Ávila, la ciudad de las tres culturas… y de los empadronamientos a precio de ganga. Resulta que, mientras tú y yo peleamos por una plaza de garaje, otros se lucran con la necesidad de tener un domicilio. La Policía Nacional ha desmantelado una red que vendía el “sueño” del empadronamiento a ciudadanos magrebíes a precios que oscilaban entre 200 y 600 euros.
¡Un dineral, sí, pero menos que el alquiler de un estudio en Madrid!
La cosa empezó a oler mal cuando el Ayuntamiento de Ávila, con su padrón municipal más activo que una hormiga en un picnic, detectó altas masivas en domicilios que parecían estaciones de tren en hora punta.
Hasta cuatro viviendas se convirtieron en “hoteles de empadronados”, albergando a 27 personas inscritas, algunas en situación regular, otras no tanto… y todas pagando por el privilegio. El cerebro de la operación, un español con olfato para los negocios turbios, se encargaba de conseguir las viviendas y de cobrar.
Su socio, de nacionalidad marroquí, hacía de intermediario, encontrando clientes desesperados por un certificado que les abriera puertas.
¿El objetivo? Aparentar arraigo en España, acceder a la sanidad pública, a ayudas sociales… en fin, a lo que cualquiera necesita para sobrevivir.
Para ello, falsificaban contratos de arrendamiento y firmas, creando un laberinto burocrático que, afortunadamente, ha sido desentrañado. La operación sigue abierta, con la sombra de nuevas detenciones y más inmuebles implicados. Un agujero contable en el sistema que, aunque pueda parecer lejano, afecta a todos los ciudadanos.
Crítica:
La noticia es correcta pero superficial. Se centra en las detenciones, pero deja en la sombra el verdadero problema: la vulnerabilidad de los inmigrantes y las lagunas legales que permiten este tipo de fraudes. El titular, aunque llamativo, simplifica demasiado la complejidad del asunto.
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