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La Guardia Civil investiga un presunto soborno de cuatro millones de euros de Forestalia a Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente de Aragón durante el gobierno de Marcelino Iglesias. La investigación se centra en la venta de la empresa Viadós, constituida por Boné y sus colaboradores en 2015, a Forestalia en 2018 por entre cuatro y 4,5 millones de euros. Los investigadores sospechan que el pago encubría un soborno por supuestos servicios prestados con anterioridad. Los implicados niegan las acusaciones, argumentando que el precio de venta fue ajustado al valor real de la empresa, que contaba con 28 empleados y gestionaba gran parte de la tramitación de Forestalia. La investigación se enmarca en una pesquisa más amplia sobre posibles tratos de favor a Forestalia en proyectos eólicos en Aragón, incluyendo el megaproyecto eólico del Clúster del Maestrazgo. La UCO ha encontrado indicios de que Viadós se creó con el objetivo de servir como vehículo para el soborno. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, con el apoyo de un informe de la UCO.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha generado controversia al amenazar con aplicar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Comunidad de Madrid debido a su negativa a implementar la Ley de Vivienda. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha respondido con dureza, acusando a Rodríguez de 'acoplarse' a eventos de la Comunidad de Madrid porque no tiene viviendas propias que inaugurar. En los últimos meses, Rodríguez se ha autoinvitado a cinco actos organizados por la Comunidad de Madrid, aunque solo ha asistido a dos: en Velilla de San Antonio el 15 de enero de 2025 y en Navalcarnero el 10 de abril de 2025. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha recibido 16.056.751,30 euros en fondos Next Generation del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que representa solo el 24,83% de la inversión total. El Gobierno de Ayuso destaca que Madrid lidera la construcción de vivienda protegida en España, con el 53% de las calificaciones provisionales otorgadas en 2024, y que han entregado 3.823 pisos del Plan VIVE, con otros 4.547 en edificación o comercialización. Además, el Ayuntamiento de Madrid, bajo José Luis Martínez-Almeida, ha construido 9.290 viviendas con una inversión de 1.456 millones de euros. La tensión subraya la discrepancia entre las promesas de vivienda del Gobierno central y la realidad sobre el terreno en Madrid.
La investigación sobre la trama Plus Ultra ha destapado una red de conexiones entre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la aerolínea rescatada con 53 millones de euros de dinero público. Los hermanos Baca Arbulu, empresarios peruanos detenidos en diciembre de 2025, han estado liquidando sus empresas en España desde julio de 2025, justo después de que THE OBJECTIVE revelara la reunión entre Zapatero y José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes para acelerar el rescate. La primera empresa en ser liquidada fue Atitlan Capital, dedicada a la mediación empresarial internacional, seguida de Kaimana Capital y la inmobiliaria Lagrundi. Los investigadores sospechan que los hermanos Baca Arbulu recibieron parte del dinero público entregado a Plus Ultra en marzo de 2021 como devolución de un préstamo concedido en septiembre de 2020. La investigación también ha descubierto que la empresa Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero, empezó a trabajar con la agencia de comunicación Whathefav SL, propiedad de las hijas de Zapatero, en septiembre de 2020.
El Gobierno ha puesto en marcha un sistema digital en los consulados para agilizar las solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Nietos, aprobada en 2022. Con esta medida, se pretende resolver los 1,3 millones de expedientes pendientes y facilitar la nacionalización de los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura. La digitalización de los trámites permitirá a los consulados gestionar de manera más eficiente los expedientes, evitando el colapso burocrático que hasta ahora ha lastrado el proceso. La Ley de Nietos reconoce el derecho a la nacionalidad española a los nacidos fuera de España cuyos padres, madres, abuelos o abuelas fueran originariamente españoles y perdieran o renunciaran a la nacionalidad por razones políticas, ideológicas o de identidad sexual. Esta iniciativa se suma a la polémica regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, que ha generado críticas desde el Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, quien acusa al Ejecutivo de intentar ampliar el censo electoral por la puerta de atrás. La regularización masiva de inmigrantes y la Ley de Nietos podrían aumentar significativamente el número de votantes en las próximas elecciones generales.
La Unión Europea advirtió en 2020 que la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla estaba 'al final de su vida útil'. A pesar de esta advertencia y de la concesión de un préstamo de 90 millones de euros por el Banco Europeo de Inversiones en marzo de 2022, un tren Alvia descarriló el 18 de enero en Adamuz, causando 46 muertos y cientos de heridos. El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha cuestionado a la Comisión Europea sobre el uso de los fondos europeos destinados a renovar la línea, que incluían también 111 millones de euros adicionales en 2024. La renovación de la línea, inaugurada en 1992, abarcaba 471 kilómetros y comprendía trabajos en obra civil, vía, electrificación, señalización y telecomunicaciones, así como el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario. El PP exige transparencia y responsabilidades claras sobre la inversión de estos fondos.
El Gobierno cuenta con más de 40.000 viviendas vacías a través de la entidad pública Casa 47, procedentes de Sareb, suficientes para realojar a más del 50% de los okupas considerados 'vulnerables'. Actualmente, hay más de 80.000 personas ocupando viviendas ajenas sin una alternativa habitacional proporcionada por la Administración en los últimos seis años. La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) denuncia que los Servicios Sociales no han intervenido en el 99% de los casos por falta de recursos. La Plataforma de Afectados por la Okupación critica que el Gobierno repite fórmulas ineficaces y no ofrece soluciones reales, dejando a los propietarios en un limbo legal y económico. El nuevo decreto antidesahucios, que se votará fuera del Ómnibus, dejará sin blindaje a los okupas y a pequeños caseros con una sola vivienda en alquiler, afectando al 93,4% de los propietarios.
Cerca de 2.000 guardias civiles, apoyados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han denunciado al Gobierno de Pedro Sánchez ante la Comisión Europea por someterlos a guardias de 16 horas sin descanso ni compensación adecuada en centrales nucleares. Los agentes, pertenecientes a los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), permanecen 24 horas bajo restricciones que 'imposibilitan la desconexión y vulneran el concepto de descanso efectivo' definido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La AUGC denuncia una vulneración sistemática del régimen de jornada y descansos, así como la incorrecta catalogación del servicio y la falta de transparencia en la compensación económica. El responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña Suárez, califica la situación de 'régimen de esclavitud' y advierte que 'no pararán hasta que acabe esta injusticia'. La Comisión Europea deberá pronunciarse sobre la denuncia y, si da la razón a los guardias civiles, podría obligar al Gobierno a subsanar el problema y compensar a los agentes.
En un contexto de máxima sensibilidad por filtraciones de información en el sector público y con la investigación de Adamuz en curso, el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, ha reforzado el control interno en Adif mediante la contratación de un sistema de rastreo tecnológico por 1,95 millones de euros con IVA. La herramienta, denominada Cloud Access Security Broker (CASB) y adjudicada a Orange, permitirá monitorizar y rastrear el uso y posible salida de datos sensibles en la empresa pública durante los próximos 60 meses. Con esta medida, Adif busca blindarse ante fugas de información causadas por ciberataques, errores humanos o actuaciones internas indebidas, protegiendo así su documentación técnica, operativa y económica. El sistema no solo amplía el foco de seguridad hacia el interior de la organización, sino que también introduce un nivel de trazabilidad que convierte cada movimiento de información en un evento rastreable. Este enfoque tiene un claro efecto disuasorio y refuerza la capacidad de Adif para depurar responsabilidades internas en caso de filtraciones. Políticamente, la decisión se enmarca en la estrategia de Óscar Puente de reforzar el control en empresas públicas dependientes de Transportes. Sin embargo, la contratación también implica un modelo de dependencia tecnológica a largo plazo, ligado a soluciones externas, lo que reduce el margen de maniobra interno frente a cambios futuros.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado el desalojo inminente de ocho familias de guardias civiles, incluyendo bebés y niños, del cuartel de Torrelaguna (Madrid) ordenado por la Dirección General de la Guardia Civil, dirigida por el ministro Fernando Grande-Marlaska. La medida se fundamenta en un informe técnico que declara el edificio inseguro debido a grietas, aunque los afectados cuestionan esta evaluación y solicitan una valoración externa. Mientras el Gobierno extiende la suspensión de desahucios hasta 2026 para proteger a la población vulnerable, la Guardia Civil expulsa a sus propios agentes sin ofrecerles alternativas de vivienda dignas. La AUGC califica la acción de 'absoluta falta de empatía' y 'profundo desprecio a los Derechos de los trabajadores', subrayando que los guardias civiles son tratados como 'ciudadanos de segunda'. Los afectados planean recurrir la decisión.
Con la 'Ley de Nietos', impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y apoyada por Bildu, se estima que más de 2,3 millones de descendientes de exiliados o emigrantes podrían obtener la nacionalidad española. Hasta la fecha, más de un millón de personas han iniciado el trámite a través de los consulados del Ministerio de Asuntos Exteriores, y otros 1,3 millones han solicitado cita para comenzar el proceso. La ley, que amplía la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, ahora permite que bisnietos de españoles exiliados puedan solicitar la nacionalidad, extendiendo el plazo hasta el 28 de diciembre de 1978. El principal obstáculo es el colapso burocrático en los consulados. Argentina es el país con mayor número de solicitudes, a través de sus cinco consulados. El ministro Ángel Víctor Torres reconoció que los trámites no están siendo fáciles debido a la complejidad del proceso.
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Margarita Ramírez