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José Luis Ábalos acusa a Yolanda Díaz de dejar su vivienda oficial a otras personas sin derecho. La vivienda de Díaz es la más grande de todos los ministros con 443 metros cuadrados. Ábalos responde después de que Díaz le llamara 'golfo' antes de una vista en el Tribunal Supremo que podría derivar en su ingreso en prisión. Ábalos destaca su papel durante la pandemia de COVID-19, donde tuvo responsabilidad ejecutiva y controló la movilidad del país. Díaz es ministra de Trabajo y líder de Sumar. La vivienda oficial está ubicada en el Paseo de la Castellana, Madrid, y supera en tamaño a la de otros ministros como Pilar Alegría. El conflicto surge a pocas horas de la vista judicial contra Ábalos.
El Gobierno gastó 60 millones de euros en publicidad institucional en diez meses de 2025, según datos del Portal de Contratación del Estado analizados por THE OBJECTIVE. Esto sitúa al Gobierno cerca de los 70 millones adjudicados en 2024. El gasto total previsto para 2025 era de 161 millones, pero solo se han adjudicado 45 de las 146 campañas previstas. El nuevo sistema de licitación que impulsa el Ministerio de la Presidencia podría cambiar los criterios de reparto de publicidad institucional. Entre las campañas más destacadas están la de 'sensibilización fiscal' por 7.4 millones, 'seguridad vial' por 5.8 millones y 'concienciación contra la violencia contra las mujeres' por 3.8 millones. Si se incluye el gasto de empresas públicas como Renfe, ADIF y Correos, el total podría alcanzar los 140 millones, convirtiendo al Estado en el principal anunciante de España.
La Unidad Central Operativa (UCO) investiga un presunto pelotazo urbanístico en Sevilla relacionado con el exdirigente socialista Rafael Pineda. La UCO incautó los correos electrónicos de D. M. L., técnico de Emvisesa que recibió 78.000 euros por facilitar la operación. La parcela del Higuerón fue comprada por 1,77 millones de euros en septiembre de 2024 por la sociedad de Olga Pérez, esposa de Rafael Pineda, y revendida en enero de 2025 por 3,9 millones de euros a una filial de Burger King. La investigación se centra en posibles irregularidades en el trato a la empresa de Olga Pérez y en la concesión de uso de la parcela por 40 años. El valor de la parcela se quintuplicó en cinco meses. El técnico D. M. L. gestionaba más de 500 locales y 800 garajes en Emvisesa y está actualmente suspendido de empleo. La Guardia Civil ya había registrado la sede de Emvisesa en dos ocasiones anteriores. La operación urbanística está bajo sospecha desde su origen.
Carles Puigdemont ha compartido en Twitter un gráfico que compara el crecimiento de los ingresos per cápita en varios países europeos en los últimos 20 años. Mientras la media europea ha aumentado un 22%, España solo ha registrado un incremento del 11%. Puigdemont acompaña el gráfico con una crítica implícita a la gestión económica del PSOE, recordando que han estado en el gobierno durante dos terceras partes de los últimos 20 años. El gráfico muestra que casi todos los países europeos han mejorado el nivel de vida de sus ciudadanos, excepto Italia y Grecia. Puigdemont utiliza este dato para subrayar que España se queda rezagada en comparación con la media europea. La publicación sugiere una falta de dinamismo en la economía española bajo la gestión socialista. El período analizado comprende desde 2003 hasta 2023, abarcando múltiples gobiernos del PSOE y otros partidos en España. La crítica de Puigdemont apunta a la gestión económica durante este período, destacando la disparidad entre el crecimiento económico español y el europeo.
El Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 1M€ para Somalia a través de la Misión de la Unión Africana en Apoyo y Estabilización de Somalia (AUSSOM), lanzada el 1 de Enero de 2025. La ayuda busca estabilizar la región del Cuerno de África y prevenir su desestabilización completa. Somalia enfrenta un impasse financiero que podría llevar al colapso de la misión. La aportación total de España asciende a 1.090.000€, incluyendo 90.000€ a la Oficina de Evaluación del Sistema de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SWEO) para 2025. La misión AUSSOM se centra en reforzar la estructura africana de paz y seguridad, apoyar la transición de Somalia hacia un país estable y prevenir el colapso financiero de la misión. La desestabilización de Somalia tendría implicaciones para toda la región del Cuerno de África y podría enlazar con la desestabilización del Sahel, región prioritaria para España según la Estrategia España-África 2025-2028.
La familia de una joven de Cardedeu denunció al Hospital General de Granollers por un presunto delito de odio tras negarse a atender a la paciente en catalán el 18 de agosto de 2025. La doctora afirmó: «Si no me habla en español, no la atenderé» y «no le comprendo, soy peruana». La paciente acudió a urgencias con síntomas de intoxicación química. Representada por Acció Cassandra, la familia considera la conducta como humillante y vejatoria. El caso ha sido presentado en el juzgado de Granollers. La acusación sostiene que la negativa vulnera derechos constitucionales y se encuadra como delito de odio. Acció Cassandra solicita una investigación rigurosa para garantizar la dignidad de los ciudadanos que usan el catalán en servicios públicos esenciales, especialmente en emergencias sanitarias. El incidente pone de manifiesto la persistencia de casos de discriminación lingüística en la sanidad catalana. La entidad lamenta que otros casos semejantes hayan sido archivados, pero considera esta denuncia crucial para abrir nuevas vías jurídicas en defensa de la libertad lingüística. La familia y los colectivos implicados apelan al deber de los profesionales sanitarios de respetar los derechos de los pacientes y al cumplimiento de las garantías constitucionales. La protección de la lengua catalana es esencial para la unidad nacional y la convivencia pacífica en el marco jurídico nacional.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró al Cártel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, como organización terrorista el 24 de noviembre. Esta medida permite justificar futuras operaciones en suelo venezolano si Donald Trump lo aprueba. La Autoridad Federal de Aviación estadounidense emitió un aviso de alerta el pasado sábado por el aumento de la actividad militar en el espacio aéreo de Venezuela, provocando la cancelación de vuelos de varias aerolíneas. En agosto, Washington aumentó la recompensa por información que lleve al arresto de Maduro a 50 millones de dólares. Trump ordenó un despliegue militar en el mar Caribe en agosto y en septiembre el Ejército estadounidense comenzó a atacar «narcolanchas», hundiendo una veintena y matando a 83 tripulantes. La Administración republicana está preparada para una «nueva fase de operaciones» que podría incluir acciones en el terreno. Trump autorizó un plan de acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Se especula que Maduro podría exiliarse en Rusia, Turquía, Azerbaiyán, Brasil, Cuba o Qatar si Trump derroca al régimen chavista. Rusia y Maduro mantienen relaciones estrechas y firmaron un acuerdo de cooperación en mayo. Turquía ha comprado petróleo y oro a Venezuela pese al embargo internacional. Brasil ha distanciado su postura del régimen chavista desde las elecciones venezolanas de julio de 2024. Cuba enfrenta una grave crisis social y económica. Qatar tiene experiencia en dar asilo a actores incómodos y medió en negociaciones entre Trump y la cúpula chavista.
La UCO de la Guardia Civil investiga a Santos Cerdán por un aumento patrimonial sospechoso. Cerdán gastó 60.000 € en la reforma de su casa en Navarra sin facturas. La reforma se realizó en varias fases entre 2017 y 2020. Cerdán utilizó a su mujer y hermana para evitar aparecer en los trámites municipales. Las licencias presentadas eran incompletas y no reflejaban la envergadura real de las obras. La Guardia Civil halló justificantes de pagos menores, lo que sugiere que parte de la reforma pudo pagarse en metálico. También se investiga la compra de un vehículo de alta gama cuyo 70% se pagó en metálico. El arquitecto municipal que aprobó las reformas, Rafael Calderón, era socio de Arista Arquitectos SL, empresa que obtuvo contratos públicos en Milagro. La UCO sospecha que Cerdán influyó en la adjudicación de estos contratos.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, solicitó cancelar el interrogatorio a dos funcionarias de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que su defensa había pedido declarar como testigos hace un año. Las funcionarias iban a declarar el próximo viernes ante el juez Juan Carlos Peinado. Gómez está siendo investigada por intrusismo laboral y apropiación indebida por firmar un pliego de prescripciones técnicas para un contrato de 'asesoría técnica y tecnológica' con Deloitte por 60.000 euros. Su abogado, Antonio Camacho, había solicitado la declaración de estas testigos en noviembre de 2024 para aclarar si Gómez firmó el pliego por indicación de la UCM y para demostrar que Gómez fue quien planteó la idea del nombre 'Transformación Social Competitiva' para un máster. Ahora, la defensa de Gómez renuncia a estas declaraciones por no considerarlas necesarias. Sin embargo, no se opone a que se tome declaración a otras cuatro funcionarias de la UCM que acudirán ante el magistrado el mismo viernes. La Audiencia Provincial de Madrid había obligado al juez a resolver sobre la procedencia de llamar a declarar a estas testigos.
El presidente Pedro Sánchez ha generado estupor en el Tribunal Constitucional (TC) con sus declaraciones sobre la sentencia que condenó al ex fiscal general Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación. Sánchez sugirió que el TC podría corregir el fallo del Tribunal Supremo. Fuentes del TC consideran las declaraciones de Sánchez 'inaceptables y un escándalo', afirmando que el presidente parece tratar al TC como un organismo dependiente del Gobierno. García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de secretos tras filtrar información contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. Sánchez propuso a la fiscal Teresa Peramato como sustituta de García Ortiz al frente de la Fiscalía General. El proceso para recurrir la sentencia implica agotar todas las instancias ante el Supremo antes de presentar un recurso de amparo ante el TC. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha modificado jurisprudencia para favorecer intereses del Gobierno de Sánchez. La defensa de Sánchez argumenta que el Gobierno respeta las sentencias pero discrepa con la 'orientación' del fallo. Sánchez negó que su Gobierno pretenda controlar el TS, contrastando con declaraciones de Ignacio Cosidó del PP en 2018. El TC deberá esperar a que García Ortiz solicite un incidente de nulidad de sentencia ante el Supremo antes de poder presentar un recurso de amparo.
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Pilar Castro