El Tribunal de Cuentas irrumpe en la Diputación de Badajoz tras la denuncia para que el hermano de Sánchez ...

Sablazo en Badajoz: El Tribunal pide cuentas

politica Una ilustración conceptual y satírica. Un escritorio de oficina gubernamental antiguo y lujoso donde un enorme sello de caucho con la palabra 'CUENTAS' aplasta una montaña de billetes y partituras musicales. Al fondo, una puerta abierta que muestra un pasillo vacío y frío de una institución pública. Estilo editorial de revista, colores contrastados, atmósfera de auditoría y sarcasmo.

Hay quien dice que el dinero público es como el aire: invisible hasta que alguien te lo quita. En la Diputación de Badajoz, parece que el aire soplaba con un aroma particularmente caro. El Tribunal de Cuentas ha decidido dejar de mirar desde la barrera y se ha plantado en los pasillos de la administración provincial para hacerle un examen sorpresa a la contabilidad.

El objetivo es claro: rastrear el rastro de los 340.572,36 euros que David Sánchez Pérez-Castejón cobró entre julio de 2017 y mayo de 2025. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier familia intentando cerrar el mes con la inflación actual, pero que para el hermano del presidente del Gobierno fue el salario de una plaza que la Audiencia Provincial de Badajoz calificó, con una elegancia brutal, de «innecesaria y vacía de contenido». Pero el festín no terminó ahí.

En el menú de la sospecha también aparece Luis María Carrero, ex asesor de Moncloa, quien se embolsó 86.988,76 euros entre enero de 2024 y junio de 2025. Sumando ambos, tenemos un agujero contable de 427.561,12 euros que ahora el organismo presidido por Enriqueta Chicano quiere recuperar.

La jugada maestra llega de la mano de Iustitia Europa, que ha logrado que su denuncia supere el trámite inicial y llegue a la Sección de Enjuiciamiento, evitando que el tiempo borre las huellas de este «procedimiento de escaparate». Como si el sueldo por no hacer nada no fuera suficiente, la fiesta incluyó la producción de 'La Paz Perpetua' y el 'Proyecto Ópera Joven', donde se gastaron 128.080 euros para recaudar unos miserables 2.000.

Básicamente, un negocio donde la pérdida es la norma y el beneficio es el prestigio. Mientras Miguel Ángel Gallardo se enfrenta a 18 años de inhabilitación, el Tribunal de Cuentas busca ahora que el dinero vuelva a las arcas públicas, porque resulta que trabajar para el Estado sin trabajar es un lujo que ya no se puede permitir.

Crítica:

La noticia es un ejercicio de precisión técnica que oculta la indignación bajo cifras. El titular original es un intento desesperado de generar clics mediante la elipsis, aunque el contenido es sólido.

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