Crítica:
El texto original es una sucesión de hechos que evita preguntar por qué la 'impotencia investigadora' es la norma en casos de Estado. Es una crónica de archivo disfrazada de noticia urgente.
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Robles y Marlaska: guerra de versiones por Ceuta
El Gobierno español ha decidido jugar al teléfono escacharrado con la seguridad nacional, y el premio es una vergüenza pública en horario prime. Mientras en Rabat el ministro Ahmed Toufiq habla de «liberar las ciudades ocupadas» bajo la mirada del rey Mohamed VI, en Madrid los ministros se dedican a pasarse la pelota caliente como si fuera un partido de tenis mal jugado. Por un lado, Margarita Robles sale al Congreso a decir que todo estaba bajo control. Según ella, los servicios de Inteligencia hicieron los deberes y que el CNI, con sus 25 agentes en Ceuta (un dato que, irónicamente, es secreto pero que ella suelta como quien cuenta los huevos que quedan en la nevera), avisó el 29 de julio de que el 30 sería un caos aprovechando la Fiesta del Trono. Incluso recuerda que el 27 de julio Juan Jesús Vivas y el delegado del Gobierno ya estaban sudando frío por el riesgo de colapso, con mil personas entrando al día. Pero entonces llega Fernando Grande-Marlaska y, con la tranquilidad de quien no ha leído el grupo de WhatsApp, niega que existiera «ningún informe» que avisara del desastre. Es la clásica dinámica de pareja en crisis: uno dice que avisó y el otro jura que no escuchó nada. Mientras tanto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, se ríe en nuestra cara reivindicando el «derecho histórico y geográfico» para que las ciudades «vuelvan al seno de la patria». Es fascinante. Tenemos a Marruecos marcando el ritmo y a nosotros discutiendo si el aviso llegó por correo certificado o por paloma mensajera. La seguridad de la frontera se ha convertido en un agujero contable de coherencia donde la única certeza es que, mientras los ministros se desmienten, la realidad golpea la valla.
Seguridad Nacional: el informe que 'olvidaron' leer
Hay cosas que en la administración pública se archivan con la misma diligencia con la que uno guarda los tickets del supermercado para una reclamación que sabe que no va a prosperar: en el fondo del cajón y hasta que el papel se vuelva amarillo. El Consejo de Seguridad Nacional decidió el 11 de enero de 2019 que era vital redactar un informe sobre la inmigración irregular en Ceuta y Melilla. La entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, presidió aquel encuentro con la urgencia de quien cree que el futuro se puede predecir con un PDF. Diseñaban planes de contingencia, células de seguimiento y estrategias nacionales, mientras invertían en fibra óptica y concertinas para que la frontera pareciera un fuerte inexpugnable. Siete años después, el informe es el unicornio de la burocracia: todo el mundo sabe que se pidió, pero nadie lo ha visto. Mientras tanto, la realidad ha pasado de ser una hipótesis en un despacho climatizado a un caos absoluto en el asfalto. El 30 de julio de 2026, la frontera se convirtió en un colador humano. Las cifras bailaron según el viento: el Ministerio del Interior empezó hablando de 72.000 personas, pero el ministro Ángel Víctor Torres terminó ajustando el dial hasta los 80.000. Es la eterna danza del Estado: gastar recursos en analizar un riesgo para luego olvidar el análisis justo cuando el riesgo te golpea en la cara. Ahora el Gobierno convoca reuniones extraordinarias y prepara un mando único, como quien intenta apagar un incendio forestal con un vaso de agua después de haber perdido el manual de instrucciones hace siete años. La hipocresía es exquisita: se modernizan las vallas, pero se oxida la inteligencia estratégica.
Basuras en Llucmajor: camiones millonarios para dos meses
Gestionar el dinero público en Llucmajor parece haberse convertido en un ejercicio de surrealismo vanguardista. El empresario Bruno da Silva ha destapado una trama de gestión que haría palidecer a cualquier administrador serio. Imaginen la escena: el Ayuntamiento quiere adjudicar la recogida de basuras y, como hoja de ruta, entrega un plano que, según Da Silva, parece dibujado por un niño pequeño. Sin límites claros, sin calles definidas, básicamente un 'aquí hay basura, recógela tú'. Cuando el empresario pidió que alguien de la brigada municipal, concretamente Sebastián Puig, le acompañara al terreno para no acabar en los juzgados por una calle olvidada, la respuesta fue un desplante técnico: que mirara el dibujo rudimentario y ya estaría. Pero lo verdaderamente delirante llega con la calculadora. El consistorio exigía una inversión inicial de 1,7 millones de euros. Hablamos de comprar cuatro camiones compactadores nuevos, naves y equipo homologado. Un sablazo que cualquier empresario absorbería si el contrato fuera a largo plazo, pero aquí viene el giro de guion: el contrato de emergencia duraría solo dos meses. Sí, han leído bien. Pedir que alguien compre una flota de camiones y monte una infraestructura industrial para trabajar sesenta días es como comprar un chalet en Mallorca para pasar un fin de semana. Da Silva lo resumió con una lucidez aplastante: ¿qué hace uno con los camiones después? ¿Hacerse un llavero? En un contexto donde se barajan contratos de hasta 53 millones de euros, esta improvisación no es un error administrativo; es una bofetada a la inteligencia del contribuyente. Mientras los vecinos esperan que sus cubos no se desborden, en el despacho municipal juegan al Monopoly con fondos que no son suyos, exigiendo inversiones millonarias para contratos que caducan antes de que el camión termine de salir del concesionario.
Alcalde PSOE baila sobre billetes: ¡Qué ética!
Hay que tener una confianza ciega en el destino para disfrazarse de turista caribeño y bailar el lunes 24 de agosto mientras, a tus espaldas, alguien ha decidido rediseñar el logo de tu partido. Tirso Calvo, alcalde de Ribaforada y —aquí viene el giro del guion— miembro del Comité Federal de Ética y Garantías del PSOE, decidió que el Paloteado de Ribaforada era el escenario ideal para una sesión de risas colectivas. El detalle: una pancarta donde la rosa socialista, ese símbolo de pureza proletaria, había sido sustituida por un fajo de billetes. Un cambio de imagen que, en cualquier oficina de marketing, llamarían 'honestidad brutal'. La escena, ambientada en la plaza San Francisco Javier y bautizada como “La Casita del Pueblo” (un guiño VIP al estilo Bad Bunny que encaja sospechosamente bien con la gestión de los privilegios), contaba además con la sonrisa cómplice de la eurodiputada Elena Sancho. Mientras el Grupo de Danzas y Paloteado de la Villa y los Gaiteros de Ribaforada ponían la música, la imagen proyectaba una ironía que corta el aire. Porque bailar sobre billetes es divertido cuando no tienes que mirar el calendario judicial. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cesta de la compra, el PSOE lidia con un agujero de reputación del tamaño del Tribunal Supremo. Tenemos a José Luis Ábalos con una condena de 24 años y tres meses por el asunto de las mascarillas, y a Santos Cerdán bajo la lupa de la UCO por la millonaria obra de los túneles de Velate con Servinabar. Para rematar el cuadro, la Fiscalía Anticorrupción sigue el rastro de cuentas bancarias en el caso Leire Díez. Que el responsable de la 'Ética y Garantías' del partido baile delante de un puño lleno de dinero no es sátira local; es, sencillamente, un resumen gráfico de la actualidad política española.
Sánchez riega con millones la OIM familiar
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos del poder se practica una aritmética mucho más generosa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es un jardín que necesita riego constante. Y no un riego cualquiera: hablamos de 45.150.000 euros desembolsados entre 2018 y agosto de 2026. Lo curioso no es la cifra, sino la coincidencia cósmica de que la misión española de esta agencia de la ONU ha sido capitaneada durante quince años por María Jesús Herrera Ceballos, que, casualmente, comparte el desayuno y la almohada con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Desglosando el sablazo, vemos que hay una parte 'estándar', esas cuotas anuales que España paga por existir en el club: 1,2 millones entre 2018 y 2020, subiendo a 1,4 millones entre 2021 y 2023, y aterrizando en 1,45 millones desde 2024. En total, 12.150.000 euros de mantenimiento básico. Pero aquí viene la ingeniería financiera creativa: el Gobierno ha soltado otros 33.000.000 euros en 'programas y proyectos adicionales'. Es decir, el dinero que no es obligatorio, el que se da porque 'hay confianza'. Casi tres cuartas partes del total se han ido por esa vía, convirtiendo a la OIM en uno de los agujeros contables más profundos de las contribuciones a la ONU, solo superado por ONU Mujeres y la UNRWA. Ahora que María Jesús Herrera Ceballos entra en fase de retirada, el relevo ya tiene nombre: Fernando Medina Donoso. Se cierra un ciclo de quince años donde la gestión migratoria y los vínculos familiares han bailado un tango financieramente impecable.
PSOE Melilla: el único 'no' a España
Hay gestos que son como dejar caer el móvil en la taza del váter: incómodos, costosos y con un olor que no se quita con ambientador. El PSOE de Melilla ha decidido que, mientras el resto del tablero juega al fútbol, ellos prefieren jugar al escondite con la bandera. En plena crisis por la invasión de Ceuta, la formación socialista ha sido el único grupo en votar en contra de una moción que defendía la soberanía española. Sí, han sido los únicos. Un 88% de los diputados dijo que sí, mientras que los tres representantes socialistas decidieron que apoyar la españolidad de la ciudad vecina era, probablemente, demasiado mainstream para su gusto. Juan José Imbroda, que no se ha guardado nada, ha calificado la jugada como una 'falta de miras'. Básicamente, les ha dicho que se han quedado cortos, que no dan la talla y que, en lugar de estar con España y la Constitución, parecen más preocupados por hacer malabares con la agenda del partido para salvarle el cuello a alguien en Madrid. Mientras tanto, en las calles de Ceuta, el ambiente no era precisamente de convivencia intercultural; miles de personas salieron a gritarle a Pedro Sánchez con una creatividad verbal que haría sonrojar a un marinero, dejando claro que Ceuta no es un CETI ni un centro de acogida improvisado. El portavoz socialista, Riduan Moh, ha intentado maquillar el asunto diciendo que Imbroda quería 'politizar' la situación. Es el clásico argumento de quien se pilla la mano en la caja de las galletas: decir que el problema es que alguien esté mirando. Mientras el Gobierno de España se tomaba su tiempo para convocar el Consejo de Seguridad Nacional —llegando tarde, como quien llega a la cena cuando ya están sirviendo el café—, el PSOE de Melilla prefería el silencio administrativo sobre la soberanía. Un movimiento maestro de ingeniería política que, en la calle, se traduce simplemente como no estar donde hay que estar.
Ceuta: 82 palés para instalar el caos
Hay quien dice que la hospitalidad es una virtud, pero llevar 82 palés de material de acampada en el buque Tornado para asentar a los invasores en Ceuta es, sencillamente, poner la alfombra roja en medio de un incendio. Mientras el ciudadano de a pie hace malabarismos con la hipoteca, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor estrategia de 'gestión' es convertir la ciudad autónoma en un CETI gigante, requisando polideportivos y hasta el parking del Embolsamiento en Loma Colmenar. Es como si, para solucionar una gotera en el salón, decidieras inundar toda la casa y decir que ahora tienes una piscina. La ironía es fina, pero el malestar es grueso. El Ministerio del Interior y el mando único de Ángel Víctor Torres parecen operar en una realidad paralela donde los datos son adornos. En el mundo real, la Policía ya contabiliza 20 denuncias por agresión sexual —ocho de ellas con penetración— y 48 por atentado y resistencia a la autoridad. Pero claro, enviar tiendas de campaña es más sencillo que ejecutar devoluciones. Los militares, convertidos en una ONG gratuita y mal pagada, trabajan jornadas de hasta 24 horas, viendo cómo sus propias familias en barrios como Villa Capona viven aterradas porque el Ejecutivo quiere instalar a los recién llegados pared con pared con sus hijas. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME), con Marco Antonio Gómez al frente, ya ha soltado el lastre: están hartos de ser el parche de una política que desaparece cuando hay que dar la cara. Mientras los ceutíes gritan en las calles que no quieren ser extranjeros en su tierra, el Gobierno sigue enviando suministros para que nadie se mueva. No es gestión migratoria; es ingeniería de la permanencia pagada con el dinero de todos.
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