Cuando el PP y Vox suscriben el mismo texto en Extremadura y Aragón, la idea de “prioridad nacional” suena a juego de Monopoly en la que solo pueden cobrar las fichas de los que ya tienen el banco en la mano. El decreto, que exige un arraigo real y duradero, se traduce en 10 años de empadronamiento para comprar y 5 para alquilar.
Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo, responde desde Chipre que esto crea “ciudadanos de primera y segunda clase”. Pero la verdad del asunto es que el País Vasco y Canarias ya están jugando el mismo juego, con los mismos requisitos y nombres de ley que suenan como recetas de cocina: 3 años en Euskadi, 5 o 10 en Donostia, 12 años en Canarias.
Imanol Pradales y Denis Itxaso hablan de “adaptar la política a la nueva realidad del mercado”, pero la realidad es que la vivienda pública se está convirtiendo en una tarjeta de fidelidad que solo la gente que ya vive en la zona puede usar. El PNV y el PSOE en el gobierno vasco se quejan de “cohesión social y territorial”, pero la ley exige que el “empadronamiento previo y con una antigüedad determinada” sea el billete de entrada a la casa pública.
En Canarias, la Coalición Canaria y el PP se reúnen y deciden que los canarios que vivan 12 años sin interrupción o 15 con interrupción sean los únicos que obtengan la llave de la vivienda protegida. Pablo Rodríguez asegura que “la vivienda pública es para los que viven aquí”.
La ironía se ve cuando la figura del “arribo” se convierte en la puerta de entrada a la desigualdad: los migrantes que buscan un techo se quedan en el corredor de la espera, mientras que los que ya tienen los papeles de residencia se convierten en los nuevos dueños de la propiedad pública.
La política del arraigo, que en apariencia promueve la integración, termina convirtiéndose en un filtro que excluye a la gente que necesita más que nunca ayuda. El debate no es sobre la cantidad de vivienda, sino sobre quién la puede comprar o alquilar, y la respuesta es clara: la prioridad nacional se ha convertido en una priorización de la riqueza familiar y la permanencia, no en un derecho igualitario.
En la práctica, la ley recorta el acceso a la vivienda pública como si fuese una lista de la compra que sólo permite comprar ciertos productos a los que ya han pagado el precio de la primera entrega. Mientras el gobierno central critica la “discriminación” de las comunidades autónomas, la realidad es que el sistema de arraigo funciona como una especie de “puntos de fidelidad” que solo los que ya tienen los puntos pueden usar para acceder a la vivienda pública.
En resumen, la prioridad nacional se ha convertido en una forma de corporativismo que refuerza las barreras sociales y económicas, y deja a los más necesitados en la fila del banco de la comunidad.
Crítica:
El artículo carece de datos sobre la efectividad de la medida y se inclina hacia una visión crítica sin profundizar en posibles beneficios. El título sugiere un enfoque sensacionalista que no refleja la complejidad del debate.
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