Crítica:
La noticia es un ejercicio de contraste brillante, aunque omite si el alcalde intentó dar alguna explicación posterior. El título original es descriptivo, pero le falta la mala leche necesaria para resaltar la paradoja del Comité de Ética.
Un alcalde socialista de Navarra disfruta de las fiestas de su pueblo bailando sobre un logo del PSOE con billetes
Alcalde PSOE baila sobre billetes: ¡Qué ética!
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Basuras en Llucmajor: camiones millonarios para dos meses
Gestionar el dinero público en Llucmajor parece haberse convertido en un ejercicio de surrealismo vanguardista. El empresario Bruno da Silva ha destapado una trama de gestión que haría palidecer a cualquier administrador serio. Imaginen la escena: el Ayuntamiento quiere adjudicar la recogida de basuras y, como hoja de ruta, entrega un plano que, según Da Silva, parece dibujado por un niño pequeño. Sin límites claros, sin calles definidas, básicamente un 'aquí hay basura, recógela tú'. Cuando el empresario pidió que alguien de la brigada municipal, concretamente Sebastián Puig, le acompañara al terreno para no acabar en los juzgados por una calle olvidada, la respuesta fue un desplante técnico: que mirara el dibujo rudimentario y ya estaría. Pero lo verdaderamente delirante llega con la calculadora. El consistorio exigía una inversión inicial de 1,7 millones de euros. Hablamos de comprar cuatro camiones compactadores nuevos, naves y equipo homologado. Un sablazo que cualquier empresario absorbería si el contrato fuera a largo plazo, pero aquí viene el giro de guion: el contrato de emergencia duraría solo dos meses. Sí, han leído bien. Pedir que alguien compre una flota de camiones y monte una infraestructura industrial para trabajar sesenta días es como comprar un chalet en Mallorca para pasar un fin de semana. Da Silva lo resumió con una lucidez aplastante: ¿qué hace uno con los camiones después? ¿Hacerse un llavero? En un contexto donde se barajan contratos de hasta 53 millones de euros, esta improvisación no es un error administrativo; es una bofetada a la inteligencia del contribuyente. Mientras los vecinos esperan que sus cubos no se desborden, en el despacho municipal juegan al Monopoly con fondos que no son suyos, exigiendo inversiones millonarias para contratos que caducan antes de que el camión termine de salir del concesionario.
Sánchez riega con millones la OIM familiar
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos del poder se practica una aritmética mucho más generosa. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es un jardín que necesita riego constante. Y no un riego cualquiera: hablamos de 45.150.000 euros desembolsados entre 2018 y agosto de 2026. Lo curioso no es la cifra, sino la coincidencia cósmica de que la misión española de esta agencia de la ONU ha sido capitaneada durante quince años por María Jesús Herrera Ceballos, que, casualmente, comparte el desayuno y la almohada con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Desglosando el sablazo, vemos que hay una parte 'estándar', esas cuotas anuales que España paga por existir en el club: 1,2 millones entre 2018 y 2020, subiendo a 1,4 millones entre 2021 y 2023, y aterrizando en 1,45 millones desde 2024. En total, 12.150.000 euros de mantenimiento básico. Pero aquí viene la ingeniería financiera creativa: el Gobierno ha soltado otros 33.000.000 euros en 'programas y proyectos adicionales'. Es decir, el dinero que no es obligatorio, el que se da porque 'hay confianza'. Casi tres cuartas partes del total se han ido por esa vía, convirtiendo a la OIM en uno de los agujeros contables más profundos de las contribuciones a la ONU, solo superado por ONU Mujeres y la UNRWA. Ahora que María Jesús Herrera Ceballos entra en fase de retirada, el relevo ya tiene nombre: Fernando Medina Donoso. Se cierra un ciclo de quince años donde la gestión migratoria y los vínculos familiares han bailado un tango financieramente impecable.
PSOE Melilla: el único 'no' a España
Hay gestos que son como dejar caer el móvil en la taza del váter: incómodos, costosos y con un olor que no se quita con ambientador. El PSOE de Melilla ha decidido que, mientras el resto del tablero juega al fútbol, ellos prefieren jugar al escondite con la bandera. En plena crisis por la invasión de Ceuta, la formación socialista ha sido el único grupo en votar en contra de una moción que defendía la soberanía española. Sí, han sido los únicos. Un 88% de los diputados dijo que sí, mientras que los tres representantes socialistas decidieron que apoyar la españolidad de la ciudad vecina era, probablemente, demasiado mainstream para su gusto. Juan José Imbroda, que no se ha guardado nada, ha calificado la jugada como una 'falta de miras'. Básicamente, les ha dicho que se han quedado cortos, que no dan la talla y que, en lugar de estar con España y la Constitución, parecen más preocupados por hacer malabares con la agenda del partido para salvarle el cuello a alguien en Madrid. Mientras tanto, en las calles de Ceuta, el ambiente no era precisamente de convivencia intercultural; miles de personas salieron a gritarle a Pedro Sánchez con una creatividad verbal que haría sonrojar a un marinero, dejando claro que Ceuta no es un CETI ni un centro de acogida improvisado. El portavoz socialista, Riduan Moh, ha intentado maquillar el asunto diciendo que Imbroda quería 'politizar' la situación. Es el clásico argumento de quien se pilla la mano en la caja de las galletas: decir que el problema es que alguien esté mirando. Mientras el Gobierno de España se tomaba su tiempo para convocar el Consejo de Seguridad Nacional —llegando tarde, como quien llega a la cena cuando ya están sirviendo el café—, el PSOE de Melilla prefería el silencio administrativo sobre la soberanía. Un movimiento maestro de ingeniería política que, en la calle, se traduce simplemente como no estar donde hay que estar.
Ceuta: 82 palés para instalar el caos
Hay quien dice que la hospitalidad es una virtud, pero llevar 82 palés de material de acampada en el buque Tornado para asentar a los invasores en Ceuta es, sencillamente, poner la alfombra roja en medio de un incendio. Mientras el ciudadano de a pie hace malabarismos con la hipoteca, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor estrategia de 'gestión' es convertir la ciudad autónoma en un CETI gigante, requisando polideportivos y hasta el parking del Embolsamiento en Loma Colmenar. Es como si, para solucionar una gotera en el salón, decidieras inundar toda la casa y decir que ahora tienes una piscina. La ironía es fina, pero el malestar es grueso. El Ministerio del Interior y el mando único de Ángel Víctor Torres parecen operar en una realidad paralela donde los datos son adornos. En el mundo real, la Policía ya contabiliza 20 denuncias por agresión sexual —ocho de ellas con penetración— y 48 por atentado y resistencia a la autoridad. Pero claro, enviar tiendas de campaña es más sencillo que ejecutar devoluciones. Los militares, convertidos en una ONG gratuita y mal pagada, trabajan jornadas de hasta 24 horas, viendo cómo sus propias familias en barrios como Villa Capona viven aterradas porque el Ejecutivo quiere instalar a los recién llegados pared con pared con sus hijas. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME), con Marco Antonio Gómez al frente, ya ha soltado el lastre: están hartos de ser el parche de una política que desaparece cuando hay que dar la cara. Mientras los ceutíes gritan en las calles que no quieren ser extranjeros en su tierra, el Gobierno sigue enviando suministros para que nadie se mueva. No es gestión migratoria; es ingeniería de la permanencia pagada con el dinero de todos.
El 'amigo' de Sánchez: negocios que vuelan
Hay amistades que valen oro y otras que, curiosamente, multiplican los ingresos por cuatro. David Sanza y Pedro Sánchez se conocieron encestando balones en el equipo del Colegio Ramiro de Maeztu, pero parece que el verdadero juego empezó cuando el líder del PSOE aterrizó en Moncloa en 2018. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pánico, la correduría de seguros de Sanza ha operado un milagro financiero: pasar de unos ingresos ordinarios de 500.000 euros en 2017 a superar los dos millones en 2025. Un crecimiento del 39% en el último año que haría palidecer a cualquier fondo de inversión de Wall Street. Sanza no solo es un experto en pólizas, sino un puente dorado. Fue el 'facilitador' que puso en contacto a Begoña Gómez con Ignacio Mariscal, CEO de Reale, para que la aseguradora soltara 15.000 euros anuales durante cuatro años (60.000 euros en total) para aquella Cátedra de Transformación Social en la Universidad Complutense. Una gestión que ahora tiene a la mujer del presidente paseando por los juzgados por presunto tráfico de influencias y malversación. Pero el negocio no se queda en la academia. Sanza supo leer la pandemia y diseñó seguros para hoteles canarios que, convenientemente, terminaron vinculados al reparto de inmigrantes. Mientras el activo de su empresa se triplicaba —de 1,1 millones a 2,82 millones de euros—, Sanza reorganizaba el tablero familiar a través de su holding Mataka Directorship, desplazando a su padre, Alfonso Sanza Santaolalla. Con una caja de tesorería de 394.130 euros y terrenos en Yaiza valorados en 185.408,54 euros, David ha demostrado que estar en el equipo adecuado no solo sirve para ganar partidos de baloncesto, sino para que el balance contable vuele sin despeinarse.
RTVE: un millón en polvos y pelucas
Hay quien dice que la imagen lo es todo, pero en RTVE se han tomado la frase demasiado en serio. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta del súper con el corazón en un puño, la corporación pública ha decidido que poner polvos y peinar flequillos requiere una inversión de 1.212.000 euros (IVA incluido). Sí, han leído bien: más de un millón de euros para que los presentadores no tengan un brillo incómodo bajo los focos de Torrespaña o Prado del Rey. La jugada es tan clásica que asusta. Dicen que hay más trabajo porque ahora tenemos joyas programáticas como 'Directo al grano', 'Malas lenguas' o 'Al cielo con ella', además de los despliegues del Benidorm Fest y visitas papales. Pero el truco está en la letra pequeña: el presupuesto se ha duplicado. Hemos pasado de un contrato de 502.000 euros a uno de 1.002.000 euros sin impuestos. Básicamente, han decidido que es más rentable pagarle a una empresa externa que contratar a gente propia. Aquí es donde entra la aritmética de la calle. Según el sindicato CGT, cada servicio externo sale por unos 60,50 euros con IVA, mientras que si lo hicieran con personal interno, el coste caería a unos 23,95 euros. Un sobrecoste de 36,55 euros por cada pincelada. Es como decidir que, en lugar de cocinar en casa, vas a pedir comida a domicilio tres veces al día solo porque te da pereza encender el fogón, aunque tu cuenta bancaria esté en números rojos. RTVE dice que la plantilla se ha reducido por jubilaciones y fin de contratos, pero la CGT no compra el cuento. Denuncian una externalización salvaje donde se prefiere tirar la tarjeta pública que abrir plazas en la oferta de empleo. Al final, el maquillaje es impecable, pero la gestión contable tiene unas ojeras que no se quitan ni con el corrector más caro del mercado.
Hamlyn cae: el 'papelito' no llegó
Hay quienes piensan que Dubái es el paraíso del lujo, pero para Alejandro Hamlyn terminó siendo una jaula de oro con vistas al desierto. El empresario de hidrocarburos, que se creía intocable mientras el mundo giraba, ha caído finalmente en Abu Dabi tras una huida que empezó en mayo de 2025. No es que Hamlyn fuera un turista prolongando sus vacaciones; es que la Audiencia Nacional tenía ganas de saludarlo para hablar sobre un presunto blanqueo en EE. UU. y un esquema de espionaje policial que parece sacado de una serie de bajo presupuesto. Para entender el nivel de cinismo, hay que mirar la 'nómina' del agente Javier Luis Muñoz. Mientras el ciudadano medio pelea con el precio del aceite, Muñoz cobraba 4.250 euros mensuales desde noviembre de 2022, canalizados convenientemente a través de su esposa. El servicio: abrir las bases de datos restringidas para que el Grupo Hafesa supiera quién miraba sus papeles. Una suscripción VIP a los secretos del Estado. Pero lo verdaderamente jugoso es el 'negocio' con las cloacas del PSOE. En febrero de 2025, Hamlyn se sentó en una videoconferencia de 53 minutos con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Jacobo Teijelo. El trato era sencillo: información sucia sobre el teniente coronel Antonio Balas, el hombre de la UCO que les pisaba los talones, a cambio de un 'papelito' que limpiara sus deudas y problemas judiciales. Hamlyn prometió que con un dato 'Balas estaría muerto', aunque luego admitió que se lo inventó todo para torear a los socialistas. Todo esto ocurre mientras el Grupo Hafesa bailaba sobre un presunto fraude de IVA de 154 millones de euros (2016-2019) y la Diputación Foral de Vizcaya, bajo el mando del PNV, le permitía aplazar el pago de otros 225 millones. Una ingeniería financiera que haría llorar a cualquier gestor de barrio. Ahora, el 'viajero' ha regresado, pero esta vez no es por placer.
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