Crítica:
El texto original es un ejercicio de indignación con datos anecdóticos. Le falta rigor en la confirmación de la 'censura' de invitados, basándose solo en el testimonio de una persona.
El texto original es un ejercicio de indignación con datos anecdóticos. Le falta rigor en la confirmación de la 'censura' de invitados, basándose solo en el testimonio de una persona.
Hay una coreografía muy precisa en el arte de la diplomacia: primero se tiende la alfombra roja y luego se recogen los frutos. En abril de 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través de José Montilla y el gobernador Amr A. Al-Dabbagh, firmó en Riad un convenio para que las inversiones saudíes en España tuvieran un camino libre de baches, asegurando un 'tratamiento justo' y prohibiendo cualquier 'medida arbitraria'. Básicamente, le dijeron al Reino que aquí eran bienvenidos y que sus millones estarían más protegidos que un tesoro nacional. La magia ocurrió un año después. En junio de 2007, durante una visita oficial a La Moncloa, el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud decidió que la gratitud no se demuestra solo con apretones de manos. Zapatero terminó con un 'detalle' en su caja fuerte de la calle de Ferraz que haría palidecer a cualquier joyero de Cartier: 103 piezas entre rubíes, esmeraldas, zafiros y oro blanco con diamantes. Un botín valorado en 1,3 millones de euros que, curiosamente, no apareció en ninguna declaración a Hacienda. Mientras el ciudadano medio suda para pagar el IBI, el exmandatario guardaba un patrimonio que, según expertos, le habría costado un sablazo de 600.000 euros en IRPF (aplicando el tipo marginal del 45%). Ahora el juez José Luis Calama ha decidido que ese 'regalo' tiene aroma a delito fiscal y contrabando, poniendo sobre la mesa una posible condena de hasta seis años de prisión. Lo más irónico de este guion es que el convenio de 2006, el que preparó el terreno para el afecto saudí, no entró en vigor hasta 2016, bajo el mandato de Mariano Rajoy. Parece que Zapatero cobró la comisión de gestión con una década de antelación, demostrando que en la alta política, el 'intercambio de cortesías' es un deporte de élites donde las reglas fiscales son, simplemente, sugerencias.
Hay un arte casi místico en el 'balón fuera' y Pedro Sánchez acaba de dar una masterclass en el John F. Kennedy Jr. Forum de Harvard. Mientras el ciudadano medio intenta que no le suban la luz, el presidente aterrizó en Cambridge, Massachusetts, con un manual de supervivencia bajo el brazo para evitar que el acto se convirtiera en un juzgado itinerante. La estrategia fue sencilla: filtrar la audiencia para que no hubiera demasiados españoles que pudieran recordarle que, en casa, las cosas no cuadran tanto como en sus discursos. Cuando un estudiante tuvo la osadía de soltarle que muchos españoles lo ven como el motor de la corrupción actual, Sánchez aplicó la técnica del espejo: 'hay corrupción en muchos países'. Un argumento tan útil como un paraguas roto en un huracán. Sobre los procesos judiciales que afectan a su mujer y a su hermano, el presidente los despachó como 'ataques personales', olvidando convenientemente que David Sánchez ya tiene una condena por prevaricación en el currículum. Es la gimnasia mental de quien cree que la justicia es una cuestión de opinión. El menú de evasivas continuó con el software Pegasus. Admitió el hackeo, pero jugó al despistado sobre quién apretó el botón, negando que el espionaje marroquí hubiera condicionado el giro sobre el Sáhara Occidental. Y cuando apareció el nombre de Zapatero vinculado a Maduro y la crisis venezolana, Sánchez hizo un truco de magia: el nombre desapareció de su léxico. En su lugar, lanzó un dato frío —1,2 millones de permisos de residencia para venezolanos— para tapar el agujero del silencio. Al final, el viaje a Harvard no fue una charla académica, sino un ejercicio de alta ingeniería para esquivar Ceuta, los escándalos familiares y los fantasmas del pasado, todo mientras mantenía la sonrisa de quien sabe que, en el foro, el eco es más amable que la realidad de la calle.
Hay una mística casi sagrada en el Chupinazo de Pamplona, pero para Aitor Zunzarren Crespo, el 6 de julio de 2016 no fue precisamente una experiencia mística, sino un despliegue de codazos. Mientras el resto del mundo veía pasar toros, el marido de la ministra portavoz, Elma Saiz, decidió que la mejor forma de celebrar era intentarremodelar la cara de tres agentes de la Policía Municipal. El escenario: la zona de la calle Estafeta, donde el ambiente estaba más caliente que una sartén en agosto. Zunzarren, que es policía foral pero aquel día estaba 'de vacaciones' del deber, pasó de tener una actitud agresiva con los porteros de un bar a repartir golpes a los uniformados que intentaban evitar que la fiesta terminara en tragedia. La Fiscalía no se anduvo con chiquitas y pidió dos años de cárcel y la inhabilitación para el sufragio pasivo. Pero claro, en el tablero de la justicia, los números se negocian como si fueran puestos de fruta. Zunzarren aplicó la técnica de la conformidad y cambió la celda por un sablazo económico: una multa de 1.680 euros (más 90 euros de indemnización), una cifra que para cualquiera es un agujero en la cuenta bancaria, pero que para evitar el calabozo resulta un chollo administrativo. El resultado físico fue una conjuntivitis en el ojo izquierdo de un agente, cortesía de un codazo preciso junto al furgón policial en la calle Cortes de Navarra. Lo más fascinante es la gimnasia mental del entorno de la ministra. Mientras el acta judicial dice que el supuesto agresor externo nunca apareció, la versión oficial del círculo íntimo es que Zunzarren fue la verdadera víctima. Una narrativa creativa que choca frontalmente con la sentencia firme de mayo de 2017. Ahora, mientras Elma Saiz gestiona la Seguridad Social y la portavozía del Gobierno desde noviembre de 2023, su marido sigue 'exprimiendo el viaje de la vida', preferiblemente lejos de los ojos de la Policía Municipal.
Giorgia Meloni ha decidido que la integración en las aulas italianas funcione como un cupo de entradas para un concierto agotado. El nuevo decreto aprobado este jueves por el Consejo de Ministros pone un techo del 30% a los alumnos que no dominen el italiano. Básicamente, si el aula ya tiene su cuota de 'no hablantes', el estudiante se queda fuera, obligando a los padres a jugar a la lotería con cuatro opciones de centros escolares al matricularse. Una ingeniería social que Meloni vende como 'sentido común' para evitar los guetos, aunque en la calle suena más a repartir el problema para que no moleste en un solo sitio. Pero el menú de restricciones no acaba ahí. El Gobierno ha declarado la guerra al 'enmascaramiento'. Adiós al burka y al niqab, pero también a las mascarillas si no hay fiebre y a los cascos. Es el regreso a la escuela de la era analógica, donde el rostro debe estar tan expuesto como el presupuesto público. La coherencia es el plato fuerte: el ministro Giuseppe Valditara recuerda que ya existe una ley de 2023 que manda a los padres a la cárcel hasta dos años si no escolarizan a sus hijos. Así que el mensaje es claro: o entras sin velo, o el niqab te servirá para decorar la celda. Para rematar el paquete, si un alumno tiene un 'grave déficit lingüístico', los Servicios Sociales entrarán en escena. Ofrecen cursos gratuitos, pero si la familia pasa de ellos, el Estado les pasará factura con multas que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros. Un sablazo educativo que busca integrar a base de sanciones. Mientras Sergio Mattarella, el presidente de la República, recuerda que la Constitución dice que la escuela es para todos, Meloni saca el baúl de sus recuerdos de 1989 para justificar que limitar el acceso es una tradición personal. La Asociación Nacional de Directores (ANP) ya avisa que aplicarlo será un caos, pero claro, la propaganda electoral contra Roberto Vannacci y su 'Futuro Nacional' no puede esperar a que la logística funcione.
El arte de lavarse las manos tiene un maestro graduado con honores en Rabat. Naser Burita, el ministro de Exteriores de Marruecos, ha ejecutado un movimiento de cintura digno de un bailarín profesional tras su reunión con José Manuel Albares. La jugada es sencilla: si los inmigrantes irregulares y los menores que aterrizaron en Ceuta el pasado 30 de julio siguen ahí plantados, no busquen el problema en el mapa del sur, sino en el despacho de Madrid. Burita ha sido tajante. Según él, la pelota está en el tejado español. Mientras nosotros gestionamos el presupuesto público como quien intenta estirar un chicle para que llegue a fin de mes, la diplomacia marroquí nos lanza un dardo envenenado: que no son ellos quienes ejecutan las devoluciones. Para Burita, el atasco no es falta de voluntad marroquí, sino el resultado de unas 'polémicas, consideraciones, obstáculos y dificultades españolas'. Es fascinante. Es como si el vecino te dejara el pasillo lleno de cajas y, cuando le pides que se las lleve, te respondiera que el problema es que tú no tienes el carrito de la compra adecuado para moverlas. Mientras el Ministerio de Exteriores español intenta salvar los muebles hablando de quienes 'no tengan derecho a protección internacional', Marruecos ha decidido que la responsabilidad es un traje que no le queda bien. Al final, el ciudadano ve cómo se juega el ping-pong diplomático con personas reales, mientras los ministros se saludan con una sonrisa gélida y el reloj sigue corriendo desde aquel julio, dejando la gestión en un limbo donde la burocracia es la única que gana la partida.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el ticket del supermercado como quien lee una sentencia judicial, en RTVE han decidido que el fin de semana necesita un nuevo 'barniz' de infoentretenimiento. El 3 de octubre llega 'Cosas nuestras' a La 1 y RTVE Play, un programa que, más que informar, parece diseñado para que los tertulianos habituales tengan un nuevo púlpito donde reciclar sus opiniones. El sablazo es glorioso: 3.558.610 euros entregados a la productora Catorce Comunicación. Para que nos entendamos, estamos hablando de 111.206 euros por capítulo. Es una cifra que deja en ridículo los 43.000 euros que cuesta Mañaneros 360; básicamente, han decidido triplicar la apuesta en un juego donde la casa siempre gana. El reparto de papeles es el clásico reciclaje corporativo. Aitor Albizua, que viene de sobrevivir al naufragio de 'La familia de la tele', y Aida Bao, que ha hecho el relevo entre Javier Ruiz y Jesús Cintora, liderarán este despliegue de 32 emisiones. Pero lo verdaderamente fascinante no es quién sale en pantalla, sino la ingeniería financiera para saltarse el artículo 35 del Mandato Marco. Mientras los sindicatos se peleaban en paros el pasado 14 de septiembre denunciando que la información debe ser producción interna, la dirección ha encontrado la receta mágica: llamarlo 'entretenimiento'. Así, el contenido informativo se disfraza de magacín para evitar los filtros internos y los controles molestos. Es el truco más viejo del mundo: si lo llamas 'infoentretenimiento', puedes externalizarlo, gastar millones y evitar que los periodistas de la casa pregunten demasiado. Una jugada maestra de maquillaje presupuestario donde el maquillaje cuesta millones y el resultado es el mismo de siempre.
Hay quien paga el alquiler con sudor y lágrimas, y luego está el PSOE, que parece gestionar el presupuesto público como quien reparte propinas en una cena de empresa donde el jefe quiere que todos callen. La UCO ha destapado una ingeniería financiera digna de un libro de contabilidad creativo: camuflar el pago de unos audios comprometedores sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez bajo el disfraz de una 'campaña publicitaria'. La trama es casi cómica. El partido destinó 14.950 euros (sin IVA) a Crónica Libre, un digital que, según la propia agencia IKI Group, tiene la relevancia de un folleto de supermercado en un pueblo abandonado. Pero aquí viene lo mejor: Meritxell Blasco, desde Ferraz, insistió en soltar otros 5.000 euros más. Sí, leyeron bien. El PSOE quería pagar más dinero a un medio que ni siquiera sabía medir sus visitas. Es como intentar comprar un anuncio en una valla publicitaria que está caída, pero insistir en que el dueño quiere un bono extra por el servicio. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la lista de la compra no supere los 100 euros, en Ferraz se movían cifras con una ligereza pasmosa. A esto hay que sumar los 18.000 euros que Patricia López cobró directamente por esos audios de Villarejo, y los 188.000 euros totales que el juez Santiago Pedraz vincula a una trama para blindar al entorno del presidente. Entre abogados como Jacobo Teijelo, que se llevó 125.000 euros, y viajes pagados a Leire Díez, el esquema es claro: el silencio tiene un precio y el PSOE parece tener la tarjeta de crédito sin límite para financiar la tranquilidad familiar. Todo esto mientras Santos Cerdán juraba que los audios no interesaban. Claro, no interesaban... hasta que decidieron pagar por ellos.
Comentarios