Crítica:
La noticia es un festín de datos, pero falla al no profundizar en el silencio administrativo de la Hacienda vasca. El título es efectivo, aunque el cuerpo del texto se pierde un poco en la cronología de las fechas.
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RTVE: un millón en polvos y pelucas
Hay quien dice que la imagen lo es todo, pero en RTVE se han tomado la frase demasiado en serio. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta del súper con el corazón en un puño, la corporación pública ha decidido que poner polvos y peinar flequillos requiere una inversión de 1.212.000 euros (IVA incluido). Sí, han leído bien: más de un millón de euros para que los presentadores no tengan un brillo incómodo bajo los focos de Torrespaña o Prado del Rey. La jugada es tan clásica que asusta. Dicen que hay más trabajo porque ahora tenemos joyas programáticas como 'Directo al grano', 'Malas lenguas' o 'Al cielo con ella', además de los despliegues del Benidorm Fest y visitas papales. Pero el truco está en la letra pequeña: el presupuesto se ha duplicado. Hemos pasado de un contrato de 502.000 euros a uno de 1.002.000 euros sin impuestos. Básicamente, han decidido que es más rentable pagarle a una empresa externa que contratar a gente propia. Aquí es donde entra la aritmética de la calle. Según el sindicato CGT, cada servicio externo sale por unos 60,50 euros con IVA, mientras que si lo hicieran con personal interno, el coste caería a unos 23,95 euros. Un sobrecoste de 36,55 euros por cada pincelada. Es como decidir que, en lugar de cocinar en casa, vas a pedir comida a domicilio tres veces al día solo porque te da pereza encender el fogón, aunque tu cuenta bancaria esté en números rojos. RTVE dice que la plantilla se ha reducido por jubilaciones y fin de contratos, pero la CGT no compra el cuento. Denuncian una externalización salvaje donde se prefiere tirar la tarjeta pública que abrir plazas en la oferta de empleo. Al final, el maquillaje es impecable, pero la gestión contable tiene unas ojeras que no se quitan ni con el corrector más caro del mercado.
Puente trolea a Ryanair con su CEO
Hay algo profundamente poético en ver a un ministro jugar al tenis con los tweets. Óscar Puente, que lleva unos días haciendo malabares con su posible candidatura para suceder a Pedro Sánchez, ha decidido que su nuevo hobby es trolear a Ryanair. El escenario es el de siempre: la aerolínea irlandesa dice que Aena es carísima y que por eso va a recortar tres millones de plazas entre 2025 y 2026. Básicamente, Ryanair quiere que el Estado le baje la factura del alquiler de la pista para seguir engrosando la hucha, usando la 'falta de competitividad' como excusa para apretar las tuercas al Gobierno. Pero Puente ha decidido no comprar el discurso. En lugar de responder con el típico comunicado acartonado de ministerio, ha optado por el sarcasmo digital. Cuando la compañía calificó de 'falsas' sus explicaciones sobre la reducción de vuelos, el ministro soltó una perla en X: 'No sé chicos. Yo me he fiado de lo que dice vuestro CEO. Quizá debía haber buscado una fuente más fiable'. Un zasca en toda regla que traduce la diplomacia institucional al lenguaje de una discusión de bar. La jugada maestra de Puente ha sido usar el arma del enemigo. Ha rescatado las quejas del propio Michael O'Leary contra Boeing y sus fallos de calidad en Seattle con los 737 MAX, citando a Quartz y Tourinews. El mensaje es claro: no es que Aena sea cara, es que Boeing no entrega los aviones y vuestra planificación operativa es un caos. Mientras Ryanair intenta que el Ejecutivo le haga un descuento en las tasas aeroportuarias, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible le recuerda que, en el juego de las mentiras corporativas, el ministro acaba de aprender a jugar.
Socio fiable: el negocio que ignora tensiones
Hay una palabra que en el Palacio de la Moncloa se repite con la devoción de un mantra religioso: 'socio fiable'. Mientras tanto, en el otro lado del estrecho, Mohamed VI sigue mirando Ceuta y Melilla como quien mira un terreno que alguien olvidó cerrar con llave. Es la danza eterna de la diplomacia: nosotros ponemos la cara de póker y ellos ponen la tensión. Pero si dejamos de lado los discursos orquestados, los números cuentan una historia mucho más pragmática y, para algunos, indigesta. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en 2024 Marruecos ha decidido que España es su tienda favorita. El 19% de sus exportaciones aterrizan aquí, un sablazo de 12.000 millones de dólares que deja a Francia, con sus 10.000 millones (15,8%), comiendo polvo en el segundo puesto. No hablamos de cuatro cajas de dátiles; hablamos de maquinaria eléctrica, electrónica, ropa y hasta camiones. Lo fascinante es el ritmo de crecimiento. Desde que Pedro Sánchez tomó el mando en 2019, cuando las exportaciones marroquíes hacia España eran de 8.000 millones de dólares, la cifra ha subido un 50%. Es un crecimiento que haría palidecer a cualquier cuenta de ahorros doméstica. Y en el camino inverso, el flujo es igual de generoso: España ha pasado de venderle a Marruecos 8.970 millones en 2019 a unos 14.500 millones en 2024, un salto del 61,65% que incluye combustibles y maquinaria pesada. La paradoja es deliciosa. Marruecos depende de nosotros para respirar económicamente —el 65% de sus ventas van a la UE—, pero no duda en lanzar dardos políticos. Mientras tanto, para España, Marruecos es apenas un 3,66% de nuestras exportaciones totales. Básicamente, somos el cliente que paga todas las facturas mientras el proveedor nos recuerda que, en cualquier momento, podría cambiar la cerradura de la puerta.
Ceuta: polideportivos convertidos en albergues improvisados
Mientras Pedro Sánchez terminaba de broncearse en La Mareta, Lanzarote, la ciudad de Ceuta se convertía en un tablero de juego donde las piezas son personas y los espacios, el patrimonio de los vecinos. El calendario es cruel: el 30 de julio estalla el caos migratorio y el Consejo de Ministros, que parece operar con el ritmo de una siesta eterna, decide despertar el 25 de agosto. Veinticinco días después, cuando la paciencia de la calle ya no cabe en un vaso de agua, el Gobierno activa el mando único bajo la batuta de Ángel Víctor Torres, quien promete flexibilidad hasta el 31 de diciembre, como quien te dice que la factura del gas es 'negociable'. La solución propuesta es un ejercicio de optimismo surrealista. Mediante un real decreto, el Ejecutivo ha decidido que los polideportivos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz-Flor —sí, esos donde los niños juegan y hay piscinas climatizadas— son el sitio ideal para gestionar la crisis. Es como si, ante una inundación en tu casa, la solución fuera convertir el salón y la cocina en un almacén de esponjas. A esto se suma el Hospital Militar, el aparcamiento de Loma Colmenar y la antigua fábrica de harinas. El Ministerio de Defensa y el de Transición Ecológica también han puesto sus granos de arena, cediendo terrenos en Loma Margarita, la Hípica, la explanada del Guano y el Acuartelamiento Coronel Fiscer. Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad, ha reaccionado con la indignación de quien descubre que le han cambiado la cerradura de casa sin avisar, ya que estos sitios no figuraban en la lista del domingo. El Gobierno local recurrirá a la justicia, sabiendo que convertir el barrio en un campamento improvisado es la receta perfecta para que la convivencia explote como un petardo en agosto.
Sánchez: del mando único al spa andorrano
Hay quien lucha por llegar a fin de mes con el ticket del supermercado en la mano, y luego está Pedro Sánchez, que gestiona el Estado como quien organiza una agenda de citas en un spa. La secuencia es casi poética: el Gobierno tarda 25 días en admitir que Ceuta es un caos y decide crear un mando único para gestionar la crisis migratoria desde Marruecos. Justo cuando el ciudadano medio piensa que el presidente ha recordado dónde está su despacho, el hombre hace el truco de magia definitivo. 48 horas después de reunir el Consejo de Ministros y el Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez se esfuma. Destino: Andorra. No es una visita oficial, es un 'viaje privado' con Begoña Gómez. El refugio es el Sport Hotel Hermitage & Spa en Soldeu, un complejo de cinco estrellas gran lujo donde el aire es más puro que las promesas electorales. Para los que tengan problemas de memoria, ya en 2025 la pareja reservó una planta entera del hotel para que los escoltas no les interrumpieran la paz. Es el equivalente a alquilar el cine entero para no escuchar al de al lado comer palomitas. Lo más fascinante es el sentido del tiempo del presidente. El 31 de julio interrumpió su estancia en el Palacio de La Mareta, en Lanzarote, solo unas horas para pisar la frontera del Tarajal, soltar cuatro frases y volver a la tumbona el mismo día. Tras pasar allí hasta el lunes 24 de agosto, ha decidido que la crisis territorial de Ceuta puede esperar mientras él despeja su agenda hasta el lunes. Al final, gestionar el país parece ser el pasatiempo que Sánchez practica entre hotel y hotel, siempre que el servicio de habitaciones sea excelente.
El clan Zapatero: 94 empresas fantasma
Hay familias que comparten el apellido y otras que comparten un catálogo de sociedades pantalla como quien reparte cromos en el recreo. El clan Martínez Martínez ha elevado la ingeniería financiera a nivel de arte abstracto. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de mantenimiento, Manuel Martínez Martínez se pasea vinculado a 94 sociedades activas. Un despliegue industrial impresionante, sobre todo porque la mayoría de estas empresas no tienen ni teléfono, ni web, ni local; son fantasmas corporativos que habitan en el limbo administrativo. La trama es un juego de sillas musicales donde el premio es el silencio. Julio Martínez Martínez, el presunto 'pagador' de José Luis Rodríguez Zapatero, tomó el control de once empresas de su hermano Manuel justo después del rescate de Plus Ultra. De ese lote, nueve sirvieron para canalizar más de 800.000 euros en supuestas mordidas. Es la clásica maniobra de 'limpieza' de fondos: mover el dinero entre hermanos para que el rastro se pierda en un laberinto de papeles. El mapa de este imperio es surrealista. Desde el barrio de Chamberí, donde INVERCASMA SL tiene una sede en un piso que Manuel no pisa hace veinte años, hasta los bloques familiares en Petrer y Elda. Manuel es administrador en 76 empresas y dueño absoluto de otras 16, con actividades que van desde la pesca hasta la venta de alfombras. Una diversificación envidiable para alguien que no parece vender ni una alfombrilla de ratón. La UDEF ya lo tiene claro: Rafael y José Enrique Martínez Martínez también forman parte de este Tetris societario. No hay lógica económica, solo una coreografía familiar coordinada para que el verdadero beneficiario, el expresidente Zapatero, permanezca en la sombra mientras los fondos rotan sin descanso.
Menas: el sablazo de 2.000 millones
Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el extracto del banco después de un fin de semana de excesos: da vértigo y siempre hay un cargo que no recuerdas haber autorizado. Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas, España ha soltado más de 2.000 millones de euros en la integración de menores no acompañados. Un sablazo monumental que, curiosamente, se cocina a fuego lento entre la opacidad central y la factura que termina pagando el ciudadano a través de las autonomías. La aritmética es, sencillamente, surrealista. Hemos recibido cerca de 28.000 menores y hemos logrado devolver a 41. Sí, cuarenta y uno. Una tasa de éxito que haría llorar al peor de los gestores de un concesionario de coches usados. Y lo más gracioso: ni uno solo ha vuelto a Marruecos, ese socio tan 'colaborador' que el Gobierno alaba en los comunicados oficiales mientras el flujo no cesa. El juego es sencillo: el Estado central controla la frontera (o no), pero cuando el sistema colapsa, el marrón se lo pasan a las Comunidades Autónomas. El Gobierno central ha ido soltando 'propinas' para calmar los ánimos: 40 millones en 2018, unos 60 millones entre 2022 y 2024 para traslados y una partida reciente de 35 millones para las regiones 'tensionadas'. Incluso se han gastado 25 millones en programas como TándEM para que los extutelados encuentren empleo. Pero eso es calderilla comparado con el agujero contable regional. Mientras el Estado juega al malabarismo con subvenciones, las CCAA han pasado de gastar 300 millones en 2018 a una proyección de hasta 700 millones anuales para el periodo 2024-2026. Mantener una plaza cuesta entre 3.000 y 5.000 euros al mes, pudiendo escalar a los 9.000 euros en casos especiales. Básicamente, el coste de mantener a un menor supera el sueldo de cualquier trabajador medio, mientras el Gobierno central mira hacia otro lado con una sonrisa diplomática.
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