El texto original es una crítica disfrazada de noticia que acierta en el contraste, pero peca de redundancia al repetir la estrategia de redes sociales tres veces. Es un ejercicio de manual sobre la desconexión entre el relato oficial y la calle.
Hay una forma de gestionar las crisis fronterizas y luego está la de Pedro Sánchez: dejar que el caos se instale mientras los ministros pulen sus habilidades en el arte del insulto digital. En Ceuta, la entrada masiva de miles de personas desde Marruecos ha dejado al descubierto una gestión con más agujeros que un colador, pero lo verdaderamente fascinante no es la tragedia, sino el circo mediático que le sigue. Primero llegaron Iker Jiménez y Carmen Porter, quienes cambiaron el bronceo por el barro en una entrega especial de Horizonte. El resultado fue un festín de audiencia: un 13,5% de cuota, rozando el millón de espectadores de media y sumando 3,3 millones de televidentes únicos. Básicamente, el país entero decidió que prefería ver la realidad en Ceuta que cualquier otra cosa en la tele. Entonces aparece Ana Rosa Quintana. La periodista decidió que sus vacaciones eran prescindibles y montó un despliegue que haría palidecer a una campaña electoral. Desde este domingo en Fiesta, pasando por los Informativos de Fin de Semana, hasta el lunes en La Mirada Crítica, Vamos a Ver e Informativos Telecinco. Un itinerario tan apretado que no deja espacio ni para respirar. Pero claro, que el periodismo se mueva cuando el Gobierno se queda congelado es un problema. Óscar Puente, el ministro de Transportes, decidió que la respuesta institucional adecuada no era dar soluciones, sino jugar a los memes en X. El ministro publicó un GIF de un buitre, sugiriendo que Ana Rosa es una carroñera de la noticia. Es la nueva diplomacia del Estado: si no puedes arreglar la frontera, intenta humillar a la que informa sobre ella. Un despliegue de elegancia digno de alguien que cree que un emoji sustituye a una política de Estado.
Hacer un presupuesto doméstico es hoy un deporte de riesgo, pero en el Ministerio de Igualdad el dinero fluye con la naturalidad de quien tiene la tarjeta del contribuyente sin límite de crédito. El último 'estreno' es el "Pasaje Begoña", un cómic que recrea la noche de Torremolinos entre 1962 y 1971. El coste de esta joya gráfica: 6.106,03 euros. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como pagar el alquiler de un piso pequeño durante medio año para que 137 personas —sí, solo 137 descargas— le echen un vistazo rápido en el móvil. La ingeniería financiera es fascinante. Se gastaron 4.999,99 euros solo en derechos de reproducción y maquetación, y otros 1.106,04 euros en imprimir 300 ejemplares que probablemente ahora sirven de calzos para alguna mesa de oficina. Todo bajo la firma de Julio del Valle de Íscar, responsable de la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+, quien en 2025 percibió un sueldo de 101.408,25 euros. Mientras el ilustrador Vito Montolio dibujaba la resistencia contra la Gran Redada de 1971, la administración dibujaba un agujero contable más en su hoja de Excel. Este tebeo es solo la punta del iceberg de una colección de excentricidades. Es el postre después de habernos tragado una app de 211.000 euros para repartir las tareas del hogar o 2,8 millones para fomentar la masturbación en mayores de 60. El Ministerio, ahora bajo Ana Redondo, parece operar bajo la premisa de que el presupuesto público es un fondo de fomento para el arte conceptual y la pedagogía de nicho. Al final, la única 'lección de resistencia' que queda es la del ciudadano, que resiste cada día que el Estado le saca más dinero del bolsillo para financiar viñetas que nadie lee.
Hay quien dice que la privacidad es un derecho, pero lo de Pedro Sánchez ya es un deporte de riesgo para el resto de los mortales. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para ver si llega al final del mes, el presidente ha decidido que 732.202 m² de océano son demasiado espacio para compartir. El Gobierno, mediante la Capitanía Marítima de Las Palmas y el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, ha levantado un muro invisible de un kilómetro alrededor de La Mareta. Básicamente, si tu barco se acerca a la zona de Costa Teguise entre el 1 y el 24 de agosto de 2026, te conviertes en un intruso en el paraíso privado del jefe. Lo fascinante es el contraste, esa ironía fina que ya roza lo surrealista. El mismo viernes, Sánchez aterrizó en Ceuta para una visita relámpago de 105 minutos. Un 'estoy aquí, saludo y me voy' para luego volar directo a Lanzarote. En Ceuta, el discurso era la seguridad y el despliegue de boyas en el Tarajal para frenar una avalancha de marroquíes que el Supremo ya había advertido. Pero claro, la seguridad es un concepto elástico: para Ceuta son boyas y sentencias; para las vacaciones del presidente en una finca de 30.900 m², es un radioaviso (el NR-2048/2026) que prohíbe la navegación. La Mareta, ese regalo del rey Hussein II de Jordania que Felipe VI cedió a Patrimonio Nacional para 'promocionar el turismo', se ha convertido en el refugio personal de la familia Sánchez y Begoña Gómez. Con piscinas, helipuerto y la firma de César Manrique, el palacio es el escenario perfecto para descansar sin que ninguna embarcación perturbe la paz del contribuyente que paga la fiesta. Un despliegue de seguridad marítima que hace que navegar por Lanzarote sea ahora más complicado que conseguir una cita en el consulado.
Parece que en Bruselas se han despertado con el pie izquierdo y han decidido que España es el agujero de seguridad de Europa. Mientras nosotros intentamos cuadrar las cuentas del mes, Italia y otros siete países han decidido que Pedro Sánchez ha pasado de 'gestionar la frontera' a dejar la puerta abierta de par en par en Ceuta. La cifra es obscena: 60.000 personas intentando entrar en dos días. El Ministerio del Interior dice que 53.000 han vuelto a Marruecos 'voluntariamente', pero en Europa no compran el cuento. Para Meloni y compañía, esto no es un accidente, es una invitación formal. La respuesta de Sánchez ha sido la clásica: sacar la calculadora y decir que somos los buenos. Según Frontex, España ha tenido 234.760 entradas irregulares en cinco años, una cifra que parece calderilla comparada con los 478.600 de Italia o los 259.800 de Grecia. Pero claro, los datos son como el detergente: sirven para limpiar la imagen, pero no quitan la mancha. Mientras el presidente habla de 'empatía' en X, Ursula von der Leyen le ha dado un tirón de orejas llamando 'inaceptables' las imágenes de Ceuta. La broma pesada es que Italia ya ha activado controles aleatorios en puertos y aeropuertos para extracomunitarios que vengan de aquí. Es el equivalente a que tu vecino te ponga una cerradura nueva en el portal porque sospecha que tú dejas entrar a cualquiera. Francia, con Macron y Barnier, ya está reforzando el muro invisible, y Alemania, con Friedrich Merz, pide que recuperemos las fronteras 'lo antes posible'. Incluso Donald Trump ha aprovechado para pescar en río revuelto, usando el caos de Ceuta como un anuncio electoral contra los demócratas. Al final, España se encuentra en el patio del colegio, señalada por todos, mientras el Tribunal Supremo nos prohíbe las devoluciones en caliente y el resto de Europa nos mira como si hubiéramos perdido las llaves de la casa.
Hay quien cree que las crisis migratorias son accidentes del destino o el resultado de un grupo de WhatsApp mal gestionado. Qué ternura. Lo de Ceuta, con 60.000 personas intentando entrar entre el miércoles y el viernes, no fue una 'distracción' de la guardia ni un desliz de las mafias. Fue una operación de relojería ejecutada por Fouad Ali El Himma, el hombre que en Rabat llaman el «virrey». Mientras el mundo miraba los espigones, El Himma estaba jugando al ajedrez con la miseria ajena para hundir al Gobierno de Aziz Akhannouch. Traduzcamos el lenguaje diplomático al de la calle: usar a miles de personas como carne de cañón para ganar unas elecciones es el equivalente político a quemar la casa del vecino para que te contraten como bombero. El Himma, consejero de Mohamed VI y arquitecto del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), decidió que la mejor campaña para los comicios del 23 de septiembre era demostrar que el Ejecutivo de Akhannouch es un decorado de cartón piedra. La hipocresía alcanzó niveles estratosféricos el miércoles por la noche. Mientras el monarca Mohamed VI daba un discurso sobre estabilidad y progreso económico, miles de ciudadanos —provenientes no solo de la frontera, sino de Casablanca, Rabat, Tánger y Marrakech— se lanzaban al agua. Es el contraste perfecto: el Rey vende un país de primera en televisión y, simultáneamente, el «virrey» abre las puertas para que la gente huya. El Majzén funciona así: los ministros gestionan la sanidad o la educación (la gestión del día a día, como quien lleva la cuenta del supermercado), pero el control real de la seguridad y el Interior es un club privado donde El Himma es el portero. Al final, 60.000 personas fueron el instrumento de una purga interna para que el PAM gane peso frente al RNI. Una jugada maestra de ingeniería política donde el coste humano es, lamentablemente, el dato más irrelevante del balance.
Hay que tener valor para jugar al Monopoly con la frontera y sorprenderse cuando los demás jugadores se levantan de la mesa. Veintidós países europeos, desde la Alemania de Scholz hasta la Italia de Meloni, le han enviado una carta a António Costa y Ursula von der Leyen que es, básicamente, un 'estás jugando con fuego, Pedro'. El motivo es el clásico efecto llamada: la regularización masiva de migrantes en España ha sido vista por Bruselas y sus satélites como un imán gigante que atrae a cualquiera con un sueño y un bote inflable. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación la lista de la compra parece un libro de terror, el Gobierno de Sánchez ha decidido que abrir el grifo de los permisos de residencia es una buena estrategia. El resultado es que ahora 22 naciones —incluyendo a Polonia, Hungría y Grecia— advierten que entrar ilegalmente se ha convertido en un trámite administrativo con premio final. No es solo una cuestión de logística; es que el Tribunal Supremo ha soltado una sentencia que, según los firmantes, ha servido de combustible para que se abuse del sistema de asilo europeo. Lo más irónico es que, mientras Sánchez pide ayuda, sus socios europeos amenazan con cerrar el chiringuito. Meloni ya ha sugerido que España podría acabar fuera del espacio Schengen, lo que sería el equivalente geopolítico a que te expulsen del grupo de WhatsApp familiar por generar demasiadas discusiones. Piden una videoconferencia urgente de ministros de Interior y amenazan con reintroducir controles fronterizos internos. No ha habido desplazamientos no autorizados desde Ceuta al resto de Europa todavía, pero el miedo es contagioso: la percepción de que la ilegalidad es el camino más corto hacia la legalidad ha dinamitado la confianza del bloque.
Gestionar la frontera de Ceuta parece haberse convertido en un ejercicio de 'esperar a que el agua llegue al cuello' para luego sorprenderse de que el agua moja. Mientras el Gobierno se dedicaba a ignorar sistemáticamente los informes de inteligencia militar y civil, la realidad se cocinaba a fuego lento en Castillejos. No fue un descuido; fue una ceguera selectiva. Los servicios de inteligencia avisaron de que la fiesta del Trono de Marruecos sería el escenario perfecto para un 'gesto de magnanimidad' del rey Mohamed VI. Pero en Madrid, los avisos fueron como el ticket del supermercado que dejas en la encimera: se ve, pero no se lee hasta que llega el extracto bancario. El resultado fue un caos coreografiado. 60.000 personas cruzaron el paso fronterizo a pie y a nado en menos de 24 horas. Para que nos entendamos: es como si intentaran meter a toda la población de una ciudad mediana por una puerta de servicio en un solo día. Mientras la gendarmería marroquí miraba la escena 'de brazos cruzados' y hasta ayudaba a organizar el tráfico de autobuses, el Ejecutivo se limitaba a enviar una treintena de agentes y una embarcación que, para colmo, se averió. Una broma de mal gusto. Pedro Sánchez calificó el evento como un 'ataque a la integridad territorial', pero mientras el líder alababa una cooperación 'ejemplar y leal', la Guardia Civil recordaba que esto ya pasó en mayo de 2021 con 8.000 personas, solo que ahora el agujero es más profundo. Al final, 53.000 regresaron —muchos por hambre— y el Gobierno decidió que la solución a una sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de nadadores es poner boyas en el mar. Básicamente, quieren ponerle una valla al océano para que la burocracia vuelva a funcionar. Un parche de bazar para una crisis de Estado.
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