Crítica:
La noticia es un simple eco de publicaciones en redes sociales sin contrastar la reacción oficial del Gobierno. Se limita a transcribir la retórica de Trump sin analizar la viabilidad real de sus críticas.
Trump acusa al Gobierno sanchista de tener «cero control» sobre su frontera ante la «triste» situación en C...
Trump vacila a Sánchez por Ceuta
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Mil millones en inmigración y tú pagas
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, una lotería donde siempre pierdes. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del súper con cara de tragedia, Vox ha decidido sacar la calculadora para el arranque del curso político. El planteamiento es sencillo, casi de libro de cuentas de barrio: ¿por qué seguimos pagando el pato mientras el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se gasta más de 1.000 millones de euros anuales en el programa de «acciones a favor de los inmigrantes»? Es el clásico contraste entre el presupuesto para el vecino que llega y el bolsillo del que ya estaba aquí. Santiago Abascal no se anda con rodeos y apunta al dedo a Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, con una moción que huele a urgencia. Según las cuentas de Vox, desde 2018 nos han clavado más de 140 subidas de impuestos. Es una lluvia de tributos que ha dejado el poder adquisitivo en cuidados intensivos, con una pérdida del 3,2% en los salarios reales. Para rematar el cuadro, dicen que la recaudación del IRPF en 2025 se disparó un 85% comparado con 2017. Básicamente, el Estado ha pasado de pedir una propina a llevarse media cena. La receta de Vox para salir del agujero es el 'borrón y cuenta nueva' fiscal: exenciones para rentas bajas de 22.000 euros, bajadas de IVA y eliminar los impuestos a los hidrocarburos y la electricidad. También ponen el foco en la vivienda, donde sostienen que la llegada de 7,8 millones de inmigrantes entre 2018 y 2025 ha dinamitado los precios, convirtiendo el alquiler de una habitación en lo que antes era un piso entero. Piden una auditoría del Tribunal de Cuentas porque, según ellos, hay una ingeniería financiera invisible que oculta el gasto real en inmigración ilegal mientras el español de a pie sigue apretándose el cinturón.
El sablazo de Saiz: 1.182 millones
Hay presupuestos que parecen escritos con tinta invisible y otros que, como el de Elma Saiz, son un despliegue de generosidad que haría palidecer a cualquier banquero suizo. Para 2026, la ministra de Inclusión ha blindado la partida 'Acciones para los inmigrantes' con 1.182 millones de euros. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: mientras intentamos que la hipoteca no nos coma vivos, el Gobierno ha decidido que la acogida y el combate a la xenofobia tengan un presupuesto que ha crecido un 58,1% en lo que va de año. Un crecimiento exponencial que dejaría en ridículo cualquier plan de ahorro doméstico. Pero lo verdaderamente fascinante es la arquitectura del secreto. El Tribunal de Cuentas, ese organismo que debería ser el auditor implacable de nuestra cartera, lleva un año jugando al escondite con el informe de fiscalización solicitado por Vox. Tenemos un agujero contable del tamaño de una catedral donde se mezclan fondos de comunidades autónomas, ayuntamientos y ministerios. Mientras tanto, el think tank Neos, bajo la mirada de Jaime Mayor Oreja, lanza una cifra que marea: más de 30.000 millones anuales. El ejemplo más crudo es Ceuta. El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de 278 millones para la ciudad, pero al abrir la caja, el 42% no era para los ceutíes, sino para gestionar la crisis migratoria. El reparto es una obra maestra de la ingeniería financiera: 53,48 millones para Elma Saiz, 62,96 millones para los menores no acompañados de Sira Rego, 3,5 millones para los sanitarios de Mónica García y unos curiosos 299.493 euros para 'gastos extraordinarios' de la Oficina de Extranjería de Ángel Víctor Torres. En resumen, un despliegue de fondos donde el beneficiario final rara vez es quien paga los impuestos.
Enchufe PSOE: Hotel público para ONG activista
En la política, como en el fútbol, hay jugadores que nunca pisan el césped pero cobran como si fueran el capitán. José Antonio Ríos Pavón es el ejemplo perfecto de este 'estilo de vida'. Mientras el ciudadano medio tiene que pelearse con la burocracia hasta el cansancio para conseguir una cita previa, Ríos Pavón aterrizó en 2021 como director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM) mediante la mística 'libre designación'. Traducción para los que no hablamos idioma administrativo: un dedo bien puesto y cero concursos de méritos. Este malagueño, que ya había pasado por el concejalismo en Coín antes de dimitir en 2016, ahora juega en la liga mayor como secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE de Ceuta desde marzo de 2025. Pero el verdadero 'arte' no está en su currículum, sino en la gestión de la Casa del Mar. Este edificio, que según el manual de instrucciones es el refugio para los trabajadores del mar y pensionistas del sector, ha sido reconvertido en un hotel boutique para activistas de la ONG Accem. Es una jugada maestra de ingeniería social: usar un espacio público destinado a marineros para alojar a quienes gestionan carpas para 900 ilegales. El Ministerio de Elma Saiz lo llama 'situación excepcional', una frase que en el lenguaje de la calle significa 'lo hacemos porque podemos'. Mientras tanto, los vecinos de Parques de Ceuta y la Junta Obras del Puerto gritan 'sinvergüenzas' frente a un edificio de 27 habitaciones con baño propio, mientras el Gobierno central sigue repartiendo subvenciones millonarias a Accem y plantando campamentos junto a guarderías como la Nuestra Señora de África. Una gestión impecable, siempre que seas del partido.
Sánchez pone al Rey en 'espera' por Marruecos
En la política, como en el barrio, hay quien sabe hacer el paripé y quien simplemente nos toma el pelo. Pedro Sánchez ha decidido que la agenda de Felipe VI tiene que esperar, no por falta de tiempo —que la Zarzuela estaba más vacía que una hucha en agosto—, sino porque en Rabat hay fiesta electoral. El 23 de septiembre, 15,8 millones de marroquíes eligen a sus 395 diputados y Moncloa ha decidido que el Rey en Ceuta es un 'accesorio' demasiado peligroso para el humor de Mohamed VI. Es la clásica jugada de quien quiere quedar bien con Dios y con el diablo, pero termina siendo el recadero de Rabat. Mientras el Gobierno nos vende que no hay veto y que la visita llegará «en las próximas semanas» (la frase comodín para decir 'cuando me deje el jefe'), en la sombra se negocia el aplazamiento para no darle munición al partido Istiqlal. Porque claro, que el Jefe del Estado pise suelo español en Ceuta podría molestar a los nacionalistas que llaman «colonizadas» a nuestras ciudades, y Sánchez prefiere evitar que el ministro Abdellatif Ouahbi se ponga nervioso con sus reivindicaciones de soberanía. Lo más delirante es el contraste. El 6 de agosto, cuando la ciudad estaba bajo presión migratoria, Felipe VI quiso ir y recibió un 'no' rotundo. Para maquillar el desplante, lanzaron un mensaje de «indignación» oficioso, algo así como decir que estamos muy enfadados mientras nos encogemos de hombros. Para rematar la faena, el 24 de agosto el Rey ni siquiera fue invitado al Consejo de Seguridad Nacional. Al final, el Rey se ha quedado en el 'modo sustitutivo': llamadas telefónicas a Juan Jesús Vivas y fotos con banderas en el salón. Gestos que, comparados con una visita real, son como intentar apagar un incendio con un vaso de agua.
Sanchismo: el despertar judicial del verano
El verano ha terminado y, con él, las vacaciones de los juzgados. La justicia española ha decidido despertar con un café cargado y seis expedientes abiertos que hacen que el entorno del sanchismo se sienta como si estuviera en un examen final sin haber abierto el libro. No es un goteo; es una catarata. Hablamos de un centenar de imputados, con una treintena de 'VIP' del socialismo que ahora descubren que el derecho penal no entiende de lealtades partidistas. Empecemos por el 'vintage' de la corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero vuelve al centro de escena gracias a que dos peces gordos de Plus Ultra, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han decidido cantar para salvar el pellejo. Resulta que para 'salvar la compañía' en pandemia, recurrieron al expresidente y a su testaferro, 'Julito'. Y aquí viene lo tierno: más de medio millón de euros volando hacia Whathefav SL, la agencia de las hijas de Zapatero, Alba y Laura, bajo el concepto de 'servicios agencia'. Un concepto tan vago que parece escrito por un estudiante que intenta justificar por qué no entregó el trabajo a tiempo. Todo coordinado por Gertrudis Alcázar, la secretaria que manejaba el correo del jefe desde Ferraz como si fuera la torre de control de un aeropuerto. Pero hay más. El 'caso Leire Díez' es un menú degustación de irregularidades. Desde la 'trama SEPI' con Belén Gualda y Vicente Fernández, hasta las 'cloacas del PSOE' donde Ana María Fuente Pacheco e Ismael Oliver intentaban limpiar el camino judicial, incluyendo el caso del hermano de Sánchez. Santos Cerdán y Leire Díez aparecen como los 'porteros' de los intereses presidenciales, mientras Gaspar Zarrías ponía la infraestructura financiera. Para rematar, la cúpula de la Guardia Civil —Mercedes González, Manuel Llamas y Leonardo Marcos— se encuentra en el mismo saco, recordándonos que los nombramientos a dedo a veces vienen con efectos secundarios judiciales. Entre pendrives del PSOE, sobres de PDVSA con 90.000 euros entregados en Ferraz y el banquillo que espera a Begoña Gómez junto a Juan Carlos Barrabés, la agenda judicial parece un calendario de eventos sociales. Sumemos las mascarillas de Ábalos y los amaños de obra pública con Koldo García, y tenemos el cuadro completo: una ingeniería financiera donde el dinero público parece haber sido tratado como una tarjeta de puntos acumulables.
Ministros al Constitucional por plantón en Senado
Hay una diferencia abismal entre el concepto de 'vacaciones' para el ciudadano de a pie —ese estrés de buscar un hotel que no te desplume— y las vacaciones de un ministro cuando hay una crisis nacional. Mientras Ceuta sufría el asalto masivo de más de 80.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio de 2026, el Ejecutivo parecía haber activado el modo avión. No es que no supieran qué pasaba, es que decidieron que el Senado no era el sitio adecuado para dar explicaciones. La trama es sencilla: el PP, con la mayoría absoluta en la Cámara Alta, ha intentado que Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles dieran la cara. Pero los ministros aplicaron la técnica del 'visto' en WhatsApp. Albares pasó del 17 de agosto, Robles del 18 y Marlaska, el campeón de la incomparecencia, ignoró dos llamadas, incluida la del 20 de agosto. Básicamente, trataron la obligación constitucional de comparecer como si fuera una invitación a una boda de un primo lejano: si no me apetece, no voy. Ahora, Alicia García, portavoz del PP, ha decidido que el 'plantón' tenga factura. El Senado llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por un conflicto de atribuciones, apoyándose en el artículo 110.1 de la Constitución y el 66.2 del Reglamento del Senado. Porque claro, ir al Congreso a finales de agosto cuando el calendario les venía mejor no borra el vacío legal dejado en la Cámara Alta. Para rematar la faena, el PP lanzará reprobaciones contra los tres mencionados, sumando a Mónica García y Ana Redondo. El cargo: negligencia y pasividad ante una frontera que se convirtió en colador. En el tablero político, el Senado ya no es solo una cámara; es, según el PP, el 'dique de contención' contra un Ejecutivo que confunde el control parlamentario con una sugerencia opcional.
Enchufes y hoteles públicos: el escándalo ceutí
En el tablero político, hay quienes juegan al ajedrez y quienes simplemente mueven las fichas para que el primo quede colocado. El caso de la Casa del Mar de Ceuta es una clase magistral de ingeniería del favor. José Antonio Ríos Pavón, un malagueño que pasó por el concejalismo de Coín antes de que los 'motivos personales' lo alejaran del cargo en 2016, aterrizó en 2021 como director provincial del Instituto Social de la Marina (ISM). ¿El método? La 'libre designación'. Traducción para el ciudadano de a pie: entrar sin hacer cola, sin concurso de méritos y con la alfombra roja extendida por Salvadora Mateos. Mientras el vecino de Ceuta mira el presupuesto doméstico con lupa para que no le den el sablazo en la factura de la luz, el Gobierno de Elma Saiz ha decidido que la Casa del Mar —un espacio diseñado exclusivamente para marineros, pensionistas del sector y sus familias— sea el hotel boutique de los activistas de la ONG Accem. Un edificio con 27 habitaciones con baño propio que ahora sirve de base para quienes gestionan carpas para 900 inmigrantes ilegales. El Ministerio lo llama 'situación excepcional', pero en la calle se lee como un intercambio de favores donde el reglamento es una sugerencia opcional. La ironía alcanza su pico cuando Ríos Pavón, además de gestionar el edificio, ostenta desde marzo de 2025 el cargo de secretario de Política Económica y Transformación Digital del PSOE de Ceuta, bajo el mando de Miguel Ángel Pérez Triano. Es el círculo perfecto: el partido pone el cargo, el Estado pone el edificio y la ONG Accem, engordada con subvenciones millonarias de Pedro Sánchez, pone el activismo. Todo esto mientras los vecinos de Parques de Ceuta y la Junta Obras del Puerto gritan 'fuera' frente a una guardería, descubriendo que la 'transformación digital' consiste, aparentemente, en digitalizar el derecho a saltarse las normas.
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