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Hay una forma muy elegante de decir 'me importas un bledo': no contestar al teléfono. El Gobierno de Pedro Sánchez intentó jugar a los detectives para ver cómo llevaban las grandes empresas la economía circular, pero el resultado ha sido un silencio sepulcral. De 120 compañías seleccionadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), solo diez se dignaron a rellenar el cuestionario. Un 8,3% de participación. Básicamente, el 92% de la élite empresarial ha dejado al Ministerio de Economía en visto, como si el correo fuera spam de una promoción de colchones. El informe es una joya de la eufemización administrativa. Los autores se ponen a 'reflexionar' sobre el desinterés, sugiriendo que quizá el mensaje no llegó a la persona adecuada o que las empresas están 'saturadas' de encuestas. Traducción: no tienen tiempo para burocracia que no les reporte beneficios inmediatos. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático para que no le cobren una comisión, las corporaciones ignoran la Norma Europea de Información de Sostenibilidad (NEIS E5) con una calma envidiable. Pero ojo, que cuando las diez valientes respondieron, el tono cambió. Ya no había silencio, sino quejas. El cumplimiento de la NEIS E5 es visto como un sablazo financiero. Con una valoración de 3,34 sobre 5, consideran que los costes son 'difícilmente asumibles'. Y la joya de la corona: la capacidad para aplicar la norma obtuvo un ridículo 2 sobre 5. Es el equivalente empresarial a decir que quieres correr una maratón pero no sabes ni dónde comprarte las zapatillas. Lo más cínico es que, tras ignorar la encuesta, piden incentivos fiscales y ayudas públicas. Quieren que el Estado les pague la formación que sus propios planes de estudio universitarios olvidaron. Incluso los auditores, que deberían ser los sherpas de este camino, admiten que están perdidos. Estamos ante un despliegue de incompetencia coordinada donde nadie sabe nada, pero todos esperan que el dinero público solucione el agujero de conocimientos.
El Tribunal Constitucional acaba de soltar un 'regalito' que huele a jugar con fuego. El pasado miércoles 13 de noviembre se publicó la sentencia del 31-10-2019 y, aunque suena a victoria porque declara inconstitucional el artículo 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, la letra pequeña es una trampa para pardos. Básicamente, el TC dice que el impuesto de plusvalía municipal es ilegal solo si la cuota a pagar es superior al beneficio real. O sea, que si el Fisco te quita el 99% de tu ganancia, el Tribunal se encoge de hombros y te dice que aguantes el chaparrón. Para entender el nivel de cinismo, miremos el caso del Juzgado de lo Contencioso nº 32 de Madrid. Un ciudadano compró un inmueble en 2003 por 66.111,33 euros y lo vendió en 2017 por 70.355 euros. Ganancia real: 4.243,67 euros. El sablazo del impuesto: 3.560,02 euros. Estamos hablando de que el Estado se quedó con el 83,89% del beneficio. ¿Es un atraco? Para cualquier persona con sentido común, sí. Pero el TC, en un ejercicio de gimnasia mental digno de Cirque du Soleil, decidió 'comprar' la idea de que si restamos gastos de transmisión (769,77 euros), el beneficio baja a 3.473,90 euros. ¡Tachán! Ahora el impuesto es superior al beneficio y ya pueden declarar la inconstitucionalidad sin admitir que un gravamen del 83% es un robo legalizado. Peor aún, ignoraron al Tribunal Supremo y su sentencia del 12-3-2019, que ya advertía que este impuesto no es un cálculo de beneficios contables. El resultado es una oportunidad perdida: el TC ha dejado la puerta abierta para que la Administración Local siga exprimiendo al contribuyente hasta la última gota, siempre y cuando no se pasen por un solo euro del total de la ganancia. Es como si te roban la cartera y el juez te dice que es legal siempre y cuando no te quiten también los zapatos.
Heredar en España es, básicamente, jugar a la lotería con el código postal. Mientras algunos se despiertan con el consuelo de que el Estado es el heredero invisible, otros descubren que su fortuna familiar es un imán para Hacienda. El debate es el de siempre: ¿es justo pagar por un dinero que ya tributó cuando se ganó, o es un 'sablazo' doble que asfixia al ciudadano? Si miramos los números con frialdad, el impuesto de sucesiones y donaciones es un rounding error para el presupuesto general; en 2016 apenas representó el 0,8% de los ingresos tributarios. O sea, que si el Estado decidiera borrarlo hoy, no tendría que apretarse el cinturón ni un milímetro. Sin embargo, la joya de la corona es la hipocresía territorial. Gracias al artículo 156 de la Constitución, las Comunidades Autónomas han convertido el impuesto en una herramienta de marketing electoral. Dependiendo de dónde residas, el hachazo es un corte limpio o una amputación, transformando la igualdad del artículo 31 constitucional en una sugerencia opcional. Para colmo, el sistema tiene un 'pase VIP' para las empresas familiares, que esquivan el tributo con una agilidad envidiable, mientras que el resto de los mortales lidiamos con la progresividad basada en el parentesco. ¿Desde cuándo el cariño es un indicador de capacidad económica? Antonio Delgado González, Inspector de Hacienda y Doctor en Derecho, sugiere una salida elegante: convertirlo en un impuesto extrafiscal. Menos hambre de recaudar y más redistribución, con un mínimo exento generoso y tipos moderados que no parezcan un castigo por haber nacido en la familia correcta. Al final, el sistema actual no busca justicia, sino que gestiona la suerte de quien hereda según la bandera de su región.
Roma ya dominaba el arte de 'estirar el chicle' financiero mucho antes de que existieran los bancos centrales. La historia del denario es la crónica de un engaño sistemático: empezaron en el 211 a.C. con una moneda de plata casi pura (95-98%) y 4,5 gramos que daban confianza. Pero claro, mantener un imperio es caro y los emperadores descubrieron que era más fácil quitarle plata a la moneda que gestionar el presupuesto. Nerón fue el pionero del 'recorte invisible' en el 64 d.C., bajando la pureza al 93% para pagar la reconstrucción de Roma tras el incendio; básicamente, le aplicó un sablazo al valor intrínseco para cuadrar sus cuentas. Luego llegaron los Flavios y Trajano, que siguieron diluyendo la plata como quien añade agua al vino para que rinda más. Para cuando llegó Cómodo en el 180 d.C., la moneda ya pesaba solo 3,0 gramos y la plata había caído al 75-80%. El clímax del cinismo llegó con Caracalla en el 211 d.C., que lanzó el antoniniano. Lo vendieron como un 'doble denario', pero era una trampa: usaban la plata de 8 denarios para hacer solo 5 antoninianos. Ingeniería financiera pura para engañar al ciudadano. Al final, con Galieno en el 260 d.C., la moneda era básicamente cobre con un maquillaje plateado (5% de plata). El resultado fue el manual básico de la inflación: los precios se dispararon, los ahorros se evaporaron y la gente empezó a esconder las monedas viejas, las que sí valían, mientras el Estado pedía impuestos en sacos de grano porque su moneda ya no servía ni para comprar un kilo de trigo. Diocleciano intentó poner orden en el 294 d.C. con el argenteus, pero el daño ya estaba hecho.
Hay algo profundamente poético en intentar leer sobre el 'Gran Envilecimiento' de Enrique VIII y toparse con un muro digital que dice 'Access Denied'. Es la metáfora perfecta: el sistema te cierra la puerta en la cara justo cuando quieres entender cómo nos han desplumado históricamente. Enrique VIII, el rey que coleccionaba esposas como quien colecciona tazos, decidió que sus monedas de oro y plata pesaban demasiado para su gusto y decidió 'aligerarlas'. No fue un ajuste técnico; fue un truco de magia financiera donde el metal precioso desaparecía y quedaba una aleación barata. Imagínatelo hoy: es como si el Banco Central decidiera que tu billete de 50 euros ahora vale 20, pero te convencieran de que es 'por el bien del reino'. Mientras el ciudadano medio veía cómo su capacidad de compra se hundía más rápido que los planes de amor de Enrique, la Corona seguía gastando sin mirar el saldo. El resultado fue una inflación que convirtió la compra del pan en un deporte de riesgo y el ahorro en una broma de mal gusto. El enlace de El Economista, con su referencia #18.8a5d0417.1782500840.111514da, nos recuerda que la historia se repite. Ya sea mediante el envilecimiento de la moneda en el siglo XVI o mediante errores de servidor en el XXI, la información sobre el dinero siempre tiene un guardián que decide quién entra y quién se queda fuera. Al final, el 'envilecimiento' no es solo una técnica monetaria Tudor; es la sensación de que, mientras los de arriba hacen ingeniería financiera, los de abajo seguimos intentando descifrar por qué el carrito del súper ya no llega a mitad de semana.
Hacer la compra hoy es un deporte de riesgo, pero el verdadero sablazo no está en el mostrador del súper, sino en la letra pequeña de Hacienda. Existe un truco maestro llamado 'progresividad en frío' o fiscal drag. Básicamente, es cuando el Estado te mira la cara mientras te sube los impuestos sin mover un dedo en el Parlamento. ¿Cómo funciona? Muy simple: los precios suben, tu jefe te sube el sueldo un 5% para que no mueras de hambre, y tú, sin darte cuenta, saltas al siguiente tramo del IRPF. De repente, el Gobierno te trata como si fueras un magnate solo porque tu nómina nominal es más alta, aunque sigas comprando el mismo queso barato de siempre. No es una teoría de café; son números que asustan. Solo en 2021, la falta de indexación le costó a los contribuyentes de régimen común unos 14.379 millones de euros. Pero ojo, que la fiesta sigue. Para las rentas de 2025, la extrapolación es brutal: un sobreimpuesto próximo a 26.000 millones de euros. De ahí, unos 10.700 millones vienen de no deflactar las tarifas y otros 15.200 millones de dejar que los mínimos personales y deducciones se pudran en el tiempo. Un mínimo de 5.550 euros protege mucho menos tu bolsillo cuando la inflación ha pegado un salto del 40%. Es la genialidad del sistema: recaudar más sin el coste político de aprobar una ley. Es, como decía Milton Friedman, un 'impuesto sin legislación'. Mientras nosotros peleamos por los céntimos en la gasolinera, el Estado aplica una ingeniería financiera silenciosa que convierte la inflación en su mejor aliada. No es que nos bajen los impuestos al indexar; es que dejarían de robarnos la capacidad real de consumo por pura inercia nominal.
Hablemos claro: que un político tenga joyas valoradas en 1,3 millones de euros, como ocurre con el caso Zapatero, o que el dinero de Ábalos baile en cuentas extrañas, no va a pagar las pensiones. Para cubrir esos 200.000 millones de euros que se esfuman cada año en jubilaciones, necesitaríamos un ejército de joyerías corruptas. Pero no se engañen; la corrupción no es solo un 'descuido' contable, es el cáncer que nos empobrece lentamente mientras nos venden que todo va sobre ruedas. Daniel Lacalle lo suelta sin anestesia: el Gobierno que llegó prometiendo pasar la mopa y el detergente es, probablemente, el que más trastos sucios ha acumulado. Es la eterna paradoja española: nos venden la 'buena marcha' de la Bolsa, pero es un espejismo. Lacalle nos recuerda que el IBEX 35 son treinta y cinco empresas globales que facturan más del 73 % de sus ingresos fuera de nuestras fronteras. Básicamente, que la Bolsa suba no significa que el barrio esté mejor, sino que a los peces gordos les va bien lejos de aquí. Mientras tanto, el PIB creció un ridículo 0,6 % en el primer trimestre. Un crecimiento 'dopado' por los fondos Next Generation y la inmigración, que es como intentar arreglar un coche averiado empujándolo cuesta arriba: funciona un rato, pero el motor sigue roto. Santiago Carbó lo resume mejor: el gasto público se va en infraestructuras inútiles porque alguien tiene que cobrar el porcentaje, mientras que el mantenimiento de lo que ya tenemos se pudre. Miramos a Alemania, que ya habla de jubilarse a los 70 años en 2092, y nosotros seguimos fingiendo que el Gobierno 'regala' subidas de pensiones cuando, en realidad, la deuda de la Seguridad Social se ha multiplicado por cuatro en ocho años. Es un juego de cartas donde siempre perdemos el jugador que no tiene el mazo.
Nos vendieron la 'Operación Reforzada' como un chaleco salvavidas tras el apagón del 28 de abril de 2025, pero resulta que el chaleco es de oro y lo pagamos nosotros. Mientras Beatriz Corredor preside el Redeia con la calma de quien no tiene que mirar el saldo al final del mes, el ciudadano medio se prepara para un sablazo de casi 50 euros anuales en su factura para 2026. No busques la casilla 'Tasa por miedo a la oscuridad' en el recibo; el coste está camuflado en los servicios de operación, que han pasado de unos inocentes 6,83 euros/MWh antes del colapso a unos ladinos 20,41 euros/MWh. Traducido al lenguaje de la calle: estamos pagando un sobrecoste de 13,58 euros por MWh solo por mantener encendidas centrales de gas que son el parche rápido y caro. Para un hogar que consume unos 3.500 kWh al año, el resultado es ese billete de 50 euros que desaparece sin dejar rastro. La ingeniería financiera es brillante: EY calcula que los servicios de operación dispararán su coste hasta los 5.600 millones de euros en 2026, una cifra que hace parecer los 2.700 millones de 2024 un juego de niños. ¿La excusa? Que las renovables no se ponen las pilas. El PO 7.4, la solución definitiva, está atascado porque las empresas renovables no quieren trabajar por 1 euro/Mvarh; piden el doble para entrar al trapo. Mientras la CNMC y Red Eléctrica juegan al escondite con los datos y solo hay 13,6 GW habilitados (cuando necesitan 60 o 70 GW), el Observatorio del Coste de los Servicios de Operación —donde Aelec, Acenel y compañía ya empiezan a sudar— pide cuentas. Al final, la moraleja es la de siempre: el sistema falla, los jefes improvisan y el usuario final es el único que pone el dinero para que la luz no se apague.
Hacerse el rico con la tarjeta del vecino es un arte, pero intentar convencer a la AIReF de que el PIB crece por arte de magia es, sencillamente, un deporte extremo. Inés Olóndriz, la presidenta de la Autoridad Independiente Responsable de la Fiscalidad Estructural, ha dejado claro en el Seminario de Verano de la APIE y la UIMP en Santander que el Gobierno ha estado 'mejorando artificialmente' sus ratios fiscales. Básicamente, han usado deflactores para engrosar los datos del PIB nominal, una maniobra contable que en el barrio llamaríamos 'maquillar la factura para que el casero no se asuste'. La realidad es más fría que un café olvidado. Mientras el Ejecutivo presume, la AIReF proyecta un crecimiento real del 2,2% en 2026 (con un techo del 2,4%) y una caída libre del PIB real desde el 3,5% en 2024 hasta un anémico 1,7% en 2030. ¿La razón? Se nos acaban los trucos: los fondos Next Generation y el flujo migratorio dejarán de hacer el trabajo sucio, y la productividad española sigue durmiendo la siesta. El panorama a largo plazo parece una película de terror financiero. Aunque prometen bajar la deuda al 95% para 2030, el horizonte de 2050 es un agujero negro del 123%. A esto sumémosle un gasto primario neto que crecerá un 5% entre 2025 y 2028, saltándose el 3,4% comprometido con Bruselas. Para salvar los muebles, el Gobierno ya ha pedido la 'cláusula de escape', que es el equivalente administrativo a decir 'lo pago el mes que viene'. Y mientras tanto, las pensiones, que devorarán el 16,4% del PIB en 2050, amenazan con inflar la deuda otros 52 puntos. Olóndriz lo ha dicho sin anestesia: el plan actual es 'insostenible'.
Hay un arte muy fino en cobrar miles de euros por hora para decirle a un cliente que el futuro es hoy, y KPMG acaba de llevarse el premio al 'estafador del año' en la categoría de consultoría. En octubre, la firma lanzó un informe titulado “Redefining excellence in the age of agentic AI”, que básicamente era un panfleto para que las empresas no se sintieran como dinosaurios por seguir usando el cerebro humano. El problema es que, en lugar de analizar la realidad, parece que dejaron que la IA escribiera el examen y esta decidió inventarse la vida de todo el mundo. El informe aseguraba, con una seguridad pasmosa, que UBS integraba agentes de IA en asesoría y riesgo, que los Ferrocarriles Federales Suizos eran ahora un 'orquestador de movilidad holístico' y que Transport for London gestionaba el tráfico con magia algorítmica. Spoiler: todo mentira. Cuando el Financial Times llamó a preguntar, los portavoces de UBS, SBB y TfL soltaron la bomba: aquello era 'factualmente incorrecto' y 'engañoso'. Es el equivalente corporativo a decir que tienes un Ferrari en el garaje cuando en realidad tienes un patinete oxidado que no arranca. Lo más delirante es el caso del NHS Greater Manchester. KPMG citó una nota de prensa sobre la lucha contra el cáncer de pulmón y, mediante un juego del teléfono estropeado digital, concluyó que la IA ya hacía el triaje de pacientes y predecía reingresos. Una alucinación colectiva procesada por computadoras. Mientras McKinsey despliega 12,000 agentes de IA tras despedir a 5,000 empleados, KPMG nos demuestra que la verdadera utilidad de la IA en el mundo corporativo no es la eficiencia, sino la capacidad de 'vender humo' a escala industrial sin despeinarse. Al final, el informe fue retirado, pero el veneno ya estaba en el pozo, citado hasta en prensa checa.
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Cristian Sanz