Crítica:
El texto original es una oda al alcalde que roza la propaganda partidista. Carece de equilibrio al omitir cualquier matiz social sobre la precariedad, limitándose a aplaudir el despliegue policial.
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Sánchez y el récord de leyes fantasma
Gobernar es el arte de gestionar el caos, pero lo de Pedro Sánchez ya parece más una partida de Tetris donde las piezas no encajan y la pantalla se llena de huecos. El balance es desolador: siete leyes en el último curso. Siete. Para quien no tenga el radar político calibrado, esto es como intentar montar un mueble de IKEA y que solo te queden siete tornillos puestos después de un año de trabajo. En 2018, llegando a mitad de año tras desplazar a Mariano Rajoy, el Congreso le sacó adelante once normas en medio ejercicio. Ahora, en la recta final de la legislatura, la maquinaria se ha gripado. El culpable tiene nombre y apellidos: Carles Puigdemont y su gente de Junts. Desde octubre, cuando decidieron que el apoyo estable era un concepto anticuado y que solo votarían lo que les diera un beneficio directo a Cataluña, el Ejecutivo vive en un estado de ansiedad permanente. Sin esos siete diputados, cada votación es una moneda al aire. Mientras tanto, Félix Bolaños intenta vender humo con una cifra de 52 normas publicadas en el BOE en la primera mitad de la legislatura, pero es un truco de magia contable. No confunda legislar con 'firmar papeles'. El Gobierno ha optado por la vía rápida: el real decreto ley. Es la versión 'fast food' de la democracia: el Ejecutivo dicta y el Congreso convalida sin enmendar, como quien acepta los términos y condiciones de una app sin leerlos. Entre las siete leyes supervivientes rescatamos la de Movilidad Sostenible y la de atención a la clientela (para que no te deje un robot hablando solo), además de una reforma del Código Penal contra la multirreincidencia que, curiosamente, contó con el visto bueno de la derecha. El jueves intentarán colar tres más, como la AP-9 para Galicia, pero eso es maquillaje en un edificio que se cae a pedazos.
Més busca sombras que ellos mismos borraron
Hay un arte casi místico en la capacidad de algunos políticos para descubrir problemas que ellos mismos ignoraron mientras tenían las llaves del coche. En Palma, la formación Més ha decidido que el Ayuntamiento de Jaime Martínez padece una ceguera climática terminal y le ha soltado una moción que es, básicamente, un mapa de sombras. Exigen que en seis meses se redacte un plan municipal de espacios y zonas de sombra, como si el sol de Baleares fuera una novedad de este trimestre y no un elemento básico del paisaje. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Los regidores de Més, que ahora gritan desde la oposición con Neus Truyol al mando, claman por ampliar horarios en piscinas, bibliotecas y casales de barrio. Lo curioso es que esos horarios, que ahora les parecen un castigo medieval, son exactamente los mismos que ellos mismos diseñaron y mantuvieron durante las dos legislaturas pasadas cuando gobernaban coaligados con el PSOE y Podemos. Es el clásico caso de 'el perro que se muerde la cola': critican la inacción institucional mientras el reloj marca la misma hora que cuando ellos mandaban. Para rematar la jugada, exigen una campaña de sensibilización contra el calor. Un detalle menor: el Govern balear —donde sus colores también pintan— ya tiene en marcha la campaña 'La calor pot ser mortal, la prevenció és vital'. Parece que la comunicación interna entre sus propias filas es tan eficiente como un teléfono escacharracado en mitad de una tormenta. El pleno del jueves 30 será el escenario de este teatro, donde la urgencia climática se usa como moneda de cambio para el juego político, mientras el ciudadano sigue sudando la gota gorda esperando que alguien, alguna vez, deje de hacer inventarios de sombras y empiece a plantar árboles.
Educación paga las nóminas de Presidencia
Hacer malabares con el dinero público es un arte, pero lo del Gobierno es ya cirugía estética de presupuesto. Imaginen que en su casa deciden quitarle el presupuesto de la comida de los niños para pagar la suscripción al gimnasio del padre porque se le olvidó renovar el contrato. Pues bien, el Consejo de Ministros ha aplicado esa misma lógica a escala nacional. Han decidido que el Ministerio de Educación soltará 309.840.377,20 euros para que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones no tenga que dejar a sus empleados en el aire. La excusa es la de siempre: la prórroga presupuestaria. Llevamos desde finales de 2022 intentando aprobar unos Presupuestos Generales que parecen un unicornio: todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. El resultado es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado tres años ignorando la obligación constitucional de presentar cuentas claras. Para solucionar este agujero contable, han decidido que la educación es la hucha perfecta. Mientras el departamento de Bolaños gasta más del 73% de sus fondos en personal —nóminas, trienios y complementos que no perdonan—, el Gobierno prefiere no decirnos qué se queda sin fondos en las aulas. ¿Becas? ¿Digitalización? ¿Refuerzo escolar? El texto brilla por su ausencia en detalles, pero el sablazo es quirúrgico. Todo esto ocurre mientras intentan vender una senda de estabilidad para 2027-2029 con un déficit del 1,8% del PIB para el próximo año, bajando al 1,6% en 2028 y al 1,5% en 2029. Un ejercicio de optimismo matemático donde la Administración Central se lleva la tajada del 1,5%, 1,4% y 1,3% respectivamente, dejando a las comunidades autónomas con unas migajas de 5.849 millones de euros de margen fiscal. Básicamente, han vaciado la mochila del alumno para pagar el café del despacho.
Dos millones para reírse de Abascal
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decidido que gastar 1.908.710 euros en un informe para reírse de sus adversarios es una inversión razonable. No es un folleto de barrio; es el proyecto 'DemocraZia con Z', una joya de la ingeniería financiera cofinanciada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Consejo de la Juventud de España (CJE), con el INJUVE soltando la pasta. El resultado es un tostón de 145 páginas titulado 'Entre el cuestionamiento y el cambio', que pretende analizar la desafección juvenil pero termina pareciendo el grupo de WhatsApp de un militante muy motivado. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos, el Gobierno paga para que una joven de 24 años describa a Santiago Abascal como 'Jesucristo reencarnado' en un tono de burla que haría palidecer a cualquier manual de neutralidad administrativa. Lo más fascinante es la gimnasia mental del texto. Vox, con sus más de 3 millones de votantes, es pintado como una 'amenaza' sistémica. En cambio, la corrupción del entorno de Sánchez —con Begoña Gómez y su hermano en el ojo del huracán— se diluye en un caldo primigenio donde 'todos son iguales' y la desconfianza es general. Es el truco del mago: distraer con el 'fascismo' del vecino mientras se barre el polvo de los propios casos de las cloacas bajo la alfombra de la 'desafección política'. Todo este despliegue de pedagogía selectiva tiene fecha de caducidad: octubre de 2026, coincidiendo con los 50 años de España en libertad. Un brindis con champán pagado con el dinero de quienes, precisamente, no confían en la política profesional.
Guardia Civil: castigo al raso, impunidad arriba
En la Benemérita, parece que el manual de disciplina se aplica según el rango: para la tropa, la guillotina; para el mando, un masaje en la espalda. Mientras Carlos Román y Manuel Velarde, dos veteranos con el currículum lleno de cruces al mérito y experiencia en antiterrorismo, fueron suspendidos de empleo y sueldo justo antes de Navidad por publicar un comunicado defendiendo el Estado de Derecho el 10 de noviembre de 2023, la cúpula opera en otra dimensión. A estos agentes les aplicaron la 'máxima', dejándolos sin un euro en la cuenta bancaria por una nota redactada por abogados, tratándolos como si fueran golpistas en lugar de quienes persiguieron el procés. El Tribunal de Justicia Central Militar tuvo que intervenir para decir que la medida era 'desproporcionada con creces', pero el daño psicológico ya estaba hecho. La comedia se vuelve surrealista cuando miramos hacia arriba. Manuel Llamas, el DAO, lleva casi dos semanas imputado por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso de las 'cloacas del PSOE', y sigue en su despacho como si nada hubiera pasado. Es la doble vara de medir en estado puro: a un agente como Serviliano Valencia le clavan 15 días de suspensión y un sablazo de 1.400 euros por mirar la matrícula de Carles Puigdemont —un prófugo con euroorden—, mientras que los mandos imputados no pierden ni el sitio en el parking. Desde Agustín Leal, suspendido seis meses por decir que sin Guardia Civil España sería como Venezuela, hasta Braulio J. Calvo, procesado por buscar el DNI de su hermano desaparecido, el mensaje es claro. Si eres la escala básica, cualquier 'exasperación' retórica te deja en la calle; si eres el DAO o la directora Mercedes González, la imputación es solo un trámite administrativo que no interfiere con el horario de oficina.
Expulsiones en España: el 94% se queda
En España, una orden de expulsión judicial tiene hoy el mismo valor práctico que un ticket del parking caducado. Según los datos del Poder Judicial para 2024, el 94% de los condenados con orden de salida se queda aquí cómodamente instalado. De 22.977 casos proyectados, solo 1.338 fueron efectivos. Una eficiencia tan baja que haría llorar a cualquier gestor de barrio. ¿El truco de magia? El bendito 'arraigo'. Basta con decir que tienes un primo, un perro o un contrato de alquiler para que la sentencia se convierta en una sugerencia decorativa. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban la cuota del gas, el Estado se gasta 770 millones de euros anuales en mantener a presos extranjeros. Para que nos entendamos: el 33,45% de la población reclusa es extranjera, y en Cataluña esa cifra se dispara al 52,85%. Es como pagar la cena de un desconocido que, además, te ha robado la cartera antes de sentarse a la mesa. Vox, que no piensa dejar pasar el desliz, ha registrado una batería de medidas para acabar con este 'oscurantismo'. Denuncian que el sistema SEC maquilla la realidad al contar como españoles a los 3 millones de nacionalizados, independientemente de su origen. Para solucionar este agujero contable, proponen copiar a la Ertzaintza y publicar el lugar de nacimiento. El objetivo es claro: que el origen no sea un escudo y que el artículo 89 del Código Penal se modifique para revocar la nacionalidad a quien cometa cualquier delito. Al final, el mensaje es simple: si vienes a jugar con las reglas de la casa pero rompes los muebles, la maleta te espera en la puerta, sin importar cuánto tiempo lleves aquí.
Hacienda y el 'error' del amigo Zapatero
Hacienda tiene un radar que detecta hasta el último céntimo de un autónomo que no ha dormido en tres días, pero parece que sufre de amnesia selectiva cuando el sujeto es Julio Martínez, el socio y amigo íntimo de Zapatero. Es fascinante. Mientras el ciudadano medio tiembla al abrir el buzón, Martínez vivió cuatro años en un limbo fiscal absoluto, sin presentar declaraciones de renta a pesar de cobrar un sueldo en ASP Renta. Un detalle: la empresa sí practicaba la retención mediante el modelo 190 y deducía los gastos en Sociedades. Es decir, el dinero salía, el Estado lo anotaba, pero al llegar al destinatario, el rastro se borraba como si fuera un dibujo en la arena durante una tormenta. La comedia llega al clímax con el alquiler. Martínez paga su piso con cuentas vacías, mientras el casero, muy diligente, lo declaraba todo en el modelo 180. Un cortocircuito administrativo que haría llorar a cualquier gestor de barrio. Soledad Fernández, quien dirigió la AEAT desde 2022, compareció en el Senado con la mirada perdida, calificando este agujero contable como un "lamentable error". Curioso que este error coincida con la salida precipitada de la propia Fernández y de la directora de RRHH, justo cuando el organismo se convierte en un coladero de favores. Entre la entrega de la Agencia Tributaria a Cataluña y el trato preferente al hermano de Pedro Sánchez en Portugal, la AEAT parece haber pasado de ser un perro guardián a un mayordomo complaciente. Si realmente existió un error, encontrar al responsable es cuestión de un clic en el sistema de trazabilidad. Pero el silencio es ensordecedor. Quizás es que, en los círculos de poder, el 'olvido' es la herramienta de ingeniería financiera más eficiente de todas.
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