Crítica:
La pieza mezcla una investigación judicial con chismes de pasillo sobre la salud emocional del imputado. El salto narrativo entre las joyas y la estrategia electoral de Sánchez es brusco y distrae del núcleo del delito.
La pieza mezcla una investigación judicial con chismes de pasillo sobre la salud emocional del imputado. El salto narrativo entre las joyas y la estrategia electoral de Sánchez es brusco y distrae del núcleo del delito.
Hacer cuentas con el dinero público es, a veces, como mirar la factura de la luz en agosto: un susto constante. Pero lo de la Generalitat de Cataluña con la línea ACOL ya no es un susto, es una declaración de intenciones. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el carrito del súper no supere los cien euros, el Ejecutivo de Salvador Illa ha decidido que la formación para inmigrantes extracomunitarios en proceso de regularización tiene un precio muy selecto: una media de 18.500 euros anuales por persona. Sí, han leído bien. Es una cifra que haría palidecer a cualquier autónomo que intente sobrevivir a base de café y esperanza. Para 2026, el presupuesto se ha inflado hasta los 10.820.447 euros, un incremento del 10% respecto a los 9.772.323,40 euros del año anterior. La ingeniería financiera es fascinante: se destinan más de diez millones de euros para un grupo selecto de apenas 527 beneficiarios repartidos por las cuatro provincias. Es un lujo formativo que envidiaría cualquier becario de universidad pública. El mapa del dinero tiene nombres y apellidos políticos. El Ayuntamiento de Tortosa, bajo el mando de la coalición Movem-PSC y ERC, se ha coronado como el gran receptor del botín con 642.846 euros, en un municipio donde el 23,55% de la población es extranjera. Todo esto ocurre en un ecosistema de opacidad donde el Tribunal de Cuentas, tras la petición de Vox y su líder Ignacio Garriga, parece haberse tomado un descanso eterno antes de informar sobre el gasto total en inmigración ilegal. Al final, la línea ACOL, nacida en 2020, se ha convertido en un cajero automático que premia la vulnerabilidad con cifras que parecen sacadas de una consultora de lujo.
En el mundo real, si tu rendimiento baja en el trabajo, lo más probable es que el jefe te mire mal o te invite a recoger tus cosas. Pero en el ecosistema de la televisión pública, las leyes de la gravedad funcionan al revés. David Broncano acaba de recibir un 'upgrade' en su contrato que haría suspirar a cualquier banquero de inversión: RTVE ha decidido subir la factura de 'La Revuelta' en 330.000 euros, catapultando el coste total de las dos temporadas hasta los 31,88 millones. Es una ingeniería financiera fascinante: mientras las audiencias se desploman y el programa lucha por no quedar debajo de la media de la cadena —llegando incluso a perder la batalla contra Iker Jiménez en Cuatro—, el grifo del dinero público se abre más. Para que el ciudadano medio lo entienda, estamos hablando de que, mientras nosotros miramos el ticket del supermercado con angustia, la cadena pública ha decidido que Broncano y sus socios de Encofrados Encofrasa y El Terrat (el brazo fuerte de Mediapro) merecen un extra solo por existir. El contrato original ya era un despliegue de generosidad: pasaron de 28 millones en las primeras dos temporadas a 31,55 millones en febrero, y ahora, mágicamente, llegamos a los 31,88 millones. Todo esto ocurre bajo la mirada de José Pablo López, en un contexto donde la redacción de informativos está en pie de guerra. Mientras se externalizan contenidos y se censuran críticas a Pedro Sánchez, provocando motines en Torrespaña y huelgas de firmas, la prioridad parece ser blindar el entretenimiento joven hasta la temporada 2027-2028. Es el lujo de quien no paga la cuenta: gastar 161 millones en productoras externas mientras la credibilidad de la noticia se vende al mejor postor o se silencia por decreto. Al final, el chiste no está en el programa, sino en la factura.
Parece que en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública han descubierto que sumar no es tan sencillo como parece en la escuela primaria. Tras presumir durante meses de un crecimiento del empleo público que daba gusto, el Gobierno ha decidido hacer un 'borrón y cuenta nueva' con una naturalidad pasmosa, borrando de un plumazo a 30.630 trabajadores que, según sus propias tablas de julio de 2025, existían pero no tanto. Es como si te revisaran la cuenta bancaria y te dijeran que esos 30.000 euros que creías tener eran, en realidad, un error de redondeo en el cajero. La ingeniería contable es fascinante. Pasamos de un total de 3.107.195 empleados a 3.076.565. Un ajuste 'estético' que dinamita la narrativa oficial: aquel crecimiento del 2,3% (casi 70.000 efectivos) que vendieron como un éxito se ha encogido hasta un modesto 1,4%, dejando el incremento real en 43.261 personas. El sablazo más fuerte se lo lleva la Administración Local. Los ayuntamientos, que eran la joya de la corona con un supuesto crecimiento del 6,2%, han visto cómo su plantilla bajaba de 632.030 a 599.713 efectivos. Básicamente, 32.317 personas se han evaporado en el limbo de los 'diccionarios de equivalencias'. Lo más delirante es que hasta los datos de enero sufrieron una limpieza, bajando de 3.037.432 a 3.033.304 trabajadores. Al final, el crecimiento semestral se ha desplomado un 38%. Nos venden que es una 'exhaustiva revisión de fuentes', pero en la calle esto se llama equivocarse por miles de nóminas y borrar el rastro en la web para que nadie note el pinchazo. Una gestión de datos que haría temblar a cualquier administrativo de barrio.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en los despachos de RTVE el dinero fluye con una ligereza envidiable. David Broncano salió este lunes jugando al gato y al ratón con la idea de una «última temporada» de La revuelta, soltando alguna ironía sobre coaliciones entre PP y Vox que podrían dinamitar la cadena. Pero mientras el público se preguntaba si el show terminaba, Grison ya tenía el paracaídas dorado desplegado. No es que tenga un plan B; es que tiene un cheque con siete cifras. La corporación pública ha decidido que Marcos Martínez, el hombre detrás del personaje de Grison, merece su propio altar televisivo: El escondite. Y no es un proyecto hecho con cuatro tablas y un clavo. Para este 2026, la ingeniería financiera entre RTVE y Warner Bros ITVP España ha dejado una cifra que marea: 3.194.090 euros. Para que nos entendamos, es un sablazo que deja a cualquier presupuesto doméstico en coma inducido, aunque palidezca frente a los casi 32 millones de euros que engulle La revuelta a través de El Terrat. Lo más fascinante es la gimnasia mental de la cadena. En 2025, cuando la Defensora de la Audiencia, Rosa María Molló, recibió quejas por la banalización de las drogas en el aire, el delegado de contenidos, Agustín Alonso, salió al rescate con una joya semántica: que Grison es un «personaje de ficción». Resulta que el personaje es ficticio cuando hay que pedir perdón por las bromas, pero es muy real y muy talentoso cuando llega la hora de firmar el contrato para conducir un formato familiar grabado en Países Bajos. Así se gestiona el servicio público: defendiendo el 'humor polisémico' mientras se invierten millones en jugar al escondite con Javi de Hoyos e Inés Hernand.
Hay quien dice que el internet es un lujo, pero para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es, al parecer, un derecho fundamental de urgencia. Mientras el ciudadano medio pelea con la compañía eléctrica para que no le claven un recargo en la factura, la ministra Elma Saiz ha decidido que lo más apremiante en Ceuta no es el hormigón, sino los gigas. Sin licitaciones, sin anuncios en el portal de contrataciones y saltándose el baile de la burocracia habitual, el Gobierno ha recurrido a la 'situación de excepción' para darle un contrato directo a Telefónica. El motivo: el caos del 30 de julio, cuando unos 80.000 inmigrantes pusieron a prueba la valla y, de paso, dinamitaron el espectro radioeléctrico. La jugada es maestra. El Gobierno paga la fiesta y Telefónica monta tres puntos de wifi gratuitos que, según la operadora, aguantan hasta 10.000 personas por punto. En total, 30.000 usuarios navegando gratis mientras el resto del país mira cómo sube el IVA. No es la primera vez que se juega a esto; Orange ya había instalado una estación para evitar que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y la zona de El Trampolín se quedaran en silencio digital. Pero el despliegue no termina en la nube. En el muelle de poniente se están montando 16.000 metros cuadrados de 'glamping' gubernamental: 33 carpas con suelo de madera y techo de lona para 1.000 personas, con generadores y aseos, listos en diez días. Un despliegue logístico que ha despertado el hambre de justicia de Hazte Oír, que ya ha denunciado ante la Fiscalía de Área de Ceuta posibles delitos de prevaricación y malversación. Al final, la pregunta es sencilla: ¿estamos conectando personas o simplemente financiando el despliegue de infraestructura de las telecos con dinero público bajo el paraguas de la emergencia?
Hay un truco muy viejo en la administración: cuando el dato quema, se borra la página. La Fiscalía General del Estado ha publicado su memoria anual y, casualmente, ha decidido jugar al escondite con los resultados de las pruebas de edad de los menas. Es una jugada maestra de ingeniería administrativa. Nos dicen que en 2025 se abrieron 7.999 expedientes para determinar si quien dice ser un niño es, en realidad, un adulto con barba y DNI invisible. Un récord absoluto. Pero, ¿cuántos resultaron ser mayores? Silencio administrativo. El año pasado el susto fue monumental: solo el 58,58% de los analizados eran realmente menores. Es decir, casi la mitad de los que consumían recursos del sistema de protección eran adultos jugando al juego de la eterna juventud. Ahora, la Fiscalía se escuda en que tiene 3.904 expedientes pendientes por 'falta de medios'. Es como si el cajero del supermercado te dijera que no puede darte el ticket porque se ha quedado sin papel, pero que te cobren la compra igual. Mientras tanto, Ceuta y Canarias están en modo 'contingencia', una palabra elegante para decir que el sistema ha colapsado. El ministro Ángel Víctor Torres hablaba el 7 de septiembre de unos 2.000 menores identificados, aunque hay cientos más flotando en el limbo de la filiación. Para colmo, las repatriaciones son un chiste: ocho en 2024. Ocho. Básicamente, el camino de vuelta a Marruecos está cerrado por obras diplomáticas. Entre radiografías de muñecas y TACs esternoclaviculares, la Fiscalía prefiere que no sepamos cuántos adultos están durmiendo en centros de menores, porque admitirlo sería aceptar que el sistema de protección es, en ocasiones, una guardería para mayores de edad financiada con el dinero de todos.
Hay una forma muy elegante de decir 'metida de pata' y luego está lo que ha hecho Moncloa. En un despliegue de generosidad informativa que roza lo surrealista, el Gobierno ha desclasificado informes sobre Ceuta, pero no se han quedado en el 'qué', sino que han regalado el 'cómo'. Han expuesto al Regimiento de Guerra Electrónica N.º 32 (REW32), una unidad que opera desde Sevilla y Algeciras, básicamente diciéndole al vecino que sí, que tenemos el oído pegado a su pared. La jugada fue torpe. El 30 de julio, mientras el mundo miraba la Fiesta del Trono marroquí, el REW32 ya había detectado un evento «masivo» mediante inteligencia de señales (Sigint). No estaban leyendo tweets (Osint), estaban escuchando radios. El informe, enviado al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas), tenía dos páginas: una con las conclusiones y otra técnica, el 'manual de instrucciones' de la escucha. Moncloa, en un alarde de transparencia mal entendida, publicó ambas. Es como si para avisar de que alguien va a entrar en tu casa, el Gobierno publicara la marca del micrófono oculto y el nombre del técnico que lo instaló. El malestar en el cuartel es total. El coronel jefe de la unidad es un nombre tan secreto que ni el teléfono de la oficina tiene etiqueta, y ahora Marruecos tiene el recibo oficial de que sus comunicaciones terrestres y marítimas son un libro abierto para nosotros. Al final, el búho de oro del escudo del REW32, que simboliza la victoria sobre las traiciones, se ha encontrado con que la traición más efectiva no ha venido de fuera, sino de la propia administración. Ahora que el vecino sabe que lo escuchamos, lo más probable es que cambie la cerradura o se ponga a susurrar, dejándonos con un silencio de radio muy caro y una unidad expuesta en bandeja de plata.
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