Crítica:
El texto original es una mina de oro de hipocresía, aunque falla al no profundizar en el origen exacto de los fondos. Es un despliegue de 'estamos pagando por silencio' disfrazado de marketing.
El texto original es una mina de oro de hipocresía, aunque falla al no profundizar en el origen exacto de los fondos. Es un despliegue de 'estamos pagando por silencio' disfrazado de marketing.
El arte de lavarse las manos tiene un maestro graduado con honores en Rabat. Naser Burita, el ministro de Exteriores de Marruecos, ha ejecutado un movimiento de cintura digno de un bailarín profesional tras su reunión con José Manuel Albares. La jugada es sencilla: si los inmigrantes irregulares y los menores que aterrizaron en Ceuta el pasado 30 de julio siguen ahí plantados, no busquen el problema en el mapa del sur, sino en el despacho de Madrid. Burita ha sido tajante. Según él, la pelota está en el tejado español. Mientras nosotros gestionamos el presupuesto público como quien intenta estirar un chicle para que llegue a fin de mes, la diplomacia marroquí nos lanza un dardo envenenado: que no son ellos quienes ejecutan las devoluciones. Para Burita, el atasco no es falta de voluntad marroquí, sino el resultado de unas 'polémicas, consideraciones, obstáculos y dificultades españolas'. Es fascinante. Es como si el vecino te dejara el pasillo lleno de cajas y, cuando le pides que se las lleve, te respondiera que el problema es que tú no tienes el carrito de la compra adecuado para moverlas. Mientras el Ministerio de Exteriores español intenta salvar los muebles hablando de quienes 'no tengan derecho a protección internacional', Marruecos ha decidido que la responsabilidad es un traje que no le queda bien. Al final, el ciudadano ve cómo se juega el ping-pong diplomático con personas reales, mientras los ministros se saludan con una sonrisa gélida y el reloj sigue corriendo desde aquel julio, dejando la gestión en un limbo donde la burocracia es la única que gana la partida.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el ticket del supermercado como quien lee una sentencia judicial, en RTVE han decidido que el fin de semana necesita un nuevo 'barniz' de infoentretenimiento. El 3 de octubre llega 'Cosas nuestras' a La 1 y RTVE Play, un programa que, más que informar, parece diseñado para que los tertulianos habituales tengan un nuevo púlpito donde reciclar sus opiniones. El sablazo es glorioso: 3.558.610 euros entregados a la productora Catorce Comunicación. Para que nos entendamos, estamos hablando de 111.206 euros por capítulo. Es una cifra que deja en ridículo los 43.000 euros que cuesta Mañaneros 360; básicamente, han decidido triplicar la apuesta en un juego donde la casa siempre gana. El reparto de papeles es el clásico reciclaje corporativo. Aitor Albizua, que viene de sobrevivir al naufragio de 'La familia de la tele', y Aida Bao, que ha hecho el relevo entre Javier Ruiz y Jesús Cintora, liderarán este despliegue de 32 emisiones. Pero lo verdaderamente fascinante no es quién sale en pantalla, sino la ingeniería financiera para saltarse el artículo 35 del Mandato Marco. Mientras los sindicatos se peleaban en paros el pasado 14 de septiembre denunciando que la información debe ser producción interna, la dirección ha encontrado la receta mágica: llamarlo 'entretenimiento'. Así, el contenido informativo se disfraza de magacín para evitar los filtros internos y los controles molestos. Es el truco más viejo del mundo: si lo llamas 'infoentretenimiento', puedes externalizarlo, gastar millones y evitar que los periodistas de la casa pregunten demasiado. Una jugada maestra de maquillaje presupuestario donde el maquillaje cuesta millones y el resultado es el mismo de siempre.
La administración pública española se ha convertido en el refugio favorito de quienes buscan el 'salario eterno' sin el estrés de que el jefe te pida cuentas el lunes. El Partido Popular ha mirado los libros y ha decidido que el experimento de Pedro Sánchez —inflar la plantilla con más de medio millón de puestos en ocho años— es, básicamente, un agujero contable con patas. La receta es sencilla: dejar que la naturaleza haga su trabajo. Si el 50% de los funcionarios se jubila en los próximos ocho años, el PP planea no reponer la mayoría de esas plazas. Es como limpiar el armario: lo que ya no sirve, se tira, y lo que sobra, no se compra más. Pero aquí viene lo jugoso. Todos conocemos al funcionario que ha convertido el café de las diez en una disciplina olímpica. Como el estatus de 'vitalicio' es un escudo blindado que impide el despido, el PP propone una ingeniería financiera y logística: el sistema bonus-malus. Para los que curran, un plus que evite que se escapen a la sanidad privada (como el médico que opera seis veces en lugar de tres). Para los 'vagos', el castigo no será la calle, sino el exilio. Trasladarlos a puestos incómodos donde escabullirse sea más difícil que encontrar aparcamiento en el centro un sábado. Mientras tanto, la hipocresía flota en el aire. El PP apunta al dedo a los 145 millones de euros que costarán los asesores y cargos de confianza de Sánchez en 2025, poniendo como espejo la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. El plan es racionalizar, usar la inteligencia artificial para sustituir el papeleo inútil y dejar de usar las oposiciones como una máquina de fabricar votos cautivos. El problema es que, para medir quién es un vago y quién un héroe, primero habría que inventar un sistema de medición de productividad que hoy brilla por su ausencia, ya que casi todos cobran el plus de productividad simplemente por existir.
Hay una técnica muy antigua que consiste en intentar meter el elefante por la puerta del baño esperando que nadie se dé cuenta del ruido. Eso es exactamente lo que han intentado el PSOE y Sumar este miércoles en la Comisión de Educación. En un movimiento que roza el surrealismo administrativo, quisieron colar una enmienda para blindar la 'ley de nietos' aprovechando una reforma educativa. Sí, han intentado arreglar la nacionalidad de los exiliados en el mismo cajón donde se discute el currículo escolar; es como intentar renovar la caldera de casa mientras el fontanero te cambia las bombillas del salón. El plan era sencillo: saltarse el informe de los letrados, ese trámite jurídico que es como el control de calidad en una fábrica, para evitar que alguien les dijera que estaban ignorando la suspensión cautelar del Tribunal Supremo sobre la instrucción de Sofía Puente. Querían que la condición de exiliado se presumiera automáticamente para cualquiera que saliera de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin importar si huían de la guerra o simplemente se iban a montar un negocio en Argentina. Pero el Grupo Popular, que estaba atento al ruido, plantó cara y suspendió la reunión. Ahora la jugada se ha complicado. Francina Armengol ha aceptado que el dictamen se vote en el pleno, una 'avocación' que obliga a los diputados a poner la firma y la cara delante de todo el mundo, en lugar de esconderse en la comisión. El Gobierno ahora tiene una semana para deshacer el entuerto, mientras el apoyo de Junts y Coalición Canaria se ha convertido en el peaje obligatorio. Al final, todo se reduce a una partida de póker presupuestaria donde la ley se usa como moneda de cambio y la técnica jurídica como un truco de magia barato.
Hay silencios que gritan más que un megáfono en plena manifestación, y el de Pedro Sánchez este jueves en la Asamblea General de la ONU ha dejado a los diplomáticos con la boca abierta y el guion en la mano. Por primera vez en la historia moderna, un presidente español se ha plantado en Nueva York y ha pasado de Gibraltar como quien ignora un cobro indebido en la factura de la luz. Desde que tomó el mando en 2018, Sánchez tenía el Peñón como un 'copia y pega' obligatorio. En 2018, 2019 y 2020, el discurso era el mismo mantra sobre la doctrina de Naciones Unidas y la prosperidad del Campo de Gibraltar. Incluso en 2021, tras el acuerdo del 31 de diciembre de 2020, insistió en que la soberanía no se negocia. De hecho, entre 2022 y 2024, el párrafo era un calco exacto, una especie de plantilla administrativa para no levantar sospechas. Pero este año, el presidente ha decidido que el feminismo, la cooperación internacional y unas pullas indirectas a Donald Trump eran prioridades más sexys. Ha borrado la Roca del mapa verbal justo después de que el 15 de julio cayera la Verja gracias al acuerdo provisional para entrar en Schengen. Para Sánchez, parece que haber 'comunitarizado' el problema es como haber pagado la deuda con una tarjeta de crédito: el problema sigue ahí, pero ya no molesta en el extracto mensual. Mientras Felipe VI mantuvo la línea ortodoxa en su intervención de 2025, Sánchez ha decidido que la reivindicación soberana es ahora un mueble viejo que ya no encaja en el salón. El contraste es brutal: mientras Argentina se pone gallito con las Malvinas ante el posible cambio de doctrina de Trump, España elige el modo avión. Una jugada arriesgada que, según los pasillos de la diplomacia, confunde la gestión técnica de una frontera con la rendición de una soberanía.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'bonito perro' mientras el animal te muerde el tobillo. En Melilla, el perro ahora vuela. Marruecos ha decidido jugar al gato y al ratón con el espacio aéreo español, enviando drones 'furtivos' que parecen más una provocación coreografiada que una simple patrulla de vigilancia. Mientras nosotros intentamos que el presupuesto público no se evapore en el aire, Rabat despliega juguetes tecnológicos de unos 15 kilogramos que han convertido el aterrizaje en Melilla en una ruleta rusa. El 18 de septiembre, la noche se iluminó con una luz blanca fija que no era una estrella, sino un dron no controlado en la senda de aproximación a la pista 33 de GEML. No fue un ensayo. El 22 de septiembre, la broma se repitió, obligando a un avión de Iberia procedente de Málaga a dar vueltas en el aire durante casi una hora. Imaginen la escena: pasajeros esperando aterrizar mientras un aparato de la Gendarmería marroquí hace elto en la pista, sin haber enviado el preceptivo Notam. Es como si un vecino decidiera aparcar su coche en medio de tu garaje sin avisar y luego te dijera que solo estaba 'vigilando que no entren ladrones'. La Delegación del Gobierno, con esa capacidad de hacer que un incendio parezca una vela aromática, restó importancia al asunto. Dicen que es para evitar saltos de inmigrantes. Pero la Guardia Civil no compra el cuento: los drones volaban a una altura anormal, entre 75 y 100 metros, justo donde las aeronaves bajan para superar la valla. Y mientras el Escuadrón de Vigilancia Aérea 9 (EVA 9) en Motril intenta coordinar seis cazas F-18 en los ejercicios Eagle Eye 26, los F-16 marroquíes hacen 'touch-and-go' en Alhucemas, mirando de reojo cómo nos organizamos. Lo más irónico es que, según fuentes militares, no tenemos el equipo técnico para derribar esos aparatos. Básicamente, nos están haciendo el baile y nosotros solo podemos mirar el radar.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil para equiparar un collar de diamantes con una cesta de embutidos y quesos artesanos. Pero Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, lo ha hecho. Con una naturalidad pasmosa, el ministro ha comparado las joyas incautadas por la UCO en el despacho de Ferraz con una simple «caja de productos típicos para degustar». Básicamente, nos sugiere que recibir oro y piedras preciosas es como si te regalaran un pack de jamón y chorizo en Navidad: algo anecdótico, casi gastronómico. El protagonista del drama, José Luis Rodríguez Zapatero (presidente entre 2004 y 2011), ha intentado jugar la carta de la diplomacia frente al juez José Luis Calama, asegurando que el botín fue un obsequio del ya fallecido rey de Arabia Saudí durante una visita en 2007. Un detalle, claro. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para pagar la luz, en las altas esferas los regalos se miden en quilates y se justifican como 'cortesías internacionales'. Torres, en una entrevista con La Radio Canaria, ha aprovechado el incendio para proponer que haya que «regular» los regalos para que sean iguales en todas las administraciones. Una propuesta valiente, considerando que el propio ministro ha preferido hacer el vacío cuando le preguntaron si él se habría quedado con las joyas. El ruido de fondo es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, marco donde se mueve la investigación judicial. Al final, la narrativa es siempre la misma: esperamos a que el juez decida mientras nos venden que un diamante es, en realidad, un queso manchego muy brillante.
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