Crítica:
El texto es un festín de conveniencias políticas, aunque brilla por la falta de declaraciones oficiales que contrasten la versión de las 'fuentes cercanas'. Es pura narrativa de pasillo convertida en noticia.
El texto es un festín de conveniencias políticas, aunque brilla por la falta de declaraciones oficiales que contrasten la versión de las 'fuentes cercanas'. Es pura narrativa de pasillo convertida en noticia.
La Ley de Memoria Democrática nació con la nobleza de devolver la patria a quienes el franquismo escupió fuera de sus fronteras. Pero en el Consulado General de España en Ciudad de México, la nobleza se ha convertido en una especie de 'ventanilla del todo vale' donde el rigor histórico es un estorbo. Un funcionario interno ha soltado la bomba: tardó año y medio en ver un expediente real de un exiliado. Sí, un año y medio gestionando papeles para descubrir que el 90% de los solicitantes no tienen nada que ver con el exilio político. Estamos hablando de una ingeniería administrativa donde se han colado bisnietos de españoles que emigraron cuando el Registro Civil (creado en 1871) era todavía una novedad, o gente que presenta partidas de bautismo del siglo XIX como si fueran un ticket del supermercado. El resultado es un despliegue de generosidad absurda: unas 40.000 nacionalidades concedidas solo en Ciudad de México, y fácilmente entre 50.000 y 60.000 si sumamos el resto del país. Lo más delirante no es la laxitud, sino la urgencia por inflar los números. Parece que los cónsules gestionan pasaportes como quien acumula puntos en un programa de fidelidad para conseguir un mejor destino profesional. La hipocresía alcanza su cénit con la cónsul adjunta, María Prada, quien presuntamente dio órdenes vía WhatsApp para usar el Típex y corregir fechas posteriores al 22 de octubre de 2025. Básicamente, han tratado la ley como un borrador de primaria: si la fecha no encaja, se tacha y se pone la que conviene. Los empleados, atrapados entre el miedo al despido y el sentido común, miraban cómo se legalizaba el caos mientras pensaban que, probablemente, estaban participando en algo ilegal. Una gestión de la memoria que, más que reparar el pasado, parece diseñada para maquillar el presente.
Hay quien dice que la televisión pública es el espejo de la sociedad, pero parece que en RTVE han instalado un filtro de Instagram que convierte los cristales rotos en pétalos de rosa. La última joya del infoentretenimiento ocurrió en 'Mañaneros 360', donde el caos en la plaza de María Pita, en La Coruña, fue presentado como una merienda campestre. Mientras el reportero describía el lanzamiento de objetos y agresiones, el presentador Jesús Cintora aplicó una gimnasia mental digna de Cirque du Soleil para concluir que aquello era una 'concentración mayoritariamente pacífica'. Claro, porque para Cintora, que haya una docena de policías heridos y tres arrestados es solo un detalle anecdótico, como olvidarse de comprar el pan. La narrativa es tan redonda que asusta. Naiara Pinedo soltó que es 'legítimo' denunciar el fascismo, mientras el ministro Pablo Bustinduy daba el sello institucional al designating los ataques como 'derecho a la protesta pacífica'. Es la nueva aritmética de la televisión pública: agresiones + policías heridos = democracia liberal. Para cerrar el círculo, Xabier Fortes en 'La noche en 24 horas' invitó a Juan Roch, quien, con la tranquilidad de quien no tiene que limpiar la sangre del asfalto, definió estos ataques como la 'normalidad' de nuestro sistema. Santiago Abascal, desde Burgos, ha denunciado que esta violencia está organizada desde la Moncloa para acosar sus actos, citando lo ocurrido en La Coruña y Avilés. Al final, el guion de TVE es sencillo: si el ataque es contra el tercer partido con más representación, no es violencia, es 'estética democrática'. Una ingeniería narrativa donde el odio se disfraza de civismo y el ruido de los disturbios se apaga con una sonrisa complaciente en el plató.
Hay quien dice que gobernar es el arte de mirar hacia otro lado mientras el incendio consume la alfombra. En Ceuta, el 30 y 31 de julio, el incendio fue una entrada masiva de personas y la alfombra, la frontera. Ahora, el Instituto de Política Social (IPSE), con Pablo Hertfelder al mando y la abogada María Juher en los papeles, ha decidido que ya basta de juegos de espejos y lanza una querella al Tribunal Supremo contra Fernando Grande-Marlaska y su mano derecha, Aina Calvo Sastre. Los cargos son pesados, de esos que no se quitan con una ducha: alta traición y prevaricación. La trama es un clásico de la burocracia española: el juego del 'yo ya avisé'. Miguel Ángel Pérez Triano, el exdelegado del Gobierno, se marchó de su puesto dejando una nota mental muy clara: que él había avisado a Interior sobre los informes del CNI. Según Pérez Triano, pidió refuerzos y hasta la intervención del Ejército, pero el Ministerio parece que estaba en modo avión. Mientras el ciudadano de a pie lucha contra la inflación y el sablazo de la luz, en las altas esferas se gestionó el asalto de 80.000 inmigrantes como quien ignora un correo electrónico no prioritario. Lo más jugoso es el vídeo del Faro de Ceuta, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil se dedican a discutir sobre quién abrió la valla, mientras el IPSE sostiene que el verdadero agujero no estaba en la frontera, sino en el despacho de Marlaska. Hertfelder no piensa ir con tibieza; ya apunta a ONG y otros miembros del Gobierno, sugiriendo que se atendió más al asaltante que al vecino. Todo esto llega justo antes de las elecciones, cuando el calendario político es más sensible que un sensor de movimiento, y con la Fiscalía mirando hacia otro lado, obligando a una asociación civil a hacer el trabajo sucio de la justicia.
La nacionalidad española, ese tesoro que algunos custodian como el Santo Grial, se ha convertido en el Consulado de México en una especie de tarjeta de fidelidad para privilegiados. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, en Ciudad de México se ha montado un 'VIP Pass' donde el pasaporte europeo no es un acto de reparación histórica, sino un ticket gratuito para el quirófano. Resulta fascinante: llegan correos electrónicos pidiendo adelantar expedientes porque alguien necesita una operación urgente. Básicamente, usan la sanidad pública española como un seguro médico premium, pagado con el sudor del contribuyente que ya ve las listas de espera más largas que una cola de descuentos en Black Friday. Pero el 'negocio' no termina en la salud. Para muchos, el pasaporte es simplemente el sésamo abrir para saltarse la cola de visados hacia Estados Unidos. Y claro, en este banquete no faltan los invitados de honor. Según un testimonio interno, la cúpula diplomática ha usado la ley de nietos como moneda de cambio para hacerse amigos de la élite azteca, especialmente de políticos afines al partido Morena, empresarios y artistas. Estos expedientes 'especiales' volaban por encima de los funcionarios, esquivando cualquier control real sobre si sus antepasados fueron exiliados del franquismo o si simplemente tienen un apellido que suena a Castilla. Para rematar la faena, el Gobierno juega al escondite con los números. Mientras el Ejecutivo le dice al Tribunal Supremo que hay 163.000 nacionalizados en el mundo, el trabajador consular suelta la bomba: la cifra es muy superior. Solo en México se estiman unos 60.000, sin contar que consulados como el de Argentina trabajaban 12 horas diarias a ritmo de fábrica textil. Todo esto bajo la bendición de la directriz de Sofía Puente, convirtiendo la ciudadanía en un coladero administrativo donde la ética se ha ido de vacaciones.
Hay paseos militares que no necesitan desfile, solo un plató de TVE y un presentador que confiesa, entre risas, que la neutralidad es un deporte extremo. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' el 22 de octubre de 2026 no para rendir cuentas, sino para hacerse un masaje de imagen pagado con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra y ve la vivienda como un sueño inalcanzable, el presidente despachó el drama inmobiliario con un optimismo macroeconómico que suena a chiste de mal gusto: dice que hay empleo y salarios dignos, ignorando que para muchos alquilar un zulo ya es un lujo.
Gestionar RTVE es, básicamente, jugar al Monopoly con el dinero de los demás y esperar que nadie mire el tablero. José Pablo López, el timonel de la corporación, ha vuelto a estirar la mano hacia la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De esos, ya se ha gastado 30 millones como quien saca dinero del cajero para pagar una cena que no puede costear. El objetivo es 'competir' con las privadas, que en lenguaje llano significa pagar el Mundial de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno mientras el resto de los mortales miramos la cuenta del súper con angustia. Lo fascinante no es el gasto, sino la gimnasia mental. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López ha practicado el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras en 2025 presumía de que los 63 millones recibidos seguían intactos en la contabilidad, ahora necesite un nuevo rescate. Es la magia de la ingeniería financiera pública: el dinero existe y no existe según sople el viento político. Sumando los 100 millones de 2024, la cuenta ya asciende a un sablazo considerable que el ciudadano paga sin haber firmado el contrato. Pero el verdadero 'agujero contable' es la joya de la corona: un pleito del IVA que el auditor sitúa cerca de los 1.000 millones de euros. Para evitar que la cadena se hunda, el Gobierno prepara un real decreto —esta vez esquivando a Junts en la Diputación Permanente— para que la Administración pague la factura. Mientras tanto, los sindicatos UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando un nuevo contrato programa que, seguramente, servirá para justificar que el servicio público es caro, pero muy necesario para que los consejeros desfilen por el Festival de San Sebastián.
Hay una forma muy elegante de pedir mejoras salariales y luego hay la 'vía pedagógica' de usar a niños de primaria como escudos humanos. Así se vivió este jueves frente a la Asamblea de Madrid, donde el calendario escolar fue sustituido por un despliegue de pancartas y saltos coordinados. La escena era surrealista: menores de infantil, que deberían estar aprendiendo a sumar, fueron colocados en primera línea, cara a cara con el cordón policial, coreando un 'Ayuso el que no bote' que suena más a patio de recreo que a reivindicación laboral. La huelga indefinida, que arrancó el 14 de este mes bajo el ala de CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y el Sindicato de Estudiantes, ha pasado de los libros a la calle con una agresividad que asusta. Mientras los niños saltaban, a pocos metros el Sindicato de Estudiantes recordaba que para ellos la policía son 'putos nazis' al servicio de una 'puta nazi' como Isabel Díaz Ayuso. Es el contraste perfecto: la inocencia de un niño sentándose en el asfalto porque le dicen que 'viene Zarzalejo' (la consejera de Educación) y, al lado, radicales fantaseando con 'prender fuego' a la sede de Sol o celebrando que la policía tuviera que cargar para sacar a la presidenta del edificio. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Mar Espinar del PSOE apareció para el 'selfie' reglamentario antes de huir, justo el día en que sale a la luz que vive en un piso público de la Universidad Rey Juan Carlos sin cumplir los requisitos. Un lujo inmobiliario que no se puede pagar con el 19% de participación que dice la Comunidad, aunque los sindicatos, en su optimismo habitual, insistan en que el 60% de los docentes se ha unido al paro. Al final, los únicos que han aprendido una lección hoy son los niños: que en política, el profesorado a veces enseña que el parapeto más efectivo es el más pequeño.
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