido la querella el 7 de julio. La maquinaria judicial española ya ha pasado el modo 'espera' al modo 'caza'. Buscan la captura y extradición de alguien que pensó que el cemento de Caracas sería su escudo eterno, solo para descubrir que, a veces, el cielo se cae sobre la cabeza de quien más quiere esconderse.
España ha jugado a la ruleta rusa con sus secretos de Estado y parece que el tambor estaba cargado. Resulta casi cómico que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) haya tenido que redactar un informe reservado para avisar de lo evidente: tener las tripas de nuestra defensa gestionadas por Palantir es como dejar las llaves de casa puestas en la puerta con un cartel que dice 'Bienvenidos, CIA e Israel'. La ingeniería financiera de este chiringuito es fascinante. En 2023, el Estado Mayor de la Defensa se gastó 16,5 millones de euros en un contrato adjudicado 'a dedo', sin publicidad, bajo la excusa de la 'exclusividad técnica'. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el Gobierno soltó esa cifra sin pestañear para que una empresa nacida con dinero de In-Q-Tel (el brazo inversor de la CIA) y vinculada a Peter Thiel organizara nuestros datos. El software de Palantir, con sus plataformas Gotham y Foundry, es la llave maestra que ahora gobierna el hardware militar. El problema es que esa llave pertenece a una corporación privada donde el 50% de los ingresos vienen del FBI, la OTAN o el ejército británico. Básicamente, hemos alquilado un cerebro artificial que probablemente envía copias de carbono de nuestra inteligencia a Washington o Tel Aviv a través de la Unidad 8200. Ahora, en un giro dramático de 'nos hemos dado cuenta tarde', Moncloa ordena la desconexión inmediata de las empresas de la SEPI, como Indra y Telefónica. El Cifas es tajante: no hay forma de saber qué ocurre con los datos una vez que entran en el sistema. Hemos pasado de la modernización digital a la vulnerabilidad extrema por un contrato de 16,5 millones que ignoró la norma de pedir tres presupuestos. Un descuido de principiantes con consecuencias de estado.
Hay una forma muy elegante de decir 'estamos arruinados' y es llamar a tu problema una 'aventura inmobiliaria fallida'. La UGT, en los años 90, decidió jugar a los promotores con la empresa PSV y el resultado fue un agujero financiero que amenazaba con mandarlos a todos a casa. Mientras el gerente, Carlos Soto, se llevaba una condena por apropiación indebida, el sindicato se quedaba con la factura. Pero no se preocupen, que para eso existen los amigos en el despacho de al lado. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que era el momento de hacer un 'ajuste de cuentas' creativo. Mediante un Real Decreto-ley, modificaron la Ley 4/1986 para que el Estado devolviera el patrimonio sindical incautado tras la Guerra Civil. Lo curioso es que el gran botín vino de un testamento de 1915. El industrial Cesáreo del Cerro dejó un millón de pesetas de la época para formar a obreros y sus hijos; un gesto noble que prohibía explícitamente vender los bienes y obligaba a usar las rentas para la educación. El detalle cómico es que el nombre de UGT no aparece por ninguna parte en el documento. ¿El resultado de esta ingeniería financiera? En 2006, la UGT recibió una compensación de 149 millones de euros que fueron disparados directamente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para tapar el desagüe de PSV. Un rescate millonario basado en un legado que, según el propio testamento, debió acabar en los hospitales de Madrid al disolverse las sociedades obreras. El Tribunal Constitucional acabó tumbando la urgencia del decreto, pero para entonces el dinero ya había hecho su magia. Mientras CC.OO. y la CNT miraban desde la barrera, la UGT transformó un fondo educativo en un comodín para salvarse de su propia mala gestión.
Hay quien dice que el talento es un don y quien prefiere que sea un trámite administrativo. David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del jefe de la Moncloa, parece haber optado por lo segundo. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, David disfrutaba de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, creada 'a dedo' y cocinada a fuego lento desde 2017. Un puesto ideal para quien, según los expertos, tiene la técnica musical de un gato caminando sobre un teclado. El centro del ruido es 'La danza de las chirimoyas', una pieza presentada en 2016 que es el único trofeo en su catálogo. El problema es que la obra es tan sofisticada que musicólogos y expertos se preguntan cómo es posible que la haya escrito alguien que, según las malas lenguas, no sabe ni dónde está el Do central. Aquí entra en juego la figura del 'autor fantasma', esa especie de jardinero invisible que poda la obra para que el dueño se lleve los aplausos. Se puso el foco en Leonel Morales, un pianista cubano de pedigrí, acostumbrado a interpretar a Alberto Ginastera. Morales, con la elegancia de quien no quiere líos, ha negado haber escrito la pieza. Dice que solo fue a casa de David Sánchez para una consulta técnica porque un alumno no entendía la partitura. Una visita de cortesía que ahora parece un interrogatorio policial. Mientras tanto, David se refugia en la Moncloa, esperando una sentencia que podría darle seis años de prisión. Pasar de los conservatorios a la celda es un giro dramático que ni la mejor composición contemporánea podría haber previsto.
TVE ha decidido que este domingo 12 de julio no es día de sofá y manta, sino de hacer un 'estirón' ideológico. Mientras el ciudadano medio intenta que el presupuesto del súper no parezca un atraco a mano armada, la televisión pública ha montado un maratón de cinco películas sobre la Guerra Civil, adelantándose al aniversario del 17 de julio. No es un ciclo de cine, es un despliegue de artillería narrativa. La jornada arranca a las 15:50 con 'El maestro que prometió el mar', donde Enric Auquer da vida a Antoni Beinages, el profesor republicano que terminó mal en Bañuelos de Bureba. A las 17:25 llega 'La vaquilla', la joya de Berlanga con Landa y Sacristán, que es básicamente la prueba de que el humor es la única forma de digerir que nos matamos entre vecinos. Para equilibrar el menú, a las 19:25 sueltan 'La mula', con Mario Casas y Mario Valverde, donde el bando nacional tiene su espacio, aunque sea en un plato pequeño. El plato fuerte llega tras el Telediario de las 21:00 con el estreno de '¿Es el enemigo?', una cinta sobre Miguel Gila que aprovecha su 25º aniversario luctuoso para recordarnos que el humor nace del trauma. Y para cerrar la persiana, 'Gernika. The Movie' de Koldo Serra nos lleva al bombardeo de 1937 con María Valverde. Entre 'La Hora de la 1', 'Mañaneros 360' y 'Informe Semanal', TVE ha decidido que el domingo es el día perfecto para recordarnos que, aunque pasen 90 años, el mando a distancia sigue siendo la trinchera favorita de los gestores culturales de turno.
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