Crítica:
El texto original es una denuncia presupuestaria disfrazada de noticia televisiva. Le falta profundizar en quiénes son los dueños de Catorce Comunicación para cerrar el círculo de la hipocresía.
El texto original es una denuncia presupuestaria disfrazada de noticia televisiva. Le falta profundizar en quiénes son los dueños de Catorce Comunicación para cerrar el círculo de la hipocresía.
Giorgia Meloni ha decidido que la integración en las aulas italianas funcione como un cupo de entradas para un concierto agotado. El nuevo decreto aprobado este jueves por el Consejo de Ministros pone un techo del 30% a los alumnos que no dominen el italiano. Básicamente, si el aula ya tiene su cuota de 'no hablantes', el estudiante se queda fuera, obligando a los padres a jugar a la lotería con cuatro opciones de centros escolares al matricularse. Una ingeniería social que Meloni vende como 'sentido común' para evitar los guetos, aunque en la calle suena más a repartir el problema para que no moleste en un solo sitio. Pero el menú de restricciones no acaba ahí. El Gobierno ha declarado la guerra al 'enmascaramiento'. Adiós al burka y al niqab, pero también a las mascarillas si no hay fiebre y a los cascos. Es el regreso a la escuela de la era analógica, donde el rostro debe estar tan expuesto como el presupuesto público. La coherencia es el plato fuerte: el ministro Giuseppe Valditara recuerda que ya existe una ley de 2023 que manda a los padres a la cárcel hasta dos años si no escolarizan a sus hijos. Así que el mensaje es claro: o entras sin velo, o el niqab te servirá para decorar la celda. Para rematar el paquete, si un alumno tiene un 'grave déficit lingüístico', los Servicios Sociales entrarán en escena. Ofrecen cursos gratuitos, pero si la familia pasa de ellos, el Estado les pasará factura con multas que oscilan entre los 200 y los 1.000 euros. Un sablazo educativo que busca integrar a base de sanciones. Mientras Sergio Mattarella, el presidente de la República, recuerda que la Constitución dice que la escuela es para todos, Meloni saca el baúl de sus recuerdos de 1989 para justificar que limitar el acceso es una tradición personal. La Asociación Nacional de Directores (ANP) ya avisa que aplicarlo será un caos, pero claro, la propaganda electoral contra Roberto Vannacci y su 'Futuro Nacional' no puede esperar a que la logística funcione.
El arte de lavarse las manos tiene un maestro graduado con honores en Rabat. Naser Burita, el ministro de Exteriores de Marruecos, ha ejecutado un movimiento de cintura digno de un bailarín profesional tras su reunión con José Manuel Albares. La jugada es sencilla: si los inmigrantes irregulares y los menores que aterrizaron en Ceuta el pasado 30 de julio siguen ahí plantados, no busquen el problema en el mapa del sur, sino en el despacho de Madrid. Burita ha sido tajante. Según él, la pelota está en el tejado español. Mientras nosotros gestionamos el presupuesto público como quien intenta estirar un chicle para que llegue a fin de mes, la diplomacia marroquí nos lanza un dardo envenenado: que no son ellos quienes ejecutan las devoluciones. Para Burita, el atasco no es falta de voluntad marroquí, sino el resultado de unas 'polémicas, consideraciones, obstáculos y dificultades españolas'. Es fascinante. Es como si el vecino te dejara el pasillo lleno de cajas y, cuando le pides que se las lleve, te respondiera que el problema es que tú no tienes el carrito de la compra adecuado para moverlas. Mientras el Ministerio de Exteriores español intenta salvar los muebles hablando de quienes 'no tengan derecho a protección internacional', Marruecos ha decidido que la responsabilidad es un traje que no le queda bien. Al final, el ciudadano ve cómo se juega el ping-pong diplomático con personas reales, mientras los ministros se saludan con una sonrisa gélida y el reloj sigue corriendo desde aquel julio, dejando la gestión en un limbo donde la burocracia es la única que gana la partida.
Hay quien paga el alquiler con sudor y lágrimas, y luego está el PSOE, que parece gestionar el presupuesto público como quien reparte propinas en una cena de empresa donde el jefe quiere que todos callen. La UCO ha destapado una ingeniería financiera digna de un libro de contabilidad creativo: camuflar el pago de unos audios comprometedores sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez bajo el disfraz de una 'campaña publicitaria'. La trama es casi cómica. El partido destinó 14.950 euros (sin IVA) a Crónica Libre, un digital que, según la propia agencia IKI Group, tiene la relevancia de un folleto de supermercado en un pueblo abandonado. Pero aquí viene lo mejor: Meritxell Blasco, desde Ferraz, insistió en soltar otros 5.000 euros más. Sí, leyeron bien. El PSOE quería pagar más dinero a un medio que ni siquiera sabía medir sus visitas. Es como intentar comprar un anuncio en una valla publicitaria que está caída, pero insistir en que el dueño quiere un bono extra por el servicio. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la lista de la compra no supere los 100 euros, en Ferraz se movían cifras con una ligereza pasmosa. A esto hay que sumar los 18.000 euros que Patricia López cobró directamente por esos audios de Villarejo, y los 188.000 euros totales que el juez Santiago Pedraz vincula a una trama para blindar al entorno del presidente. Entre abogados como Jacobo Teijelo, que se llevó 125.000 euros, y viajes pagados a Leire Díez, el esquema es claro: el silencio tiene un precio y el PSOE parece tener la tarjeta de crédito sin límite para financiar la tranquilidad familiar. Todo esto mientras Santos Cerdán juraba que los audios no interesaban. Claro, no interesaban... hasta que decidieron pagar por ellos.
La administración pública española se ha convertido en el refugio favorito de quienes buscan el 'salario eterno' sin el estrés de que el jefe te pida cuentas el lunes. El Partido Popular ha mirado los libros y ha decidido que el experimento de Pedro Sánchez —inflar la plantilla con más de medio millón de puestos en ocho años— es, básicamente, un agujero contable con patas. La receta es sencilla: dejar que la naturaleza haga su trabajo. Si el 50% de los funcionarios se jubila en los próximos ocho años, el PP planea no reponer la mayoría de esas plazas. Es como limpiar el armario: lo que ya no sirve, se tira, y lo que sobra, no se compra más. Pero aquí viene lo jugoso. Todos conocemos al funcionario que ha convertido el café de las diez en una disciplina olímpica. Como el estatus de 'vitalicio' es un escudo blindado que impide el despido, el PP propone una ingeniería financiera y logística: el sistema bonus-malus. Para los que curran, un plus que evite que se escapen a la sanidad privada (como el médico que opera seis veces en lugar de tres). Para los 'vagos', el castigo no será la calle, sino el exilio. Trasladarlos a puestos incómodos donde escabullirse sea más difícil que encontrar aparcamiento en el centro un sábado. Mientras tanto, la hipocresía flota en el aire. El PP apunta al dedo a los 145 millones de euros que costarán los asesores y cargos de confianza de Sánchez en 2025, poniendo como espejo la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. El plan es racionalizar, usar la inteligencia artificial para sustituir el papeleo inútil y dejar de usar las oposiciones como una máquina de fabricar votos cautivos. El problema es que, para medir quién es un vago y quién un héroe, primero habría que inventar un sistema de medición de productividad que hoy brilla por su ausencia, ya que casi todos cobran el plus de productividad simplemente por existir.
Hay una técnica muy antigua que consiste en intentar meter el elefante por la puerta del baño esperando que nadie se dé cuenta del ruido. Eso es exactamente lo que han intentado el PSOE y Sumar este miércoles en la Comisión de Educación. En un movimiento que roza el surrealismo administrativo, quisieron colar una enmienda para blindar la 'ley de nietos' aprovechando una reforma educativa. Sí, han intentado arreglar la nacionalidad de los exiliados en el mismo cajón donde se discute el currículo escolar; es como intentar renovar la caldera de casa mientras el fontanero te cambia las bombillas del salón. El plan era sencillo: saltarse el informe de los letrados, ese trámite jurídico que es como el control de calidad en una fábrica, para evitar que alguien les dijera que estaban ignorando la suspensión cautelar del Tribunal Supremo sobre la instrucción de Sofía Puente. Querían que la condición de exiliado se presumiera automáticamente para cualquiera que saliera de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin importar si huían de la guerra o simplemente se iban a montar un negocio en Argentina. Pero el Grupo Popular, que estaba atento al ruido, plantó cara y suspendió la reunión. Ahora la jugada se ha complicado. Francina Armengol ha aceptado que el dictamen se vote en el pleno, una 'avocación' que obliga a los diputados a poner la firma y la cara delante de todo el mundo, en lugar de esconderse en la comisión. El Gobierno ahora tiene una semana para deshacer el entuerto, mientras el apoyo de Junts y Coalición Canaria se ha convertido en el peaje obligatorio. Al final, todo se reduce a una partida de póker presupuestaria donde la ley se usa como moneda de cambio y la técnica jurídica como un truco de magia barato.
Hay silencios que gritan más que un megáfono en plena manifestación, y el de Pedro Sánchez este jueves en la Asamblea General de la ONU ha dejado a los diplomáticos con la boca abierta y el guion en la mano. Por primera vez en la historia moderna, un presidente español se ha plantado en Nueva York y ha pasado de Gibraltar como quien ignora un cobro indebido en la factura de la luz. Desde que tomó el mando en 2018, Sánchez tenía el Peñón como un 'copia y pega' obligatorio. En 2018, 2019 y 2020, el discurso era el mismo mantra sobre la doctrina de Naciones Unidas y la prosperidad del Campo de Gibraltar. Incluso en 2021, tras el acuerdo del 31 de diciembre de 2020, insistió en que la soberanía no se negocia. De hecho, entre 2022 y 2024, el párrafo era un calco exacto, una especie de plantilla administrativa para no levantar sospechas. Pero este año, el presidente ha decidido que el feminismo, la cooperación internacional y unas pullas indirectas a Donald Trump eran prioridades más sexys. Ha borrado la Roca del mapa verbal justo después de que el 15 de julio cayera la Verja gracias al acuerdo provisional para entrar en Schengen. Para Sánchez, parece que haber 'comunitarizado' el problema es como haber pagado la deuda con una tarjeta de crédito: el problema sigue ahí, pero ya no molesta en el extracto mensual. Mientras Felipe VI mantuvo la línea ortodoxa en su intervención de 2025, Sánchez ha decidido que la reivindicación soberana es ahora un mueble viejo que ya no encaja en el salón. El contraste es brutal: mientras Argentina se pone gallito con las Malvinas ante el posible cambio de doctrina de Trump, España elige el modo avión. Una jugada arriesgada que, según los pasillos de la diplomacia, confunde la gestión técnica de una frontera con la rendición de una soberanía.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras el animal te muerde el tobillo. En Melilla, el perro ahora vuela. Marruecos ha decidido jugar al gato y al ratón con el espacio aéreo español, enviando drones 'furtivos' que parecen más una provocación coreografiada que una simple patrulla de vigilancia. Mientras nosotros intentamos que el presupuesto público no se evapore en el aire, Rabat despliega juguetes tecnológicos de unos 15 kilogramos que han convertido el aterrizaje en Melilla en una ruleta rusa. El 18 de septiembre, la noche se iluminó con una luz blanca fija que no era una estrella, sino un dron no controlado en la senda de aproximación a la pista 33 de GEML. No fue un ensayo. El 22 de septiembre, la broma se repitió, obligando a un avión de Iberia procedente de Málaga a dar vueltas en el aire durante casi una hora. Imaginen la escena: pasajeros esperando aterrizar mientras un aparato de la Gendarmería marroquí hace elto en la pista, sin haber enviado el preceptivo Notam. Es como si un vecino decidiera aparcar su coche en medio de tu garaje sin avisar y luego te dijera que solo estaba 'vigilando que no entren ladrones'. La Delegación del Gobierno, con esa capacidad de hacer que un incendio parezca una vela aromática, restó importancia al asunto. Dicen que es para evitar saltos de inmigrantes. Pero la Guardia Civil no compra el cuento: los drones volaban a una altura anormal, entre 75 y 100 metros, justo donde las aeronaves bajan para superar la valla. Y mientras el Escuadrón de Vigilancia Aérea 9 (EVA 9) en Motril intenta coordinar seis cazas F-18 en los ejercicios Eagle Eye 26, los F-16 marroquíes hacen 'touch-and-go' en Alhucemas, mirando de reojo cómo nos organizamos. Lo más irónico es que, según fuentes militares, no tenemos el equipo técnico para derribar esos aparatos. Básicamente, nos están haciendo el baile y nosotros solo podemos mirar el radar.
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