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En una tensa sesión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizaron un enfrentamiento verbal por las filtraciones relacionadas con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el 18 de enero y que dejó 46 muertos y más de un centenar de heridos. El conflicto surgió a raíz de un informe de la Guardia Civil que alertaba de que personal de Adif retiró piezas clave de la vía sin autorización judicial. Marlaska acusó a Puente de actuar 'por su cuenta' y cuestionó la labor de la Guardia Civil, mientras que Puente defendió la actuación de Adif y criticó la construcción de un relato que, según él, no se ajusta a los hechos. Este choque refleja las tensiones internas del Gobierno de Pedro Sánchez, donde dos de sus ministros más destacados gestionan conflictos que afectan directamente a sus ámbitos sin lograr coordinar un relato común. La investigación del accidente sigue en curso en el juzgado de Montoro, pero el efecto político ya se ha hecho notar.
El Govern de Salvador Illa se gastó cerca de un millón de euros, exactamente 973.665 euros, en una campaña contra el machismo digital el pasado 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La campaña 'Si sembla violencia masclista, és violencia masclista' buscaba visibilizar las múltiples formas de violencia machista, especialmente aquellas ejercidas a través de las redes sociales y los móviles. El Ejecutivo catalán distribuyó este gasto entre tres departamentos: Igualdad y Feminismos, Presidencia, e Interior y Seguridad Pública. La empresa Two Small, SL recibió 170.747 euros por 'creatividad gráfica y adaptaciones', mientras que Carat España SAU ingresó 287.474 euros por 'inserciones de publicidad institucional'. Además, el departamento de Interior y Seguridad Pública destinó 409.321 euros a inserciones publicitarias y 17.545 euros a 'Creatividad para el segmento de cuerpos de seguridad y emergencias'. Estas cifras han generado polémica, especialmente tras la reciente controversia sobre los cuatro millones de euros destinados a proyectos de cooperación internacional en Gaza para promover el feminismo. El Govern defiende que la campaña era necesaria para combatir la creciente violencia machista digital, que afecta principalmente a jóvenes y adolescentes.
En plena pandemia, un grupo de empresarios dominicanos vinculados al exministro de Defensa José Bono adquirió una sociedad limitada en Almansa, Albacete, a la que posteriormente transfirieron 450.000 euros. La operación, realizada en 2021, involucró a la mercantil Ebirac Prescriptores, creada meses antes y que, desde su constitución hasta su último ejercicio cerrado en 2024, no ha registrado actividad comercial alguna. El administrador de Ebirac, Williams Alberto Jiménez Villafaña, abogado especializado en compañías aseguradoras, transfirió el dinero como parte de un préstamo al 3% hasta 2026. Jiménez Villafaña comparte sociedad en República Dominicana, Atitlan, con Juan Segovia, exdiputado del PSOE y cercano a Bono. Esta conexión se extiende a otras empresas creadas por Bono en el país caribeño, todas inscritas en la misma dirección y con la misma gestora, Esther Patricia Fernández Bernard. La adquisición de la nacionalidad dominicana por parte de Bono, facilitada por el presidente Luis Abinader, con quien mantiene una relación de amistad, se produjo justo antes de constituir estas sociedades. Además, Bono estuvo cerca de ser nombrado cónsul de República Dominicana en Albacete, lo que le habría permitido seguir tributando en la isla. La República Dominicana, conocida por su discreción bancaria al no haber suscrito tratados internacionales de transparencia financiera, se presenta como un escenario atractivo para operaciones financieras opacas. La conexión entre estos empresarios y políticos se refuerza con la creación de Medcap Energy en 2021, empresa que obtuvo concesiones para proyectos multimillonarios de energía solar en el país caribeño.
Una misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 ha descubierto que alrededor de la mitad de los supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de determinación de edad fueron finalmente declarados adultos. El informe, fechado el 12 de febrero de 2026, revela que Marruecos acepta únicamente el 8% de las devoluciones tramitadas por España. La delegación, encabezada por el eurodiputado polaco Bogdan Rzońca, analizó la gestión de la ruta atlántica y el funcionamiento de los sistemas de acogida en Tenerife y Gran Canaria. Las autoridades canarias informaron que se realizaron unas 1.500 pruebas de determinación de edad, de las cuales 'alrededor de la mitad' resultaron en adultos. El Gobierno autonómico destacó que había destinado 192 millones de euros a la gestión migratoria sin recibir fondos directos de los 560 millones transferidos por la UE a España. El informe también subraya la falta de cooperación de Marruecos en las repatriaciones, rechazando la mayoría de las devoluciones iniciadas por España. Frontex indicó que no tiene medios navales ni aéreos propios en la ruta canaria, limitándose a tareas de apoyo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE).
David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido pillado intentando ocultar su domicilio habitual. La Audiencia de Badajoz le ha pedido que facilite su dirección para recibir una citación para un juicio oral por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Inicialmente, ofreció la dirección de su abogado en Cáceres, pero la Audiencia descubrió que era el despacho del letrado y no su residencia real. Ahora, ha decidido personarse en los Juzgados para recoger la citación en persona. La vista oral está programada entre el 28 de mayo y el 4 de junio. Recientes informaciones sitúan a David Sánchez viviendo en La Moncloa.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe a la Audiencia Nacional concluyendo que Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF, eliminó datos de su móvil relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. El análisis forense de los dispositivos incautados reveló la ausencia de información relevante en el periodo investigado, lo que obligó a los investigadores a reconstruir las comunicaciones y actuaciones acudiendo a otros dispositivos incautados. La UCO sitúa a Pardo de Vera en contacto directo con Koldo García, asesor del entonces ministro de Transportes, en fechas clave. El informe también conecta la adjudicación con el entorno de Víctor de Aldama, señalado como uno de los vértices de la trama. La Guardia Civil detectó pagos periódicos y movimientos patrimoniales coincidentes en el tiempo con las adjudicaciones bajo investigación. El juez autorizó en junio de 2025 la entrada y registro en domicilios vinculados a Pardo de Vera, incautando nueve dispositivos electrónicos y diversa documentación. El oficio no formula acusaciones formales, pero consolida una línea de investigación que sitúa a Pardo de Vera en el epicentro de las decisiones adoptadas en torno al contrato de mascarillas.
El Ministerio de Cultura ha lanzado una advertencia a los beneficiarios del Bono Cultural Joven tras la difusión en redes sociales de un vídeo que muestra a un grupo de jóvenes intentando usar el bono para acceder a una discoteca de Madrid. Según el departamento dirigido por Ernest Urtasun, aquellos que utilicen el bono de forma 'fraudulenta' deberán reintegrar los importes a la Administración. Además, las empresas que permitan el uso indebido serán penalizadas y podrían ser expulsadas del programa. El Bono Cultural Joven es una ayuda de 400 euros destinada a jóvenes de 18 años para productos y servicios culturales, que puede utilizarse en más de 3.800 establecimientos en toda España. El bono se divide en tres categorías: 100 euros para productos físicos, 100 euros para productos digitales y 200 euros para artes escénicas. La iniciativa cuenta con una dotación de 170 millones de euros y ha beneficiado a 277.594 personas en su primer año, aumentando a 338.443 en 2024.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se citó con Javier de Paz, alto directivo de Telefónica, en un restaurante de Madrid el 5 de noviembre de 2023. La reunión, que duró más de una hora, se produjo apenas 72 horas antes de que el empresario Julio Martínez fuera arrestado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. De Paz fue clave en la creación de Análisis Relevante SL, la sociedad instrumental que cobró más de medio millón de euros de Plus Ultra, la aerolínea venezolana que recibió un rescate de 53 millones de euros cuando Zapatero era presidente del Gobierno. Los investigadores de la UDEF están analizando si los informes elaborados por esta sociedad eran reales o simulados. De Paz, quien ha percibido más de diez millones de euros en su carrera en Telefónica, también asesoró a Zapatero en sus desplazamientos a Venezuela para evitar dejar rastro. El próximo lunes, Zapatero comparecerá en el Senado para responder por varios escándalos de corrupción.
En un giro inesperado, el alcalde socialista de Parla, Ramón Jurado, ha amenazado con expedientar al policía local Jorge, quien inició una huelga de hambre el pasado martes para exigir una conciliación familiar. Jorge, padre de nueve hijos, busca un cambio de turno en su jornada laboral para ayudar a su mujer con la crianza de los pequeños. La situación se ha tensado tras un correo electrónico del comisario principal de la Policía Local de Parla, Eduardo Fernández Tejero, advirtiendo a Jorge de posibles consecuencias si persiste en su protesta. El agente ha respondido reafirmando sus derechos constitucionales y negando que su acción sea indecorosa o indigna para la institución policial. Mientras tanto, han comenzado a circular por internet fotografías manipuladas de Jorge con sus hijos, intentando desacreditarlo por supuestamente utilizar a los menores durante la huelga. Sin embargo, Jorge acude solo al Ayuntamiento, sentado en una silla, esperando una solución del Consistorio.
La Confederación Hidrográfica del Júcar ha visto cómo ninguna empresa se ha presentado a la licitación para revisar la seguridad de la presa de Forata, crítica durante la DANA de octubre de 2024. La revisión, obligatoria cada cinco años, lleva caducada desde 2017. La presa, considerada infraestructura hidráulica crítica, acumuló ingentes cantidades de agua durante la DANA, aunque resistió sin llegar a romperse. Finalmente, la tragedia se produjo por el desbordamiento del barranco del Poyo. El Gobierno pretende ahora subsanar las carencias de seguridad detectadas. La Mesa de Contratación se reunió el 21 de enero para evaluar las ofertas, pero ninguna empresa presentó una propuesta. El Ejecutivo admite el complejo recorrido burocrático de los proyectos para reducir el riesgo de inundación en la zona, destacando el 'riesgo muy elevado' que suponen los barrancos de rápida respuesta para la población. Entre las actuaciones proyectadas se incluye mejorar la cubierta vegetal y eliminar actividades económicas que alteran el territorio.
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Margarita Caballero