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Hay quien confunde el idealismo con el suicidio industrial, y en Moncloa parecen tener el manual de instrucciones bien estudiado. Mientras el resto de Europa se da cuenta de que obligar a todo el mundo a enchufar el coche el 1 de enero de 2035 es como intentar que todo el barrio coma quinoa sin haber puesto un solo supermercado, España sigue aferrada a un calendario que ya huele a cerrado. El plan era sencillo: prohibir la venta de combustión en 2035 y borrar del mapa cualquier motor que no sea eléctrico para 2050. Un sueño precioso para los ecologistas que sostienen el Gobierno, pero una pesadilla para quien tiene que pagar la nómina en una fábrica. La realidad ha dado un golpe sobre la mesa. Francia, que hasta ayer era el compañero de baile de Pedro Sánchez, ha hecho un giro de 180 grados para salvar a Renault y Stellantis, uniéndose al bloque de Alemania, Mercedes, BMW y el Grupo VW. Básicamente, han decidido que es mejor salvar el negocio que quedar bien en una foto con Ursula von der Leyen. Sánchez, que llegó a escribir dos cartas a la presidenta de la UE insistiendo en el calendario, se ha quedado solo en la fiesta, acompañado únicamente por los Países Bajos, que en el tablero automovilístico tienen el peso de un clip. Es el colmo de la ironía: España es el segundo fabricante de coches de Europa, pero su Gobierno defiende una política que pone en jaque a marcas como Seat. Mientras China nos come la tostada con las baterías, nosotros renunciamos a nuestra única ventaja competitiva —los motores de combustión— por una cuestión de principios ideológicos. Al final, Alemania ha cedido para que Bruselas suelte la pasta y subvencione la industria, incluyendo los combustibles fósiles. En resumen, Europa ha elegido sobrevivir; España, parece, prefiere seguir leyendo el folleto del futuro mientras el presente se le escapa por el tubo de escape.
El rey Mohamed VI ha decidido salir de su letargo discursivo —en uno de esos tres raros paseos anuales por el micrófono— para soltarle un 'tirón de orejas' diplomático a España. El escenario es el Parlamento, pero el mensaje es puro lenguaje de calle: 'Devolvednos a los chavales y dejad de jugar con el calendario electoral'. El monarca alauí no se ha andado con chiquitas al denunciar la 'instrumentalización' de los sucesos del 30 y 31 de julio, lanzando una piedra muy clara hacia el Partido Popular y Vox, que parecen haber encontrado en la crisis de Ceuta el combustible perfecto para su precampaña. Para el Rey, el sistema de cooperación actual es como un teléfono antiguo en la era del 5G: obsoleto. Se queja de que existen leyes 'anticuadas' y jueces que viven en una realidad paralela, dificultando la repatriación de menores y de aquellos que, según él, 'usurpan' el estatus de refugiados. Mientras nosotros discutimos en el Congreso, Mohamed VI sugiere que este agujero legal es el buffet libre para las redes criminales. La jugada es maestra. Por un lado, reconoce que hay avances, pero por otro, deja claro que la amistad entre Rabat y Madrid es un 'compromiso voluntario', no un contrato firmado bajo presión. Es la forma elegante de decir que, si el chantaje político sigue, el grifo de la cooperación podría cerrarse. Para rematar la faena, el soberano ha anunciado un nuevo 'documento estratégico'. En cristiano: Marruecos va a dictar las nuevas reglas del juego mientras España intenta decidir quién llevará el timón del Gobierno. Como bien apunta Nabil Driouch, el Reino ya no quiere parches, quiere que Madrid limpie su legislación si no quiere que la frontera se convierta en un deporte de riesgo recurrente.
En el tablero del poder, hay jugadas que parecen sacadas de una comedia de enredo donde el guion lo escribe la conveniencia. La idea de colar a Begoña Gómez en las listas del PSOE para las generales del 29 de noviembre no es solo un rumor de pasillo; es un intento de ingeniería jurídica para conseguir el 'pack premium' de la política: el aforo y la inmunidad parlamentaria. Básicamente, pasar de la cuerda del juzgado al colchón del Congreso para que sus causas penales terminen en la Sala Penal del Tribunal Supremo, lejos del ruido de la calle. Pero aquí es donde la realidad choca con el manual de instrucciones. El PSOE tiene un Código Ético que, en tiempos normales, se aplica con el rigor de un examen de conducir. El artículo 5.9 es tajante: un auto firme de apertura de juicio oral es la línea roja, el 'no pasarás' definitivo para cualquier aspirante a candidato. Mientras estar investigado es como tener una multa pendiente que puedes ignorar un tiempo, el auto de apertura de juicio oral es el sablazo final. Y ahí es donde el calendario no miente: el juez Peinado abrió juicio oral a Begoña Gómez el pasado 21 de septiembre. La hipocresía es deliciosa. El artículo 1.1 del Código Ético no hace distinciones entre militantes y 'invitados' independientes; todos deben pasar el filtro de idoneidad. Para que la lista sea homologada, hay que firmar el Documento de Aceptación de Candidatura y Compromiso Socialista, un papel donde el candidato jura que no tiene incompatibilidades. Firmar eso sabiendo que el juez Peinado ya dio el paso adelante sería, técnicamente, un ejercicio de gimnasia mental digno de un premio. Ferraz dice que es un bulo, pero los estatutos son tinta seca sobre papel, y la tinta no suele cambiar de color por amor al arte.
Hay una coreografía muy estudiada en el marketing político: encontrar una tragedia, ponerle música triste y esperar a que el electorado, conmovido, deposite el voto en la urna. El PSOE, Sumar y Podemos intentaron aplicar este manual con Maricarmen, la mujer de 87 años que falleció este miércoles tras un desahucio. Querían convertir el Parlamento Europeo en Estrasburgo en un altar de silencio, pero la realidad les dio un bofetón institucional. Christel Schaldemose, vicepresidenta socialista del Parlamento europeo, no entró al trapo y rechazó la petición de Iratxe García. Básicamente, le dijeron que no usaran la maquinaria comunitaria como un folleto electoral para el 29-N. Es fascinante ver cómo el Gobierno intenta exportar el drama nacional. Mientras que en Madrid el Ayuntamiento y la Asamblea también frenaron el minuto de silencio, los diputados de Más Madrid y el PSOE optaron por el 'plan B': levantarse con carteles, una especie de protesta silenciosa que grita desesperadamente 'mirad cuánto nos importa'. El contraste es brutal. Por un lado, el linchamiento digital hacia PP y Vox, a quienes se tildó de 'asesinos' en redes sociales; por otro, la frialdad de una institución europea que ve el caso como un intento de politizar un fallecimiento natural de una persona avanzada, aunque el estrés del desahucio haya sido el empujón final. Todo este despliegue, desde la acampada en la Puerta del Sol hasta la huelga general del 11 de noviembre, huele a campaña desesperada. Intentan movilizar a ese votante de izquierdas que tiene el sofá más atractivo que la urna. Al final, Maricarmen ha pasado de ser una ciudadana en vulnerabilidad a convertirse en una cifra más en la ingeniería electoral, un peón en un tablero donde el silencio es el activo más caro y el oportunismo la moneda corriente.
Pedro Sánchez ha decidido jugar al 'ya vuelvo' con los llamados decretos Maricarmen. Después de que el Congreso le diera un portazo hace menos de una semana, el líder socialista pretende colarlos por la puerta trasera de la Diputación Permanente. La jugada es sencilla: insistir en un tope del 2% a las subidas de alquiler, como si el mercado inmobiliario fuera una lista de la compra que se puede congelar con un decreto mientras la inflación nos pega un sablazo cada mañana. El problema es que la realidad no entiende de ideología, sino de datos. Konstantin A. Kholodilin se ha currado una revisión bibliográfica casi exhaustiva analizando 112 artículos empíricos publicados entre 1967 y 2023. El estudio, que pasa por el filtro de revistas con revisión por pares, analiza casos desde Estados Unidos hasta Alemania, Suecia o la propia España. ¿El resultado? Un bofetón de realidad. Sí, 36 de 41 estudios confirman que quien ya tiene el piso regulado paga un poco menos (una media del 9,4%), pero es el único consuelo en un mar de desastres. Para el resto, la película es de terror. Al limitar el precio, la demanda se dispara y los alquileres fuera del control suben como la espuma. Además, el casero, al ver que la cuenta corriente no cuadra, deja que la vivienda se caiga a trozos; 15 de 20 estudios confirman que el mantenimiento se vuelve un lujo olvidado. Para rematar el cuadro, 11 de 16 estudios señalan que se construye menos y 12 de 16 confirman que hay menos oferta. Básicamente, estamos creando un sistema donde quien tiene un piso barato no se muda aunque le sobre espacio, mientras las familias jóvenes se quedan fuera del juego. Una ingeniería financiera que solo sirve para maquillar la superficie mientras el edificio se derrumba.
En el tablero del poder, hay piezas que se mueven con una precisión quirúrgica y otras que terminan aplastadas por el peso de la hipocresía. El caso de Jesús García Rocho, alias 'El Tormenta', es el ejemplo perfecto de cómo un patinete de 250 euros puede convertirse en un ancla de cemento si te pones del lado equivocado de la ley. Resulta casi cómico: un joven que se desplaza en un Lamborghini Urus de 400.000 euros —un coche que cuesta más que el piso de medio barrio— acaba en prisión provisional por un robo de movilidad urbana. El detalle es que el chico no tiene antecedentes y su defensa ha presentado pruebas que lo sitúan a 400 kilómetros de Badajoz, atendido en una clínica dental de Marbella el 6 de marzo, y cuidando a su hija el día 8. Pero aquí no hablamos de justicia, sino de tiempos. El lunes 21 de septiembre, el fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, estaba dispuesto a negociar la salida de Jesús. Todo fluía hasta que su madre, Cintia Rocho, decidió soltar la bomba en el programa 'El Tiempo Justo' de Telecinco: reveló que Leire Díez, la 'fontanera del PSOE', y el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada querían 'eliminar' a la jueza Beatriz Biedma por investigar al hermano de Pedro Sánchez. La frase fue lapidaria: 'a palos aprende el burro'. La reacción fue inmediata. Tras la entrevista, la fiscal Begoña García Boró —la misma que pidió la absolución del hermano del presidente— se sumó a la mesa y, mágicamente, la Fiscalía se cerró en banda. El patinete pasó de ser una nimiedad a una sentencia irrevocable. Mientras tanto, Diego Villafañe ya había intentado que Tejuca archivara las denuncias contra la fontanera alegando 'falta de competencia territorial'. Un truco de magia administrativa para limpiar el camino, que terminó convirtiéndose en un muro infranqueable para el hijo de quien habló de más.
La televisión pública tiene ese problema crónico de creer que el mando a distancia es una extensión del despacho del Presidente. Esta semana, el Sindicato Solidaridad-RTVE ha decidido soltar la lengua y recordar que la Corporación no es la cuenta de Twitter personal de ningún Gobierno, sino que se paga con el sudor de todos, como quien paga la comunidad de vecinos pero descubre que el administrador solo pinta los pasillos que le gustan al dueño del bloque. El detonante ha sido el tratamiento que RTVE Noticias y el programa 'Malas Lenguas' —esa joya conducida por Gonzalo Miró y Esther Palomera— le han dado a José María Figaredo. El diputado de Vox dice que no quiere cargarme las pensiones; RTVE, en cambio, parece haber hecho una cirugía estética de sus palabras en El Debate para que el resultado encaje en su narrativa. Es la clásica maniobra de 'cortar y pegar' que haríamos en el colegio para aprobar un trabajo sin leer el libro. Lo más irónico es que el sindicato, en un despliegue de sarcasmo institucional, propone que estos mismos clips se usen como 'casos prácticos' en el curso obligatorio sobre bulos de la propia casa. Imaginen la escena: empleados de RTVE aprendiendo a detectar noticias falsas analizando sus propios programas. Es como si un restaurante con cockroaches sugiriera que el menú de hoy sea un curso sobre higiene alimentaria. Entre el baile de sillas de Jesús Cintora, que saltó a 'Mañaneros 360' tras la salida de Javier Ruiz, y las exigencias de rectificación visible, la Corporación se enfrenta a un espejo incómodo. El sindicato pide seis puntos claros, desde revisiones documentadas hasta criterios públicos para las redes sociales, intentando que la independencia profesional no sea solo una frase bonita colgada en el vestíbulo para que la vean las visitas.
En el tablero del poder, hay quienes juegan al ajedrez y quienes juegan al 'traspapeleo creativo'. Resulta que votar por correo en las generales de 2023 fue casi tan sencillo como pedir una pizza: bastaba con enseñar el carné del móvil en la oficina de Correos. El detalle es que Juanma Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, logró que la Junta Electoral Central aceptara la app miDGT sin el código QR. Para el ciudadano de a pie, el QR es ese molesto código que valida que no estás enseñando una captura de pantalla retocada con Photoshop; para la cúpula, era un trámite prescindible. Mientras nosotros peleamos con la banca online para que no nos cobren una comisión por respirar, el sistema permitió que durante ocho procesos electorales se votara con una identidad digital que podía ser tan falsa como una promesa electoral. Todo bajo la batuta de Serrano y Leire Díez, quienes presumieron en Facebook de trabajar 'mano a mano' en este equipazo, aunque luego Correos intentara hacer un ejercicio de amnesia corporativa diciendo que Díez no tenía nada que ver con el voto. Mentira blanca: los papeles dicen que ella coordinaba la red y consultaba a la JEC sobre medidas excepcionales. La trama se vuelve turbia cuando entramos en el terreno de la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz ha descubierto que Serrano y Díez no se hablaban solo para organizar sellos: se lanzaron 10.842 mensajes entre WhatsApp y Signal. Una cantidad de chateo que haría palidecer a cualquier adolescente, coordinando movimientos mientras la UCO investigaba una trama de 'mordidas' en contratos públicos por unos 132 millones de euros. Al final, entre el carné digital sin QR y los mensajes cifrados, lo que queda es la sensación de que la democracia se gestionó como una startup de barrio: con mucha confianza y muy poca seguridad.
Hay una danza muy curiosa en las altas esferas del sindicalismo español. Resulta que UGT y CCOO han decidido que luchar por los derechos laborales es, básicamente, una cuestión de calendario electoral. En un giro que dejaría perplejo al más optimista, han cancelado las huelgas de la Agencia Tributaria (AEAT) programadas para el 28 de octubre. ¿La razón? Que el 29 de noviembre hay elecciones generales y, según ellos, no hay 'interlocutores con capacidad de decisión'. Traducido al idioma de la calle: no queremos molestar al Gobierno actual justo antes de que vayamos a las urnas. Es una jugada de manual. Mientras los trabajadores de la AEAT miran el comunicado con la misma cara de asombro que alguien que descubre que le han subido el alquiler sin avisar, los sindicatos aplican una ingeniería financiera de votos. Lo fascinante es la hipocresía del menú: se cancelan los paros contra el Ministerio de Hacienda —donde María Jesús Montero y Arcadi España han dejado su huella—, pero se mantienen intactas las huelgas contra el PP. El 14 de octubre se lanza la ofensiva indefinida contra Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y se mantienen las citas contra Alfonso Fernández Mañueco en Castilla-León y Alfonso Rueda en Galicia. El colmo del surrealismo llega con la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda. Sí, han convencido a sus bases de dejar el trabajo no por un convenio laboral, sino por un tema inmobiliario, solo para inflar la movilización de izquierda. Unai Sordo y compañía han decidido que el sindicato es ahora una extensión de la campaña electoral. Mientras tanto, medio millón de afiliados de CSIF y USO han dicho 'basta', negándose a ser carne de cañón en este tablero político. Al final, la estrategia es clara: limpiar el camino al Gobierno actual y dejarle el 'regalito' de las protestas acumuladas a Alberto Núñez Feijóo si es que llega a la Moncloa.
Hay una técnica muy depurada en los pasillos del poder: si el Congreso te cierra la puerta en las narices, entra por la ventana mientras todos están distraídos preparando las maletas para las elecciones. Pedro Sánchez ha decidido que el 'no' recibido en julio es, en realidad, un 'quizás' que se soluciona con un Real Decreto cuando ya no hay diputados que molesten. La jugada es sencilla pero quirúrgica. Se trata de modificar el Real Decreto 1004/2010 para que ciertos impuestos no recuperables —leamos: el agujero del IVA— pasen a ser considerados 'costes del servicio público'. En cristiano: que el Estado pague la fiesta. Estamos hablando de una contingencia fiscal de 941 millones de euros. Para que el ciudadano medio lo entienda, es como si tú tuvieras una deuda millonaria con Hacienda por un error de interpretación de hace años y, de repente, el Ayuntamiento decidiera que esa deuda es ahora un 'gasto necesario para vivir' y te la compensara en la factura del agua. Una genialidad contable. José Pablo López, el presidente de RTVE, respira aliviado. Para él, los 940 millones de deuda por el IVA son una herencia tóxica de la era Montoro, un simple 'conflicto interpretativo'. No es que se hayan gastado el dinero en tostadoras de oro, es que no se ponen de acuerdo en cómo leer la ley. Lo verdaderamente fascinante es el timing. El Gobierno lanza este salvavidas financiero justo cuando las Cortes están disueltas y RTVE se prepara para cubrir la campaña electoral. No tocan el gobierno de la corporación, no cambian los jefes, pero le limpian el balance justo antes de que empiecen los anuncios y los debates. Dicen que buscan 'seguridad jurídica', pero lo que encuentran es una vía rápida para evitar que el auditor siga gritando que las cuentas están mal formuladas. El Tesoro Público estará ahí, esperando que haya excedentes, aunque saber dónde está el dinero en RTVE es, a veces, como buscar una aguja en un pajar de decretos.
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Xavier Domínguez