Crítica:
La noticia es un catálogo de intenciones sin un solo detalle técnico sobre cómo medirían la productividad. Promete castigar al 'vago' pero admite que no tiene ni idea de cómo identificarlo legalmente.
El plan del PP para los funcionarios: no reponer a los que se jubilen y trasladar a los ‘vagos’
PP: Jubilaciones sin repuesto y exilio vagos
Otros artículos
RTVE: 111.000 euros por programa 'entretenido'
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el ticket del supermercado como quien lee una sentencia judicial, en RTVE han decidido que el fin de semana necesita un nuevo 'barniz' de infoentretenimiento. El 3 de octubre llega 'Cosas nuestras' a La 1 y RTVE Play, un programa que, más que informar, parece diseñado para que los tertulianos habituales tengan un nuevo púlpito donde reciclar sus opiniones. El sablazo es glorioso: 3.558.610 euros entregados a la productora Catorce Comunicación. Para que nos entendamos, estamos hablando de 111.206 euros por capítulo. Es una cifra que deja en ridículo los 43.000 euros que cuesta Mañaneros 360; básicamente, han decidido triplicar la apuesta en un juego donde la casa siempre gana. El reparto de papeles es el clásico reciclaje corporativo. Aitor Albizua, que viene de sobrevivir al naufragio de 'La familia de la tele', y Aida Bao, que ha hecho el relevo entre Javier Ruiz y Jesús Cintora, liderarán este despliegue de 32 emisiones. Pero lo verdaderamente fascinante no es quién sale en pantalla, sino la ingeniería financiera para saltarse el artículo 35 del Mandato Marco. Mientras los sindicatos se peleaban en paros el pasado 14 de septiembre denunciando que la información debe ser producción interna, la dirección ha encontrado la receta mágica: llamarlo 'entretenimiento'. Así, el contenido informativo se disfraza de magacín para evitar los filtros internos y los controles molestos. Es el truco más viejo del mundo: si lo llamas 'infoentretenimiento', puedes externalizarlo, gastar millones y evitar que los periodistas de la casa pregunten demasiado. Una jugada maestra de maquillaje presupuestario donde el maquillaje cuesta millones y el resultado es el mismo de siempre.
PSOE: Publicidad 'fantasma' para callar saunas
Hay quien paga el alquiler con sudor y lágrimas, y luego está el PSOE, que parece gestionar el presupuesto público como quien reparte propinas en una cena de empresa donde el jefe quiere que todos callen. La UCO ha destapado una ingeniería financiera digna de un libro de contabilidad creativo: camuflar el pago de unos audios comprometedores sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez bajo el disfraz de una 'campaña publicitaria'. La trama es casi cómica. El partido destinó 14.950 euros (sin IVA) a Crónica Libre, un digital que, según la propia agencia IKI Group, tiene la relevancia de un folleto de supermercado en un pueblo abandonado. Pero aquí viene lo mejor: Meritxell Blasco, desde Ferraz, insistió en soltar otros 5.000 euros más. Sí, leyeron bien. El PSOE quería pagar más dinero a un medio que ni siquiera sabía medir sus visitas. Es como intentar comprar un anuncio en una valla publicitaria que está caída, pero insistir en que el dueño quiere un bono extra por el servicio. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la lista de la compra no supere los 100 euros, en Ferraz se movían cifras con una ligereza pasmosa. A esto hay que sumar los 18.000 euros que Patricia López cobró directamente por esos audios de Villarejo, y los 188.000 euros totales que el juez Santiago Pedraz vincula a una trama para blindar al entorno del presidente. Entre abogados como Jacobo Teijelo, que se llevó 125.000 euros, y viajes pagados a Leire Díez, el esquema es claro: el silencio tiene un precio y el PSOE parece tener la tarjeta de crédito sin límite para financiar la tranquilidad familiar. Todo esto mientras Santos Cerdán juraba que los audios no interesaban. Claro, no interesaban... hasta que decidieron pagar por ellos.
Colan ley de nietos en Educación: chapuza
Hay una técnica muy antigua que consiste en intentar meter el elefante por la puerta del baño esperando que nadie se dé cuenta del ruido. Eso es exactamente lo que han intentado el PSOE y Sumar este miércoles en la Comisión de Educación. En un movimiento que roza el surrealismo administrativo, quisieron colar una enmienda para blindar la 'ley de nietos' aprovechando una reforma educativa. Sí, han intentado arreglar la nacionalidad de los exiliados en el mismo cajón donde se discute el currículo escolar; es como intentar renovar la caldera de casa mientras el fontanero te cambia las bombillas del salón. El plan era sencillo: saltarse el informe de los letrados, ese trámite jurídico que es como el control de calidad en una fábrica, para evitar que alguien les dijera que estaban ignorando la suspensión cautelar del Tribunal Supremo sobre la instrucción de Sofía Puente. Querían que la condición de exiliado se presumiera automáticamente para cualquiera que saliera de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin importar si huían de la guerra o simplemente se iban a montar un negocio en Argentina. Pero el Grupo Popular, que estaba atento al ruido, plantó cara y suspendió la reunión. Ahora la jugada se ha complicado. Francina Armengol ha aceptado que el dictamen se vote en el pleno, una 'avocación' que obliga a los diputados a poner la firma y la cara delante de todo el mundo, en lugar de esconderse en la comisión. El Gobierno ahora tiene una semana para deshacer el entuerto, mientras el apoyo de Junts y Coalición Canaria se ha convertido en el peaje obligatorio. Al final, todo se reduce a una partida de póker presupuestaria donde la ley se usa como moneda de cambio y la técnica jurídica como un truco de magia barato.
Sánchez borra Gibraltar: silencio histórico en ONU
Hay silencios que gritan más que un megáfono en plena manifestación, y el de Pedro Sánchez este jueves en la Asamblea General de la ONU ha dejado a los diplomáticos con la boca abierta y el guion en la mano. Por primera vez en la historia moderna, un presidente español se ha plantado en Nueva York y ha pasado de Gibraltar como quien ignora un cobro indebido en la factura de la luz. Desde que tomó el mando en 2018, Sánchez tenía el Peñón como un 'copia y pega' obligatorio. En 2018, 2019 y 2020, el discurso era el mismo mantra sobre la doctrina de Naciones Unidas y la prosperidad del Campo de Gibraltar. Incluso en 2021, tras el acuerdo del 31 de diciembre de 2020, insistió en que la soberanía no se negocia. De hecho, entre 2022 y 2024, el párrafo era un calco exacto, una especie de plantilla administrativa para no levantar sospechas. Pero este año, el presidente ha decidido que el feminismo, la cooperación internacional y unas pullas indirectas a Donald Trump eran prioridades más sexys. Ha borrado la Roca del mapa verbal justo después de que el 15 de julio cayera la Verja gracias al acuerdo provisional para entrar en Schengen. Para Sánchez, parece que haber 'comunitarizado' el problema es como haber pagado la deuda con una tarjeta de crédito: el problema sigue ahí, pero ya no molesta en el extracto mensual. Mientras Felipe VI mantuvo la línea ortodoxa en su intervención de 2025, Sánchez ha decidido que la reivindicación soberana es ahora un mueble viejo que ya no encaja en el salón. El contraste es brutal: mientras Argentina se pone gallito con las Malvinas ante el posible cambio de doctrina de Trump, España elige el modo avión. Una jugada arriesgada que, según los pasillos de la diplomacia, confunde la gestión técnica de una frontera con la rendición de una soberanía.
Drones marroquíes: el 'trolleo' aéreo en Melilla
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras el animal te muerde el tobillo. En Melilla, el perro ahora vuela. Marruecos ha decidido jugar al gato y al ratón con el espacio aéreo español, enviando drones 'furtivos' que parecen más una provocación coreografiada que una simple patrulla de vigilancia. Mientras nosotros intentamos que el presupuesto público no se evapore en el aire, Rabat despliega juguetes tecnológicos de unos 15 kilogramos que han convertido el aterrizaje en Melilla en una ruleta rusa. El 18 de septiembre, la noche se iluminó con una luz blanca fija que no era una estrella, sino un dron no controlado en la senda de aproximación a la pista 33 de GEML. No fue un ensayo. El 22 de septiembre, la broma se repitió, obligando a un avión de Iberia procedente de Málaga a dar vueltas en el aire durante casi una hora. Imaginen la escena: pasajeros esperando aterrizar mientras un aparato de la Gendarmería marroquí hace elto en la pista, sin haber enviado el preceptivo Notam. Es como si un vecino decidiera aparcar su coche en medio de tu garaje sin avisar y luego te dijera que solo estaba 'vigilando que no entren ladrones'. La Delegación del Gobierno, con esa capacidad de hacer que un incendio parezca una vela aromática, restó importancia al asunto. Dicen que es para evitar saltos de inmigrantes. Pero la Guardia Civil no compra el cuento: los drones volaban a una altura anormal, entre 75 y 100 metros, justo donde las aeronaves bajan para superar la valla. Y mientras el Escuadrón de Vigilancia Aérea 9 (EVA 9) en Motril intenta coordinar seis cazas F-18 en los ejercicios Eagle Eye 26, los F-16 marroquíes hacen 'touch-and-go' en Alhucemas, mirando de reojo cómo nos organizamos. Lo más irónico es que, según fuentes militares, no tenemos el equipo técnico para derribar esos aparatos. Básicamente, nos están haciendo el baile y nosotros solo podemos mirar el radar.
Joyas de Arabia: ¿Diamantes o jamón?
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil para equiparar un collar de diamantes con una cesta de embutidos y quesos artesanos. Pero Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, lo ha hecho. Con una naturalidad pasmosa, el ministro ha comparado las joyas incautadas por la UCO en el despacho de Ferraz con una simple «caja de productos típicos para degustar». Básicamente, nos sugiere que recibir oro y piedras preciosas es como si te regalaran un pack de jamón y chorizo en Navidad: algo anecdótico, casi gastronómico. El protagonista del drama, José Luis Rodríguez Zapatero (presidente entre 2004 y 2011), ha intentado jugar la carta de la diplomacia frente al juez José Luis Calama, asegurando que el botín fue un obsequio del ya fallecido rey de Arabia Saudí durante una visita en 2007. Un detalle, claro. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para pagar la luz, en las altas esferas los regalos se miden en quilates y se justifican como 'cortesías internacionales'. Torres, en una entrevista con La Radio Canaria, ha aprovechado el incendio para proponer que haya que «regular» los regalos para que sean iguales en todas las administraciones. Una propuesta valiente, considerando que el propio ministro ha preferido hacer el vacío cuando le preguntaron si él se habría quedado con las joyas. El ruido de fondo es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, marco donde se mueve la investigación judicial. Al final, la narrativa es siempre la misma: esperamos a que el juez decida mientras nos venden que un diamante es, en realidad, un queso manchego muy brillante.
Ayuso humilla a Sánchez con cifras habitacionales
En el tablero político español, el desahucio de una ciudadana llamada Maricarmen ha sido la chispa para que Isabel Díaz Ayuso saque el artillero pesado. Mientras en La Moncloa se cocina un relato donde Madrid es la tierra del pecado inmobiliario, la presidenta madrileña ha decidido hacer cuentas rápidas en el foro 'Ideas para crecer' del Círculo de Empresarios. La aritmética es cruel: Ayuso sostiene que por cada persona que pierde su techo en Madrid, hay cinco haciendo maletas en la Cataluña de Salvador Illa y Pedro Sánchez. Los datos no mienten, aunque se usen como proyectiles. En 2025, España registró más de 24.000 desahucios, una cifra que para el ciudadano de a pie es un abismo, pero para el político es una estadística de ataque. Cataluña se lleva la palma del desastre con 6.814 lanzamientos, lo que supone el 27,8% del total nacional. Es decir, casi un tercio de los dramas habitacionales ocurren bajo el paraguas socialista, mientras Sánchez intenta pintar a Madrid como el epicentro del problema. Ayuso, con el sarcasmo afilado, ha recordado que los 25.000 desahucios anuales los ejecuta la Policía Nacional —que responde al Gobierno central— por orden judicial. Es la clásica jugada de quien te regaña por el desorden mientras él mismo ha dejado la puerta abierta durante ocho años sin tocar la ley. Mientras Sánchez se refugia en la ONU en Estados Unidos, evitando los micrófonos y los expedientes judiciales como quien esquiva un charco, Ayuso defiende su modelo de construcción libre y protegida. Al final, la vivienda se ha convertido en el nuevo campo de batalla donde el dinero público y la demagogia se dan la mano, dejando que el ciudadano siga sintiendo que pagar un alquiler es, básicamente, un deporte de riesgo.
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