Crítica:
El texto original es un bombardeo de indignación que olvida contrastar si existen precedentes de cesiones similares. Es puro combustible político con un sesgo evidente, aunque los datos del nombramiento discrecional son el clavo final.
El jefe de la Casa del Mar de Ceuta que aloja a una ONG protectora de invasores es un cargo enchufado del PSOE
Enchufe PSOE: Hotel público para ONG activista
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El sablazo de Saiz: 1.182 millones
Hay presupuestos que parecen escritos con tinta invisible y otros que, como el de Elma Saiz, son un despliegue de generosidad que haría palidecer a cualquier banquero suizo. Para 2026, la ministra de Inclusión ha blindado la partida 'Acciones para los inmigrantes' con 1.182 millones de euros. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: mientras intentamos que la hipoteca no nos coma vivos, el Gobierno ha decidido que la acogida y el combate a la xenofobia tengan un presupuesto que ha crecido un 58,1% en lo que va de año. Un crecimiento exponencial que dejaría en ridículo cualquier plan de ahorro doméstico. Pero lo verdaderamente fascinante es la arquitectura del secreto. El Tribunal de Cuentas, ese organismo que debería ser el auditor implacable de nuestra cartera, lleva un año jugando al escondite con el informe de fiscalización solicitado por Vox. Tenemos un agujero contable del tamaño de una catedral donde se mezclan fondos de comunidades autónomas, ayuntamientos y ministerios. Mientras tanto, el think tank Neos, bajo la mirada de Jaime Mayor Oreja, lanza una cifra que marea: más de 30.000 millones anuales. El ejemplo más crudo es Ceuta. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de 278 millones para la ciudad, pero al abrir la caja, el 42% no era para los ceutíes, sino para gestionar la crisis migratoria. El reparto es una obra maestra de la ingeniería financiera: 53,48 millones para Elma Saiz, 62,96 millones para los menores no acompañados de Sira Rego, 3,5 millones para los sanitarios de Mónica García y unos curiosos 299.493 euros para 'gastos extraordinarios' de la Oficina de Extranjería de Ángel Víctor Torres. En resumen, un despliegue de fondos donde el beneficiario final rara vez es quien paga los impuestos.
Trump vacila a Sánchez por Ceuta
Hay algo profundamente poético en que el hombre que convirtió la frontera sur de Estados Unidos en su campaña publicitaria eterna decida ahora darnos lecciones de urbanismo y seguridad. Donald Trump, con la sutileza de un martillo neumático, ha vuelto a poner al Gobierno de Pedro Sánchez en su diana el pasado domingo. Según el mandatario estadounidense, España ha perdido el control de su frontera, calificando de «triste» y «lamentable» la situación en Ceuta. Para Trump, que gestiona la geopolítica como quien administra un casino en Las Vegas, la entrada de 80.000 inmigrantes desde Marruecos es el síntoma de un «control nulo». Mientras en Moncloa intentan jugar al equilibrista, librando de toda responsabilidad al gobierno marroquí pese a que los informes policiales dicen lo contrario, Trump dispara desde su red social. No se ha quedado corto: el jueves pasado ya había bautizado a España como una «nación arruinada», un comentario que duele más que un sablazo en la factura de la luz al final del mes. El guion es previsible. Trump señala las «leyes flojas» y la «mala gestión» de Sánchez, mofándose de una administración que, a su juicio, no sabía ni por dónde le soplaba el viento ante la avalancha. Incluso ha sacado punta a la sentencia del Tribunal Supremo de julio, esa que impide devolver a quienes llegan a nado por fronteras invisibles, convirtiendo la jurisprudencia española en un chiste de mal gusto para el consumo global. Pero aquí llega la joya de la corona: la hipocresía tiene nombre y apellidos. Mientras machaca a Sánchez, Trump le dedica versos de amor al rey Mohamed VI de Marruecos, llamándolo «sabio liderazgo» y «pilar de estabilidad». Es la vieja escuela de la diplomacia del interés: abrazar al que tiene la llave de la puerta mientras se escupe al que intenta cerrar la cerradura rota.
Sánchez pone al Rey en 'espera' por Marruecos
En la política, como en el barrio, hay quien sabe hacer el paripé y quien simplemente nos toma el pelo. Pedro Sánchez ha decidido que la agenda de Felipe VI tiene que esperar, no por falta de tiempo —que la Zarzuela estaba más vacía que una hucha en agosto—, sino porque en Rabat hay fiesta electoral. El 23 de septiembre, 15,8 millones de marroquíes eligen a sus 395 diputados y Moncloa ha decidido que el Rey en Ceuta es un 'accesorio' demasiado peligroso para el humor de Mohamed VI. Es la clásica jugada de quien quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pero termina siendo el recadero de Rabat. Mientras el Gobierno nos vende que no hay veto y que la visita llegará «en las próximas semanas» (la frase comodín para decir 'cuando me deje el jefe'), en la sombra se negocia el aplazamiento para no darle munición al partido Istiqlal. Porque claro, que el Jefe del Estado pise suelo español en Ceuta podría molestar a los nacionalistas que llaman «colonizadas» a nuestras ciudades, y Sánchez prefiere evitar que el ministro Abdellatif Ouahbi se ponga nervioso con sus reivindicaciones de soberanía. Lo más delirante es el contraste. El 6 de agosto, cuando la ciudad estaba bajo presión migratoria, Felipe VI quiso ir y recibió un 'no' rotundo. Para maquillar el desplante, lanzaron un mensaje de «indignación» oficioso, algo así como decir que estamos muy enfadados mientras nos encogemos de hombros. Para rematar la faena, el 24 de agosto el Rey ni siquiera fue invitado al Consejo de Seguridad Nacional. Al final, el Rey se ha quedado en el 'modo sustitutivo': llamadas telefónicas a Juan Jesús Vivas y fotos con banderas en el salón. Gestos que, comparados con una visita real, son como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
Sanchismo: el despertar judicial del verano
El verano ha terminado y, con él, las vacaciones de los juzgados. La justicia española ha decidido despertar con un café cargado y seis expedientes abiertos que hacen que el entorno del sanchismo se sienta como si estuviera en un examen final sin haber abierto el libro. No es un goteo; es una catarata. Hablamos de un centenar de imputados, con una treintena de 'VIP' del socialismo que ahora descubren que el derecho penal no entiende de lealtades partidistas. Empecemos por el 'vintage' de la corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero vuelve al centro de escena gracias a que dos peces gordos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han decidido cantar para salvar el pellejo. Resulta que para 'salvar la compañía' en pandemia, recurrieron al expresidente y a su testaferro, 'Julito'. Y aquí viene lo tierno: más de medio millón de euros volando hacia Whathefav SL, la agencia de las hijas de Zapatero, Alba y Laura, bajo el concepto de 'servicios agencia'. Un concepto tan vago que parece escrito por un estudiante que intenta justificar por qué no entregó el trabajo a tiempo. Todo coordinado por Gertrudis Alcázar, la secretaria que manejaba el correo del jefe desde Ferraz como si fuera la torre de control de un aeropuerto. Pero hay más. El 'caso Leire Díez' es un menú degustación de irregularidades. Desde la 'trama SEPI' con Belén Gualda y Vicente Fernández, hasta las 'cloacas del PSOE' donde Ana María Fuente Pacheco e Ismael Oliver intentaban limpiar el camino judicial, incluyendo el caso del hermano de Sánchez. Santos Cerdán y Leire Díez aparecen como los 'porteros' de los intereses presidenciales, mientras Gaspar Zarrías ponía la infraestructura financiera. Para rematar, la cúpula de la Guardia Civil —Mercedes González, Manuel Llamas y Leonardo Marcos— se encuentra en el mismo saco, recordándonos que los nombramientos a dedo a veces vienen con efectos secundarios judiciales. Entre pendrives del PSOE, sobres de PDVSA con 90.000 euros entregados en Ferraz y el banquillo que espera a Begoña Gómez junto a Juan Carlos Barrabés, la agenda judicial parece un calendario de eventos sociales. Sumemos las mascarillas de Ábalos y los amaños de obra pública con Koldo García, y tenemos el cuadro completo: una ingeniería financiera donde el dinero público parece haber sido tratado como una tarjeta de puntos acumulables.
Ministros al Constitucional por plantón en Senado
Hay una diferencia abismal entre el concepto de 'vacaciones' para el ciudadano de a pie —ese estrés de buscar un hotel que no te desplume— y las vacaciones de un ministro cuando hay una crisis nacional. Mientras Ceuta sufría el asalto masivo de más de 80.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio de 2026, el Ejecutivo parecía haber activado el modo avión. No es que no supieran qué pasaba, es que decidieron que el Senado no era el sitio adecuado para dar explicaciones. La trama es sencilla: el PP, con la mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha intentado que Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles dieran la cara. Pero los ministros aplicaron la técnica del 'visto' en WhatsApp. Albares pasó del 17 de agosto, Robles del 18 y Marlaska, el campeón de la incomparecencia, ignoró dos llamadas, incluida la del 20 de agosto. Básicamente, trataron la obligación constitucional de comparecer como si fuera una invitación a una boda de un primo lejano: si no me apetece, no voy. Ahora, Alicia García, portavoz del PP, ha decidido que el 'plantón' tenga factura. El Senado llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por un conflicto de atribuciones, apoyándose en el artículo 110.1 de la Constitución y el 66.2 del Reglamento del Senado. Porque claro, ir al Congreso a finales de agosto cuando el calendario les venía mejor no borra el vacío legal dejado en la Cámara Alta. Para rematar la faena, el PP lanzará reprobaciones contra los tres mencionados, sumando a Mónica García y Ana Redondo. El cargo: negligencia y pasividad ante una frontera que se convirtió en colador. En el tablero político, el Senado ya no es solo una cámara; es, según el PP, el 'dique de contención' contra un Ejecutivo que confunde el control parlamentario con una sugerencia opcional.
Enchufes y hoteles públicos: el escándalo ceutí
En el tablero político, hay quienes juegan al ajedrez y quienes simplemente mueven las fichas para que el primo quede colocado. El caso de la Casa del Mar de Ceuta es una clase magistral de ingeniería del favor. José Antonio Ríos Pavón, un malagueño que pasó por el concejalismo de Coín antes de que los 'motivos personales' lo alejaran del cargo en 2016, aterrizó en 2021 como director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM). ¿El método? La 'libre designación'. Traducción para el ciudadano de a pie: entrar sin hacer cola, sin concurso de méritos y con la alfombra roja extendida por Salvadora Mateos. Mientras el vecino de Ceuta mira el presupuesto doméstico con lupa para que no le den el sablazo en la factura de la luz, el Gobierno de Elma Saiz ha decidido que la Casa del Mar —un espacio diseñado exclusivamente para marineros, pensionistas del sector y sus familias— sea el hotel boutique de los activistas de la ONG Accem. Un edificio con 27 habitaciones con baño propio que ahora sirve de base para quienes gestionan carpas para 900 inmigrantes ilegales. El Ministerio lo llama 'situación excepcional', pero en la calle se lee como un intercambio de favores donde el reglamento es una sugerencia opcional. La ironía alcanza su pico cuando Ríos Pavón, además de gestionar el edificio, ostenta desde marzo de 2025 el cargo de secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE de Ceuta, bajo el mando de Miguel Ángel Pérez Triano. Es el círculo perfecto: el partido pone el cargo, el Estado pone el edificio y la ONG Accem, engordada con subvenciones millonarias de Pedro Sánchez, pone el activismo. Todo esto mientras los vecinos de Parques de Ceuta y la Junta Obras del Puerto gritan 'fuera' frente a una guardería, descubriendo que la 'transformación digital' consiste, aparentemente, en digitalizar el derecho a saltarse las normas.
Financiación autonómica: banquete para pocos, cuenta para todos
Imaginen que organizan una cena entre amigos y, a la hora de pagar, el anfitrión propone un sistema donde casi todos ponen más para que dos coman langostinos mientras el resto se conforma con una ensalada. Exactamente eso ha pasado este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Ministerio de Hacienda, con Arcadi España al timón, ha sacado adelante un nuevo modelo de financiación autonómica que tiene el apoyo de Cataluña y Canarias, y el desprecio absoluto del resto de comunidades. Arcadi España juega la carta de la nostalgia y la urgencia: dice que el modelo actual caducó hace 12 años y que llevábamos 17 sin debatir el tema. Básicamente, nos dice que el coche no anda y que su propuesta es la única pieza de recambio disponible, lanzando un dardo al Partido Popular por no presentar una alternativa. Mientras tanto, desde la Junta de Andalucía, Carolina España no se anda con rodeos y califica el plan de un privilegio exclusivo para Cataluña. Es la eterna pelea del patio del colegio, pero con miles de millones en juego. El Gobierno presume de un 'estirón' presupuestario: una aportación del Estado de casi 21.000 millones de euros adicionales. Suena a cifra astronómica, pero en la práctica es como añadirle un poco de nata a un pastel que sigue estando mal repartido. Prometen que nadie perderá recursos y que el sistema será 'más equitativo y solidario', una frase que en el lenguaje de la calle suena a 'no te preocupes, que el sablazo no será tan fuerte'. Ahora la pelota queda en el Congreso de los Diputados, donde se decidirá si este reparto a la carta se convierte en ley o si acaba en la papelera de reciclaje política.
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