Crítica:
El texto original es una sucesión de declaraciones sin contrastar la viabilidad técnica real. Se limita a exponer la queja sindical sin profundizar en por qué la DGT insiste en un modelo que sabe fallido.
Carlos Cantero, Guardia Civil: «Lo que quiere la DGT es imposible, no podemos acudir cada vez que alguien enciende una baliza V16»
V16: La DGT pide milagros imposibles
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Plazas vendidas: los 'genios' que huyen del BOE
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en La Coruña descubrieron que el éxito se puede comprar con un cheque. Imagínate el cuadro: 50.000 personas sudando tinta en septiembre de 2025 para entrar en la Seguridad Social, y de repente, 33 aspirantes en una sola provincia se convierten en los 'Einstein' del BOE, barriendo las mejores notas del país. Una anomalía estadística que no es suerte, es ingeniería financiera aplicada al examen. El juego era sencillo: reuniones en hoteles, pinganillos para el chivatazo y un precio que haría temblar a cualquiera, entre 20.000 y 60.000 euros por plaza. Básicamente, el coste de un piso pequeño a cambio de un sueldo público vitalicio. El Ministerio, bajo el mando de Elma Saiz, hizo una auditoría en enero que confirmó que el proceso era un coladero, aunque convenientemente decidieron que las irregularidades ocurrían 'fuera' de su departamento. Muy práctico. Lo más surrealista llega ahora. Siete de los elegidos han renunciado a su plaza. Seis de ellos eran los 'estrellas' de La Coruña (tres con cero fallos, dos con uno y otro con dos). ¿Quién renuncia a un puesto fijo hoy en día? Pues quien tiene miedo de que el Juzgado de Instrucción número dos de La Coruña, que ya investiga la falsificación documental, le pida explicaciones sobre cómo ocurrió el milagro. Algunos ya tienen plazas en ADIF, la AGE o Auxilio Judicial; parece que coleccionaban aprobados como quien colecciona sellos, saltando de organismo en organismo. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Cristina Asacia Navarro, la subsecretaria, firmó la lista de aprobados el 6 de febrero y dimitió ese mismo día. El Ministerio dice que fueron 'razones personales'. Seguramente, la razón personal de no querer estar sentada en el despacho cuando el castillo de naipes se desplome.
V16: La DGT pide milagros imposibles
Pere Navarro y la DGT han decidido jugar al 'simulador de gestión' con la realidad de nuestras carreteras. La idea es romántica: que un agente de la Guardia Civil aparezca como por arte de magia cada vez que un conductor active su baliza V16. Un plan brillante si viviéramos en un mundo de Lego, pero en el mundo real, donde el presupuesto es un chiste y el personal es un recuerdo, suena a delirio. Carlos Cantero, de la AUGC, ha tenido que bajar el telón de este teatro con una dosis de realidad necesaria: es materialmente imposible. Hagamos cuentas de barrio. Tenemos unos 9.000 agentes de Tráfico cuando, para no morir en el intento, harían falta más de 10.000. Mientras tanto, la DGT nos suelta que hay unos 2.700 avisos de balizas V16 diarios. Casi 3.000 conductores pidiendo auxilio cada 24 horas. Intentar cubrir eso con la plantilla actual es como querer limpiar el Estadio Santiago Bernabéu con un cepillo de dientes mientras alguien sigue tirando palomitas. La hipocresía alcanza su clímax al comparar este caos con el País Vasco, donde la Ertzaintza sí acude a cada aviso. Claro, comparar la logística de una región pequeña con la inmensidad de España es como comparar un coche de juguete con un tráiler cargado de cemento. En la A-4 de Madrid, con 3 o 4 siniestros por turno y apenas dos o tres patrullas disponibles, el sistema ya está en modo supervivencia. Sumemos a esto las campañas de alcoholemia que absorben los pocos recursos que quedan y tenemos la receta perfecta para el colapso. Al final, lo de Navarro no es un protocolo, es un 'brindis al sol' pagado con la salud mental de los agentes.
Zapatero salvó a UGT con 149 millones
Hay quien dice que la solidaridad obrera es sagrada, pero en los despachos de Madrid la solidaridad se mide en ceros y favores políticos. La historia es un clásico: UGT se metió en un jardín inmobiliario con la promotora PSV que terminó siendo un pantano de deuda. Para evitar que el sindicato aterrizara en la quiebra técnica, José Luis Rodríguez Zapatero ejecutó una maniobra de ingeniería legal en 2005 digna de un prestidigitador. Mediante un Real Decreto-ley, el Gobierno decidió que UGT debía cobrar hasta 149 millones de euros basándose en el testamento de Cesáreo del Cerro, un señor que murió en 1915 y que, curiosamente, quería que su dinero fuera a hospitales si la Casa del Pueblo desaparecía. Pero claro, los hospitales no votan ni tienen influencia en el PSOE. El dinero ni siquiera pasó por las arcas del sindicato; fue un traspaso directo al ICO para tapar el agujero. Un 'estoy yo aquí para salvarte' que dejó a CC.OO. y a la CNT echando humo. Mientras UGT recibía el rescate completo, la CNT —que en tiempos de la Guerra Civil era la jefa de la calle— recibió migajas. Zapatero les soltó apenas el 8% de lo que le dio a UGT. Es como si tres hermanos heredan una fortuna y el padre decide que uno se lleva el ático y los otros dos se reparten los cubiertos usados. El Tribunal Supremo intentó poner un parche en 2018 obligando al Estado a pagar a la CNT 2,5 millones de euros y un par de inmuebles, pero con una letra pequeña insultante: valoraron los bienes con precios de 1986. Básicamente, les devolvieron el valor de un coche de lujo de hoy con el precio de un Seat Panda de hace cuatro décadas. Al final, el Tribunal Constitucional tumbó el decreto, pero el daño —o el favor— ya estaba hecho.
Piano público y mesa real para el hermano
Hay que tener valor para componer una sinfonía mientras esperas que la Audiencia de Badajoz decida si te han coronado prevaricador o traficante de influencias. David Sánchez, el hermano del presidente, ha convertido el Palacio de La Moncloa en su refugio personal, donde el estrés judicial se combate con la acústica de un piano Kawai K-600. Para que el ciudadano medio lo entienda: mientras nosotros miramos la etiqueta del precio en el súper, el músico disfruta de un instrumento de 12.000 euros pagado con el dinero de todos, propiedad de Patrimonio Nacional. Pero el lujo no es solo sonoro, es histórico. El señor David no escribe sus notas en cualquier sitio; lo hace sobre una mesa que fue el epicentro del poder durante los mandatos de Adolfo Suárez y Felipe González, un regalo del Rey Juan Carlos que ahora sirve de soporte para partituras. Es el contraste perfecto: la solemnidad de la democracia española convertida en el escritorio de alguien que podría acabar condenado por una contratación fraudulenta en la Diputación de Badajoz. Mientras tanto, el ruido de fondo no es música clásica, sino el eco de la Audiencia Nacional investigando a Leire Díez —la famosa 'fontanera' del PSOE— por intentar espiar a la magistrada Beatriz Biedma. Sumemos a esto la presión de la Guardia Civil para ignorar un correo sospechoso llamado 'pedrosanchez1212' y las maniobras del entorno de Álvaro García Ortiz para dinamitar la instrucción. Al final, la partitura es siempre la misma: el poder protege al suyo, y si la sentencia sale mal, al menos lo hará rodeado de mármol rojizo, alfombras persas y la tranquilidad de que el piano, aunque esté arañado en el tornillo izquierdo, sigue siendo público.
Corte de pelo y dopaje en Carabanchel
Hay quien va a la peluquería para quitarse las canas y quien va para recuperar la chispa en la alcoba. En un local de Carabanchel, el dueño decidió que el corte de pelo era un negocio demasiado lento y optó por diversificar el catálogo. El pasado 3 de julio, la Policía Nacional terminó de afeitarle los planes a este emprendedor y a un socio más, cerrando un chiringuito donde el champú era lo menos importante. La Jefatura Superior de Policía de Madrid descubrió que el local funcionaba como una farmacia clandestina sin el rigor de un título universitario. Entre peines y tijeras, los agentes localizaron más de 11 gramos de cocaína y un arsenal de pastillas que harían palidecer a cualquier botica: ansiolíticos, benzodiacepinas, antidepresivos y esos potenciadores sexuales que prometen milagros pero que, sin receta, son una ruleta rusa. La cantidad de fármacos era tal que no cabía la duda: aquello no era un botiquín personal, era un centro de distribución logística. Pero el dueño no se quedó solo en la química. El local también era un centro de 'reciclaje' tecnológico. En la requisa aparecieron cuatro ordenadores portátiles y más de 30 teléfonos móviles; tres de ellos tenían la particularidad de haber sido denunciados como robados. Para rematar el cuadro, había herramientas profesionales valoradas en 10.000 euros cuya procedencia era tan difusa como la ética del propietario. Mientras el cliente esperaba su turno para un degradado, el dueño probablemente estaba calculando el margen de beneficio de un móvil sustraído o de una dosis de nieve. Dos detenidos, un delito contra la salud pública y otro de receptación. Al final, el único que salió con el look renovado fue el dueño, ahora con el uniforme reglamentario de la justicia.
Txistu: El terremoto que lo delató
Hay una ironía perversa en que la naturaleza sea el mejor agente de inteligencia del Estado. Luis María Olalde, alias 'Txistu', llevaba décadas jugando al escondite en Caracas, convencido de que el Caribe era el refugio perfecto para quien huyó en 1979 tras dejar un rastro de sangre. Pero el 25 de junio, la tierra decidió dejar de ser cómplice. Un terremoto en el barrio de San Bernardino no solo derrumbó paredes, sino que desmanteló un anonimato construido a base de distancia y silencio. Mientras el mundo contaba los daños, el rescate de Olalde entre los escombros funcionó como un GPS involuntario para la asociación Dignidad y Justicia. El contraste es brutal: mientras la tragedia se cobraba la vida de Alazne Solabarrieta, nieta del ex alcalde de Ondarroa, el destino le regalaba la vida a un hombre acusado de participar en el atentado del comando Urola en 1978, donde tres guardias civiles fueron ejecutados. Es el azar en su estado más cínico. Olalde intentó jugar la carta de la prescripción, esa herramienta legal que es como intentar borrar una deuda vieja diciendo que el banco ya no tiene el recibo. Sin embargo, el magistrado Francisco de Jorge no entró al trapo y, precisamente el mismo 25 de junio, mantuvo activa la orden de requisitoria internacional. Ahora, el magistrado Santiago Pedraz, desde la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido la querella el 7 de julio. La maquinaria judicial española ya ha pasado el modo 'espera' al modo 'caza'. Buscan la captura y extradición de alguien que pensó que el cemento de Caracas sería su escudo eterno, solo para descubrir que, a veces, el cielo se cae sobre la cabeza de quien más quiere esconderse.
España: Datos militares en manos ajenas
España ha jugado a la ruleta rusa con sus secretos de Estado y parece que el tambor estaba cargado. Resulta casi cómico que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) haya tenido que redactar un informe reservado para avisar de lo evidente: tener las tripas de nuestra defensa gestionadas por Palantir es como dejar las llaves de casa puestas en la puerta con un cartel que dice 'Bienvenidos, CIA e Israel'. La ingeniería financiera de este chiringuito es fascinante. En 2023, el Estado Mayor de la Defensa se gastó 16,5 millones de euros en un contrato adjudicado 'a dedo', sin publicidad, bajo la excusa de la 'exclusividad técnica'. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el Gobierno soltó esa cifra sin pestañear para que una empresa nacida con dinero de In-Q-Tel (el brazo inversor de la CIA) y vinculada a Peter Thiel organizara nuestros datos. El software de Palantir, con sus plataformas Gotham y Foundry, es la llave maestra que ahora gobierna el hardware militar. El problema es que esa llave pertenece a una corporación privada donde el 50% de los ingresos vienen del FBI, la OTAN o el ejército británico. Básicamente, hemos alquilado un cerebro artificial que probablemente envía copias de carbono de nuestra inteligencia a Washington o Tel Aviv a través de la Unidad 8200. Ahora, en un giro dramático de 'nos hemos dado cuenta tarde', Moncloa ordena la desconexión inmediata de las empresas de la SEPI, como Indra y Telefónica. El Cifas es tajante: no hay forma de saber qué ocurre con los datos una vez que entran en el sistema. Hemos pasado de la modernización digital a la vulnerabilidad extrema por un contrato de 16,5 millones que ignoró la norma de pedir tres presupuestos. Un descuido de principiantes con consecuencias de estado.
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