Crítica:
El texto original es más un panfleto ideológico que una noticia, abusando de metáforas como 'el ojo de Sauron'. Carece de fuentes oficiales que contrasten las cifras del gasto en cooperación.
El Gobierno destina 40 millones de euros a la vivienda mientras da más de 270 a otros países
Vivienda: migajas frente al festín exterior
Otros artículos
Peinado fulmina a abogado: ¡No soy alumno!
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredo, pero que se pagan con el presupuesto del Estado. Este 8 de septiembre, el juzgado de Juan Carlos Peinado se convirtió en un patio de colegio donde el magistrado, harto de la pedagogía no solicitada, fulminó al abogado Chema de Pablo con un zarpazo lapidario: «No venga a darnos una clase de 1º de Informática». El letrado, que intentaba explicar el registro de dominios web como quien lee las instrucciones de un microondas, cometió el error táctico de insinuar que el juez, por su edad, estaba desfasado tecnológicamente. Un movimiento arriesgado cuando el que tiene el mazo es el que decide si el camino lleva a la libertad o a un agujero contable por malversación. Mientras el debate técnico sobre servidores y software consumía el tiempo, el banquillo lucía una limpieza envidiable. Begoña Gómez brilló por su ausencia, y Cristina Álvarez, la asesora pagada por Moncloa imputada por usar su horario laboral para asuntos privados, prefería el sol de Miami que el aire acondicionado de la sala. Es el contraste perfecto: mientras unos discuten si un dominio web es un delito, otros disfrutan de vacaciones en el Caribe tras recuperar el pasaporte. En el tablero de piezas, Jaime Campaner debuta como defensor de Gómez, aterrizando literalmente del aeropuerto con una hora de retraso, sustituyendo al perfil político de Antonio Camacho por uno más técnico. Por su parte, la acusación popular unificada en HazteOir (con Vox y Manos Limpias al mando) y la Universidad Complutense de Madrid ratificaron sus escritos en un abrir y cerrar de ojos. Al final, la vista dejó el sabor de boca de un proceso donde los protagonistas no aparecen, los abogados se pelean por conceptos básicos de IT y el juez tiene la paciencia tan agotada como el presupuesto de cualquier ciudadano medio al final del mes.
TVE: El truco del infoentretenimiento externalizado
En la televisión pública, el 'servicio público' se ha convertido en un concepto elástico, casi un chiste de mal gusto. La última genialidad consiste en sentar a Pedro Sánchez en el plató de 'Mañaneros 360', un programa que, para evitar las molestias de los controles deontológicos, se disfraza de 'infoentretenimiento'. Es el truco del almendruco: si lo llamas magacín, te ahorras el rigor periodístico y puedes externalizar la producción a La Cometa, mientras los profesionales de casa miran desde la barrera cómo se saltan el artículo 35 del Mandato Marco, que exige un 100% de producción interna para lo institucional. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, RTVE se gasta millones en productoras externas para programas como 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano'. El resultado es un currículum envidiable de condenas judiciales por bulos y noticias falsas. Es como contratar a un fontanero externo que te rompe la tubería y luego cobrarle la reparación al vecino. El Consejo de Informativos (CdI) y el sindicato USO ya han soltado el látigo, calificando la entrevista al presidente como un hecho de 'gravedad extrema'. No es una cuestión de quién pregunta, sino de quién firma el cheque y quién controla la verdad. La indignación es tan real que el 93,5% de los trabajadores consultados creen que este modelo está dinamitando la credibilidad de la corporación. La respuesta no ha sido un correo electrónico educado, sino la convocatoria de paros generales por parte de la CGT para el próximo lunes 14 de septiembre. En Torrespaña y Prado del Rey ya se huele el incendio; la asamblea de este miércoles es solo el fósforo que falta para que la externalización pase de ser un 'modelo de gestión' a un problema de orden público.
Ceuta: 122 millones y un solo médico
Hacer malabares con el presupuesto público es un arte, pero lo de la Moncloa en Ceuta ya es una obra de surrealismo puro. El Ministerio de Sanidad nos vendió un paquete 'Premium' de 100 profesionales para paliar una crisis sanitaria que ya cumple 40 días. Pero, al abrir la caja, la sorpresa es mayúscula: en el servicio de Urgencias, donde la presión es tan alta que los médicos terminan llorando, solo ha aterrizado un único facultativo. Un solo médico. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua mientras el secretario de Estado, Javier Padilla, presume en 'Al Rojo Vivo' de que la plantilla se ha ampliado 'en uno o dos médicos por turno'. La ingeniería contable es fascinante. Nos hablan de 100 contratos, pero en la calle saben que eso es maquillaje: son contratos encadenados para la misma gente, principalmente personal de limpieza, enfermeros y TCAE. Mientras tanto, el músculo financiero del Ministerio, esos 122 millones de euros que Padilla mencionó en sus reuniones, parece haberse evaporado en el camino o haberse quedado atrapado en algún despacho de Madrid. Con esa cantidad, que haría palidecer a cualquier familia media al mirar la hipoteca, solo han sido capaces de poner una firma más en el libro de Urgencias. La hipocresía alcanza su cénit con Mónica García, quien insiste en que no hay colapso, solo una situación 'tensionada'. Llamar 'crisis humanitaria' a un colapso sanitario es un juego de palabras digno de un diccionario de eufemismos políticos. El resultado es una desmoralización total: tres bajas médicas por estrés y un servicio que sobrevive con cinco profesionales por turno, lidiando no solo con neumonías y sarampión, sino con un repunte de intoxicaciones por cocaína y metanfetaminas entre menores. Mientras el Gobierno juega al Monopoly con la salud pública, Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha conseguido 27 voluntarios en 48 horas. El mensaje es claro: la voluntad no cuesta 122 millones, pero la inacción política sale muy cara.
Supremo frena el 'inflado' del voto CERA
El Tribunal Supremo acaba de darle un zarpazo monumental a la ingeniería electoral del Gobierno. Resulta que Sofía Puente decidió que la 'Ley de Memoria Democrática' no era solo para reparar el daño a los exiliados, sino que cualquier descendiente de alguien que hubiera hecho las maletas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 podía collinear para el pasaporte y el voto. Básicamente, convirtieron una medida de reparación histórica en un buffet libre de nacionalidades. El resultado fue un inflado del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que parece una cuenta bancaria en paraíso fiscal: pasamos de 2.328.260 electores en 2023 a unos delirantes 2.736.522 el 1 de julio de 2026. Estamos hablando de 408.262 nuevos votantes que aparecieron por arte de magia, la mayor subida de la historia. Para que nos entendamos, es como si en una comunidad de vecinos de repente aparecieran cuatrocientos mil inquilinos nuevos que no pagan comunidad pero quieren decidir el color de la fachada. La anomalía es tan bestia que en 162 municipios el CERA ya pesa más que el censo residente (75.182 contra 56.171), y en 558 pueblos el voto exterior ya es el 50% del total. Iustitia Europa y Vox, que no se quisieron perder la fiesta, llevaron el asunto al Supremo, que ha decidido suspender los efectos de esta 'argucia'. Ahora, salvo que el consulado certifique un exilio real y documentado —algo que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior admite que ocurre en 'muy poca gente'—, esos cientos de miles de nuevos españoles se quedan fuera de las urnas. Mientras Félix Bolaños se pone la mano en el pecho hablando de 'enorme trascendencia' y derechos vulnerados, el Tribunal aplica el 'periculum in mora'. En cristiano: que si no actúan ya, el daño es irreparable. El Gobierno quería jugar al Monopoly con el censo, pero el Supremo les ha recogido el tablero.
Soplón policial vende espía por millones
Hay que tener el valor, o la cara dura, de convertir la seguridad nacional en un mercadillo de barrio. Mientras el ciudadano medio se pelea con la letra pequeña de la hipoteca, un colaborador de la Policía Nacional decidió que el paradero de un espía era el activo perfecto para hacer un 'golpe de suerte'. No hubo banderas, ni ideales, ni patriotismo de manual; solo la fría calculadora de quien ve una oportunidad de negocio donde otros ven un delito. La escena parece sacada de una serie de bajo presupuesto: marzo, el hotel Eurobuilding de Madrid,lejos del ruido pero cerca del poder. Allí, este confidente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se sentó a negociar la cabeza de Mehdi Hijaouy. ¿El precio del soplo? Entre dos y tres millones de euros. Un sablazo considerable que convierte la información clasificada en una simple transacción comercial, como quien vende un coche usado en una web de anuncios. Hijaouy no es un cualquiera; fue la mano derecha de Yassine Mansouri y jefe del «Service Action» de la DGED. El hombre que guarda los secretos sucios de Mohamed VI y, según se dice, el material sustraído del teléfono de Pedro Sánchez mediante el spyware Pegasus. El colaborador policial no solo sabía que existía, sino que le dio a los marroquíes el mapa exacto: un piso en Mejorada del Campo y una finca en Cáceres. La ironía es deliciosa y amarga: el tipo que debería haber avisado a sus superiores prefirió intentar cobrar la comisión. Al final, Hijaouy, que ya había pasado por la Audiencia Nacional en septiembre de 2024 antes de saltar el teléfono y convertirse en prófugo, resultó ser la moneda de cambio en un juego de espejos donde la lealtad tiene un precio fijo y el espionaje es el deporte nacional.
El sablazo de Badajoz: ¿paga el hermano?
Hay una danza muy curiosa en la Diputación de Badajoz. Resulta que David Sánchez, el hermano del presidente, disfrutó de una silla de alta dirección durante ocho años, cobrando una suma que haría temblar a cualquier currante medio: 340.572 euros. Para que nos entendamos, es como si alguien se comprara un piso en efectivo con el dinero de la caja de caudales del pueblo mientras el resto seguimos contando los céntimos para el café. El músico coordinó conservatorios y dirigió la Oficina de Artes Escénicas en una plaza que, según las acusaciones, era un espejismo, un invento creativo para justificar la nómina entre julio de 2017 y mayo de 2025. Lo fascinante no es el sueldo, sino la amnesia colectiva de la institución. La Diputación, que es la que soltó la pasta, decidió convenientemente no presentarse como perjudicada en el juicio. Una jugada maestra de 'no veo, no oigo', dejando que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara a David a nueve años de inhabilitación por prevaricación, pero pasando olímpicamente de pedir el dinero de vuelta. Es la versión administrativa de 'te quiero mucho, quédate con el cambio'. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha decidido despertar a la Diputación de su siesta. A presión de Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox, el letrado del Departamento 2º ha dado un plazo de cinco días para que la entidad socialista decida si quiere recuperar sus fondos o si prefiere seguir fingiendo que ese agujero contable es un error de cálculo. El contraste es brutal: mientras la Fiscalía pidió la absolución y la Diputación guardaba silencio, el Tribunal de Cuentas ahora les obliga a mirar el espejo. Si no responden, la Fiscalía y las acusaciones populares tomarán el mando. Al final, la pregunta es simple: ¿estaba el puesto vacío o el bolsillo demasiado lleno?
Sablazo en Badajoz: ¿Devuelve el hermano?
Hay una danza muy curiosa en la Diputación de Badajoz. Resulta que David Sánchez, el hermano del presidente, disfrutó de un puesto de alta dirección como coordinador de conservatorios y jefe de la Oficina de Artes Escénicas durante ocho años. El problema es que la justicia ya le ha colgado el cartel de prevaricador con nueve años de inhabilitación. Pero aquí viene lo fascinante: la Diputación, que es quien soltó la pasta, decidió que no era 'perjudicada'. Es como si te vaciaran la cartera en el metro y, cuando llega la policía, tú dijeras que el dinero no te hacía falta y que el ladrón puede quedarse con el cambio. Estamos hablando de 340.572 euros. Para que el ciudadano medio lo entienda: es el precio de comprarse un piso decente o sobrevivir varias décadas sin que la inflación te coma el desayuno, todo pagado con una plaza que, según las acusaciones, fue creada arbitrariamente y no servía para nada material. Un invento presupuestario de manual. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ha despertado y ha dado cinco días de plazo a la institución socialista para que decida si quiere recuperar sus fondos o si prefiere seguir haciendo la vista gorda. Lo más cínico es que la Audiencia Provincial de Badajoz ya había dejado la puerta abierta, pero como la Diputación no pidió ni un céntimo y la Fiscalía pidió la absolución, el dinero se quedó cómodamente en el bolsillo del músico. Ahora, impulsados por Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox, el Tribunal de Cuentas obliga a la Diputación a mojarse. Si guardan silencio, la Fiscalía y las acusaciones populares tomarán el relevo. Al final, la pregunta es simple: ¿por qué una administración pública se resiste a recuperar más de 340 mil euros de un cargo inexistente? La respuesta, probablemente, no esté en los libros de contabilidad, sino en el árbol genealógico.
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