Crítica:
La noticia es un ejercicio de ruido político que confunde la libertad individual con la lealtad patria. El texto original es un megáfono de Vox sin ningún contrapunto ni verificación de los hechos.
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Ceuta: desalojo aplazado y juegos de culpas
En el tablero político español, Ceuta se ha convertido en el tablero de Monopoly donde los ministros juegan con casas que no existen. Mientras el ciudadano de a pie intenta que la factura de la luz no le deje en números rojos, el Gobierno ha decidido que desalojar la playa del Trampolín es como montar un mueble de IKEA sin instrucciones: se ha aplazado la operación porque el 'campamento del Puerto' aún no está rematado. Básicamente, han querido mover a 1.500 personas de las 4.000 que viven allí, pero se han dado cuenta de que no tienen dónde meterlas. Un despliegue de eficiencia que haría llorar a cualquier gestor de barrio. En los pasillos del Congreso, el ambiente es de chợ (mercado). Pedro Sánchez, con la soltura de quien pide un crédito sin avales, ha aplicado la técnica del 'balón fuera'. Cuando le preguntan por los 700 a 1.000 menas que siguen durmiendo a la intemperie, su respuesta es un dardo directo: «Eso a Vivas, pregúntele». Una jugada maestra de ingeniería administrativa: si el problema es grande, busca a alguien con un cargo inferior y échale la culpa. Mientras tanto, el PP lo tacha de «amoral» y «sinvergüenza», y Marlaska, el ministro más reprobado de la legislatura, insiste en que el trabajo es «extraordinario». Claro, extraordinario es el optimismo que hace falta para decir que todo va bien mientras la Fiscalía investiga si el delegado Miguel Ángel Pérez Triano se quedó dormido al volante de la gestión. Para rematar la función, la Diputación de Badajoz ha decidido que no pedirá el reintegro de los 427.000 euros cobrados por David Sánchez y Luis Carrero. Un agujero contable que se cierra con un sello oficial, mientras en Ceuta los estudiantes huyen a Castilla-La Mancha porque estudiar en una ciudad invadida es un deporte de riesgo. Así es la España de 2026: mucha retórica europea de Von der Leyen en Estrasburgo, pero en la calle, el desalojo sigue esperando a que terminen de montar la carpa.
El Gobierno juega al mecenas con millones
Gobernar sin Presupuestos Generales del Estado es como llevar la tarjeta de crédito del vecino en la cartera: el límite es la imaginación y el control, inexistente. En este escenario de 'cheque en blanco', el Consejo de Ministros ha decidido que es un momento estupendo para jugar a ser el mecenas del mundo. Han soltado una primera partida de 83.778.707 euros en contribuciones voluntarias a entes como la OIT y la OMS. Resulta casi tierno el timing, considerando que Yolanda Díaz y Mónica García miran esas instituciones con el deseo con el que uno mira un escaparate de lujo. ¿Filantropía pura o estamos pagando la reserva del asiento para sus futuros cargos internacionales con el dinero de todos? Pero la generosidad no se queda en Ginebra. El Gobierno ha decidido que el agua potable es más urgente en El Salvador (4 millones), Colombia (3,1 millones para la comunidad Wayuu Las Delicias) y Yucatán (1,5 millones), mientras que en casa se crean 'comités de inversiones estratégicas' que huelen a chiringuito desde la distancia. Mientras tanto, el Ministerio de Bolaños ha priorizado el menú del día, ajustando gastos para contratar un servicio de restaurante y bar-cafetería en su sede. Prioridades. El despliegue de billetes sigue: 98 millones para helicópteros NH90, 17,2 millones en repuestos navales y 13 millones en simuladores H135. A esto sumamos 11,3 millones extra para la Agencia EFE, que ya disfruta de un presupuesto anual superior a los 60 millones, y unos 46 millones en el Ministerio del Interior para 'difundir resultados electorales'. En Ceuta, la cuenta sigue subiendo con 50 millones para autónomos y casi 400.000 euros para vallar colegios. Todo esto ocurre mientras el presupuesto oficial es, básicamente, un adorno de oficina.
Von der Leyen: Apoyo europeo a base de discursos
Ursula von der Leyen ha decidido que el mejor momento para recordarles a los ceutíes que no están solos es desde la comodidad de Estrasburgo, más de un mes después de que la ciudad autónoma se convirtiera en el epicentro de un caos migratorio. Con la elegancia de quien firma un cheque sin fondos, la presidenta de la Comisión Europea lanzó su mantra: «la frontera de Ceuta es la frontera de Europa». Traducción para el ciudadano de a pie: el apoyo llega en forma de discurso, pero las vallas y el estrés los pusieron los españoles. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la compra semanal, Bruselas se dedica a repasar su 'hoja de ruta' en el SOTEU, proponiendo una ley de emergencia para que la próxima crisis no sea tan improvisada. Lo fascinante es el silencio sepulcral sobre el papel de Marruecos. Von der Leyen ha esquivado mencionar al vecino del sur con la misma destreza con la que un político evita una pregunta incómoda en un debate, a pesar de que casi 80.000 personas cruzaron la frontera los pasados 30 y 31 de julio. La estrategia es clara: endurecer el Pacto de Migración y agilizar las deportaciones. Magnus Brunner, el comisario de Interior y Migración, ha sido más directo: la prioridad es 'retornar rápidamente' a quienes no tienen derecho a quedarse. Brunner aterriza en Madrid este jueves para una ronda de visitas que parece más una agenda de cortesía que un plan de rescate, reuniéndose con Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz y Ángel Víctor Torres. Y claro, porque en este juego de sillas, el PP ya ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo también recibirá al comisario. Al final, Europa 'estará ahí', pero siempre llega justo a tiempo para la foto, nunca para el primer empujón.
Muface borra rastros tras 'gangazo' de los Gómez
Hay una magia muy particular en la administración pública: la capacidad de hacer desaparecer datos justo cuando el aire empieza a oler a chamusquina. Muface, que hasta ayer era un libro abierto, decidió que el 27 de febrero de 2025 sus inmuebles debían entrar en el programa de protección de testigos. De repente, las direcciones exactas y el estado de los alquileres se esfumaron de sus registros oficiales, justo siete días antes de que THE OBJECTIVE soltara la bomba sobre los alquileres de la familia de Begoña Gómez. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se vuelve tangible. Mientras el madrileño medio paga un riñón por un zulo, la familia Gómez disfrutaba de un ático de 115 metros en pleno centro de Madrid por 850 euros al mes. Un tercio del precio de mercado. Un regalo que haría llorar a cualquier inquilino que tenga que tirar de tarjeta cada fin de mes para llegar al día 30. Y no era un descuido; en el edificio de San Bernardo 38, la mutualidad tenía tres propiedades (bajo, primer piso y sexta planta) con capitales asegurados que sumaban más de 1,2 millones de euros. Datos que, curiosamente, estaban en el BOE en 2020 y en el expediente 88/2024, pero que ahora son un secreto de Estado. La excusa es la clásica: 'protección de datos personales'. Una genialidad jurídica que llega justo cuando se descubre que Sabiniano Gómez Serrano y Francisco Gómez mantenían el contrato desde 2015. Lo más delirante es que el 61,54% de las propiedades del Fondo Especial (136 de 221) están libres. Tienen el parque inmobiliario vacío, pero prefieren borrar el mapa antes que explicar por qué algunos privilegiados pagan una renta de risa mientras el resto del mundo lucha contra la inflación.
Sánchez y Vivas: El ping-pong de los menas
El arte de pasar la pelota ha alcanzado niveles olímpicos en los pasillos del Congreso. Pedro Sánchez, con la soltura de quien devuelve un paquete que no ha pedido, ha resumido la crisis de los menores en Ceuta en cuatro palabras: «Pregúntenselo a Vivas». Así de sencillo. Mientras unos mil niños inmigrantes no acompañados hacen de mobiliario urbano en las calles y playas de la ciudad autónoma mes y medio después del asalto masivo de finales de julio, el Presidente ha decidido que su función es la de espectador con mando a distancia. La aritmética del caos es fascinante. Tenemos a Juan Jesús Vivas en el ojo del huracán porque, según la ley de extranjería, él tiene las competencias. Pero claro, el Gobierno central intenta jugar al buen samaritano con un plan de choque y un real decreto-ley para que el reparto sea 'vinculante'. Traducción: quieren obligar a las regiones del PP a abrir la puerta, pero estas han cerrado el cerrojo con llave, probablemente por los pactos con Vox. Es como intentar organizar una cena comunitaria donde nadie quiere poner la mesa ni lavar los platos. Los datos son un laberinto. El Ministerio de Juventud e Infancia hablaba de trasladar urgentemente a 500 niñas a la Península, pero la realidad es que Sira Rego cifra en más de 700 las que siguen esperando una plaza. Mientras tanto, la solidaridad se mide en gotas: María Chivite acogió a cinco niñas en Navarra y Adrián Barbón ofrece otras cinco en Asturias. Un despliegue generoso que deja a la gran mayoría en el limbo. El Gobierno ni siquiera sabe cuántos hay exactamente; pasaron de cifrar 5.000 a admitir que podrían ser más de 10.000 inmigrantes, con 1.822 expedientes de adultos en trámite. Al final, entre el mando único de Ángel Víctor Torres y las pullas de Carlos Cuerpo a Esther Muñoz, los niños son la moneda de cambio en un partido de tenis político donde el premio es no tener la culpa.
España vende barco a quien nos asalta
Hay que tener un don especial para el surrealismo diplomático. Mientras en Ceuta todavía se sacuden el polvo del asalto masivo de abril, España se prepara para entregarle a Rabat un juguete nuevo y brillante. El Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la particular habilidad de hacer malabares con la soberanía, ultima la entrega del Moulay Hassan. Sí, un patrullero Avante 1800 de 87 metros de eslora y 2.020 toneladas que sale orgulloso de los astilleros de Navantia en San Fernando. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo: el CNI avisó a Marruecos de las entradas masivas y Rabat decidió hacer oídos sordos; incluso la Policía Nacional señaló a sus agentes como los 'animadores' del caos en la frontera. Pero hey, los negocios son los negocios. El contrato, anunciado en enero de 2021 por María Jesús Montero, se mueve con la agilidad de un tiburón. El sablazo es de 130 millones de euros. Para que nos entendamos, es una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca una broma de mal gusto. Lo más exquisito de la ingeniería financiera es que el Banco Santander puso el combustible: un crédito de 95 millones formalizado en agosto de 2022. Básicamente, le prestamos el dinero para que nos compren el barco que luego usarán para vigilar sus aguas. El buque, botado el 27 de mayo de 2025 tras un corte de chapa el 3 de julio de 2023 y una quilla el 6 de septiembre de 2024, se entrega 'desnudo', sin armamento. Navantia deja el hueco para el cañón de 76mm y las ametralladoras, permitiendo que Rabat elija sus propios juguetes. Un millón de horas de trabajo y 250 empleos en Cádiz que, irónicamente, se pagan con la moneda de quien ignora los avisos de nuestra inteligencia.
Castillo militar: fiesta marroquí y caos fronterizo
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredos, pero que en realidad huelen a una complacencia institucional que marea. El 30 de julio, mientras en Ceuta la situación era un auténtico incendio con entradas masivas que el Gobierno de Pedro Sánchez cifró entre 72.000 y 80.000 personas, en Palma de Mallorca se respiraba un aire mucho más festivo. El Ministerio de Defensa, en un alarde de generosidad que deja perplejo a cualquiera, decidió abrir las puertas del Castillo de San Carlos para que el Consulado General de Marruecos celebrara la Fiesta del Trono del rey Mohammed VI. Es el contraste perfecto: en un extremo, militares españoles desplegados en la frontera, sintiéndose impotentes y patrullando con un fusil para cada cinco o seis efectivos —una especie de 'ahorro de material' que ya ha dejado fracturas de peroné y traumatismos en el cuerpo de seguridad—. En el otro extremo, canapés y protocolo en un recinto militar español para homenajear al monarca del país que provoca la crisis. El cónsul Zakaria Balga encabezó el evento, donde no faltaron figuras como Othman Ktiri, el dueño de OK Mobility, quien presumió de su asistencia en redes sociales mientras sus colegas de uniforme en Ceuta se preguntaban dónde estaba la orden clara del Gobierno para actuar. Ceder un castillo militar para una fiesta diplomática es, en lenguaje de calle, como prestarle el salón de tu casa al vecino que acaba de saltarte la valla y te está pisando el jardín. La deferencia institucional ha pasado de ser cortesía a convertirse en un espectáculo de hipocresía. Mientras los militares de Ceuta se movilizan este 16 de septiembre denunciando que 'no los dejan defenderse', el Castillo de San Carlos servía de escenario para que la élite empresarial y diplomática brindara por la estabilidad de un trono ajeno sobre el suelo de una fortaleza española.
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