Crítica:
La noticia es un ejercicio de contraste brutal, aunque se apoya excesivamente en la fuente de ABC sin ofrecer la contraparte oficial. El timing del viaje es el verdadero escándalo, más que el hotel en sí.
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Socio fiable: el negocio que ignora tensiones
Hay una palabra que en el Palacio de la Moncloa se repite con la devoción de un mantra religioso: 'socio fiable'. Mientras tanto, en el otro lado del estrecho, Mohamed VI sigue mirando Ceuta y Melilla como quien mira un terreno que alguien olvidó cerrar con llave. Es la danza eterna de la diplomacia: nosotros ponemos la cara de póker y ellos ponen la tensión. Pero si dejamos de lado los discursos orquestados, los números cuentan una historia mucho más pragmática y, para algunos, indigesta. Según el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), en 2024 Marruecos ha decidido que España es su tienda favorita. El 19% de sus exportaciones aterrizan aquí, un sablazo de 12.000 millones de dólares que deja a Francia, con sus 10.000 millones (15,8%), comiendo polvo en el segundo puesto. No hablamos de cuatro cajas de dátiles; hablamos de maquinaria eléctrica, electrónica, ropa y hasta camiones. Lo fascinante es el ritmo de crecimiento. Desde que Pedro Sánchez tomó el mando en 2019, cuando las exportaciones marroquíes hacia España eran de 8.000 millones de dólares, la cifra ha subido un 50%. Es un crecimiento que haría palidecer a cualquier cuenta de ahorros doméstica. Y en el camino inverso, el flujo es igual de generoso: España ha pasado de venderle a Marruecos 8.970 millones en 2019 a unos 14.500 millones en 2024, un salto del 61,65% que incluye combustibles y maquinaria pesada. La paradoja es deliciosa. Marruecos depende de nosotros para respirar económicamente —el 65% de sus ventas van a la UE—, pero no duda en lanzar dardos políticos. Mientras tanto, para España, Marruecos es apenas un 3,66% de nuestras exportaciones totales. Básicamente, somos el cliente que paga todas las facturas mientras el proveedor nos recuerda que, en cualquier momento, podría cambiar la cerradura de la puerta.
Ceuta: polideportivos convertidos en albergues improvisados
Mientras Pedro Sánchez terminaba de broncearse en La Mareta, Lanzarote, la ciudad de Ceuta se convertía en un tablero de juego donde las piezas son personas y los espacios, el patrimonio de los vecinos. El calendario es cruel: el 30 de julio estalla el caos migratorio y el Consejo de Ministros, que parece operar con el ritmo de una siesta eterna, decide despertar el 25 de agosto. Veinticinco días después, cuando la paciencia de la calle ya no cabe en un vaso de agua, el Gobierno activa el mando único bajo la batuta de Ángel Víctor Torres, quien promete flexibilidad hasta el 31 de diciembre, como quien te dice que la factura del gas es 'negociable'. La solución propuesta es un ejercicio de optimismo surrealista. Mediante un real decreto, el Ejecutivo ha decidido que los polideportivos de Santa Amelia, La Libertad, Antonio Campoamor, Guillermo Molina y Díaz-Flor —sí, esos donde los niños juegan y hay piscinas climatizadas— son el sitio ideal para gestionar la crisis. Es como si, ante una inundación en tu casa, la solución fuera convertir el salón y la cocina en un almacén de esponjas. A esto se suma el Hospital Militar, el aparcamiento de Loma Colmenar y la antigua fábrica de harinas. El Ministerio de Defensa y el de Transición Ecológica también han puesto sus granos de arena, cediendo terrenos en Loma Margarita, la Hípica, la explanada del Guano y el Acuartelamiento Coronel Fiscer. Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad, ha reaccionado con la indignación de quien descubre que le han cambiado la cerradura de casa sin avisar, ya que estos sitios no figuraban en la lista del domingo. El Gobierno local recurrirá a la justicia, sabiendo que convertir el barrio en un campamento improvisado es la receta perfecta para que la convivencia explote como un petardo en agosto.
El clan Zapatero: 94 empresas fantasma
Hay familias que comparten el apellido y otras que comparten un catálogo de sociedades pantalla como quien reparte cromos en el recreo. El clan Martínez Martínez ha elevado la ingeniería financiera a nivel de arte abstracto. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de mantenimiento, Manuel Martínez Martínez se pasea vinculado a 94 sociedades activas. Un despliegue industrial impresionante, sobre todo porque la mayoría de estas empresas no tienen ni teléfono, ni web, ni local; son fantasmas corporativos que habitan en el limbo administrativo. La trama es un juego de sillas musicales donde el premio es el silencio. Julio Martínez Martínez, el presunto 'pagador' de José Luis Rodríguez Zapatero, tomó el control de once empresas de su hermano Manuel justo después del rescate de Plus Ultra. De ese lote, nueve sirvieron para canalizar más de 800.000 euros en supuestas mordidas. Es la clásica maniobra de 'limpieza' de fondos: mover el dinero entre hermanos para que el rastro se pierda en un laberinto de papeles. El mapa de este imperio es surrealista. Desde el barrio de Chamberí, donde INVERCASMA SL tiene una sede en un piso que Manuel no pisa hace veinte años, hasta los bloques familiares en Petrer y Elda. Manuel es administrador en 76 empresas y dueño absoluto de otras 16, con actividades que van desde la pesca hasta la venta de alfombras. Una diversificación envidiable para alguien que no parece vender ni una alfombrilla de ratón. La UDEF ya lo tiene claro: Rafael y José Enrique Martínez Martínez también forman parte de este Tetris societario. No hay lógica económica, solo una coreografía familiar coordinada para que el verdadero beneficiario, el expresidente Zapatero, permanezca en la sombra mientras los fondos rotan sin descanso.
Menas: el sablazo de 2.000 millones
Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el extracto del banco después de un fin de semana de excesos: da vértigo y siempre hay un cargo que no recuerdas haber autorizado. Desde que Pedro Sánchez tomó las riendas, España ha soltado más de 2.000 millones de euros en la integración de menores no acompañados. Un sablazo monumental que, curiosamente, se cocina a fuego lento entre la opacidad central y la factura que termina pagando el ciudadano a través de las autonomías. La aritmética es, sencillamente, surrealista. Hemos recibido cerca de 28.000 menores y hemos logrado devolver a 41. Sí, cuarenta y uno. Una tasa de éxito que haría llorar al peor de los gestores de un concesionario de coches usados. Y lo más gracioso: ni uno solo ha vuelto a Marruecos, ese socio tan 'colaborador' que el Gobierno alaba en los comunicados oficiales mientras el flujo no cesa. El juego es sencillo: el Estado central controla la frontera (o no), pero cuando el sistema colapsa, el marrón se lo pasan a las Comunidades Autónomas. El Gobierno central ha ido soltando 'propinas' para calmar los ánimos: 40 millones en 2018, unos 60 millones entre 2022 y 2024 para traslados y una partida reciente de 35 millones para las regiones 'tensionadas'. Incluso se han gastado 25 millones en programas como TándEM para que los extutelados encuentren empleo. Pero eso es calderilla comparado con el agujero contable regional. Mientras el Estado juega al malabarismo con subvenciones, las CCAA han pasado de gastar 300 millones en 2018 a una proyección de hasta 700 millones anuales para el periodo 2024-2026. Mantener una plaza cuesta entre 3.000 y 5.000 euros al mes, pudiendo escalar a los 9.000 euros en casos especiales. Básicamente, el coste de mantener a un menor supera el sueldo de cualquier trabajador medio, mientras el Gobierno central mira hacia otro lado con una sonrisa diplomática.
Ceuta: de disputa territorial a santuario místico
Cuando los argumentos geopolíticos se quedan cortos y el tablero diplomático se pone terco, siempre queda la carta del cielo. Marruecos, que ya ha probado el camino de los mapas y la historia, ha decidido sacar el manual de teología para reclamar Ceuta. Ahora, según el medio Hespress, la ciudad no es solo un trozo de tierra estratégica, sino el epicentro espiritual donde nació la celebración del cumpleaños del Profeta en el reino alauita. Es una jugada maestra de marketing identitario: pasar de la disputa territorial al sentimiento místico. Para darle cuerpo al asunto, rescatan la figura de Abu al-Abbas al-Azfi al-Sabti, un personaje que ya en 1236 escribía 'Al-Durr al-Munazzam fi Mawlid al-Nabi al-Mu'azzam'. Básicamente, nos dicen que Ceuta era el aula magna del Islam en el Occidente, un lugar donde se educaba a los niños en el amor al Profeta mucho antes de que nosotros supiéramos leer un mapa. Es como si un vecino intentara quitarte el jardín argumentando que hace ochocientos años allí crecía la mejor menta de la comarca. El relato es seductor. Mezclan la nostalgia del siglo XIII, la caída de los reinos musulmanes tras la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 y la erudición de Qadi Iyad al-Sabti con su libro 'Al-Shifa'. Nos venden una Ceuta que forjó la ética social marroquí, el sufismo suní y el credo ash'ari. Es una arquitectura narrativa impecable. Mientras nosotros discutimos presupuestos y vallas fronterizas, ellos elevan la apuesta a un nivel donde no hay abogados que valgan, sino fe y memoria. Al final, convertir una ciudad fronteriza en un santuario de la identidad es la forma más elegante de decir que el contrato de alquiler ha expirado hace siglos y que ahora vienen a cobrar la deuda con intereses divinos.
Menos arrestos, más hachís: el cuento andaluz
En la política, como en el mercadillo, el truco está en cómo vendes la mercancía. María Jesús Montero ha salido a la plaza pública con un dato que parece música para los oídos: el tráfico de drogas ha bajado un 7,8%. Sobre el papel, suena a éxito rotundo, casi como si hubiéramos limpiado las calles con un plumero. Pero claro, la realidad tiene una letra pequeña que quema. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado el jarro de agua fría: que bajen los atestados no significa que haya menos droga, sino que quizá hay menos manos para pillar a los que la mueven. Mientras Montero le lanza dardos a Juanma Moreno Bonilla acusándolo de 'sembrar miedo', los números del CITCO del 19 de agosto cuentan una historia muy distinta. En Andalucía, el hachís incautado ha pegado un salto del 38,56%, pasando de 143.070 a 198.244 kilos. Es una cantidad de resina que haría temblar a cualquier almacén logístico. Lo más surrealista ocurre en Huelva, donde la droga intervenida se ha disparado un 105,62%, y en Córdoba, que sin tener un solo metro de playa, ha visto subir sus incautaciones 17,5 veces. Es pura ingeniería financiera del crimen. Lo verdaderamente gamberro es el contraste: más droga en la calle, pero un 21,68% menos de detenciones. Es como si el narco hubiera aprendido a hacer el truco de magia de desaparecer mientras deja el paquete en la puerta. Todo esto ocurre mientras recordamos la tragedia de Barbate el 9 de febrero de 2024, la muerte de agentes en Huelva el 8 de mayo de 2026 y la masacre de Isla Cristina el 16 de agosto. Al final, el debate político se queda en 'la paja en el ojo ajeno', mientras el OCON-Sur, esa unidad que detuvo a 12.000 personas, desapareció en 2022 como quien borra un mensaje comprometido de WhatsApp.
Zambrana: adultos y pandilleros colapsan el reformatorio
El centro de menores Zambrana de Valladolid se ha convertido en un curioso experimento de gestión administrativa donde la mayoría de edad es un detalle secundario. Resulta casi cómico que, en un lugar diseñado para reformar chavales, 23 de los 66 internos ya son adultos. Es decir, uno de cada tres ha pasado la barrera de los 18 mientras esperaba que la maquinaria judicial se despierte de su siesta. Mientras el ciudadano medio espera meses por una cita médica, estos señores disfrutan de una estancia prolongada en un reformatorio porque los procesos judiciales van a la velocidad de un caracol con reuma. Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox, ha visitado el centro para confirmar que el sitio está 'completo', una palabra elegante para decir que están hasta los topes. Pollán no se ha quedado en la logística y ha lanzado el dardo sociológico: hay un 'número elevado' de pandilleros de origen hispanoamericano, una delincuencia que, según él, es 'importada' y desconocida hasta ahora en España. El contraste es delicioso: por un lado, se predica la 'tolerancia cero', pero por otro, el centro funciona como una sala de espera infinita para adultos que ya deberían estar en una prisión de verdad. La gestión del caos tiene fecha de caducidad. Hay contratos de servicios que vencen en diciembre y el de seguridad en junio, lo que deja la puerta abierta a 'mejorar los pliegos', lenguaje corporativo para decir que el sistema actual tiene más agujeros que un colador. Entre ratios asfixiantes y protocolos que, según los trabajadores, les quitan la autoridad, el Zambrana es el espejo de una realidad donde la seguridad de los barrios se discute en reuniones sindicales mientras los adultos siguen durmiendo en camas de menores.
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