Crítica:
El artículo revela la incoherencia de Iglesias con sus declaraciones pasadas sobre educación privada. La justificación por 'presión social' parece débil.
Iglesias justifica en la "presión social" haber escolarizado a sus hijos en un colegio privado
Iglesias justifica decisión escolar privada
Otros artículos
Hacienda detecta discriminación en contratos
El informe de 303 páginas de la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para la Fiscalía Europea detectó graves irregularidades, fraude de ley y gran opacidad en los contratos atribuidos al empresario Juan Carlos Barrabés. La valoración de las cartas de recomendación emitidas por Begoña Gómez fue considerada discriminatoria. Estas cartas, junto con acuerdos con empresas e instituciones, fueron valoradas positivamente en la oferta de las UTES Innova Next S.L.U y The Valley Digital Business School S.L. La IGAE calificó este hecho de arbitrario y destacó que excedía la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria que adulteró la valoración técnica. El informe concluyó que ni las cartas de apoyo ni los acuerdos deberían haber sido valorados positivamente, ni la inexistencia de los mismos debería haber penalizado las puntuaciones de otras ofertas.
Gobierno financia colegio privado
El Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha otorgado una subvención a la Asociación de Familias de Alumnos de la Escuela de Educación Infantil del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y a la Asociación Aula Cultural de Fomento. La Escuela de Educación Infantil, ubicada en Nuevos Ministerios, es un centro privado que cuida y educa a los hijos del personal del Ministerio y sus organismos dependientes. La subvención, que asciende a 180.250 euros para la escuela y 6.940 euros para la asociación cultural, se destinará a cubrir gastos como la manutención de los alumnos, actividades específicas de la escuela -incluyendo la adquisición de materiales educativos y el mantenimiento de un parque infantil, terrario, acuario y huerto- y actividades complementarias como idiomas y psicomotricidad. Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas públicas o privadas, siempre que no superen el coste de los gastos subvencionados.
Begoña Gómez falta a citación judicial
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no acudió a la citación ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada sobre su imputación en el caso de malversación por la contratación de su asesora, Cristina Álvarez. Gómez estaba citada para las 18:00 horas del sábado 27 de septiembre de 2025. Tampoco comparecieron su asistente Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En su lugar, asistieron sus representantes legales. Gómez está investigada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. El juez Peinado sostiene que hay indicios racionales de la comisión de hechos delictivos. La investigación busca determinar si hubo un desvío de dinero público en la designación de Álvarez y si ésta desempeñó funciones privadas para Gómez. El delito de malversación debe ser juzgado por un jurado popular.
Fraude en contratos de Barrabés
La Intervención General del Estado (IGAE) ha descubierto un fraude masivo en la adjudicación de contratos públicos a empresas vinculadas a Alberto Barrabés, gurú de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Entre 2017 y 2024, Barrabés se embolsó más de 25 millones de euros a través de contratos opacos, aprovechando una red de complicidades que involucró a varias administraciones públicas, incluyendo Red.es y el Ministerio de Hacienda. A pesar de estar imputado por la Fiscalía Europea, Barrabés continuó beneficiándose de estos contratos. El informe de la IGAE describe este caso como un «fraude de ley» que utilizó fondos europeos destinados a paliar la pandemia de coronavirus. El caso implica una cadena de complicidades y opacidad en la adjudicación de licitaciones millonarias.
Contratos públicos con irregularidades
Un informe pericial de la Intervención General del Estado, a petición de la Fiscalía Europea, ha detectado "ilegalidades" en los contratos adjudicados por Red.es a Barrabés entre 2020 y 2021, por un importe total de 8,4 millones de euros. La empresa, vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió un trato preferencial en la adjudicación de contratos públicos. El informe describe "actuación discriminatoria" y "arbitraria" en la valoración de ofertas, con cálculos irregulares y puntuaciones injustas. También se detectaron irregularidades en la exclusión de otras empresas y en la valoración de elementos no contemplados en los pliegos, como currículos de profesores y cartas de apoyo de empresas. El informe concluye que podría constituir "un fraude de Ley" y que los mecanismos de control y transparencia no funcionaron adecuadamente.
Alvise cambia planes por críticas
Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), ha decidido cambiar sus planes para el mitin del 12 de octubre en Vistalegre, Madrid. Inicialmente, planeaba disfrazar a trabajadores con enanismo de ardillas, pero tras las críticas recibidas, ha optado por contratar a personas con gigantismo para vestirlos de ardillas. En un comunicado en Telegram, Pérez justificó su decisión argumentando que le cuesta lo mismo una persona con enanismo que con gigantismo. Criticó al Gobierno, considerándolo poblado por 'enanos mentales', y cuestionó la posibilidad de que el Ejecutivo decida hasta qué altura puede trabajar un español. La Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) había pedido a Pérez que se retractara y aclarase la situación para evitar prácticas contrarias a la dignidad y la legalidad.
Ejecuciones de terroristas en 1975
El 27 de septiembre de 1975, se fusiló a tres militantes del FRAP (Xosé Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz) y a dos miembros de ETA político-militar (Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegui) en Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona y Burgos. Estas ejecuciones provocaron protestas contra el gobierno de Franco y la retirada de embajadores de doce gobiernos. El Papa Pablo VI se pronunció a favor de la clemencia. El FRAP, brazo armado del Partido Comunista de España (marxista-leninista), había iniciado su actividad asesina en 1973, mientras que ETA, fundada en 1952, había iniciado su trayectoria asesina en 1968. Los ejecutados eran culpables de asesinato, incluyendo el de policías y guardias civiles. En 1977, el resto de condenados fue amnistiado. La Ley de Amnistía General de 1977 liberó a 1.232 miembros de ETA, que reconstituyeron la organización y protagonizaron un periodo de violencia en el País Vasco. Entre 1976 y 1980, ETA asesinó a 18, 12, 66, 80 y 98 personas, respectivamente. La Ley de Memoria Democrática ha permitido homenajes a los asesinos, mientras las víctimas y sus familias permanecen en el olvido.
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